Por unanimidad, la Segunda Sala de la Corte rechazó el amparo que buscaba una empresa
La reforma de 2020 al sistema de aportaciones para el retiro, que hace enfasis en el aumento de los pagos que deben hacer las empresas y que empezará a aplicar en enero de 2023, fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El amparo que buscaba una empresa al alegar que es desproporcional dejar casi por completo en manos de los patrones el financiamiento al régimen de pensiones para la cesantía en edad avanzada y vejez, fue rechazado por unanimidad por la Segunda Sala de la Corte.
A partir de enero de 2023, los patrones tendrán que incrementar esta cuota gradualmente para financiar la pensión de los empleados, hasta llegar en 2030 a un máximo de 11.875 por ciento del salario para quienes ganan más de 4 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, 11 mil 700 pesos mensuales.
Antes de la reforma de diciembre de 2020 a la Ley del Seguro Social, y todavía hasta diciembre de 2022, los patrones aportan 3.150 por ciento del salario base de cotización para financiar esta pensión, los trabajadores el 1.125 por ciento, y el Estado, el 7.143 por ciento.
La reforma eliminó la obligación del Estado de aportar esta cuota, y solo dejó la llamada “cuota social”, que es una cantidad fija en pesos, no un porcentaje del salario.
La nueva cuota social sólo obliga al Gobierno a aportar para quienes ganen hasta 4 UMA -o hasta 7 UMA solo durante 2023-, mientras que en la ley que terminará su vigencia en 2022, tiene que aportar para quienes ganan hasta 15 salarios mínimos, casi 77 mil 800 pesos mensuales.
Además, la aportación de 1.125 por ciento de los trabajadores se dejó sin cambios, por lo que serán las empresas las que cargarán con casi todo el peso de incrementar estas pensiones.