El municipio gobernado por Enrique Galindo Ceballos mantiene una incidencia significativa en este delito. Del total de casos registrados, el 74% ocurrió con violencia, porcentaje que supera el promedio nacional. Aunque el número representa una disminución frente a los 322 robos reportados en el periodo previo, la capital potosina sigue siendo el principal foco de riesgo para el transporte de carga.

Las cifras comparativas refuerzan el diagnóstico. Ecatepec registró 240 robos de unidades pesadas aseguradas, Puebla reportó 224 y Querétaro acumuló 179 casos, todos por debajo de los registrados en San Luis Potosí capital.

En el ámbito estatal, la entidad gobernada por Ricardo Gallardo Cardona contabilizó 531 robos de equipo pesado asegurado en el mismo periodo. Esto coloca a San Luis Potosí en el séptimo lugar nacional, con un nivel de violencia de 72% en estos delitos.

La evolución histórica refleja un incremento sostenido. Entre 2021 y 2022 se registraron 255 robos de equipo pesado, cifra que ascendió a 582 en el periodo 2024-2025. Aunque el último registro muestra una ligera reducción, el fenómeno continúa presente en las principales rutas del estado.

Especialistas del sector señalan que uno de los factores clave es la vulnerabilidad de la Carretera Federal 57, ruta que conecta la Ciudad de México con la frontera norte. Este corredor logístico se ha convertido en un punto crítico para el transporte de mercancías, especialmente en territorio potosino.

Los reportes también indican un aumento en robos con violencia tanto de mercancías de alto valor como de productos básicos. El modus operandi incluye la interceptación de unidades, el sometimiento de operadores y la descarga de mercancía para su posterior distribución.

El pasado 15 de abril se registró un caso que evidenció el riesgo en esta carretera. Un operador de tráiler fue asesinado a balazos tras resistirse a un asalto en la Carretera 57, a la altura de Santa María del Río, en el tramo conocido como “La Curva del Diablo”.

Entre los vehículos más afectados destacan los tractocamiones Kenworth y Freightliner. Las cajas secas encabezan la lista de remolques más robados, mientras que los semirremolques tipo tanque también registran altos niveles. Destaca el aumento de 560% en el robo de tractocamiones legalizados y de 228% en semirremolques legalizados.

El impacto también alcanza a la ciudadanía. En total, el estado registró mil 156 vehículos asegurados robados entre abril de 2025 y marzo de 2026, de los cuales el 58% corresponde a equipo pesado y pick-ups, mientras que el 37% corresponde a automóviles particulares.

Durante marzo de 2026 se reportaron 89 robos de vehículos asegurados en la entidad. A nivel nacional, la AMIS contabilizó 8 mil 767 robos de equipo pesado asegurado y un total de 53 mil 122 vehículos asegurados robados en todas las categorías durante el mismo periodo.

El cargo Capital potosina supera a Ecatepec y Puebla en robo de transporte de carga apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Gracias a este resultado, la compañía también obtuvo la certificación Top Employers™️ Latin America 2026, posicionándose como el único embotellador del Sistema Coca-Cola que alcanza este reconocimiento a nivel regional. Además, logró la certificación simultánea en México, Colombia, Brasil y Guatemala.

En el proceso de evaluación, la operación mexicana destacó por una mejora sustancial en sus indicadores. El puntaje obtenido mostró un incremento de nueve puntos respecto a 2025, al pasar de 68.8 puntos en 2024 a 77.77 en 2025, lo que evidencia un fortalecimiento de sus procesos internos.

Este avance se reflejó principalmente en los rubros de Estrategia de Talento, Aprendizaje y Desarrollo, áreas clave para garantizar la formación continua, la empleabilidad y la movilidad interna de los colaboradores dentro de la organización.

La visión corporativa de la compañía apuesta por impulsar el crecimiento integral de su personal, promoviendo entornos diversos y colaborativos que favorecen la innovación, el liderazgo y una mentalidad de mejora constante, sin descuidar el equilibrio entre la vida personal y profesional.

Como parte de este enfoque, la empresa prioriza la salud física y emocional de sus colaboradores mediante programas de prevención, políticas claras contra el acoso, canales de denuncia anónimos y acciones que refuerzan la seguridad y el bienestar en el entorno laboral.

“Renovar esta certificación por tercer año consecutivo confirma que en México estamos avanzando en la dirección correcta. Hemos fortalecido nuestros procesos de gestión de talento con una visión integral que pone a las personas al centro, impulsa su desarrollo y les da espacios reales para crecer, expresarse y construir carrera dentro de la compañía, apuntalando el crecimiento del negocio con productividad, creatividad y compromiso profesional”, expresó Amalia Pruneda, Directora de Recursos Humanos de Coca-Cola FEMSA México.

El reconocimiento también refleja los esfuerzos constantes de la empresa en capacitación, diversidad e inclusión y desarrollo de carrera, así como la participación activa de sus colaboradores a través de iniciativas de voluntariado que fortalecen el sentido de pertenencia.

En el ámbito regional, KOF renovó la certificación en Colombia por tercer año y obtuvo por primera vez el distintivo en Brasil y Guatemala, países que alcanzaron calificaciones superiores al 90 por ciento en dimensiones clave relacionadas con Ética y Valores, Desempeño y Diversidad e Inclusión.

“Ser el primer embotellador del Sistema Coca-Cola en obtener la certificación Top Employers™️ Latin America es reflejo del compromiso de nuestros más de 93 mil colaboradores. Este reconocimiento nos impulsa a seguir elevando nuestros estándares y a construir entornos donde el talento pueda desarrollarse plenamente”, destacó Antonio Díaz-Caneja, director de Recursos Humanos de Coca-Cola FEMSA.

Top Employers Institute, organismo que otorga este distintivo, evalúa a las empresas con base en sus prácticas de Recursos Humanos, su alineación con la estrategia del negocio, la sostenibilidad y la experiencia integral del colaborador.

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La revisión se centra en el proceso mediante el cual se adjudicó el contrato a Servicios Broxel, luego de que otra empresa participante impugnara el fallo por presuntas irregularidades en la propuesta económica presentada.

Según el comunicado oficial, la inconformidad fue promovida por Toka Internacional, que señaló que Broxel no habría capturado los precios unitarios requeridos en su oferta, lo que motivó la apertura de investigaciones para determinar posibles responsabilidades.

El procedimiento licitatorio fue llevado a cabo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 28 de noviembre, bajo el número LA-06-400-006400001-N-19-2025, y tuvo como finalidad cubrir la prestación de fin de año para personas servidoras públicas federales.

La Secretaría Anticorrupción detalló que el contrato contempla el suministro de vales para 206 dependencias, con un periodo de ejecución del 8 al 31 de diciembre, y un rango presupuestal que va de 7 mil 345 millones a 10 mil 338 millones de pesos.

De acuerdo con la dependencia, la inconformidad es un recurso previsto en la legislación vigente que permite revisar la legalidad de los procesos de contratación y resolverlos conforme a derecho.

En paralelo, durante la conferencia matutina del pasado 23 de diciembre, se señaló que la empresa adjudicada habría manifestado que la bonificación total prevista en el fallo no resultaba viable como negocio, lo que derivó en cuestionamientos públicos sobre el apego a las condiciones establecidas.

Ante este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la titular de la Secretaría Anticorrupción, Raquel Buenrostro, informar sobre el estado de la revisión y las determinaciones que se adopten. Mientras tanto, la dependencia reiteró su compromiso con la legalidad e integridad en las compras públicas y advirtió que el incumplimiento o el engaño en los procedimientos de contratación tiene consecuencias conforme a la ley.

El cargo Secretaría Anticorrupción indaga señalamientos en contrato millonario de vales de fin de año apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Según Durazo, la intervención de la mandataria federal fue clave para destrabar el conflicto laboral y garantizar la liquidación correspondiente a más de 650 mineros. Pero, de acuerdo con fuentes al interior de Palacio Nacional, ninguno de los elogios del gobernador es bien recibido.

Señalan que, en el círculo más cercano a Sheinbaum, crece el malestar con el mandatario sonorense, a quien acusan de alimentar filtraciones en portales afines donde se sugiere que podría ser llamado al gabinete federal o asumir una posición estratégica rumbo a 2027.

Las mismas fuentes aseguran que la presidenta no lo quiere cerca de su equipo, y que la desconfianza viene de tiempo atrás. Cabe recordar que en junio de 2023, durante una sesión del Consejo Nacional de Morena, se filtraron videos que muestran a Sheinbaum reclamando directamente a Durazo por el manejo de información durante encuentros internos del partido. El episodio se dio en medio de protestas por “piso parejo” impulsadas por el equipo de Marcelo Ebrard. Tras ese evento, Morena abrió una investigación interna por presunto uso indebido de información política con fines mediáticos.

En noviembre de 2025, volvió a circular el nombre de Durazo como posible relevo en la Secretaría de Gobernación, en versiones difundidas por medios locales cercanos a su equipo. Aunque el gobernador negó públicamente cualquier movimiento, en Palacio no pasó desapercibido que el método fue el mismo: permitir que se propaguen rumores para posicionarse políticamente sin un respaldo directo.

Por ello, en las últimas semanas Durazo ha sido señalado por operar una red de vocerías y medios locales para promover versiones donde él aparece como solución o figura de confianza rumbo a futuras definiciones políticas. Las comparaciones con Ricardo Monreal Ávila han resurgido: ambos son identificados como operadores mediáticos hábiles, pero con poca cercanía al núcleo político de la Cuarta Transformación.

Además de su activismo mediático, Durazo ha impulsado en círculos políticos la idea de que el senador Luis Donaldo Colosio Riojas sea candidato a la gubernatura de Sonora en 2027, como una alternativa ante la creciente debilidad de Morena en la entidad. Colosio, originario de Magdalena de Kino y actualmente legislador por Movimiento Ciudadano, mantiene una relación cercana con Durazo, quien fue uno de los principales operadores políticos de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, durante la campaña presidencial de 1994.

Según fuentes consultadas en el gobierno local, Durazo ha reconocido en privado que contempla no concluir su sexenio, presionado por los escándalos que han afectado su gestión, particularmente el caso del Libramiento de Nogales.

Documentos obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad muestran que el gobierno de Sonora, bajo su administración, adquirió el 49% de las acciones de la empresa Operadora de Caminos Carreteros Nogamex en noviembre de 2022, siete meses antes de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aprobara la cesión de la concesión de dicha carretera a esa empresa en julio de 2023, pese a que la ley exige que solo se conceda a quien ya ha cumplido con obligaciones como concesionario.

Esa carretera, pieza clave del comercio fronterizo y con ingresos estimados de decenas de millones de pesos anuales, fue transferida sin licitación ni una competencia abierta, lo que generó denuncias de uso indebido de atribuciones, tráfico de influencias y violaciones legales al proceso de concesión.

*Acumulación de escándalos*

Se sabe que el malestar en Palacio Nacional también está relacionado con una serie de escándalos que han rodeado al gobernador en los últimos meses. Aunque ninguno ha derivado hasta ahora en un proceso judicial en su contra, sí han generado preocupación en sectores políticos y empresariales, tanto dentro como fuera de Sonora.

En enero de 2025, la oposición en el Congreso federal pidió investigar la entrega de beneficios fiscales y una zona libre de impuestos a la empresa china Mainland Headwear, que instaló una planta en Sonora. Una investigación publicada por Latinus a inicios de 2025 documentó que en la operación participaron Fernando Rojo de la Vega, actual secretario de Bienestar estatal, y Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador, quienes comparten sociedades con la firma desde 2018. Rojo de la Vega figura como administrador de filiales mexicanas, y la relación con la empresa se habría facilitado por su vínculo con Alexander Ngan, CEO de Mainland Headwear.

El caso generó inquietud federal por haberse concretado en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, justo antes del retorno de Donald Trump a la presidencia. A esto se sumó que, en noviembre, Estados Unidos revocó la visa de Durazo Chávez como parte de una investigación por presunto lavado de dinero y contrabando de hidrocarburos, lo que provocó cuestionamientos por falta de transparencia en la administración estatal.

Según analistas consultados, Durazo busca mantenerse como un actor con proyección nacional, pero en Palacio Nacional ya no lo consideran parte del núcleo estratégico del proyecto presidencial. “Lo tienen identificado, y saben que opera más desde lo mediático que desde la institucionalidad”, advierte un legislador oficialista.

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La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno revisar las denuncias presentadas en torno a la licitación pública nacional LA-06-400-006400001-N-19-2025, correspondiente al suministro de vales electrónicos de despensa para trabajadores federales, un contrato cuyo monto alcanza los 10 mil millones de pesos.

El procedimiento fue adjudicado el pasado 8 de diciembre a la empresa Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V., pese a que en la plataforma Compras MX se identificaron inconsistencias en la captura económica de su propuesta, específicamente en los apartados obligatorios de precio e importes.

Durante la conferencia matutina del miércoles 10 de diciembre, la mandataria indicó que solicitó tanto a la Secretaría de Hacienda como a la dependencia encabezada por Raquel Buenrostro verificar el proceso y determinar si la empresa cumplió con los criterios técnicos y administrativos establecidos en la convocatoria.

De manera paralela, fueron presentadas al menos dos denuncias formales ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, en las que se advierte que la propuesta ganadora dejó en blanco los campos económicos en Compras MX, situación que, de acuerdo con los promoventes, debió derivar en el desechamiento automático de la oferta.

Otro de los señalamientos apunta a riesgos en la ejecución del contrato, al recordar que en 2021 la misma empresa no acudió a la firma de un contrato previamente adjudicado para trabajadores de Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos (Capufe), lo que retrasó la prestación del servicio y obligó a reasignarlo.

El contexto operativo de este año incrementa la presión logística, debido a que el procedimiento consolidado redujo el plazo de entrega de 10 días hábiles a cinco días naturales, periodo en el que deben distribuirse alrededor de 800 mil tarjetas en más de 2 mil 100 puntos del país.

De acuerdo con fuentes consultadas, cualquier retraso en la personalización o activación de los vales tendría un impacto inmediato en cientos de miles de trabajadores federales y en más de 200 dependencias, por lo que en las denuncias se solicita a la Secretaría de Hacienda revisar y, en su caso, anular el fallo de la licitación.

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La expansión del mercado de vehículos eléctricos en México avanzó con rapidez impulsada por marcas extranjeras, en especial de origen chino, mientras Mazda mantuvo una presencia limitada en este segmento. Durante el periodo reciente, la automotriz japonesa no contó con modelos totalmente eléctricos disponibles para los consumidores mexicanos.

Datos publicados por El Heraldo de México indican que cerca de 20 marcas chinas operaron en el país a lo largo del año y alcanzaron una participación de aproximadamente 9.4 por ciento en el mercado de vehículos eléctricos. Firmas como BYD, MG, Chirey, JAC, Omoda y GWM se ubicaron entre las más relevantes por ventas y aceptación del público.

En contraste, Mazda ofreció en México durante 2025 únicamente vehículos híbridos enchufables, sin sumar opciones de cero emisiones. Esta decisión la colocó por detrás de otras armadoras tradicionales como Ford, que comercializó modelos eléctricos, y Chevrolet, que amplió su portafolio con varias opciones de este tipo.

Asimismo, Stellantis anunció la introducción en México de la marca china Leapmotor, con los modelos C10 y B10, lo que incrementó la competencia en el segmento eléctrico y reforzó la diversidad de la oferta disponible.

Según cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, las ventas acumuladas de vehículos híbridos y eléctricos sumaron 129 mil 629 unidades. Dentro de ese total, los vehículos eléctricos representaron 14.6 por ciento, mientras que los híbridos enchufables concentraron 5.6 por ciento.

La estrategia de Mazda se basó principalmente en modelos con hibridación ligera, conocidos como MHEV, que integran un motor eléctrico de 24 volts como apoyo al sistema de combustión. Aunque mantuvo versiones híbridas enchufables, no incorporó una propuesta eléctrica completa en su portafolio nacional.

En el plano internacional, Mazda presentó en Europa el sedán eléctrico Mazda 6e, desarrollado junto con socios chinos. Sin embargo, la empresa informó que su primer vehículo eléctrico propio se previó para 2027, con producción en Japón y el uso de baterías desarrolladas en colaboración con Panasonic.

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Este lunes se daría el fallo de la licitación EA-913003989-N879-2025, convocada por la Oficialía Mayor del Gobierno de Hidalgo, para el arrendamiento de 80 autobuses para los próximos 2 años que serán integrados a la flotilla del Tuzobús a partir del próximo año 2026, que de acuerdo a denuncias estaría direccionada presuntamente a la empresa Rommify Capital SA de CV, constituida el año 2020, pero que desde el 2022 tiene como socio o accionista principal a Juan Carlos Martínez Domínguez, uno de los personajes más oscuros que se ha mantenido vigente como proveedor desde los sexenios priistas de Francisco Olvera Ruiz y Omar Fayad Meneses, pese a que presentó la oferta más cara con $662,421,775.24 pesos.

Según documentos oficiales, Rommify Capital SA de CV fue constituida el 02 de octubre 2020 ante la fe de la Notaria Pública No. 21, María del Consuelo García Curiel, de Pachuca, siendo los socios originales la persona física Luis Ricardo Guinea Prado, y el otro socio es la razón social Green Movi SA de CV, una empresa que fue ampliamente beneficiada con contratos por más de 250 millones de pesos en la administración de Fayad Meneses.

Meses antes de la toma de posesión del morenista Julio Menchaca Salazar, como Gobernador de Hidalgo, registros de la Rommify Capital señalan que el 25 de mayo 2022, ingresó a la empresa como socio Juan Carlos Martínez Domínguez, quien tomó un total de 150 acciones, dejando a Guinea Prado, con 40; y a Green Movi, con solo 10 acciones de participación.

Martínez Domínguez, quien también aparece como socio en una red de empresas que han sido ampliamente beneficiadas con contratos en las administraciones anteriores, entre ellas: CELMILENIUM SA de CV,  Holy Cheese Food México SA de CV, Hermes Games SA de CV, Fibra OPCE SA de CV, Financiera Milenium SA de CV SOFOM ENR y Aero Servicios Ejecutivos RM SA de CV, entre otras, ha sido señalado e investigado por diversos medios locales por la venta a sobreprecio de tabletas electrónicas al gobierno de Hidalgo. Una de sus empresas vendió 15 mil tabletas electrónicas por 87 millones de pesos, pero una investigación de la UIF reveló que los aparatos tenían un costo real de casi 36 millones de pesos.

El empresario, también fue uno de los señalados en el esquema conocido como la “Estafa Siniestra”, que destapó Santiago Nieto cuando ocupó la FGE de Hidalgo, que implicó la simulación de contratos y servicios con empresas fantasma para desviar dinero del presupuesto público. Los fondos, que ascendían a más de 520 millones de pesos, que estaban destinados originalmente a obras públicas, salud y otros servicios esenciales.

LICITACIÓN A MODO

A mediados de 2025 el Gobierno de Hidalgo anunció la compra de 42 unidades; sin embargo, posteriormente, el esquema cambió a un arrendamiento de 80 autobuses, sin que se haya hecho público un estudio costo-beneficio del cambio, ni un dictamen técnico, ni el impacto presupuestal multianual.

Pese a ello, la convocatoria para Licitación Pública Nacional EA-913003989-N879-2025, fue publicada el pasado 27 de noviembre de 2025 por la Oficialía Mayor del Gobierno de Hidalgo para el arrendamiento de 80 autobuses: 42 de 80 pasajeros, y 38, de 50 pasajeros, que se sumaran a la flotilla del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH).

Durante las juntas de aclaraciones, empresas como Integra Arrenda y Forza Arrendadora Automotriz documentaron una serie de ‘candados’ para beneficiar a uno de los concursantes, dado que por el tiempo de entrega originalmente pactados en la convocatoria, que señalaba  que los 38 vehículos de 50 pasajeros, se deberían entregar a más tardar el 30 de enero del 2026, y el arrendamiento tendría una duración de 26 meses a partir del 01 de febrero del 2026 al 31 de marzo del 2028; mientras que los otros 42 vehículos de 80 pasajeros, se deberían  entregar a más tardar el 31 de marzo del 2026 y el arrendamiento tendría una duración de 24 meses a partir del 01 de abril del 2026 al 31 de marzo del 2028.

Sin embargo, tras la junta, la convocante modificó los plazos para las entregas: los 42 autobuses de 80 pasajeros será para el 31 de marzo de 2026 con un arrendamiento entre el 01 de abril de 2026 al 31 de marzo de 2028 (24 meses); mientras que los otros 38 autobuses de 50 pasajeros la entrega sería para el 30 de abril de 2026, siendo el arrendamiento entre el 01 de mayo de 2026 al 31 de julio de 2028 (26 meses).

Aun así, los participantes ven casi imposible que se pueda cumplir en tiempo y forma con la entrega de las unidades en los nuevos plazos acordados, a no ser que uno de los concursantes, como Rommify Capital, haya contado con antelación con ‘información privilegiada’.

Lo más extraño, denuncian empresas, es que Rommify Capital, en su giro no incluye ni la comercialización ni arrendamiento de unidades de transporte de estas dimensiones, lo más cercano o parecido se acordó en una modificación al objeto social realizado en 2022, donde se especifica lo siguiente: “El comercio al por menor de automóviles y camionetas usados”, en ninguna parte de su objeto social ni en las modificaciones, señala un rubro sobre el servicio requerido en la licitación EA-913003989-N879-2025.

Según el calendario de la licitación, el pasado 8 de diciembre, en una junta de aclaraciones exprés, pues solo duró 25 minutos, se hicieron cambios relevantes a la convocatoria: Ampliación de plazos de entrega, ajuste de dimensiones técnicas de los autobuses, exigencia de una sola carrocería y marca para ambos tipos de unidades y la exigencia de certificación EURO VI o EPA 24.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Según la apertura de propuestas, las empresas participantes son: Jetvan Car Rental SA de CV, de Cuauhtémoc Velázquez García, que uno de los proveedores más recurrente de los tres niveles de gobierno, con antecedentes de controversias públicas y según el expediente SANC-0001/2020 sufrió una inhabilitación de un año por irregularidades en la ejecución de contratos.

La empresa Jetvan Car Rental ofertó por el arrendamiento de las 80 unidades un monto de $431,976,805.17 pesos; cabe señalar que Forza Arrendadora Automotriz, SA de CV, una de las que se ha quejado de las irregularidades en la presente licitación, ha compartido representante legal con Jetvan en la persona de César Gerardo Matamoros Vargas, lo que habla de una estrecha relación de negocios entre ambas razones sociales.

La otra empresa es Arrendadora de Muebles e Inmuebles SA de CV, empresa fundada en Playa del Carmen, Quintana Roo, que recientemente ha obtenido contratos en alcaldías de la Ciudad de México para el arrendamiento de camiones y patrullas, pero que no se le conoce socios ni otros antecedentes. La empresa ofertó por los servicios $625,914,760.91 pesos.

La otra propuesta fue presentada por la citada Rommify Capital SA de CV, empresa hidalguense con domicilio en Zona Plateada, Pachuca de Soto, y que tiene un amplio historial de contratos recientes en Hidalgo con Oficialía Mayor, DIF estatal, STCH y municipios.

Recientemente firmó el contrato PMMR-SA-026-FORTAMUN-2025, 2 de julio de 2025, para el arrendamiento de patrullas en el municipio de Mineral de la Reforma por un monto de $13,777,737.60 pesos; en el DIF Estatal obtuvo el contrato DIF/DAJ/0120/2025, enero de 2025, para el arrendamiento de vehículos y equipo de transporte 2025-2026 por un monto de $26,352,339.78 pesos; el contrato 034/2025, del 7 de abril 2025, para el arrendamiento 58 camionetas pick up, modelo 2025, por un monto de $23,100,184.32 pesos; el contrato 033/2025, firmado el mismo 7 de abril para el arrendamiento de vehículos por un monto de $12,550,692.38 pesos.

El año pasado obtuvo el contrato 102/2024 para arrendar 175 vehículos por un monto de  $155,754,234.72 pesos; en 2023, firmó el contrato 421/2023, por un monto de $49,012,320 pesos. En total suma contratos por más de 300 millones de pesos en la actual administración hidalguense.

ESTE LUNES EL FALLO

La propuesta de Rommify Capital para el arrendamiento de los 80 autobuses es la más alta económicamente: $662,421,775.24 pesos, superando por más de 230 millones de pesos a la oferta más baja.

El fallo para adjudicar los servicios, cuya responsabilidad pesa sobre los funcionarios Edgar Orlando Ángeles Pérez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno de Hidalgo; Humberto Cabrera Román, director del SITMAH; y Lyzbeth Robles Gutiérrez, secretaria de Movilidad del Estado de Hidalgo, está programado para este lunes a las 11:00 horas.

El cargo Amañan licitación para el Tuzobús-Hidalgo apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Mazda México atraviesa un periodo de creciente escrutinio tras un aumento sostenido de quejas por fallas mecánicas, retrasos en refacciones y problemas de garantía que han sido documentados por consumidores, organismos de defensa y mediciones de calidad. Un análisis realizado por El Heraldo de México muestra que, en los últimos años, la marca japonesa ha acumulado múltiples reportes que afectan su reputación en el país.

De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), entre 2010 y 2025 la empresa suma 337 quejas formales registradas en el Buró Comercial. Las inconformidades más frecuentes están relacionadas con defectos de origen, negativa a hacer válida la garantía, incumplimiento en tiempos de entrega y falta de refacciones. Entre los casos más recientes destaca el de Mildred Peralta, propietaria de un Mazda 2 modelo 2025 en Veracruz, quien denunció haber esperado cinco meses por una pieza que la agencia no tenía disponible, manteniendo su automóvil inmovilizado desde enero.

La situación se agravó en octubre, cuando Profeco emitió una alerta para 5,937 vehículos Mazda afectados por una falla en el indicador de combustible. El desperfecto, ocasionado por un error de software en el módulo BCM, puede provocar que los vehículos se queden sin gasolina en pleno movimiento. Los modelos incluidos son CX-70 2025 y CX-90 2024-2025. Además, la automotriz ha realizado otros llamados a revisión por problemas en el control de tracción, cinturones de seguridad, desempañadores y sistemas de visión 360 grados.

El Estudio de Confiabilidad del Vehículo México 2025 de J.D. Power añadió otro elemento al debate. Mazda registró 238 problemas por cada 100 vehículos, cifra superior al promedio nacional de 229 PP100, ubicándose por debajo de otras marcas que tuvieron mejor desempeño. El informe contempla fallas en categorías como tren motriz, infoentretenimiento y sistemas eléctricos.

La inconformidad también se refleja en redes sociales. El 29 de julio, Jesús Martínez, dueño de un Mazda MX5i Sport 2024, denunció públicamente que la marca rechazó aplicar la garantía de su transmisión y le ofreció un reemplazo que supera los 105 mil pesos. Aseguró además que no recibió respuesta de Mazda México tras intentar contactar al área de Atención a Clientes. Testimonios similares señalan ruidos anormales, fallas eléctricas y problemas en quemacocos en modelos recientes como Mazda 3.

Pese a que la marca ha sido históricamente asociada con altos niveles de confiabilidad, especialistas apuntan que la empresa enfrenta ahora un reto mayor para recuperar la confianza del mercado mexicano. Hasta el momento, el director de Mazda Motor de México, Takeshi Ishibashi, no ha emitido una postura pública respecto a la acumulación de quejas, los llamados a revisión ni los señalamientos por la disponibilidad de refacciones.

Con este panorama, el sector automotriz observa de cerca la evolución del caso, en particular por el impacto que podría tener en la percepción de calidad y servicio postventa en uno de los mercados más competitivos de la región.

El cargo Mazda enfrenta repunte de quejas y fallas técnicas en el mercado mexicano De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), entre 2010 y 2025 la empresa suma 337 quejas formales registradas en el Buró Comercial ANTONIO CARRERA Mazda México atraviesa un periodo de creciente escrutinio tras un aumento sostenido de quejas por fallas mecánicas, retrasos en refacciones y problemas de garantía que han sido documentados por consumidores, organismos de defensa y mediciones de calidad. Un análisis realizado por El Heraldo de México muestra que, en los últimos años, la marca japonesa ha acumulado múltiples reportes que afectan su reputación en el país. De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), entre 2010 y 2025 la empresa suma 337 quejas formales registradas en el Buró Comercial. Las inconformidades más frecuentes están relacionadas con defectos de origen, negativa a hacer válida la garantía, incumplimiento en tiempos de entrega y falta de refacciones. Entre los casos más recientes destaca el de Mildred Peralta, propietaria de un Mazda 2 modelo 2025 en Veracruz, quien denunció haber esperado cinco meses por una pieza que la agencia no tenía disponible, manteniendo su automóvil inmovilizado desde enero. La situación se agravó en octubre, cuando Profeco emitió una alerta para 5,937 vehículos Mazda afectados por una falla en el indicador de combustible. El desperfecto, ocasionado por un error de software en el módulo BCM, puede provocar que los vehículos se queden sin gasolina en pleno movimiento. Los modelos incluidos son CX-70 2025 y CX-90 2024-2025. Además, la automotriz ha realizado otros llamados a revisión por problemas en el control de tracción, cinturones de seguridad, desempañadores y sistemas de visión 360 grados. El Estudio de Confiabilidad del Vehículo México 2025 de J.D. Power añadió otro elemento al debate. Mazda registró 238 problemas por cada 100 vehículos, cifra superior al promedio nacional de 229 PP100, ubicándose por debajo de otras marcas que tuvieron mejor desempeño. El informe contempla fallas en categorías como tren motriz, infoentretenimiento y sistemas eléctricos. La inconformidad también se refleja en redes sociales. El 29 de julio, Jesús Martínez, dueño de un Mazda MX5i Sport 2024, denunció públicamente que la marca rechazó aplicar la garantía de su transmisión y le ofreció un reemplazo que supera los 105 mil pesos. Aseguró además que no recibió respuesta de Mazda México tras intentar contactar al área de Atención a Clientes. Testimonios similares señalan ruidos anormales, fallas eléctricas y problemas en quemacocos en modelos recientes como Mazda 3. Pese a que la marca ha sido históricamente asociada con altos niveles de confiabilidad, especialistas apuntan que la empresa enfrenta ahora un reto mayor para recuperar la confianza del mercado mexicano. Hasta el momento, el director de Mazda Motor de México, Takeshi Ishibashi, no ha emitido una postura pública respecto a la acumulación de quejas, los llamados a revisión ni los señalamientos por la disponibilidad de refacciones. Con este panorama, el sector automotriz observa de cerca la evolución del caso, en particular por el impacto que podría tener en la percepción de calidad y servicio postventa en uno de los mercados más competitivos de la región. apareció primero en La Chispa de Estado de México.

El procedimiento, organizado por la Secretaría de Hacienda, operó este año bajo reglas distintas. La dependencia eliminó el esquema de subasta inversa que funcionó durante seis años y lo sustituyó por un formato de oferta única. Con ello, cada participante debió subir una sola propuesta económica sin oportunidad de modificarla en tiempo real.

La convocatoria también fijó un descuento inicial obligatorio de 2.75%. Esta condición redujo el monto base —10 mil 337 millones 990 mil pesos— a un Precio Máximo de Referencia de 10 mil 053 millones 695 mil pesos, parámetro que definió el techo de las propuestas.

Solo dos empresas se presentaron en esta edición. Broxel ofreció un descuento de 3.01% y Toka Internacional uno de 2.84%. En el caso de Broxel, la plataforma mostró en ceros los apartados donde corresponde capturar el precio unitario, el importe sin impuestos y el total de la oferta económica, información que debe coincidir con el documento PDF cargado por el licitante.

Fuentes del sector señalaron que un proceso consolidado previo registró un escenario similar: un proveedor obtuvo la adjudicación aun cuando la plataforma mostraba valores en ceros en los campos obligatorios. Ese antecedente incrementó la atención sobre el criterio que aplicará ahora la autoridad al determinar el fallo.

Esta licitación incorporó además un ajuste logístico. El tiempo para entregar las tarjetas electrónicas se redujo a cinco días naturales, en contraste con los 10 días hábiles establecidos anteriormente. En caso de resultar adjudicatario, el proveedor deberá distribuir 800 mil tarjetas en más de 2 mil 100 puntos del país en ese plazo.

La operación exige también capacidad financiera para adelantar más de 10 mil millones de pesos en un periodo corto. Broxel participa de forma paralela en contratos de gran escala, como el de vales del Gobierno de la Ciudad de México y otros programas federales que representan compromisos por varios miles de millones de pesos.

Especialistas consultados explicaron que los tiempos acotados elevan la probabilidad de errores en la personalización, activación o distribución de las tarjetas. Una falla en cualquiera de esos procesos afectaría la entrega de vales de fin de año a cientos de miles de trabajadores federales y la operación regular de más de 200 dependencias.

El cargo Broxel participa en licitación de vales con registro económico incompleto apareció primero en La Chispa de Estado de México.

VidaLuz Seguros fue anunciado como la pieza central de la colaboración entre MetLife México, Exitus Credit y Murguía, una alianza que busca ofrecer protección financiera a sectores históricamente excluidos del mercado asegurador. La propuesta incorpora coberturas de vida junto con servicios médicos de uso frecuente y establece un costo inicial de 195 pesos al mes.

El esquema está conformado por 10 pólizas que integran respaldo económico con atenciones como consultas digitales ilimitadas, estudios de laboratorio, servicios dentales y visuales, así como apoyo funerario. De acuerdo con las empresas participantes, este portafolio responde a la demanda de soluciones flexibles para personas que no encuentran seguros compatibles con sus ingresos o con su rutina de atención en salud.

MetLife destacó el uso de la plataforma Xcelerator, que permitirá integrar seguros embebidos y personalizar trámites para mejorar la eficiencia operativa. La compañía afirmó que el componente digital impulsará contrataciones más ágiles y reducirá costos, un factor clave para llegar a comunidades donde el seguro todavía mantiene baja presencia.

Exitus Credit señaló que el proyecto cobra relevancia en un escenario nacional donde solo 23% de la población cuenta con un seguro y donde 15% percibe estos productos como inaccesibles. La institución explicó que los servicios incluidos buscan aliviar gastos recurrentes en las familias mediante asistencia médica y apoyos utilizables de forma habitual, independientemente de situaciones de emergencia.

Murguía detalló que el modelo sumará un esquema binivel y herramientas digitales que ampliarán el alcance hacia nuevos grupos de usuarios. La firma afirmó que esta combinación de atención presencial y soluciones tecnológicas puede derribar las barreras que históricamente impiden la contratación de seguros, como la falta de información o los costos elevados.

El portafolio de VidaLuz contempla pólizas enfocadas en mujeres, adultos mayores y personas con padecimientos cardíacos. Las tres organizaciones sostienen que la iniciativa fortalecerá la cultura de la prevención y acercará alternativas claras y accesibles a familias que no cuentan con mecanismos formales de protección, pero que requieren soluciones ajustadas a su realidad económica.

El cargo VidaLuz presenta portafolio de 10 pólizas para sectores sin protección financiera apareció primero en La Chispa de Estado de México.