Corporativos Inmobiliarios manipulan a ejidatarios con doble discurso para despojarles sus tierras
La imparable voracidad de los dueños de los corporativos con sus constructoras y desarrolladores siguen acumulando por más de dos décadas avances incesantes en el estado, avanzan con argucias y perversas malicias, engañan a pobladores con discursos de supuestos cuidadores del medio ambiente, los inducen a atacar a otras empresas que se vayan y les prometen ganancias exuberantes con el fin de construir lujosos desarrollos residenciales y después de todo les vienen comprando barato a los ejidatarios, es decir estos corporativos inmobiliarios hacen un millonario negocio redondo.
Lo más lamentable es que cuentan con el respaldo político, donde las corporaciones inmobiliarias apelan a estrategias que incluyen la fractura social de los pueblos, el despojo y la apropiación ilícita. Una historia de “coyotes y de complicidades”, con burbujas de precios, represión policial y resistencias que brotan impetuosas en las comunidades mayas acechadas por los zares del concreto, enfrentando a los pobladores y financiando a ONGs que se suman, con la bandera de los derechos humanos y en consecuencia es para apoyar a los gigantes inmobiliarios.
Es evidente porque a través de la historia, todas las manifestaciones es contra empresas que generan empleos y desarrollo en la comunidad y por el contrario en ese devenir histórico, no se ven manifestaciones, marchas contra las devastaciones cuando están construyendo grandes residenciales.
Esta imparable voracidad, iniciaron hace menos de dos décadas, aunque se han intensificado sobre todo en el último bienio, las situaciones de despojo y apropiación ilegal de tierras rurales y lotes urbanizados por parte de actores ligados a la más de predatoria actividad inmobiliaria se han vuelto una constante en los últimos gobiernos priistas y panistas y que se espera continúen con la nueva administración por primoristas, son más de los mismos y ya conocen las formas de operar.
Claro que no cualquier tierra es acechada por compañías y “coyotes”: la predilección de estos actores se concentra en espacios que aún disponen de agua, monte y otras bondades naturales aptas para el usufructo. Esta abundancia ecosistémica capta la atención de dos tipos de negocios que aportan millones a las cuentas bancarias de constructoras, agentes de ventas, intermediarios y “coyotes”. Esto es, el desarrollo de privadas y fraccionamientos, y la comercialización de lotes de inversión.
A raíz de esta voracidad comercial, pueblos y comisarías mayas sobre todo cercanas a Mérida, la capital del estado, transitan instancias de violencia que en la actualidad se intensifican a ritmo prácticamente semanal. La vulneración de derechos y libertades emerge y se esparce sobre todo en aquellos espacios donde aún la organización ejidal y la labor comunitaria en el territorio respiran con fuerza.
Todo este proceso resulta maquillado y presentado en sociedad como un sano nicho de negocios, siendo que se asienta sobre un engranaje cada vez más aceitado de apropiaciones ilícitas, intentos de despojo, amedrentamiento judicial, violencia policial y parapolicial, y fraudes de toda índole extendidos sobre gran parte de las comunidades mayas del estado.
Hoy esos pueblos son cimiento de los casi 300 mega desarrollos inmobiliarios que, según datos de especialistas de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), se activaron en el estado durante las últimas dos décadas.
Las y los campesinos en tanto defensores de los ecosistemas, así como también la posibilidad de la autonomía económica y alimentaria, son objeto de una ofensiva que se agiganta a la sombra de la promoción feroz de Yucatán como plataforma de negocios exitosa en el sureste mexicano. Dicen que ya nada ni nadie los detiene.
