CNDH rechaza conclusiones de Comité de la ONU sobre desaparición forzada en México
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su desacuerdo con las conclusiones del Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), que solicitó llevar la situación de México ante la Asamblea General de la ONU. El organismo mexicano reiteró que la desaparición forzada ha dejado de ser una política de Estado y cuestionó la interpretación del Comité.
El posicionamiento, señala que el CED, integrado por “expertos independientes”, concluyó preliminarmente que en el país existen indicios “fundados” de desapariciones forzadas “de manera generalizada o sistemática”. A partir de ello, consideró necesario escalar el tema a la Asamblea General para analizar posibles medidas de intervención.
La CNDH sostuvo que el Comité basó su decisión principalmente en peticiones de organizaciones no gubernamentales y colectivos de familiares de personas desaparecidas. En ese sentido, cuestionó que no se hayan agotado instancias nacionales antes de recurrir a mecanismos internacionales, como lo establecen los artículos 30 y 31 de la Convención Internacional correspondiente.
El organismo también criticó que el CED no tomara en cuenta los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales realizados por el Estado mexicano en los últimos siete años. Además, refirió que el Comité retomó posturas de organizaciones como el Centro Prodh, que calificó como insuficientes las acciones gubernamentales y las consideró “acciones parciales y poco coordinadas”.
En su análisis, la CNDH indicó que el CED omitió considerar los periodos históricos en los que se concentraron las desapariciones forzadas. Señaló que este delito se presentó como política de Estado durante la “Guerra Sucia” entre 1951 y 1990, así como en la llamada “Guerra contra el narcotráfico” entre 2006 y 2012, mientras que desde 2018 los casos atribuidos a autoridades federales han disminuido.
Agregó que el propio Comité incurre en contradicciones, al reconocer que no existen “indicios bien fundados” de una política federal deliberada para cometer desapariciones, pero al mismo tiempo señalar que estos hechos ocurren conforme a políticas estatales u organizacionales. Esta dualidad fue considerada como una inconsistencia en el dictamen.
La CNDH recordó que compartió información con la Cancillería mexicana sobre expedientes de queja, en los que se evidencia que la mayoría de los casos se concentran en el periodo de la “Guerra contra el narcotráfico” y en regiones específicas. También señaló que estos elementos históricos no fueron considerados en el análisis del Comité.
En cuanto a su actuación reciente, la Comisión informó que ha emitido 14 recomendaciones por desaparición forzada relacionadas con hechos de años anteriores, así como 5 recomendaciones por casos recientes atendidos de manera expedita. Entre estos últimos, se incluyen eventos ocurridos en entidades como Morelos, Sinaloa, Durango, Guerrero y Puebla.
El organismo sostuvo que estos datos muestran una tendencia a la baja en los casos y una mayor capacidad de respuesta institucional en comparación con administraciones anteriores, donde, afirmó, prevalecieron el encubrimiento y la falta de atención. Además, destacó que ha señalado irregularidades en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas mediante la Recomendación 238/2023.
Finalmente, la CNDH cuestionó la intención del CED de promover acciones como cooperación técnica, asistencia especializada o mecanismos internacionales, al considerar que reproducen esquemas que no han generado mejoras en el pasado. Rechazó también posturas de algunas ONG y afirmó que continuará informando a organismos internacionales, con énfasis en el derecho a la verdad de las víctimas.
