Sentencian a 50 años de prisión a exdirector de Seguridad Pública
Tlatlaya, Estado de México.– En el marco de la Operación Enjambre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia de 50 años de prisión contra Luis Ángel Nicolás Santos, exdirector de Seguridad Pública del municipio de Tlatlaya, por su participación en el delito de secuestro exprés.
La condena fue dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento durante una audiencia realizada el pasado 9 de julio en los Juzgados de Almoloya de Juárez, luego de que el Ministerio Público presentara pruebas contundentes sobre los hechos ocurridos el 21 de agosto de 2024 en el paraje Puerto Frío, sobre la carretera Tlatlaya-Cerro del Campo.
De acuerdo con la carpeta de investigación, Nicolás Santos interceptó a dos personas que transportaban bebidas alcohólicas. Tras obligarlas a descender del vehículo, al lugar llegaron sujetos armados vestidos con ropa tipo militar, presuntamente vinculados a un grupo criminal con operaciones en Michoacán. Las víctimas fueron privadas de la libertad y liberadas posteriormente, tras el robo de la mercancía.
Gracias a la denuncia presentada por las víctimas, la FGJEM logró obtener una orden de aprehensión y capturar al exfuncionario en septiembre de 2024.
Segunda condena al interior de la policía
La sentencia contra Nicolás Santos representa la segunda condena derivada de la Operación Enjambre, una estrategia de la fiscalía estatal para desmantelar redes criminales al interior de corporaciones municipales de seguridad, tras la desaparición del comisario de Seguridad de Temascalcingo, Agustín “N”, y su escolta.
En el marco de dicha operación, han sido detenidos 60 exservidores públicos, incluyendo mandos policiacos de Acambay, Coatepec Harinas y Aculco, quienes presuntamente mantenían vínculos con grupos delictivos de Michoacán y Jalisco, como el liderado por José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias El Fresa.
La FGJEM y autoridades federales mantienen abiertas diversas líneas de investigación sobre posibles redes de protección institucional a organizaciones criminales generadoras de violencia en el Estado de México.
