Congreso campechano opaco y botarata

Denuncian partidos de oposición que diputados morenistas ocultan el descarado derroche en gastos millonarios en el Congreso campechano.

Por: Silvia Hernández Martínez

El Congreso del Estado de Campeche, que debiera cuidar los recursos de los ciudadanos, ha sido acusado por la oposición de millonario derroche con el que ha favorecido a varias empresas, por lo que las fracciones parlamentarias y el gobernador de las comunidades indígenas exigen transparentar las cuentas y dar explicación sobre la contratación de empresas privadas para realizar el trabajo que a los diputados les corresponde.

La oposición denunció que la Cámara de Diputados redujo el presupuesto a dependencias de vital importancia para la vida de los campechanos como en salud y desarrollo económico, mientras el gobernador Pluricultural Indígena en Campeche, Rufino Cruz Cruz, acusa que los 13 mil millones de pesos que el gobierno federal destinó a estas comunidades no han sido entregados a los verdaderos pueblos originarios y se han presentado las denuncias en el Congreso, pero no se les toma en cuenta.

Indignación y coraje ha levantado la Cámara de Diputados que sostienen que existe gran opacidad en el manejo de los recursos y exigen transparencia en ese sentido.

Y mientras el Movimiento Ciudadano y PRI exigen transparentar el uso de los recursos y destinar menos millones de pesos a la Secretaría de Administración y Finanzas y enviarlos al sector salud que está demasiado debilitado, el gobernador Pluricultural Indígena, asegura que de los 13 mil millones de pesos destinados a los pueblos originarios, por el gobierno federal no se ha entregado un solo centavo, pese al compromiso que se hizo con la Presidencia, pero el Congreso responde que nada tiene que ver en la aplicación de recursos federales y “la marginación histórica de los indígenas sigue vigente, porque el apoyo no ha llegado a los verdaderos indígenas, afectando directamente a las comunidades originarias que más lo necesitan”.

Según Rufino Cruz Cruz, existen coordinadores y representantes externos que operan como estructuras paralelas, desplazando a las comunidades originarias, lo que impide que los beneficios económicos y sociales lleguen a quienes realmente representan la cultura y tradiciones indígenas en Campeche.

Movimiento Ciudadano exige transparencia

Por su parte la oposición tampoco se calla y el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Campeche, Pedro Armentía López, se pronunció respecto al supuesto hackeo de la base administrativa del Poder Legislativo, que reveló gastos en asesoría y publicidad no muy claros.

Al respecto el legislador hizo ver la importancia de la transparencia y el control interno para esclarecer cualquier posible irregularidad en el uso de los recursos públicos.

Armentía López señaló que toda la documentación relacionada con los gastos debería estar disponible en la plataforma de transparencia del Congreso, y subrayó la necesidad de analizar en qué se destinó el recurso, “hay que estar muy atentos y esperar cuál es la explicación de estas supuestas irregularidades”, dijo.

Indicó que el grupo parlamentario de MC estará pendiente y revisará con “lupa” el trabajo que realice la Comisión de Control Interno dentro del Congreso, cuya tarea principal es revisar los informes financieros trimestrales, semestrales o anuales y advirtió que estará atento a los resultados de las revisiones que se hagan.

Por el momento las sesiones del Congreso se están llevando a cabo en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado debido a un proceso de remodelación del Pleno Legislativo y al respecto el coordinador parlamentario naranja Armentía López afirmó que una vez concluidas las obras, se evaluará cómo se ejecutaron los trabajos. “Al final siguen siendo posturas de redes sociales y comentarios que externan los periodistas, que son muy respetables. Pero para eso están los controles internos, para esclarecer si hubo o no algún tipo de desfalco o desvío de recursos”. Reconoció por último que el Poder Legislativo tiene un gasto contemplado para comunicación social, por lo que estando en orden la documentación de los proveedores de difusión y publicidad, y que no estén dedicados a la imagen de algún o algunos diputados en específico, y a atacar a la oposición, entonces no tendría nada de malo”, aún así exige transparentar los recursos.

Derroche en el Congreso, mientras a Salud le recortaron presupuesto

A las denuncias de derroches y faltantes del gobernador de los indígenas y del MC, se suman ciertamente las de reporteros, las del PRI y del propio portal del Congreso del Estado en el que se informa que el Poder Legislativo pagó asesorías por más de 1.6 millones de pesos, mientras que al sector salud desde el año pasado se le recortan recursos pese a tratarse de la vida de los campechanos.

Según el portal informativo El Reportero del Crimen, un hackeo reveló pagos por más de 1.6 millones de pesos en asesorías y consultorías autorizadas por Antonio Jiménez, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Campeche, durante los meses de marzo y abril de 2024.

Eunice Maribel Burgos aparece con doble ingreso por asesoría y resulta la principal beneficiaria en el tabulador de proveedores. El 6 de marzo de 2024 firmó un contrato por 477 mil pesos anuales para brindar consultoría y apoyo a la Secretaría General del Congreso. El acuerdo contempla nueve pagos mensuales de 53 mil pesos, registrados bajo la póliza de servicios C00955.

En una cuenta auxiliar identificada como la 850, Burgos también recibe 74 mil 200 pesos mensuales por servicios de asesoría a la Junta de Gobierno, y hasta el expriísta Jesús Quiñones, hay ya que es asesor jurídico.
Jesús Quiñones Loeza, recibió, el 8 de mayo de 2024 un contrato por 222 mil 800 pesos como prestador de servicios jurídicos a la presidencia de la Junta de Gobierno. El acuerdo contempla siete pagos, sin que se especifiquen los entregables ni el alcance técnico de la asesoría.

Incompetente el Congreso, contrata empresas para auditorías innecesarias

Mostrando total incapacidad la Cámara de Diputados pagó un millón 618 mil 200 pesos a la empresa GP Profesionales en Servicios de Análisis y Consultoría, con sede en Oaxaca de Juárez, por auditorías contables de los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023, no obstantes que el estado cuenta con Auditoría Superior y comisiones de fiscalización internas, pero se pretextó la contratación de servicios externos para funciones que ya están cubiertas por personal del estado.

Conca Soluciones, fue otra empresa favorecida por asesorías y auditorías en evaluación y no detallan los criterios de contratación ni resultados obtenidos.

Otra empresa, la más favorecida con 266 mil 800 pesos es Exalux que cobró el 28 de abril de este año por concepto de consultoría y apoyo técnico a la Secretaría General del Congreso, específicamente en comisiones legislativas.

Sin duda, el Congreso del Estado que debiera “jalar” las riendas a la administración pública para que se apliquen los recursos debidamente, fue el que más recursos dilapidó y continúa gastando el dinero de campechanos.

PRI y PAN critican tiradera de recursos

Respecto a este derroche de recursos, el PRI criticó que el derroche en el Congreso y específicamente en la Secretaría de Administración y Finanzas que tiene un presupuesto cinco veces mayor a la Secretaría de Turismo que es una dependencia clave para el desarrollo económico del estado y que se haya reducido el presupuesto para Salud, aunque se argumenta que esto último MORENA argumenta que se debe al IMSS Bienestar.

La oposición, incluyendo los panistas, exige al Congreso que explique por qué la contratación de las mencionadas empresas y que diga a quién o quiénes pertenecen para haber dado millonarios contratos que la propia Cámara de Diputados puede hacer, sin pagar un solo centavo, aunque han argumentado que se trata de auditorías externas.
Asimismo se ha difundido información sobre un gasto mensual de 1.4 millones de pesos del Congreso local para promoción, lo que generó críticas y controversia lo que refleja el clima de críticas en torno al uso de los recursos públicos en el legislativo campechano donde hay más gastos que trabajo legislativo o la creación de leyes que lesionan los intereses de los ciudadanos como la Ley de expropiaciones, entre otras.