· Cuenta pública, “espejo de honestidad”

· Desfalcos por 52 mil mdp

· Críticos y opositores, aves de rapiña: CSP

Por Agustín Vargas

Bajo el argumento de que el informe de la Cuenta Pública del 2023 que rindió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados apenas el 22 de octubre no es un mero registro de cifras y ni un trámite administrativo, pues “es una radiografía moral del Estado mexicano”, legisladores de Morena y sus aliados del Verde y del Trabajo dieron carpetazo a las irregularidades y desfalcos por 52 mil millones de pesos observados en el quinto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El documento de la ASF, que encabeza David Colmenares Páramo, según afirmaron los morenistas, “es un espejo que mide la honestidad de sus instituciones y la altura de su compromiso con el pueblo”.

Los diputados del PRI, PAN y MC no cesaron en sus reclamos porque para ellos los datos que presentó la ASF reflejan un daño al federalismo fiscal, “una creciente concentración de recursos en el Ejecutivo Federal y un debilitamiento de las finanzas en los estados y municipios por los multimillonarios desvíos de fondos del erario federal.

Reclamos y defensa del mencionado informe quedaron en verborrea. Al final, la Cámara de Diputados, controlada por la mayoría legislativa de Morena, aprobó con 335 votos a favor y 127 en contra, la Cuenta Pública de la Administración Federal 2023, pese a los desfalcos por más de 52 mil millones de pesos observados ese año

El asunto del “espejo de honestidad” no paró ahí. Un día después (23 de octubre), la propia ASF, reveló la cifra sobre los desvíos de fondos y desfalcos presupuestales de Administración Publicada Federal en el 2024, último año de gobierno de AMLO.

El monto de las irregularidades, opacidad y malos manejos del dinero público siguieron acumulándose, pues ese año se detectó un faltante de más de 5 mil millones de pesos.

La ASF no habla de errores administrativos, no habla de pagos en exceso ni de contratos fantasmas, habla de obras sin terminar, de facturas duplicadas, de gastos sin comprobante. Es, por supuesto, la radiografía del dinero gastado en los dos últimos años del gobierno lopezobradorista y parafraseando a los morenistas, es el supuesto “espejo que mide la honestidad” en la administración del tabasqueño.

A lo largo de su sexenio, el expresidente López Obrador manejó una retórica en contra de la corrupción enraizada en el gobierno por administraciones anteriores y se comprometió a eliminarla durante su administración. Sin embargo, a un año de haber terminado su periodo, su gobierno se ha visto más implicado en escándalos que desmienten sus dichos.

Cada día surge un nuevo escándalo de corrupción con millonarios desvíos de recursos, que rebasan incluso a los gobiernos de sus antecesores, a los que tanto criticó. El ex mandatario redefinió la corrupción, la disfrazó de eficacia y la centralizó en nombre de la honestidad.

Corrupción, opacidad y un excesivo endeudamiento del país las convirtió en políticas de Estado, prácticas que aún prevalecen y aunque el actual gobierno ha dado algunas pinceladas de querer combatirlas, esas prácticas continúan impunes y con altos cotos para los mexicanos.

Aves de rapiña

Una y otra vez, la presidenta Claudia Sheinbaum utiliza el discurso de su antecesor para justificar (minimizar) lo que todo México ve y padece a diario: el incremento de la violencia, asesinatos, secuestros, extorsión e impunidad.

Como lo hizo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su momento, la mandataria culpa a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto del caos y la violencia desatada en todo el territorio nacional y el crecimiento y la impunidad con que operan los grupos delictivos en el país, sobre todo los carteles de la droga.

Suma en estas culpas a los opositores a su gobierno, a líderes de opinión comentócratas les llama), periodistas, a representantes empresariales, líderes sociales, en fin, casi a toda la sociedad en su conjunto, que los acusa de aprovecharse de esa situación para cuestionar y criticar a su gobierno.

Para la heredera de Palacio Nacional, todo aquel o aquella que critique su gobierno, que salga a las calles a manifestarse por la precaria seguridad, impunidad y creciente violencia en el país son aves de rapiña, unos “buitres” les dijo la mandataria sin ningún empacho.

Lo que la mandataria no quiere ver es la realidad cotidiana del país, agravada aún más con el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez. Su nula empatía o casi nula empatía con la población (aunque se diga lo contrario), le impide ver que las protestas provienen de la población, de los sectores productivos, son ellos los que alzan la voz por la incontrolable violencia. Es un grito del hartazgo social en todo México.

Como su antecesor, se niega a reconocer y ver la realidad culpando a los actores políticos del pasado de lo que ocurre en el presente, evitando así su responsabilidad como Jefa de Estado en turno. Lo único cierto y real, es que hasta ahora su estilo de gobernar es manteniendo el cordón con su benefactor, el señor López, el de Macuspana, Tabasco.

El cargo Corrupción e impunidad, políticas de Estado apareció primero en La Chispa de Estado de México.

· Argumentan deterioro e incertidumbre

· Ratifican calificación a México

· SAT intensifica campaña

Por Agustín Vargas

Seguramente como un balde de agua cayó en Palacio Nacional el reciente informe de los empresarios del sector comercio, servicios y turismo que alertan sobre la salida de inversiones en buena parte del territorio nacional debido, entre otros factores, al deterioro y la incertidumbre económica del país, así como la inseguridad.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), que preside Octavio de la Torre de Stéffano, dio a conocer un estudio que confirmó la tendencia, a la que calificó de preocupante, porque un número considerable de empresas están en vías de cerrar o mudar sus actividades fuera del país.

El informe del organismo gremial precisa que, con base en un levantamiento realizado en 19 entidades federativas —el 35% de ellas ubicadas en la frontera norte—, el 83.8% de los empresarios consultados está evaluando cerrar, reducir o reubicar operaciones en México.

Entre las principales causas señaladas por los empresarios para tomar la decisión de desinvertir o reducir el capital en sus negocios, destacan los altos costos operativos y fiscales (58.2%) y los cambios regulatorios o aduanales sin previo aviso (41.8%).

Del total de casos reportados, un 20.6% corresponde a empresas que empleaban a más de 500 personas, lo cual refleja un impacto considerable en el empleo formal y la estabilidad económica nacional.

Otros de los resultados que arrojó el estudio empresarial, es que el 77.9% de los encuestados percibe una disminución en el número de empresas activas en su sector; el 63.2% anticipa una contracción en la inversión y producción para los próximos 12 meses. El 98% los entrevistados califica la situación económica del país en 2025 como de deterioro o incertidumbre.

La Concanaco Servytur advirtió que en la frontera norte, particularmente en Tijuana, las exportaciones maquiladoras cayeron un 7.1% en el primer semestre del año, y la disponibilidad de bodegas industriales aumentó un 29% respecto al año inmediato anterior, lo que indica claramente la fuga de inversión y desocupación de infraestructura productiva.

Otro balde de agua fría para las autoridades de los tres órdenes de gobierno el informe sobre la situación que padece el sector empresarial del país, que se suma al caos desatado por la desatención a los sectores campesino y de transportistas, que desde hacer dos días tienen paralizado al país por los bloqueos en autopistas, carreteras y caminos en diversos estados de la República.

Ratifican calificación a México

En medio de este caos llegó la buena noticia para el gobierno de Claudia Sheinbaum. La firma HR Ratings ratificó la calificación crediticia de México en BBB+, modificando su perspectiva de negativa a estable.

La calificadora reafirmó la nota de la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera de México en BBB+, tres escalones por encima del umbral mínimo de grado de inversión. La perspectiva cambió de negativa a estable resultado de la mejora en las principales métricas fiscales. Con este anuncio, México mantiene el grado de inversión con las 8 agencias calificadoras que evalúan su deuda.

HR Ratings reconoció los esfuerzos de consolidación fiscal del gobierno federal, destacando los ajustes en el gasto corriente y de inversión, así como el dinamismo de los ingresos tributarios. Esta evolución refleja una gestión prudente del gasto, mayor eficiencia recaudatoria, combate a la evasión fiscal y compromiso con la sostenibilidad fiscal de mediano plazo.

De acuerdo con la agencia, se prevé que la tendencia hacia menores déficits continúe en el mediano y largo plazos, pese a los riesgos del entorno externo. Entre los principales retos identifican mayores costos financieros y posibles depreciaciones cambiarias que podrían incidir en la deuda pública.

No obstante, consideró que una renegociación favorable del T-MEC podría impulsar la inversión en sectores estratégicos y favorecer la evolución de la deuda neta mediante un efecto cambiario positivo.

SAT intensifica campaña

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), que encabeza Antonio Martínez Dagnino, intensificó su campaña de información y orientación dirigida a sujetos obligados que realizan Actividades Vulnerables, a través de la actualización del minisitio especializado en este tema y la expansión del Programa Tríptico, con el objetivo de promover la regularización y cultura del cumplimiento dentro de este sector y fortalecer el combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Con estas herramientas de consulta, las personas pueden identificar si realizan de manera habitual o profesional, alguna actividad considerada vulnerable por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), así como conocer los derechos y obligaciones a las que están sujetas.

Se consideran Actividades Vulnerables aquellas actividades económicas lícitas que, por su naturaleza, pueden ser susceptibles de utilizarse para el lavado de dinero, mediante actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados, por lo que la LFPIORPI establece una serie de obligaciones para proteger el sistema financiero y la economía nacional.

Dicho ordenamiento cataloga como Actividades Vulnerables a las siguientes: Juegos con apuesta, concursos o sorteos, emisión o comercialización de tarjetas de servicios y prepagadas, emisión y comercialización de cheques de viajero, ofrecimiento de mutuo o garantía por sujetos distintos a las entidades financieras.

También la realización de actividades de construcción o desarrollo de bienes inmuebles, recepción de recursos que se destinen para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario cuya finalidad sea su venta o renta, comercialización de metales y piedras preciosas, joyas y relojes, subasta o venta de obras de arte, comercialización de vehículos aéreos, marítimos o terrestres, servicios de blindaje de autos o inmuebles, traslado o custodia de valores y dinero.

De igual forma, los servicios profesionales para realizar acciones a nombre de un cliente, servicios de fe pública, recepción de donativos, servicios de comercio exterior (agente o apoderado aduanal), derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles y proveedores de activos virtuales.

Aquellas personas susceptibles de ser verificadas que no permitan el acceso o negar la información que solicite la autoridad verificadora, y de no brindar las facilidades para que se realice la visita, se le aplicará una multa que va de doscientos y hasta dos mil UMAS.

El cargo Salida de inversiones apareció primero en La Chispa de Estado de México.

• Son 40 fideicomisos de diversas dependencias
• Su patrimonio asciende a casi 100 mil mdp
• Machetazo de senadores al PJF
• Urzúa al equipo de Xóchitl

En plena batalla de AMLO con el Poder Judicial de la Federación por la desaparición de 13 fideicomisos pertenecientes al PJF, la mayoría de los cuales están vinculados a prestaciones laborales de los trabajadores de dicho Poder, se reveló información sobre los  fideicomisos que Andrés Manuel López Obrador mantiene prácticamente ocultos y que suman casi 100 mil millones de pesos.

Se trata de 40 fideicomisos que esencialmente fueron creados para lo mismo que los del Poder Judicial de la Federación, o sea destinarlos a prestaciones y jubilaciones de los trabajadores de diversas dependencias y organismo del Poder Ejecutivo, de acuerdo con información divulgada hace un par de días por el diario Sol de México, con datos obtenidos de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Entre los fideicomisos que AMLO ha callado, destaca el de Pensiones del Banco Nacional de Obras  Servicios Públicos (Banobras), cuyo patrimonio asciende a 22 mil 600 millones de pesos, según cifras actualizadas hasta agosto de este año. Le sigue en orden de importancia por el monto de su patrimonio, el de Nacional Financiera, creado en 1998 destinado para el fondo de pensiones y prima de antigüedad de Nafin.

Otro es el Fondo de Retiro de los trabajadores de la Secretaría de Educación (FORTE), creado en 1990 tiempos de Carlos Salinas de Gortarí y que, de acuerdo con la información del diario, el acta fue firmada por Manuel Bartlett Díaz cuando era titular de la SEP y Elba Esther Gordillo, en su calidad de secretaria general del  Magisterio. El patrimonio de ese fideicomiso asciende a 19 mil 700 millones de pesos.

Hay también fideicomisos del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Banco Nacional del Ejército y Fuerza Aérea y Armada, Banrural, el Fideicomiso para el pago de pensiones jubilatorias a los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México y hasta fideicomisos que administra el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), nueve en total que pertenecen a instituciones que han desaparecido en las últimas décadas y que en total suman mil 800 millones de pesos.

Así las cosas con los fideicomisos que AMLO mantiene ocultos y que, sin lugar a dudas, le serán útiles en estos tiempos que ha decretado la imaginaria “austeridad franciscana”, aunado por supuesto a los 15 mil millones que pretende arrebatar al Poder Judicial, con la eliminación de 13

de los 14 fideicomisos que fueron creados para las prestaciones laborales y jubilaciones, entre otras cosas, de los trabajadores de Poder de la Federación.

Senadores, machetazo al PJF

Las comisiones de Hacienda, y Estudios Legislativos Segunda aprobaron con 19 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones, el proyecto de decreto que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, con el que desaparecen 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Las comisiones se declararon en sesión permanente, en tanto, el decreto se remitió  a la Mesa Directiva para su discusión en el Pleno del Senado para una primer lectura en una sesión y posteriormente se llamaría a otra sesión para votarla ayer mismo, ante la urgencia de los morenistas. Hasta el cierre de la edición de esta columna se mantenía la discusión en el Senado.

Senadores de Morena, PT y PVEM votaron a favor de la desaparición de los 13 fideicomisos que, según ellos, beneficiaban a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en tanto, la oposición del PAN, PRI, PRD, Grupo Plural y senadores independientes votaron en contra de que desaparezcan dichos fideicomisos.

En la Comisión de Hacienda se emitieron 10 votos a favor, 7 en contra y una abstención, mientras que en la Comisión de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda se emitieron 9 votos a favor y 6 en contra, lo que da un total de ambas comisiones de 19 a favor, del oficialismo (Morena, PT, PVEM) y 13 en contra, de la oposición (PAN, PRI, PRD, Grupo Plural y senadores independientes).

Se trata de 15 mil millones de pesos que pretende quitar el gobierno federal al Poder Judicial Federal para reutilizar esos recursos con el argumento de que los 13 fideicomisos no tienen sustento jurídico.

Afuera de las instalaciones del Senado de la República, centenares de trabajadores llevaron a cabo protestas fuera para manifestar su inconformidad por la desaparición de los fideicomisos, en tanto que las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México, permanecieron bloqueadas por los trabajadores, hasta nuevo aviso.

Urzúa al equipo de Xóchitl

Xóchitl Gálvez, virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, anunció la adhesión de Carlos Manuel Urzúa, quien fuera el primer secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a su equipo rumbo a las elecciones de 2024.

“Me complace anunciar la nueva incorporación del Frente Amplio por México. ¡Bienvenido a este equipo, Carlos Manuel Urzua! Tu trayectoria y experiencia son fundamentales en esta época de definiciones por México”, informó en redes sociales.

Carlos Manuel Urzúa se desempeñó como secretario de Finanzas del gobierno de López Obrador en el entonces Distrito Federal de 2000 a 2003 y posteriormente, estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda al inicio de la administración del tabasqueño.

El cargo Fideicomisos ocultos de AMLO apareció primero en La Chispa de Estado de México.

• Concamin y CCE chocan por incentivos
• Medida “discriminatora” y “excluyente”
• Beneficios para 10 de 72 sectores económicos

El pasado 11 de octubre, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se otorgan estímulos fiscales a sectores clave de la industria exportadora consistentes en la deducción inmediata de la inversión en bienes nuevos de activo fijo y la deducción adicional de gastos de capacitación.

Si bien esta medida, aunque sesgada y poco clara aún, tiene una justificación y objetivo claro, según el decreto, pues está encaminada a fortalecer al sector industrial exportador, aprovechando el nearshoring.

Incluso antes de anunciarse oficialmente, los incentivos fiscales significan cambios importantes en la política industrial del gobierno de la 4T y por lo mismo comenzaron a hacer ruido entre los empresarios y a generar posiciones discordantes.

Por supuesto, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), que preside José Antonio Abugaber Andione, empresario ligado y muy cercano colaborador del actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, a quien sucedió en el cargo en la Concamin, elogió de inmediato la medida, así como las acciones del gobierno.

“Con estas acciones, el gobierno de México da muestras claras de compromiso con la política industrial que el país necesita para capitalizar la coyuntura, que se traduzca en más crecimiento económico, creación de empleos y bienestar para la población”, dijo Abugaber.

Abundó en que “con este decreto, podremos consolidar nuestra posición como principal socio comercial de los Estados Unidos y se dan pasos firmes para construir la región más competitiva del mundo”.

Sin embargo, un par de días después el Consejo Coordinador Empresarial, de Francisco Cervantes Díaz, también surgido de las filas de la Concamín, se pronunció en contra de los incentivos fiscales, calificándolos como una medida totalmente “discriminatoria”.

El gobierno adopta una política industrial con incentivos fiscales para 10 de los 72 sectores que conforman la economía nacional, mediante incentivos fiscales como la depreciación acelerada o inmediata de las inversiones de diversos tipos. Además, establece que aplicarán “cuando estos contribuyentes se dediquen a la producción, elaboración o fabricación industrial de los bienes que se señalan, y además los exporten”.

A través del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp), el CCE calificó a la medida como “discriminatoria”, ya que selecciona sólo algunos sectores de la economía. Además es “excluyente”, al no considerar otros sectores, particularmente los no exportadores, los menos avanzados y los que menos se han aprovechado de las ventajas de la apertura en el pasado, donde naturalmente abundan las micro, pequeñas y medianas empresas.

Enfatizó en que “dicha exclusión naturalmente aplica a regiones también menos favorecidas por la apertura”.

Por supuesto los empresarios aglutinados en el CCE dejaron clara su posición ante el anuncio hecho en el DOF, pues para ellos, excepto para los de la Concamin, esta política industrial selectiva implica riesgos, “ya que parece ser violatoria del código de subsidios y subvenciones de la Organización Mundial de Comercio, al que se acogen nuestros socios comerciales, notablemente EU y Canadá”.

Advierte que empresas o incluso los gobiernos de estos países podrían impugnar la medida, ya que los beneficios fiscales sólo aplican a las exportaciones. Son subsidios a la exportación, que están prohibidos.

Los beneficiados

De acuerdo con el decreto de incentivos fiscales, los sectores beneficiados son aquellos cuyos productos están destinados a la alimentación humana y animal; fertilizantes y agroquímicos; materias primas para la industria farmacéutica; componentes electrónicos diversos;  maquinaria de relojes, instrumentos de medición, control y navegación, y equipo médico.

También los que fabrican baterías, acumuladores, cables, enchufes y otros productos de electricidad; motores de para automotores con diversas tecnologías; equipo electrónico y sistemas y componentes para automotores; motores de combustión, turbinas y transmisiones para aeronaves; y equipo no electrónico para usos médicos, de laboratorio  y dentales, además de productos para  la producción de obras cinematográficas o audiovisuales.

La deducción es de 86% para automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques, cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, motor eléctrico que además cuenten con motor de combustión eléctrica o con motor accionado por hidrógeno, así como 86% para aviones dedicados a la aerofumigación agrícola.

Aplicará una deducción de 88% para computadoras personales de escritorio y portátiles, servidores, impresoras, lectores ópticos, graficadores, lectores de código de barras, digitalizadores, unidades de almacenamiento externo y concentradores de redes de cómputo, así como 89% para dados, troqueles, moldes, matrices y herramental y 89% para maquinaria y equipo destinados directamente a la investigación de nuevos productos o desarrollo de tecnología en el país.

Se dice por ahí que los empresarios, como los gitanos, no se leen la mano entre ellos, pero tratándose de medidas de la naturaleza de los incentivos fiscales muy cómodos para algunos y discriminatorios para otros, pues representan montos de dinero importantes, evidentemente que las posiciones chocan y si bien en la actual administración el sector empresarial ha estado totalmente alineado y sometido a la voluntad del Ejecutivo Federal, este cambio de rumbo en la política industrial podría romper la supuesta unidad del sector privado.

El cargo Empresarios discordantes apareció primero en La Chispa de Estado de México.

• Más recaudación y bajar déficit, imprescindible
• Mayor impuesto al ahorro en 2024
• FMI sugiere reformas estructurales
• Inmobiliarias en la mira de la Cofece

La necesidad de recursos adicionales para atender las crecientes erogaciones del gobierno, ahora especialmente por el costo de los proyectos insignia y la prisa por terminarlos, se ha incrementado rápida y significativamente.

Infinidad de analistas y centros de investigación económica han insistido que la sostenibilidad de las finanzas públicas corre un riesgo importante, sobre todo ante la decisión de elevar el gasto a niveles sin precedente, evidentemente con propósitos políticos en el año electoral.

El costo del servicio de la deuda pública en México es sumamente elevado. De acuerdo con datos del Dataset: Government at a Glance – 2023 edition. OCDE, en 2022 dicho costo equivalía al 2.8% del PIB. Ocupaba el sexto lugar entre 43 países, según la membresía de la OCDE y otras economías emergentes. Y es probable que suba en ese ranking en 2024.

Según la estimación oficial, ya habrá aumentado a 3.4% en 2023 y se proyecta a 3.7% para 2024. Para los especialistas, esto claramente añade a la preocupación por la situación fiscal del país. Los aspectos preocupantes de la dinámica fiscal aconsejan que la Ley de Ingresos de la Federación sea aprobada con menor déficit y deuda, así como con un menor gasto.

De acuerdo con el procedimiento legislativo, al cierre de octubre el Congreso tiene que aprobar la Ley de Ingresos de la Federación 2024 (LIF), que incluye tanto los ingresos del sector público consolidado como el flujo de endeudamiento del mismo. Con ese límite la Cámara de Diputados debe aprobar el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Los procesos de aprobación de la LIF (ambas cámaras) y el PEF tienen que estar terminados el 15 de noviembre.

La iniciativa de ley de ingresos prevé obtener recursos presupuestarios por un total de 7 billones 329 mil millones de pesos, cifra 0.8% mayor en términos reales a la estimada para el 2023, aunque menor en 1.8% al monto aprobado para este año.

La base del cálculo de los ingresos del erario es el crecimiento previsto de la economía, mismo que el programa oficial estima en 3.0%, cuando la expectativa de los especialistas ronda el 1.9%.

Además, el programa fiscal para 2024 contempla un aumento de impuestos: la retención del ISR por intereses obtenidos por el ahorro se multiplica casi por 10, pasa de 0.15% a 1.48.

Para los analistas, esto es preocupante ya que, a pesar de la probable y aparente sobreestimación de los ingresos, los recursos no son suficientes y se tendrá que recurrir a nueva deuda.  La insuficiencia de ingresos del sector público para financiar el proyecto de PEF es significativa. Equivale a un billón 737 mil mdp de financiamiento, es decir endeudamiento neto del sector público.

FMI sugiere reformas estructurales

En su actualización de proyecciones económicas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) enfatiza que la economía global continúa recuperándose de la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania y la alta inflación y que su resiliencia ha sido notable.

Pese al impacto de la guerra en los precios de alimentos y energía y la restricción monetaria sin precedentes para bajar la inflación, la actividad económica se ha desacelerado, pero continúa moviéndose lentamente, aunque de manera desigual con amplias divergencias entre países.

Así, el crecimiento de la economía global pasará de 3.5% en 2022, a 3.0% en 2023 y a 2.9% en 2024, con desaceleración más pronunciada en los países avanzados y, en menor medida, en los países emergentes.

El FMI ajustó al alza las estimaciones de crecimiento, respecto a sus números de julio pasado, para Estados Unidos a 2.1 y 1.5% para 2023 y 2024, pero bajó las de la zona euro a 0.7 y 1.2%. Además, estima menor crecimiento económico para China: 5.0% en 2023 y 4.2% en 2024, frente a los previos de 5.2 y 4.5%.

En el caso de México, se registraron ajustes al alza de 0.6 puntos porcentuales en este año y el próximo a 3.2 y 2.1%.

Con un panorama de menor crecimiento, tasas de interés más altas y espacio fiscal reducido, el FMI enfatiza que las reformas estructurales son clave para recuperar crecimiento más adelante.

Inmobiliarios, en la mira de la Cofece

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación de oficio por la posible realización de una concentración ilícita en el mercado de comercialización de avisos inmobiliarios clasificados en territorio nacional.

Debido a su importancia para la economía nacional y su impacto en el bienestar de la población, este sector se definió como uno de los prioritarios para la Comisión en su Plan Estratégico 2022-2025 y por ello se mantiene una constante vigilancia de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) en dicho sector.

La autoridad aclaró que esta investigación no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, pues hasta el momento no se han identificado violaciones a la normativa en materia de competencia económica.

Advierte, sin embargo, que si al término de la investigación se encuentran elementos que presuman una violación a la LFCE, quienes resulten responsables serán llamados a un procedimiento seguido en forma de juicio para que presenten su defensa y manifestar lo que a su derecho convenga.

La Autoridad Investigadora exhorta a toda aquella persona u organización vinculada al mercado de comercialización de avisos inmobiliarios clasificados en territorio nacional, a que, si conoce o tiene información que pueda ser relevante para esta investigación, la presente ante esta Comisión.

De comprobarse la realización de una conducta anticompetitiva, el o los agentes económicos responsables podrían ser sancionados hasta por el 8% de sus ingresos y podría ordenarse la desconcentración total o parcial de la posible concentración ilícita. Por su parte, los directivos que hayan participado directa o indirectamente en concentraciones ilícitas podrían ser inhabilitados hasta por 5 años y multados hasta con 200 mil UMA.

El cargo México, sexto lugar en endeudamiento apareció primero en La Chispa de Estado de México.

• Endeudamiento histórico, sin responsabilidad
• Deuda pér capita en 2024: 127 mil pesos
• Traspasos hipotecarios fraudulentos

Desde 2009, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) han estado desequilibrados, pues se proponen ingresos por debajo de lo necesario para cubrir el gasto público.

Desde entonces –si no es que tiempo más atrás–, las metas anuales de endeudamiento no se cumplen, aunado a que los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2024 postergan el tiempo para regresar al equilibrio presupuestario, poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal de largo plazo enmarcada por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).

Se supone que para el 2024, el gasto público se reduciría y que, por lo tanto, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), es decir, el endeudamiento, bajaría de 4.1% a 2.7% del PIB. Al menos eso es lo que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda, había expuesto en el Paquete Económico de hace un año. Algo totalmente alejado de la realidad, como muchas de las cosas que han sucedido en este sexenio.

Resulta que el Paquete Económico 2024, se propone un gasto mayor por 766 mil 398 millones de pesos y el doble de endeudamiento: 5.4% del PIB. Además, los intereses correspondientes al pago de la deuda pasarían de 3.5% a 3.8% del PIB (1 billón 263 mil 994 mdp), superando el gasto en educación de 3.1% del PIB (1 billón 096 mil 544 mdp) y salud de 2.9% del PIB (990 mil 974 mdp).

Por tal razón, el indicador de la deuda pública por persona seguiría en aumento, pues pasaría de 118 mil 780 pesos en 2023, a 126 mil 818 pesos en 2024, incluyendo desde recién nacidos hasta las personas de mayor edad. En este sentido, las niñas y niños estarían heredando obligaciones sin que exista una fuerte inversión en su educación y en los cuidados que requieren para su bienestar.

Estos puntos y otros igual de importantes, han sido analizados por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) ante la discusión y eventual aprobación de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2024.

En el documento titulado “El déficit y la deuda de los CGPE 2024. Postergar decisiones y heredar obligaciones”, el CIEP enfatiza que para asegurar la sostenibilidad en el largo plazo, es necesaria una reforma fiscal que revise la situación financiera del gobierno federal, sus organismos y empresas; así como analizar el incremento en los gastos comprometidos.

Ante todo, destaca el organismo, se necesitan recursos para enfrentar en tiempo y forma, las demandas de la población, así como dirigir los programas a áreas prioritarias como educación, salud y primera infancia.

Traspasos fraudulentos

La práctica de los traspasos inmobiliarios, en particular los relativos a las casas habitación, es tan común en la cultura de los mexicanos que casi nadie reparaba en ellos.

No obstante, en la actualidad esa práctica comienza a preocupar no sólo a quienes la llevan a cabo, sino a las propias instituciones de vivienda y financieras que otorgan créditos para la adquisición de bienes inmuebles, particularmente el Infonavit.

Para ese instituto de vivienda, la persona que contrata el crédito es la única responsable de terminar de pagarlo y esta obligación no se puede transferir a alguien más.

Si alguien acepta “comprar” su casa a través de un traspaso podría ser víctima de fraude, pues no contaría con un documento que avale que sea el dueño o dueña de la casa.

Por esa razón, quien o quienes compran casa mediante traspasos de un crédito Infonavit podrían convertirte en víctima de fraude y perder su dinero.

Esto es así porque el Infonavit (y en general ninguna financiera) no contempla en su normativa ni en ningún otro documento jurídico la figura del traspaso; además, desde la originación del crédito hasta la firma de la escritura de la vivienda, existe una cláusula que establece que no se puede transferir la obligación adquirida ante el Infonavit; es decir, es obligación de la persona que contrató el crédito terminar de pagarlo.

Estos son los riesgos que se tienen al “comprar” una casa a través de un traspaso:

Se pagaría el crédito a nombre de otra persona, pero no contarían con algún documento que avale tú eres la dueña o dueño de la casa; para reclamar el derecho sobre la vivienda, se tendría que iniciar un juicio que podría tardar varios meses o años en resolverse.

Además la carta de la liberación de la hipoteca, al concluir el pago del crédito, se emitiría en favor del acreditado original y no del que adquirió mediante traspaso, aunque éste haya terminado de pagar el financiamiento. Por tanto, la escritura de la vivienda, seguiría a nombre del acreditado original.

La persona que tramitó el Crédito Infonavit podría “traspasar” el mismo financiamiento a varias personas de manera fraudulenta y los compradores no contarían con ningún derecho sobre la propiedad.

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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx

El cargo Equilibrio presupuestal postergado apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Los bancos de México, en general, han mantenido bajo control su apetito al riesgo cuando se trata de la banca minorista: se han enfocado en clientes de ingresos medios y altos, así como en grandes corporaciones y en pequeñas y medianas empresas (pymes) con mejor calidad crediticia.

Este enfoque conservador es una respuesta a los obstáculos como el amplio sector informal que hay en México, que prefiere las transacciones en efectivo; un alto nivel de desigualdad de ingresos, y el ineficiente estado de derecho que prevalece en el país.

Todo esto significa que el acceso a los servicios bancarios en México es bajo en relación con el que existe en países pares de América Latina y en mercados emergentes.

Para Standard and Poor´s (S&P Global Ratings), que recientemente analizó la inclusión financiera en México y la disrupción tecnológíca de las instituciones crediticias,  el “pecado original” de los bancos comerciales que operan en el país, ha sido el bajo nivel de acceso del público mexicano a sus servicios.

En la actualidad, el crédito total al PIB se estabiliza en 40% —una cifra baja respecto a los índices que han alcanzado sus pares en América Latina y de los mercados emergentes— y el bajo nivel de acceso a los servicios bancarios no ha mejorado ni siquiera con la implantación de nuevas tecnologías en el sector financiero.

Esto se debe a la amplia fuerza de trabajo informal en México, que prefiere en gran medida las transacciones en efectivo; al alto nivel de disparidad de ingresos, y a su débil estado de derecho, mismo que dificulta a los bancos la recuperación de las garantías.

Los bancos comerciales que sí atienden a clientes minoristas se han concentrado en aquellos con buena capacidad de pago de deuda —básicamente, los sectores de ingresos medios y altos de la población.

El estudio de la agencia internacional destaca que estos clientes parecen estar abiertos a utilizar soluciones financieras digitales; sin embargo, advierte que siguen mostrando una mayor preferencia por los bancos tradicionales debido a la preocupación suscitada por los casos de fraude y robo de identidad, que han aumentado a medida que se han generalizado la inteligencia artificial (IA) y las nuevas tecnologías.

Baja en tasas, en 2024

El próximo jueves 28 de septiembre, Banco de México que encabeza Victoria Rodriguez Ceja, anunciará su decisión de política monetaria. Todo parece indicar que dejaría sin cambios su tasa de interés de fondeo en 11.25%. La justificación detrás de la decisión es que la inflación mantiene su proceso de moderación a tasa anual, con la posibilidad de que cierre el año cerca de 4.50%.

Incluso, es factible que todavía en septiembre se acerque a 4.30%, nivel relativamente aceptable para la autoridad monetaria, aunque el rubro subyacente seguiría cercano al 6.0%.

En este sentido, según destacan los analistas de CIBanco, lo que más interesa a los operadores e inversionistas es cuándo la autoridad monetaria mexicana podría iniciar a reducir su tasa de interés. El Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED)  la semana pasada anunció que las tasas se mantendrían en niveles máximos todavía por un tiempo mayor al pronosticado originalmente.

Si bien consideran que la puerta para los recortes antes de que concluya el 2023 todavía no se cierra por completo, estiman que es difícil que termine sucediendo, por lo que la primera reducción debería suceder en 2024.

La primera razón para justificar este escenario es que las minutas del último encuentro de política monetaria muestran que los integrantes de la Junta de Gobierno del Banxico consideran adecuado mantener el nivel actual de la tasa de referencia por un periodo prolongado.

Aunque la expresión es completamente subjetiva, dicen los especialistas, difícilmente aplicaría para un periodo menor a seis meses. Las reuniones que le restan a Banxico en este 2023 son en noviembre y diciembre. Cualquier ajuste en alguno de estos dos encuentros, no cae en la categoría de sostener la premisa de que fue un “periodo prolongado”.

La segunda razón es que todavía existen preocupaciones sobre la inflación, ya que el balance de riesgos se mantiene sesgado al alza, por lo que la convergencia a la meta puntual de 3.0% todavía tomará tiempo, lo que justificaría que la autoridad se mueva con cautela.

La economía mexicana ha sorprendido en su desempeño durante los primeros ocho meses del año, con una expansión cercana al 3.5%. Aunque es una buena noticia, puede estar teniendo implicaciones para la dinámica de cierto grupo de precios, sobre todo de servicios.

El principal activo de un banco central es la credibilidad, por lo que es de esperar que Banxico busque enviar mensaje de compromiso con la estabilidad de los precios. Con ello, los analistas de CIBanco estiman que el primer recorte a la tasa de fondeo podría darse en el primer trimestre de 2024. Eso significa que hasta entonces, el dinero comenzaría a abaratarse un poco.

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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx

El cargo Bancos, pecado original apareció primero en La Chispa de Estado de México.

• 2024: mayor deuda y fragilidad fiscal
• Gasto récord en 2024
• Pensiones, desigualdad perpetua

El Paquete Económico 2024 se presenta en un contexto económico global de crecimiento, con una inflación que ha disminuido y con tasas de interés que se mantienen elevadas. Sin embargo, la propuesta para el próximo ejercicio fiscal plantea impulsar el gasto a través de un mayor déficit público, situación que sorprende ya que ni en la pandemia se pretendió elevar tanto el gasto.

Diversos analistas y centros de investigación económica han analizado el último paquete económico de la actual administración y coinciden en la necesidad de una reforma fiscal, pues no obstante que se proponen mayores recursos para pensiones, salud y educación, incrementa el endeudamiento de manera exponencial.

Los especialistas advierten que se requiere reforzar las fuentes de ingreso, de lo contrario se pueden enfrentar serios problemas para el financiamiento de programas presupuestarios en los tres niveles de gobierno.

Los Criterios Generales de Política Económica 2024 proponen un endeudamiento sin precedentes, equivalente al 5.4% del PIB. La aparente disminución del indicador de la deuda en 2023, se debe a cambios metodológicos en el cálculo del PIB y no a una disminución del saldo.

Aunado a ello, el costo financiero de la deuda pública, es decir el pago de intereses y demás accesorios inherentes a la misma, incrementaría 11.8% para 2024: el costo de la deuda del Gobierno Federal aumentaría 16.1% y el de las empresas productivas del Estado disminuiría 7.4%.

A su vez, el gasto neto total propuesto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año alcanza una cifra récord de 9.06 billones de pesos. Sin embargo, el 80% de este gasto se encuentra comprometido en el pago de pensiones, gasto federalizado y costo de la deuda, principalmente.

Debido a la caída de los ingresos y al incremento del gasto, el espacio fiscal o mejor dicho el margen de maniobra del presupuesto se reduce 57% respecto a 2023. O sea, a menos de la mitad.

Pensiones, desigualdad perpetua

El 22% del gasto neto total es para pensiones y dadas las características del programa se perpetúa la desigualdad entre la población adulta mayor. El gasto promedio anual en pensiones per cápita de la CFE equivale a 6.6 veces el gasto promedio anual en pensiones del IMSS y 29 veces la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBAM).

Al distribuir los dos billones de pesos propuestos para pensiones con información de la Encuesta Nacional Ingreso Gasto 2022, elaborada por el Inegi, se tiene que el decil de mayores ingresos recibe 4.6 veces más recursos de pensiones que el decil de menores ingresos.

En relación al gasto educación si bien presentaría un incremento de 2.7%, estos recursos alcanzarían cifras mínimas como proporción del PIB y del gasto total desde 2016. El 85.5% del incremento se centra en pago de nómina, previsiones salariales, apoyo administrativo y en servicios de educación básica para la CDMX, dejando de lado la educación inicial y la incorporación de nuevas tecnologías.

Los recursos de los programas emblemáticos de la actual administración: Becas Universales; Programa La Escuela es Nuestra (PLEEN); y Universidades para el Bienestar, no presentan cambios significativos. Además, se mantiene una brecha presupuestaria de 0.81 puntos del PIB respecto a la recomendación internacional de destinar entre 4 y el  6 % del PIB en educación.

La SHCP ha proyectado un déficit público de 4.9% del PIB y primario de 1.2%, que resultaría en un aumento a 48.8% del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) al cierre del siguiente año desde el 46.5% del PIB contemplado para fin del año en curso.

Estas cifras implican un ingreso tributario del orden del 14.4% del PIB. De aprobarse el déficit presupuestario seria el mayor en décadas y frente a los riesgos que prevemos en el panorama presentan un riesgo para la calificación crediticia de los bonos del gobierno mexicano.

A pesar de que este año los analistas privados han sido menos acertados en las estimaciones en materia de actividad económica, la previsión de la SHCP sobre el crecimiento pone en tela de juicio la razón deuda a PIB porque pudiera incrementarse aún más si no se alcanzaran las proyecciones realizadas.

Si bien es cierto que este presupuesto está en línea con lo observado en este sexenio, y no contempla mayores impuestos, nuevamente se está sobrestimando el escenario macroeconómico y se considera que muestra una evidencia en la fragilidad fiscal para la siguiente administración. La herencia entonces para el sucesor de Andrés Manuel López Obrador: endeudamiento exorbitante y fragilidad de las finanzas públicas.

El cargo La herencia apareció primero en La Chispa de Estado de México.

• Estados más violentos, beneficiarios
• Desplazados aceleran el flujo
• Superpeso e inflación las merman

La política de seguridad que instrumentó el presidente Andrés Manuel López Obrador desde una perspectiva retórica fundamentada en su frase “abrazos no balazos” si bien ha sido un fracaso ha tenido frutos, al menos, en materia económica, específicamente en el incremento del flujo de remesas al país, que tampoco es para vanagloriarse.

Uno de los factores que ha influido en ello, sin duda es el incremento de migrantes mexicanos hacia los Estados Unidos provenientes, principalmente, de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Guerrero y Chiapas, entidades que han sido las más azotadas por la imparable violencia y falta de seguridad que padecen sus habitantes, lo cual ha generado al mismo tiempo, paradójicamente, que dichos estados sean los principales receptores de remesas.

De acuerdo con las más recientes cifras del Banco de México, en junio pasado ingresaron a México 5,572 millones de dólares por concepto de remesas familiares, que equivale a un alza de 8.3% respecto del mismo mes del año previo.

Ese monto es el segundo más elevado recibido en un solo mes, superado solamente en mayo cuando por el efecto del “Día de las madres” llegaron 5,693 millones de dólares. Con este dato, las remesas acumularon una racha de 38 meses consecutivos con crecimiento, iniciada desde mayo de 2020, en la cual promedian una tasa de incremento anual de 16.9%.

En el mes de junio de 2023 se registraron 13.7 millones de operaciones para el envío de remesas a México, 8.5% más que en el mismo mes de 2022, con 12.6 millones de transacciones. La remesa promedio se ubicó en 406 durante junio, sólo un dólar inferior a lo registrado en junio del año previo.

Durante el primer semestre de 2023, las remesas acumularon un flujo de 30,238 millones de dólares, cantidad 9.9% mayor a lo reportado en el primer semestre de 2022, cuando contabilizaron 27,516 millones de dólares.

La apreciación del peso frente al dólar y la inflación en México han mermado estos importantes aumentos de las remesas en dólares a los hogares mexicanos. Durante junio, el tipo de cambio pesos por dólar promedió 17.29 pesos, 13.4% menor al mismo mes del año anterior; mientras que en ese mismo periodo la inflación anualizada en México fue de 5.1%.

En junio pasado los hogares mexicanos recibieron 96,300 millones de pesos por concepto de remesas. En términos reales, este monto fue mayor a lo percibido durante enero y febrero de 2023; pero es 15.1% inferior al monto máximo de poder adquisitivo que lograron alcanzar en julio de 2022.

Estados más beneficiados

El año pasado, los estados con mayor dependencia hacia estos flujos de divisas fueron Michoacán (16.4%), Guerrero (16.4%), Chiapas (14.9%), Oaxaca (14.8%) y Zacatecas (14.4%).

La información del Banco de México revela que durante el primer semestre de 2023, Jalisco se mantuvo en primer lugar como el estado que más recibió remesas en el país, con 2,648 millones de dólares.

Le siguió Guanajuato, con 2,613 millones de dólares y en tercer lugar se ubicó Michoacán con 2,601 millones de dólares. Se estima que cada uno de estos tres estados cerrarán 2023 con flujos anuales de remesas superiores a 5,000 millones de dólares.

Llama la atención que Guanajuato ha tenido una acelerada dinámica en la recepción de remesas, lo que le ha permitido desplazar a Michoacán al tercer puesto, y de mantenerse su ritmo de crecimiento observado (+9.4% anual) podría convertirse a finales de año en la entidad que más reciba remesas a nivel nacional.

Es notable el fuerte crecimiento de las remesas a Chiapas registrado en los últimos años, que lo ha posicionado como el cuarto estado que más recibe estos recursos. En el primer semestre de 2023 llegaron a Chiapas 2,056 millones de dólares, que equivale a un aumento de más de 50% respecto del mismo periodo de 2022. En lo que va de 2023, es el estado con el mayor incremento en sus flujos de remesas.

Otras entidades federativas que también han registrado importantes aumentos en sus flujos de remesas familiares, aunque en menor intensidad, fueron Baja California Sur (+34.6%), Puebla (19.1%), Estado de México (+18.1%) y Aguascalientes (16.1%). Durante el primer semestre de 2023 solo dos entidades registraron decrementos en sus ingresos por remesas: Sinaloa (-5.1%) y Tabasco (-3.3%).

San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, ya se posiciona como el municipio que más recibe remesas en el país, con 420 millones de dólares (md) recibidos en el primer semestre del año. Ya ha desplazado a Tijuana, en Baja California, a la segunda posición, con un flujo de 386 md.

Le siguen en relevancia otros municipios en el país que son importantes centros urbanos como Guadalajara (330 md), León (305 md), Morelia (304 md), Puebla (282 md), Aguascalientes (282 md) y Monterrey (278 md). Después de estas importantes urbes, aparece otro municipio de Chiapas en la novena posición: Comitán de Domínguez (241 md).

En el mapa de las remesas del Banco de México destaca también otro municipio, pero este ubicado en el estado de Guerrero, que se ha visto fuertemente beneficiado por el flujo de divisas provenientes del exterior. Se trata de Tlapa de Comonfort, localizado en la zona montañosa del estado, a 180 kilómetros al este de Chilpancingo, capital de la entidad gobernada por la morenista Evelyn Salgado.

El cargo Remesas salpican abrazos y balazos apareció primero en La Chispa de Estado de México.

• Grandes contribuyentes aportan 165 mil mdp
• IDEI debuta en Bolsa
• Constructoras mejoran indicadores
• Serfimex soltará créditos

De los logros que ha tenido la actual administración, justo es reconocerlo, es la simplificación administrativa para el pago de impuestos y la regularización de contribuyentes que se instrumentó al inició de esta administración, con el objetivo de elevar la recaudación tributaria.

Uno de los puntos destacados de los programas fiscales fue brindar confianza a los contribuyentes para que éstos pudieran hacer la autocorrección en sus declaraciones de impuestos ante las autoridades tributarias si por alguna u otra razón tenían irregularidades o, bien, no habían presentado en tiempo y forma sus declaraciones.

La confianza a los contribuyentes y la autocorrección han rendido sus frutos, pero más importante aún es la fiscalización que se ha llevado a cabo sobre los grandes contribuyentes; es decir, sobre las grandes empresas o corporativos habituados en el pasado a evadir y eludir el pago de impuestos.

Sólo en el primer semestre de este año, gracias al Programa de Fiscalización a Grandes Contribuyentes y por auditorías, el Servicio de Administración Tributaria (SAT),  que encabeza Antonio Martínez Dagnino, recaudó 165 mil 120 millones de pesos.

Con estas acciones, que tienen como objetivo erradicar prácticas con las que se evita o disminuye el pago de impuestos, se logró además la regularización total o parcial de 644 de este tipo de contribuyentes.

El Informe Tributario y de Gestión del segundo trimestre de 2023 reporta que el SAT recaudó 1 billón 120 mil 45 millones de pesos de Grandes Contribuyentes, lo que representó 49% de los ingresos tributarios totales recaudados durante ese periodo, que asciende a 2 billones 275 mil 86 millones de pesos.

Destaca la retención de impuestos sobre la renta (ISR) por sueldos y salarios de las personas morales, rubro que presentó el mayor crecimiento durante el primer semestre, al incrementar 58.6 mil millones de pesos, respecto al año pasado, ubicándose en 581.5 mil millones.

Esto derivado de que en 2021 entró en vigor el decreto que modificó diversas disposiciones referentes a la subcontratación laboral, lo que obligó a las empresas a la sustitución patronal y generó un aumento sostenido de las retenciones netas de sueldos y salarios. Durante el segundo trimestre de 2023, el número de empleadores subió 3.2% y el de empleados 3.3 por ciento.

Cabe mencionar que del total de contribuyentes activos con obligaciones fiscales (62 millones 942 mil 315), 96% corresponde a personas físicas y 4% a personas morales. En este último se encuentran los Grandes Contribuyentes, que representan el 0.02% del padrón.

IDEI debuta en Bolsa

Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV), que preside Marcos Martínez Gavica y dirige José Oriol Bosch, dio la bienvenida al mercado de valores a Internacional de Inversiones (IDEI), al celebrar su debut mediante la emisión de Bonos Verdes ligados a la Sostenibilidad, conocidos como “super green bonds”.

Con esta emisión por un monto de 800 millones de pesos, IDEI, desarrollador inmobiliario líder en proyectos sustentables que preside Alberto de la Garza Evia, se convierte en el primer emisor de este tipo de instrumentos en México y a nivel mundial en el sector inmobiliario.

Los fondos obtenidos mediante esta emisión permitirán a IDEI, ampliar sus propiedades con certificación medioambiental EDGE o LEED, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética entre un 20% y un 40%.

Con una historia de 50 años, IDEI es el principal desarrollador inmobiliario de la zona metropolitana de Monterrey. Su portafolio incluye espacios de oficinas, desarrollos residenciales y complejos comerciales en Nuevo León y Texas, Estados Unidos. Adicionalmente, IDEI administra más de 13 mil millones de pesos en fondos privados para inversionistas y family offices.

Constructoras mejoran indicadores

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), elaborado por el  Inegi, el valor de la producción generado por esas unidades económicas aumentó 6.7 %, en términos reales en junio de 2023, respecto a mayo pasado.

A tasa mensual, en el mes de referencia y con cifras ajustadas por estacionalidad, el personal ocupado total incrementó 1.6 %; las horas trabajadas, 1.9 % y las remuneraciones medias reales, 0.9 por ciento.

A tasa anual y con cifras desestacionalizadas, el valor real de la producción de las empresas constructoras creció 27.8 %; el personal ocupado total, 3.4 %; las horas trabajadas, 9.9 % y las remuneraciones medias reales 4.7 %, en junio de 2023.

Serfimex soltará créditos

En un entorno donde el precio de las viviendas nuevas sigue al alza, con un  aumento anual del 12.7%, atribuido a la disminución en el inventario y una sólida demanda de propiedades, los desarrolladores enfrentan la necesidad de obtener nuevas fuentes de financiamiento para contrarrestar los incrementos causados por la inflación y el aumento en los costos de materiales.

Para brindar apoyo financiero a los constructores de vivienda, Serfimex, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple que dirige José Achar Abadi, anunció que en lo que resta de este año y el 2024, tiene previsto otorgar créditos puente por valor de 2,000 millones de pesos a desarrolladores inmobiliarios.

Según Serfimex, los proyectos a financiar abarcarán primera vivienda o para uso vacacional y se cubre desde viviendas de interés social hasta residencias de lujo.

La colocación de créditos, según dijo José Luis González, director de crédito puente en la sofom, se enfocará principalmente en los estados de Durango, Coahuila, Jalisco y Baja California Norte y Sur. Los financiamientos cubrirán plazos de hasta 48 meses, con montos que oscilan entre 10 y 100 millones de pesos, aunque comentó que seguirán trabajando en toda la República.

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