La Auditoría Superior de la Federación (ASF) requirió información sobre 19 aspectos relacionados con la compra de un helicóptero Black Hawk realizada por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), encabezada por Cristóbal Castañeda Camarillo, como parte de una investigación que busca esclarecer las condiciones administrativas y financieras de la operación.

De acuerdo con información difundida por SDP Noticias, el procedimiento se encuentra integrado en el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa 013/2026. La Unidad Especializada en Investigación y Auditoría Forense de la ASF solicitó al titular de la dependencia mexiquense entregar documentación mediante el oficio UE-IAF/DGIA/0017/2026.

La revisión incluye las condiciones bajo las cuales se estableció el contrato, las características del helicóptero y los elementos relacionados con su adquisición. El objetivo será determinar si en el procedimiento se registraron irregularidades administrativas y si la operación pudo provocar alguna afectación al patrimonio público.

Uno de los puntos bajo análisis corresponde a la antigüedad y condiciones de la aeronave. El helicóptero, identificado con la matrícula XC-PEM, fue presentado por las autoridades del Estado de México el pasado 22 de junio como una aeronave de última generación. Sin embargo, SDP Noticias reportó que se trata de una unidad de la década de 1980 sometida posteriormente a un proceso de remanufactura.

A ello se suma el monto destinado a la compra. La información publicada señala que la SSEM desembolsó 170 millones de pesos por el Black Hawk, mientras que un helicóptero nuevo de este tipo puede alcanzar un precio de entre 15 y 20 millones de dólares, de acuerdo con las cifras referidas por el propio medio.

La comparación entre el monto pagado y las condiciones de la unidad será uno de los factores que deberá considerar la ASF durante su investigación. El órgano fiscalizador tendrá que establecer si el precio acordado resulta consistente con las características técnicas, antigüedad y estado de la aeronave adquirida.

SDP Noticias también identifica al ciudadano israelí Samuel Avishai Neriah como intermediario de la operación. Según el medio, Neriah tiene antecedentes en negocios vinculados con tecnología de seguridad y ha sido relacionado con investigaciones sobre la comercialización del software Pegasus durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

La publicación refiere además la existencia de documentos correspondientes a un arbitraje judicial en Israel que, según el medio, contienen información sobre acuerdos entre Neriah y Uri Ansbacher para la distribución de oportunidades relacionadas con contrataciones públicas en México. Estos antecedentes se suman a los elementos alrededor de la adquisición que se encuentra bajo revisión.

La investigación de la ASF deberá avanzar con el análisis de los documentos requeridos y las diligencias que considere necesarias antes de establecer si existen responsabilidades administrativas. De acuerdo con el medio informativo, el procedimiento también podría concluir con sanciones administrativas o con la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en caso de encontrarse elementos para ello.

La existencia del expediente no supone, por sí misma, que se hayan acreditado irregularidades ni responsabilidades de funcionarios o particulares. Será la ASF la encargada de determinar, al término de la investigación, si existió alguna conducta administrativa sancionable o un posible daño al patrimonio público.

El cargo Samuel Neriah aparece en compra de helicóptero investigado por la ASF apareció primero en La Chispa de Estado de México.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) requirió información sobre 19 aspectos relacionados con la compra de un helicóptero Black Hawk realizada por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), encabezada por Cristóbal Castañeda Camarillo, como parte de una investigación que busca esclarecer las condiciones administrativas y financieras de la operación.

De acuerdo con información difundida por SDP Noticias, el procedimiento se encuentra integrado en el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa 013/2026. La Unidad Especializada en Investigación y Auditoría Forense de la ASF solicitó al titular de la dependencia mexiquense entregar documentación mediante el oficio UE-IAF/DGIA/0017/2026.

La revisión incluye las condiciones bajo las cuales se estableció el contrato, las características del helicóptero y los elementos relacionados con su adquisición. El objetivo será determinar si en el procedimiento se registraron irregularidades administrativas y si la operación pudo provocar alguna afectación al patrimonio público.

Uno de los puntos bajo análisis corresponde a la antigüedad y condiciones de la aeronave. El helicóptero, identificado con la matrícula XC-PEM, fue presentado por las autoridades del Estado de México el pasado 22 de junio como una aeronave de última generación. Sin embargo, SDP Noticias reportó que se trata de una unidad de la década de 1980 sometida posteriormente a un proceso de remanufactura.

A ello se suma el monto destinado a la compra. La información publicada señala que la SSEM desembolsó 170 millones de pesos por el Black Hawk, mientras que un helicóptero nuevo de este tipo puede alcanzar un precio de entre 15 y 20 millones de dólares, de acuerdo con las cifras referidas por el propio medio.

La comparación entre el monto pagado y las condiciones de la unidad será uno de los factores que deberá considerar la ASF durante su investigación. El órgano fiscalizador tendrá que establecer si el precio acordado resulta consistente con las características técnicas, antigüedad y estado de la aeronave adquirida.

SDP Noticias también identifica al ciudadano israelí Samuel Avishai Neriah como intermediario de la operación. Según el medio, Neriah tiene antecedentes en negocios vinculados con tecnología de seguridad y ha sido relacionado con investigaciones sobre la comercialización del software Pegasus durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

La publicación refiere además la existencia de documentos correspondientes a un arbitraje judicial en Israel que, según el medio, contienen información sobre acuerdos entre Neriah y Uri Ansbacher para la distribución de oportunidades relacionadas con contrataciones públicas en México. Estos antecedentes se suman a los elementos alrededor de la adquisición que se encuentra bajo revisión.

La investigación de la ASF deberá avanzar con el análisis de los documentos requeridos y las diligencias que considere necesarias antes de establecer si existen responsabilidades administrativas. De acuerdo con el medio informativo, el procedimiento también podría concluir con sanciones administrativas o con la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en caso de encontrarse elementos para ello.

La existencia del expediente no supone, por sí misma, que se hayan acreditado irregularidades ni responsabilidades de funcionarios o particulares. Será la ASF la encargada de determinar, al término de la investigación, si existió alguna conducta administrativa sancionable o un posible daño al patrimonio público.

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La carrera interna de Morena por la candidatura al gobierno de Tlaxcala tiene, al menos en la medición de agosto de Impronte, una clara puntera: Ana Lilia Rivera Rivera. La senadora registra 45.1% de las preferencias, 18.7 puntos porcentuales por encima de Alfonso Sánchez García, quien obtiene 26.4%.

El resto de los perfiles considerados se encuentra muy por debajo. Carlos Augusto Pérez Hernández suma 3.6% y Raymundo Vázquez Conchas 2.3%, mientras 22.6% de los participantes respondió que no sabe o no contestó.

La misma tendencia se observa al medir una eventual elección por la gubernatura. Rivera alcanza 47.5% de quienes dijeron que votarían definitivamente por ella, frente a 29.1% de Sánchez García. Pérez Hernández registra 4.9% y Vázquez Conchas 3.6%, en tanto 14.9% de los encuestados aún no define su preferencia.

La medición de Impronte incluyó otros indicadores sobre los cuatro perfiles. Al preguntar quién sería un buen candidato o candidata para la gubernatura de Tlaxcala, Rivera obtuvo 42.4%, frente a 25.1% de Sánchez García. Pérez Hernández alcanzó 5.4% y Vázquez Conchas 3.7%.

En la valoración de honestidad, la senadora también aparece en primer sitio. El 48.1% de las personas consultadas la identificó como el perfil más honesto entre los nombres que conoce, mientras Sánchez García obtuvo 31.9%. Pérez Hernández registró 7.7% y Vázquez Conchas 4.9%.

La diferencia se mantiene en el indicador relacionado con buena fama y trayectoria limpia. Rivera concentró 47.4% de las respuestas, seguida por Sánchez García con 32.6%. Pérez Hernández obtuvo 6.9% y Vázquez Conchas 4.4%.

Otro de los reactivos preguntó cuál de los perfiles cumple con los principios de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”. Rivera obtuvo 40.6%, Sánchez García 22.4%, Pérez Hernández 3.8% y Vázquez Conchas 1.9%.

SÁNCHEZ GARCÍA REGISTRA MAYOR NIVEL DE RECHAZO

El estudio también midió el voto negativo entre los cuatro perfiles. En este apartado, 20.8% señaló que definitivamente nunca votaría por Alfonso Sánchez García, porcentaje superior al registrado por Carlos Augusto Pérez Hernández, con 18.6%; Raymundo Vázquez Conchas obtuvo 17.6% y Ana Lilia Rivera 11.4%. El 31.6% no respondió.

La encuesta fue levantada entre el 7 y el 10 de agosto de 2026, con la participación de 1,400 ciudadanos mayores de 18 años habitantes de Tlaxcala y con credencial de elector vigente.

El cargo Morena: Rivera aventaja a Sánchez por casi 19 puntos apareció primero en La Chispa de Estado de México.

La afectación equivale a 26.36 pesos por acción. Con 542 millones 382 mil 858 títulos actualmente en circulación, la cotización de 11.28 pesos sitúa el valor de mercado de Traxión en alrededor de 6 mil 118 millones de pesos. Si ese mismo número de acciones conservara el precio de 37.64 pesos registrado en julio de 2021, valdría aproximadamente 20 mil 415 millones. La diferencia, calculada para dimensionar el efecto de la caída, asciende a 14 mil 297 millones de pesos.

El descenso no ocurrió de manera continua para la empresa de transporte y logística. Después de caer hasta niveles próximos a 18 pesos a finales de 2022, la acción se recuperó y llegó a rozar los 40 pesos durante 2023. A partir de entonces inició otra trayectoria descendente: en 2024 bajó de 30 pesos, durante 2025 perforó el nivel de 20 y en 2026 llegó a aproximarse a 10 pesos. En la sesión del 18 de agosto, el título retrocedió 0.62%, se negoció entre 11.14 y 11.59 pesos y registró un volumen de 233 mil 847 acciones.

El desempeño de Traxión también se ha separado del mercado bursátil mexicano. Un análisis independiente de Indexity, publicado el 28 de abril, mostró que en los 12 meses anteriores los títulos de la compañía habían perdido 26.13%, mientras el principal índice de la BMV avanzó 18.14%. La diferencia entre ambos comportamientos fue de 44.27 puntos porcentuales, por lo que la disminución no correspondió a una caída generalizada del mercado durante ese periodo.

La reducción del patrimonio bursátil de los accionistas ha coincidido con un crecimiento de las ventas que no se ha reflejado en las ganancias. Entre 2021 y 2025, los ingresos de Traxión pasaron de 17 mil 86 millones a 33 mil 814 millones de pesos, un aumento de 97.9%. En contraste, la utilidad neta disminuyó de aproximadamente 863.8 millones a 491.7 millones de pesos, una contracción de 43.1%.

La tendencia continuó durante el primer trimestre de 2026. Según Indexity, los ingresos aumentaron 24.5%, hasta 9 mil 61.9 millones de pesos, pero la utilidad bruta cayó 2.3% y la utilidad operativa disminuyó 33.9%. La ganancia neta se desplomó 91.9%, al pasar de 161.8 millones a 13.1 millones de pesos. El margen neto quedó en 0.1%, mientras el rendimiento sobre el capital, indicador relacionado con la rentabilidad obtenida por los accionistas, descendió a 2.4%. La deuda neta, además, equivalía a 2.49 veces el EBITDA y los pasivos representaban 64% de los activos.

Pese a esas presiones, Fitch Ratings ratificó el 29 de mayo las calificaciones nacionales de Traxión en “A+(mex)” para el largo plazo y “F1(mex)” para el corto, con perspectiva estable. La calificadora destacó el liderazgo y la diversificación de la empresa, pero anticipó un año complicado por la incertidumbre comercial entre México y Estados Unidos, los menores volúmenes de carga, el fortalecimiento del peso y el aumento en el precio del combustible. Fitch proyecta que la deuda total ajustada se mantendrá alrededor de tres veces el EBITDAR durante 2026 y advirtió que superar ese nivel de manera sostenida podría conducir a una reducción de la calificación.

A marzo, Traxión acumulaba una deuda total de 16 mil 518 millones de pesos, frente a mil 417 millones en efectivo y 2 mil 176 millones en vencimientos de corto plazo, aunque disponía de líneas de crédito comprometidas por 2 mil 500 millones. La calificación de Fitch y el modelo de solvencia de Indexity no apuntan a un riesgo inmediato de insolvencia, pero ambos análisis reconocen presiones sobre la rentabilidad y el desempeño financiero. Para quienes mantienen acciones desde julio de 2021, esas condiciones han coincidido con la pérdida de siete de cada diez pesos del valor que tenían sus títulos hace cinco años.

Al cierre de 2025, el público inversionista poseía 65.82% del capital de Grupo Traxión; Discovery Americas, 13.78%; un grupo de personas físicas, 13.30%, y Nexxus Capital, 6.59%. Bernardo Lijtszain Bimstein, padre de Aby y presidente del consejo de administración, figura junto con su hijo y José Ramón Suárez Rotter entre los consejeros con participación accionaria directa.

Incluso se habla que las autoridades hacendarias y los bonistas solicitarían la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para revisar los contratos personales de Bernardo y Abi Lijtszain.

El cargo Pierden accionistas de Traxión 70% del valor de sus títulos apareció primero en La Chispa de Estado de México.

El centro tendrá capacidad para valorizar hasta 100 toneladas mensuales provenientes de empresas privadas, comedores comunitarios, emprendedores de alimentos, residuos de poda y otros generadores de la propia demarcación.

El proyecto plantea que los materiales puedan utilizarse para generar nuevos productos mediante procesos de bioconversión con Mosca Soldado Negra, compostaje y vermicompostaje. Entre los resultados previstos se encuentran composta, humus, bioinsumos y mejoradores naturales de suelo.

La iniciativa parte de que la disposición inadecuada de residuos orgánicos puede contribuir a la generación de gases de efecto invernadero, elevar los costos asociados con su traslado y destino final, además de favorecer afectaciones al suelo y al agua.

Karina Ledesma, Gerente de Economía Circular de FEMSA y representante de Fundación FEMSA, señaló que el esquema permitirá aprovechar los residuos directamente en el sitio y transformarlos, entre otros usos, en alimentos para animales, fertilizantes naturales y mejoradores de suelo.

El Centro Bio-Recíclalo tendrá también actividades de capacitación y educación ambiental. Las instalaciones servirán para divulgar prácticas vinculadas con la bioeconomía y el aprovechamiento de los residuos orgánicos.

El proyecto se encuentra en la Fase 2, correspondiente a la implementación del piloto, una vez concluida la etapa de diagnóstico y diseño conceptual. La apertura formal de las instalaciones quedó programada para el 1 de septiembre de 2026.

La Alcaldía Iztapalapa, Fundación FEMSA y Recíclalo participan en el desarrollo del centro bajo un esquema de colaboración entre el sector público, la sociedad civil y el sector privado para implementar alternativas locales en el manejo de estos materiales.

Una vez que entre en operación, Bio-Recíclalo buscará reducir el volumen de residuos orgánicos destinados a disposición final y aprovechar parte de los desechos que se producen diariamente en Iztapalapa mediante su transformación en nuevos insumos.

El cargo Arranca en Iztapalapa centro de residuos orgánicos con participación de Fundación FEMSA y Recíclalo apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Los señalamientos fueron formulados en dos denuncias anónimas, cuyos autores solicitaron mantener bajo reserva su identidad ante el temor de posibles represalias laborales. Una de ellas se concentra en el manejo de personal, mientras la segunda plantea revisar diversos procedimientos de compra y contratación.

Entre las peticiones se encuentra verificar los expedientes de Gabriela Mejía Muciño, Octavio Francisco Estrada Hernández, Marisol Duarte Martínez, Joel López Villagómez, Guillermo Eduardo Martínez Villanueva, Luis Landero Villalba, Jorge Alejandro Cruz Ortiz y Laura Gabriela Honorato Boyso, con el propósito de comprobar fechas y procedimientos de ingreso, currículums, grados académicos, experiencia y requisitos de los puestos que ocupan.

De acuerdo con información publicada por EL CEO, las denuncias alcanzan áreas bajo responsabilidad de Yesica Luna Espino, quien encabeza la Dirección de Administración desde octubre de 2024 y tiene entre sus funciones asuntos relacionados con licitaciones, capital humano, obras y servicios tecnológicos.

Los trabajadores también solicitaron revisar las remuneraciones del personal incorporado a la estructura administrativa. La documentación señala salarios diarios tabulados de alrededor de 2 mil 300 pesos para Gabriela Mejía Muciño, Octavio Francisco Estrada Hernández y Joel López Villagómez, mientras fuentes internas ubican las percepciones mensuales de algunos funcionarios por encima de los 245 mil pesos.

Según esas versiones, Estrada Hernández, Mejía Muciño, López Villagómez y Laura Gabriela Honorato Boyso percibirían hasta 261 mil 360.20 pesos mensuales; en tanto, Marisol Duarte Martínez, Guillermo Eduardo Martínez Villanueva y Luis Landero Villalba alcanzarían 245 mil 98.90 pesos. Los denunciantes solicitaron comprobar documentalmente si esos ingresos corresponden con los tabuladores y funciones desempeñadas.

Otro de los señalamientos se refiere a Sonia Hernández Pineda, identificada como titular de la Unidad de Responsabilidades. Su percepción pública mensual sería de 121 mil 495.16 pesos, mientras que fuentes internas sostienen que sus ingresos podrían alcanzar 250 mil 771.46 pesos. Los trabajadores pidieron esclarecer la eventual diferencia.

Las denuncias también solicitan investigar la relación entre Gabriela Mejía Muciño y Joel López Villagómez ante un posible conflicto de interés. Asimismo, refieren versiones internas sobre presuntos cobros a trabajadores de reciente ingreso, quienes habrían sido presionados para entregar una parte de sus salarios a personas que supuestamente facilitaron su contratación.

De acuerdo con el escrito, esos cobros presuntamente se realizarían los viernes correspondientes al pago de la catorcena y el dinero sería recabado por personal adscrito a la Coordinación del Patrimonio y Aseguramiento de Activos (COPAC) para su posterior entrega en efectivo. Los denunciantes solicitaron que trabajadores con conocimiento directo de estas prácticas puedan declarar bajo condiciones de confidencialidad.

En materia de adquisiciones, la segunda denuncia pide revisar operaciones realizadas mediante órdenes de compra menor para mantenimiento de edificios, servicios y artículos de consumo básico. El señalamiento busca determinar si requerimientos que podían concentrarse en procedimientos competitivos fueron divididos en operaciones de menor cuantía.

Los trabajadores plantearon cruzar las órdenes de compra por fecha, objeto, proveedor, área requirente y monto, además de analizar adjudicaciones directas y la participación recurrente de determinados proveedores. También solicitaron establecer si existen coincidencias entre domicilios, representantes, accionistas o funcionarios relacionados con las contrataciones.

Otro punto corresponde al arrendamiento vehicular. Los denunciantes sostienen que contratos vigentes habrían sido ampliados hasta el máximo permitido sin que el siguiente procedimiento se programara con suficiente anticipación y señalaron que, ante la falta de un nuevo contrato, se habría considerado una adjudicación directa al proveedor que ya prestaba el servicio.

Los escritos también mencionan la presunta gestión de asuntos contractuales desde una oficina externa a las instalaciones de la CFE y solicitan verificar quiénes acuden a ese espacio, las actividades que ahí se realizan y si se han celebrado reuniones con proveedores vinculadas con procedimientos de contratación.

Además, se hace referencia a un supuesto manejo discrecional en contratos de carbón y a una posible relación con funcionarios estatales. En este caso, la denuncia no proporciona nombres de servidores públicos, empresas, contratos, montos o entidades federativas, por lo que los trabajadores pidieron a las autoridades determinar si los señalamientos tienen sustento.

Luna Espino llegó a la CFE después de ocupar cargos relacionados con adquisiciones y recursos materiales en el Gobierno de la Ciudad de México. Entre febrero de 2023 y septiembre de 2024 se desempeñó como subdirectora general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde tuvo atribuciones en licitaciones, enajenaciones y capital humano.

El cargo Trabajadores de CFE piden investigar compras, salarios y contrataciones apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Costaron una fortuna y deberían estar al cien para combatir a la delincuencia, pero algunas de las patrullas que recorren las calles de la capital ya lucen golpes, abolladuras, piezas dañadas y desperfectos.

Son parte de las mil camionetas pick up arrendadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México a Grupo Turbofin mediante un contrato que supera los 3 mil 116 millones de pesos.

Y mientras la empresa cobra millones por el servicio, policías capitalinos consultados por este medio denuncian que, cuando las unidades necesitan reparación, la respuesta no siempre llega con la velocidad que requieren quienes todos los días salen a patrullar las calles.

Los uniformados, quienes solicitaron mantener su identidad bajo reserva por temor a represalias, aseguran que existen deficiencias en el mantenimiento y retrasos en la atención de vehículos accidentados o dañados.

Según sus testimonios, cuando una camioneta tiene que salir de circulación, el proceso para retirarla, repararla o sustituirla puede tardar.

¿El resultado? Menos vehículos disponibles para vigilar la ciudad y, en algunos casos, patrullas que continúan trabajando aunque carguen con los golpes encima.

¡ABOLLADAS Y A PATRULLAR!

Un recorrido realizado por fotógrafos de este medio permitió ubicar camionetas utilizadas como patrullas con daños visibles en defensas, puertas, cajas, salpicaderas y partes frontales.

Algunas presentaban deformaciones compatibles con impactos, mientras que en otras podían observarse piezas desprendidas o deterioradas.

Pero para los policías consultados, las abolladuras son apenas la parte visible del problema.

Los agentes cuestionaron la respuesta que reciben cuando reportan una unidad que necesita mantenimiento o reparación y calificaron como deficiente el servicio proporcionado por Turbofin.

Consideran que los tiempos de atención que enfrentan en las calles contrastan con el tamaño del contrato otorgado a la compañía.

Porque barato, definitivamente, no salió.

¡NEGOCIAZO DE 3 MIL 116 MILLONES!

Las camionetas forman parte del contrato SSC/078/2025, firmado el 30 de mayo de 2025 entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Grupo Turbofin, empresa dirigida por Eduardo Flegman Lijtszain.

El acuerdo contempla el arrendamiento de mil camionetas pick up RAM modelo 2024, equipadas con motor V6, tracción 4×2 y acondicionadas para funcionar como patrullas.

El servicio comenzó el 1 de julio de 2025 y permanecerá vigente hasta el 30 de octubre de 2028.

¿La cuenta?

Nada menos que 67 millones 169 mil 712 pesos mensuales antes de IVA.

Con impuestos incluidos, el monto total alcanza los 3 mil 116 millones 674 mil 636.80 pesos.

Y eso no es todo.

Turbofin recibió un anticipo de 779 millones 168 mil 659.20 pesos.

Miles de millones de pesos para mantener una flotilla que debería permanecer disponible y en condiciones adecuadas para que los policías hagan su trabajo.

¡SI FALLAN, DEBEN SUSTITUIRLAS!

El contrato no se limita a entregar las camionetas.

Grupo Turbofin también debe hacerse cargo del mantenimiento, las reparaciones, los seguros y la sustitución temporal de aquellas patrullas que queden imposibilitadas para prestar servicio.

Además, durante la etapa correspondiente al recorrido realizado por este medio, la compañía debe garantizar una disponibilidad mínima de 93% de la flotilla.

En números simples: al menos 930 de las mil patrullas deberían encontrarse disponibles.

Sin embargo, los policías consultados aseguran que cuando alguna unidad queda fuera de circulación por daños, la atención puede demorarse.

Y quienes terminan pagando las consecuencias operativas, sostienen, son los elementos encargados de vigilar las calles.

Mientras una camioneta espera reparación, los uniformados deben reorganizarse con los vehículos disponibles o, según sus testimonios, continuar utilizando unidades que presentan daños.

TURBOFIN VA POR MÁS

El multimillonario negocio con la policía capitalina no es el único contrato público de Grupo Turbofin.

De acuerdo con registros de Compras MX, durante 2026 la compañía obtuvo al menos cuatro contratos con dependencias federales cuyo monto máximo conjunto asciende a 83 millones 706 mil 899 pesos.

Además, medios de Quintana Roo reportaron durante 2025 la participación de Turbofin en un contrato estimado en mil 200 millones de pesos para proporcionar 334 vehículos policiales y un helicóptero en Playa del Carmen.

Grupo Turbofin se encuentra vinculado con la familia Lijtszain, propietaria también de Grupo Traxión.

Así, mientras los contratos públicos de la compañía se cuentan por cientos y hasta miles de millones de pesos, en las calles de la Ciudad de México la historia que cuentan algunos policías es muy distinta.

Patrullas golpeadas, reparaciones que -acusan- tardan más de lo necesario y uniformados que necesitan vehículos disponibles para enfrentar todos los días a la delincuencia.

Porque si el contrato cuesta más de 3 mil 116 millones de pesos, la pregunta resulta inevitable:

¿por qué hay patrullas millonarias circulando golpeadas?

El cargo ¡Patrullas de oro… y todas golpeadas! apareció primero en La Chispa de Estado de México.

De acuerdo con reportes publicados por diversos medios y testimonios de trabajadores, el accidente ocurrió al interior de las instalaciones ubicadas sobre la Carretera a las Pedreras, Ramal Izquierdo. La víctima cayó de una estructura de aproximadamente 15 metros de altura, sufrió lesiones graves y posteriormente murió en un hospital.

Según la información difundida, empleados que solicitaron el anonimato señalaron que el trabajador presentó un presunto traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas. Además, afirmaron que presuntamente no portaba equipo de protección personal al momento del accidente.

Los mismos testimonios sostienen que también existirían indicios de que el empleado no estaba registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estas versiones forman parte de los señalamientos difundidos por diversos medios tras el accidente ocurrido en la empresa.

Trabajadores consultados afirmaron que inicialmente se habría informado a los cuerpos de emergencia que el accidente ocurrió fuera de las instalaciones. Incluso, señalaron que se les indicó otro punto como lugar de los hechos, situación que presuntamente complicó la atención y verificación del incidente.

De acuerdo con los reportes, al sitio acudieron una ambulancia de la Cruz Roja y la unidad 1007 de Proxpol Escobedo. Uno de los trabajadores aseguró que el lesionado no fue trasladado de inmediato a un hospital y atribuyó ese retraso al desenlace fatal.

Hasta el momento, Triturados Industriales Monterrey no ha emitido un posicionamiento público sobre lo ocurrido. Tampoco existe información oficial sobre alguna investigación laboral o ministerial para esclarecer las causas del accidente y verificar el cumplimiento de las normas de seguridad.

El caso reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad en empresas trituradoras de la región. Investigaciones periodísticas han documentado accidentes mortales registrados desde 2017, mientras el nuevo caso también genera cuestionamientos sobre la supervisión de las autoridades competentes.

El cargo Muerte de trabajador en pedrera de Escobedo pone bajo revisión condiciones de seguridad apareció primero en La Chispa de Estado de México.

De acuerdo con el gobierno estatal, los movimientos forman parte de una reestructuración administrativa orientada a fortalecer la gestión de las finanzas públicas y mejorar la operación de la dependencia.

Los cambios incluyen la designación de Carlos Contreras Segovia como nuevo titular de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, cargo al que llega tras desempeñarse como subsecretario de Administración Tributaria. En su lugar fue nombrado Fernando Javier Villarreal Caballero, quien se desempeñaba como director de Patrimonio y ahora asumirá la Subsecretaría de Administración Tributaria.

Por su parte, Ulises Carlín de la Fuente permanecerá como encargado del despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, en tanto se define la titularidad de la dependencia.

Sin embargo, los cambios ocurren mientras persisten dudas sobre el destino del impuesto verde, gravamen implementado por la administración estatal a empresas con emisiones contaminantes y a la extracción de materiales pétreos. Aunque el Ejecutivo ha sostenido que los recursos serían destinados a proyectos ambientales y de infraestructura, hasta el momento no existe un desglose público que permita conocer con precisión el monto recaudado, las obras financiadas ni los resultados obtenidos. Para representantes del sector privado, el mensaje del gobierno ha privilegiado la recaudación y el endurecimiento de las cargas fiscales por encima de la generación de incentivos que impulsen nuevas inversiones y fortalezcan la competitividad del estado.

La falta de claridad ha sido señalada en diversas ocasiones por organismos empresariales, que además sostienen que el impuesto ha incrementado los costos de producción, particularmente en la industria de la construcción.

De acuerdo con cifras del Inegi, el valor de la construcción en Nuevo León registró una caída anual real de 2.3% durante el primer cuatrimestre de 2026, mientras que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la Canadevi y la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León (Caprobi) atribuyen parte del deterioro al exceso de trámites estatales y municipales, así como al gravamen aplicado a las pedreras, que ha encarecido los materiales de construcción.

Los nuevos nombramientos se suman a otros ajustes realizados por la administración de Samuel García en distintas dependencias durante los últimos meses, mientras el debate sobre la transparencia en el manejo del impuesto verde y la necesidad de una política que combine disciplina fiscal con incentivos a la inversión continúa abierto entre el gobierno y la iniciativa privada.

El cargo Samuel García renueva mandos en Tesorería en medio de cuestionamientos por el impuesto verde apareció primero en La Chispa de Estado de México.

En el encuentro participó la secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz Gutiérrez, junto con la senadora Susana Harp Iturribarria y el diputado Eruviel Ávila Villegas, quienes presiden las comisiones en ambas cámaras.

Durante la reunión, Rosaura Ruiz presentó los avances de algunos de los proyectos que impulsa la dependencia, entre ellos el automóvil eléctrico Olinia, el desarrollo de semiconductores Kutsari y Coatlicue, que será la súpercomputadora más poderosa de Latinoamérica.

En otro de los temas abordados, el diputado Eruviel Ávila destacó el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum para que, una vez concluido el Mundial, se realice un análisis nacional con el propósito de regular, sin recurrir a la censura, las redes sociales y el uso de la inteligencia artificial para menores de edad.

El legislador señaló que la propuesta busca aprovechar las nuevas tecnologías sin afectar a niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, la senadora Susana Harp afirmó que la ciencia, la tecnología y la innovación constituyen una palanca esencial para insertar a México en la sociedad del conocimiento y la investigación, además de contribuir al desarrollo nacional y al bienestar social.

Al encuentro asistieron también la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, legisladoras y legisladores integrantes de las comisiones de Ciencia del Congreso, así como representantes de instituciones educativas y de investigación.

El cargo Congreso instala primera reunión bicameral para impulsar la agenda científica apareció primero en La Chispa de Estado de México.