El anuncio se realizó durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha instruido a todo su gabinete a priorizar la atención a las mujeres y niñas víctimas de violencia. “Las mujeres no están solas”, subrayó Hernández, al señalar que el gobierno federal trabaja de manera coordinada con los estados para asegurar que la justicia llegue a todas, sin importar su lugar de residencia.

“Queremos decirles a todas las mujeres mexicanas, niñas, jóvenes y adultas, que no están solas; que cuando vivan algún tipo de violencia es importante denunciarlo y que sepan que hoy hay una presidenta que las cuida y una secretaría que trabaja todos los días para ello”, afirmó la funcionaria.

Justicia con perspectiva de género y homologación legal

Uno de los ejes centrales del plan es homologar el delito de abuso sexual en todos los códigos penales del país, de modo que se considere un delito grave y cuente con sanciones uniformes. Actualmente, explicó Hernández, las penas establecidas por el artículo 260 del Código Penal Federal van de seis a 10 años de prisión, pero las definiciones y agravantes varían significativamente entre entidades.

“En 19 estados existen criterios amplios que fortalecen este delito con agravantes; en nueve se tipifica, pero sin fortalecimiento, y en cuatro aún no se define claramente qué constituye abuso sexual”, precisó.

Para avanzar en esta tarea, el próximo 13 de noviembre se celebrará una reunión nacional con las presidentas de las Comisiones de Género de los congresos estatales, con el propósito de revisar y priorizar la armonización legislativa.

La secretaria destacó que esta iniciativa se desarrolla en coordinación con la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, con quienes se implementarán programas de capacitación con perspectiva de género dirigidos a ministerios públicos, jueces y fiscales, a fin de garantizar una atención sensible y libre de revictimización.

“Queremos fortalecer la formación especializada en las fiscalías y los tribunales, para que ninguna mujer sea cuestionada o desalentada cuando busca justicia”, puntualizó Hernández.

Campañas de sensibilización y prevención

Además de la dimensión legal, el plan incluye una campaña nacional de sensibilización y denuncia, dirigida tanto a mujeres como a hombres, para visibilizar las violencias normalizadas y fomentar una cultura de respeto.

El programa contempla la colaboración con las Secretarías de Movilidad y Transporte de todas las entidades federativas para establecer protocolos de prevención y atención del acoso sexual en el transporte público, inspirados en las políticas implementadas en la Ciudad de México durante la gestión de Sheinbaum.

Hernández recordó que las mujeres pueden acceder a orientación inmediata a través de la Línea Nacional de las Mujeres 079, opción 1, que brinda acompañamiento y canalización de casos de violencia.

Un cambio cultural como base de la transformación

Más allá de la reforma institucional, el Plan Integral busca incidir en el cambio de valores y prácticas sociales. Por ello, se impulsarán campañas educativas dirigidas a hombres para promover nuevas formas de convivencia basadas en la igualdad y el respeto.

“Necesitamos construir una nueva relación entre hombres y mujeres, con igualdad, respeto y sin violencia. Nunca más debe permitirse ningún tipo de agresión hacia una mujer”, enfatizó la secretaria.

El gobierno federal presentará los primeros avances del plan el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fecha en la que también dará inicio la campaña nacional contra el abuso sexual y la violencia de género.

Con esta estrategia, la administración de Claudia Sheinbaum busca consolidar una política de Estado de largo alcance, donde la justicia, la igualdad y la seguridad de las mujeres sean pilares de una nueva etapa para México.

El cargo Gobierno Federal lanza Plan Integral contra el Abuso Sexual: hacia una justicia igualitaria y un cambio cultural profundo apareció primero en La Chispa de Estado de México.

La legisladora de Acción Nacional precisó que según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, nuestro país ocupó, en 2019, el primer lugar en abuso sexual infantil.

Señaló que, de cada mil casos de abuso sexual contra menores en el país, solo 100 se denuncian y de estos, únicamente el 10 por ciento llega ante un juez, y de los cuales, sólo el uno por ciento recibe una sentencia condenatoria, de acuerdo con cifras de la OCDE.

Por ello, a través de una iniciativa, la senadora propuso reformar la Ley de Asistencia Social, a fin de que todas las niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido cualquier tipo de violencia sexual, tengan derecho a la asistencia social.

De esta forma, se busca que la reforma sirva como una herramienta que contribuya a inhibir, perseguir, sancionar y resarcir las violaciones ocurridas contra este sector de la población, precisó la legisladora.

Dijo que es responsabilidad de padres de familia e instituciones del Estado garantizarles un ambiente saludable, seguro, sano, en armonía y libre de todo acto que atente contra su desarrollo físico y emocional, contra su desarrollo integral.

Vázquez Mota, subrayó que muchos de los casos de violencia sexual infantil, se realizan por terceros, y de los cuales muchos de los menores y adolescentes no cuentan con tratamientos íntegros para la reparación del daño.

Josefina Vázquez afirmó que es claro que las consecuencias de la violencia sexual pueden ser devastadoras tanto a corto como a largo plazo, especialmente cuando el abusador es una figura de confianza.

Mencionó que datos de la Unidad de Inteligencia Financiera, indican que, durante 2021, en el marco de la pandemia, aumentó 117 por ciento, la producción y consumo de pornografía infantil en México, por lo que este este mercado se duplicó, además de que se calcula que 21 mil niños son secuestrados anualmente en el país para explotación sexual infantil.

En el proyecto, que se turnó a las comisiones unidas de Desarrollo y Bienestar Social y de Estudios Legislativos, la senadora destacó que la asistencia social sirve para que toda la población goce de los mismos derechos y oportunidades, salvaguardando y procurando resarcir los derechos vulnerados, como ocurre con los miles de menores y adolescentes que sufren violencia sexual.

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