Sanciones más severas a los delitos sexuales digitales en EdoMex
Toluca, Estado de México – En un paso decisivo hacia la protección de menores y personas vulnerables frente a la violencia digital, las comisiones unidas del Congreso del Estado de México aprobaron reformas legales que endurecen las penas contra quienes cometan delitos sexuales mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación.
La iniciativa fue impulsada por el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, y contempla penas de hasta 16 años de prisión y multas que podrían alcanzar las 800 Unidades de Medida y Actualización (UMA) —equivalentes a aproximadamente 90 mil 515 pesos— en los casos donde las víctimas sean niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad.
Las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, junto con la de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia, avalaron por unanimidad esta propuesta que reforma el Código Penal, la Ley de Víctimas, el Código Administrativo y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México.
Sanciones más severas para el acoso digital
El dictamen especifica que cualquier persona que, a través de redes sociales, plataformas digitales, mensajería instantánea u otros medios electrónicos o escritos, busque concretar un acercamiento físico con otra persona para obtener favores sexuales o material audiovisual con contenido explícito, será sancionada con penas de hasta ocho años de cárcel y multas de hasta 400 UMAs, es decir, alrededor de 45 mil 256 pesos.
Estas penas se duplicarán cuando las víctimas sean menores de edad o personas que requieran apoyos especiales para comprender la situación.
Legisladoras que respaldaron la iniciativa señalaron que el incremento de delitos sexuales digitales exige un marco jurídico más sólido, tanto preventivo como punitivo, que asegure una atención integral a las víctimas.
“Las plataformas en línea se han convertido en escenarios frecuentes de agresiones sexuales contra menores, por lo que es urgente una respuesta legislativa firme”, subrayaron.
Protección y atención integral a las víctimas
Uno de los cambios más relevantes es que se otorgarán nuevas atribuciones a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatal, que podrá intervenir directamente en procesos judiciales y administrativos donde estén involucradas víctimas menores.
Además, se establece que las autoridades deberán consultar a esta Procuraduría antes de aceptar un perdón legal en casos de delitos sexuales, a fin de evitar presiones indebidas que favorezcan a los agresores.
En paralelo, se ordena que las instituciones de salud del Estado de México brinden atención prioritaria, inmediata y multidisciplinaria a menores víctimas de violencia sexual. Esta atención deberá incluir servicios médicos, psicológicos, jurídicos.
Así como acceso a pruebas diagnósticas y anticoncepción de emergencia. Los centros de salud estarán obligados a dar aviso al Ministerio Público y activar los protocolos de protección correspondientes.
Hacia una restitución plena de derechos
El objetivo, será garantizar un entorno institucional en el que los derechos de niñas, niños y adolescentes estén protegidos desde el primer momento en que se detecte una posible situación de violencia.
