México endurece regulaciones ambientales para frenar importación de camiones diésel contaminantes
El nuevo acuerdo entre la Secretaría de Economía y la Semarnat limita la entrada de vehículos pesados con más de 10 años de antigüedad y busca reducir emisiones en el sector transporte.
A un año de haberse comprometido con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), el Gobierno de México presentó un nuevo marco regulatorio que establece límites ambientales estrictos para la importación definitiva de vehículos usados de carga con motor diésel y peso bruto vehicular superior a 3 mil 857 kilogramos.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, anunció que la medida, ya publicada en el Diario Oficial de la Federación, pone fin a la importación de unidades que no cumplen con las normas ambientales mexicanas, en atención a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“Este Acuerdo sirve para que todas y todos nos beneficiemos: limita la entrada de camiones antiguos e inseguros, reduce emisiones contaminantes, mejora la seguridad en la circulación y protege la salud”, subrayó Ebrard.
Restricción de antigüedad y verificación aduanera
De acuerdo con el nuevo instrumento, las aduanas mexicanas deberán verificar que el año de fabricación del motor diésel no exceda los 10 años. Con ello, el gobierno busca impedir la entrada de tecnologías obsoletas y contaminantes, una práctica que hasta ahora afectaba la calidad del aire, la seguridad vial y la competitividad de la industria nacional.
Transición hacia un transporte más limpio
Por su parte, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, señaló que esta acción forma parte de la estrategia nacional para descarbonizar la economía mexicana, uno de los ejes del Plan México impulsado por la presidenta Sheinbaum.
“México ya no permitirá la importación de camiones, autobuses o vehículos diésel altamente contaminantes. Solo podrán ingresar unidades de hasta 10 años de antigüedad que cumplan con los estándares internacionales más estrictos”, enfatizó Bárcena.
La funcionaria sostuvo que el objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente del sector transporte, responsable de una parte significativa de la contaminación atmosférica del país.
“Cuidar el aire que respiramos no debe ser visto como un obstáculo para el desarrollo; es la base de una economía moderna, limpia y sostenible”, afirmó.
Un acuerdo con visión de Estado
El presidente de la CANACAR, Miguel Ángel Martínez Millán, destacó que el acuerdo es resultado de más de dos años de trabajo técnico y diálogo entre el sector privado y el gobierno federal, con la participación de la Presidencia de la República, Secretaría de Economía, Semarnat, CONCAMIN, Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y ANPACT.
“Reconocemos en la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario Marcelo Ebrard y a la secretaria Alicia Bárcena una visión de Estado comprometida con la competitividad, la innovación y el desarrollo sostenible”, expresó Martínez Millán.
El dirigente señaló que la medida permitirá equilibrar el progreso económico con la responsabilidad ambiental, en congruencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Impacto ambiental y económico
De acuerdo con estimaciones oficiales, el límite tecnológico reducirá hasta en 90% las emisiones contaminantes frente a tecnologías atrasadas, además de preservar empleos en la industria automotriz nacional y evitar que el país se convierta en destino de desechos vehiculares de otros mercados.
El acuerdo también se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que busca fortalecer el transporte sustentable y avanzar hacia una economía baja en carbono, sin contravenir compromisos comerciales internacionales.
Participación empresarial
Durante la presentación también estuvieron presentes Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Luis Ruiz Hernández, director general de Autotransporte Federal de la SICT, quienes coincidieron en que la nueva regulación marcará un punto de inflexión para modernizar la flota de transporte de carga y mejorar las condiciones de movilidad y seguridad en todo el país.
Con este acuerdo, el Gobierno de México refuerza su compromiso de proteger el medio ambiente, impulsar la competitividad del sector logístico y garantizar un desarrollo económico compatible con la salud y el bienestar de la población.
