En realidad y por obligación debería ser leído el texto constitucional y comprendido por éstos para poder cumplirlo y acatarlo. Los togados como cualquier profesional de humanidades, no somos unos iniciados en el acceso a los misterios insondeables de las leyes, del que al parecer se encuentran excluidos los antepuestos. No. Pero, vamos,  tampoco es verídico que los gobernantes y políticos, con una simple leída al Pacto Federal, puedan presumir de doctos.

Marco Tulio Cicerón, lo expresó en forma muy clara en su Epissole al Frantello Quinto e Altas Epistolari Minori, quizá influenciado por Sócrates, Aristóteles y Platón: “La ley no es otra cosa que la razón justa, que nos invita imperiosamente a cumplir nuestro deber y nos prohíbe violarlo”. También ese gran jurista dijo líneas después: “el buen ciudadano es aquél que no puede tolerar en su Patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes”.

Ojalá Andrés Manuel López Obrador comprendiera y entendiera ello y también percibiera que “democracia y eficacia siguen siendo para México la tabla salvadora de las instituciones del Estado democrático”.  A falta de existencia de esa democracia, como en algunos casos acontece, la actividad del Estado no se encuentra subordinada al orden jurídico productor de derechos”.

Entremos al fondo de la problemática que se ha creado en razón de lo que muchas veces ha expresado desde su púlpito mañanero.

El Poder Ejecutivo Federal, lamentablemente ha referido en afirmaciones temerarias que quienes no son jueces y magistrados afines a la forma de pensar de la Cuarta Transformación de la Nación, representan intereses de grupos conservadores, de facciones, de oligarquías, pretendiendo desconocer con ello que el orden jurídico es y debe continuar siendo independiente.

Al Poder Ejecutivo le está vedado declarar unilateralmente el derecho en casos controvertidos o de conflictos que le son ajenos. Las actividades de ejecución e interpretación de la Ley sólo competen a otro poder. Así lo señala nuestro Pacto Federal.

El Primer Magistrado der la Nación, con su falta de respeto por los conocimientos insertos en la Suprema Ley, lo que hace es enturbiar a México. Hay que enseñarlo a rectificar sus errores. El Poder Ejecutivo tiene la obligación de escuchar a la abogacía independiente de la República, para que ésta le razone y explique el contenido del documento del Presidente Carranza y con ello le aclare los yerros que comete. Pero de eso a convencerlo por su escaso conocimiento, hay un abismo que sólo daña a nuestra Patria.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz.

Presidente de la Academia de Derecho Penal del

Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..

El cargo Enciclopédica Incultura apareció primero en La Chispa de Estado de México.

La falta de esmero en el ámbito de justicia es un tema que apasiona a la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., sus alcances en el entorno social son de gran relevancia.

La Justicia es aquél valor que el mexicano acrisola para definir el bien excelso que nuestra Nación requiere, en toda y cada una de sus aspiraciones, sean éstas de índole político, social, cultural, etc., etc.. El valor de la Justicia como se afirma, es fundamental y se actualiza en todos los momentos del devenir de México;  su esencia es siempre la misma y ese atributo enaltece el significado inmerso en los conceptos de nuestra gran Nación.

Todos sabemos que para llegar a la Justicia se requiere del Derecho, ya lo dijo de forma muy evidente Don Ricardo Franco Guzmán en sus cátedras universitarias: “el derecho ya no es una escuela jurídica, es una teoría legal: es la vida misma”. Consecuentemente y acorde con el concepto expuesto por ese gran togado, si el derecho es la vida misma, éste influye de manera determinante y da origen para que el Estado siga por un buen camino, por ello el gobierno únicamente debe recorrer la vereda que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala.

Quizá en el amable lector surja la interrogante de ¿a qué viene todo ello?.

Muchos somos los que pensamos y afirmamos que la Cuarta Transformación de la República debe abandonar la postura de inaplicar la Carta Magna; desechando aquello que “me importa un bledo la ley”, palabras que únicamente echan por tierra el espíritu y letra de nuestro Pacto Federal. El Poder Ejecutivo, desde ya, debe de abstenerse de participar en cosas que no le incumben y debe de cumplir  de manera cabal con lo que ordena la ley, quizá ello le favorezca para evitar se siga mermando su personalidad.

Andrés Manuel López Obrador en cuestiones de justicia debe única y  fundamentalmente ordenar que se combata la corrupción en el medio de procuración e impartición de justicia. Esa intervención del Estado es y resulta trascendental, por cuanto persigue que por medio de la justicia se obtenga la virtud que México merece por ello. Iustitia virtutum regina.

Bueno, al menos esa es la opinión de quienes pensamos que la justicia debe de mejorar en éste País.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz.

Presidente de la Academia de Derecho Penal del

Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..

El cargo Sin justicia no hay nada apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Construir una ingeniosa frase y elegante formula (no podía esperarse otra cosa de un jurista como Juárez) y el haber acentuado en ella la grandeza de nuestro México es digna de difusión, nos obliga a seguir sus enseñanzas.

La República hoy más que nunca requiere de ellas para alcanzar la grandiosidad que merece y con ellas recuperar el honor que por desgracia se ha venido desaprovechando por ésta Cuarta Transformación de la República. Ese honor como mexicanos, debe ser entendido por gobernantes y gobernados, como la cualidad que nos impulsa como patriotas con arreglo a las más elevadas normas morales y que llevan consigo el respeto a la ley.

La salvaguarda del honor de México implica que la conducta de los gobernantes, (aquí se aplica a neoliberales, conservadores y transformadores), se rija por el mayor interés de la Patria y por desde luego al respeto irrestricto de la Ley.

Históricamente nuestros ancestros que nos gobernaron invocaron el honor nacional en el momento crucial para nuestro suelo.

Viajemos al ayer

El primer presidente del México Independiente, fue Guadalupe Victoria, quien al clausurar las sesiones de la Asamblea Constituyente que dio origen a nuestra Primer

Constitución Federal bien dijo: “vuestra Soberanía ha fijado irreversiblemente el honor y los destinos de la Patria con la ley que ahora nos obliga”.

Otro presidente, Anastasio Bustamante declaró en el Congreso, con motivo de la guerra con Francia: “es invariable la dignidad y el honor de la nación mexicana”.

Volando los años y en otra guerra, el presidente Manuel Ávila Camacho dijo ante el H. Congreso de la Unión (en aquella época era honorable) “México ha mostrado un escrupuloso celo en la defensa de su soberanía sin tolerar nunca que su dignidad y su honor resulten vulnerados, sea cual fuere la fuerza del Estado que lo pretenda”.

Han sido muchos y muy variados gobernantes que han respaldado el honor de México.

En el México de hoy de ésta Cuarta Transformación de la Nación, Andrés Manuel López Obrador debe saber que existe un más elevado honor que “el honor de estar con ……” y ese honor es el honor de México, que sólo se alcanza cumpliendo con la ley como lo dijeron Guadalupe Victoria, Benito Juárez y otros más, sólo así trabajaremos como trabajaron nuestros antepasados para ser tan grandes como ellos.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz.

Presidente de la Academia de Derecho Penal del

Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..

El cargo La grandeza de México apareció primero en La Chispa de Estado de México.

La interrogante se muestra necesaria ¿Tiene o no razón Alejandro Gertz Manero, para ser omiso y cómplice del fenómeno de la narco-política?

La respuesta desde luego es: No, ya que carece de respetabilidad y legalidad las razones personales que invoque en defensa de esa desidia, complicidad o corrupción. Como Fiscal General de la Federación no puede ni debe lesionar la dignidad y prosapia de la Justicia, aún exprese razones políticas o confiese su incapacidad manifiesta para indagar y descubrir la impronta del delito.

Todos los actos deleznables en contra de la justicia y la dignidad de México, tienen alguna comparación o cuando menos un ángulo de referencia histórica, en el presente caso lo es esa determinación de archivo emitida por quien en su momento fue el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República de nombre Alberto Elías Beltrán, quien fungió en ese cargo hasta el día treinta de noviembre del año dos mil dieciocho y cuyo sucesor ahora es Alejandro Gertz Manero.

Para la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, todos esos incorrectos actuares dan la impresión de que en lugar de aplicar con toda objetividad los parámetros y exigencias contenidos en la Carta Magna y en el Código Penal Federal, los funcionarios a cargo de la procuración de justicia federal se ven obligados a la utilización de criterios políticos favorables a la narco-política y/o al Presidente Constitucional que esté en turno, para con ello evitar esas investigaciones, siempre argumentando razones como lo son sus “causas de seguridad nacional”.

Ese recelo, desconfianza y sospecha fundada en causas de complicidad o ilegalidad siempre ha sido fomentada por todas aquellas omisiones, negaciones y evasiones para indagar al delincuente político más importante y protegido de la historia jurídica nacional.

Hoy nuevamente el Ateneo de Estudios Jurídico Penales lo reitera con su más elevada voz de protesta. Es muy grave que nuestros recintos de procuración de justicia no hayan podido librarse del desprestigio institucional que ha afectado al entorno de procuración e impartición de ella. Esa culpa recae en el Poder Ejecutivo que no ha sabido poner fin a ello, como también recae en los actos omisivos del Fiscal General de la República que se encuentra en turno.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz.

Presidente de la Academia de Derecho Penal del

Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..

El cargo Indolencia en la Fiscalía apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Para ello, habrá que exponer que la regla primigenia contenida en la referida institución es el obsequiar la Justicia de la Unión, lo cuál resulta su principal sostén y para otorgar la misma, deposita su noble ejercicio en tres ordenes de órganos jurisdiccionales, la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados y los Juzgados de Distrito. Eso está inserto y lo enseña la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (que bien valdría la pena que algunos la leyeran, la aprendieran y la respetaran). Ésta primordial regla declara, asume y protege entre otras, una garantía de independencia de la justicia.

La segunda regla ordena que los recintos de impartición de justicia de la Federación, dependan del Consejo de la Judicatura Federal, y que esos tribunales resuelvan conforme a estricto derecho, imparcialmente y, sin tomar en cuenta las opiniones del Poder Ejecutivo, toda controversia que se origine: “por aquellas leyes o actos de autoridad que trastoquen las garantías individuales de quien tenga el privilegio de encontrarse en territorio nacional”; esa regla también prevé y se opone a aquellos actos arbitrarios de autoridad o gobierno que restrinjan o pretendan vulnerar la Soberanía de los Estados de la Federación, finalmente por aquellas leyes o actos de autoridad que invadan o pretendan invadir la esfera competencial de la Autoridad Federal.

Respetar éstas reglas exige que nuestros órganos de gobierno obedezcan —y ello no siempre lo acatan— el contenido de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las sencillas reglas sacadas a colación de manera ajustada se encuentran desarrolladas y pormenorizadas en lo que los estudiantes y estudiosos del derecho conocemos como la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esas sencillísimas reglas en conjunto dan génesis al Derecho de Amparo que, tanto incomodan a ciertos Siervos de la Nación de ésta Cuarta Transformación de la República.

Para el conocimiento de quienes no entienden, ni quieren entender lo antepuesto, sobra decir que nuestro Derecho de Amparo es el conjunto de normas que atribuye a los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal, la potestad de juzgar sobre la constitucionalidad de los actos de la autoridad despótica e ignorante que no aplique a cabalidad las normas insertas en nuestra Ley de Leyes.

Hay que concluir diciendo que nuestras ordenanzas no son afines ni a los actos de corrupción, ni a los actos de omisión para brindarle impunidad a los narco-políticos, por ello, el Poder Ejecutivo tendrá que ordenar a aquellos que incurren en actos de omisión, se acaten las decisiones de honorables togas que en su oportunidad decretaron, por medio de sendas determinaciones una investigación en contra de ello.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz.

Presidente de la Academia de Derecho Penal del

Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..

El cargo Reglas para entender apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Me decía en pasadas horas un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que existen togas de indignidad que no respetan la verdadera esencia de nuestro Pacto Federal; la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados de México Foro Independiente, estima que en la actualidad hay ciertos problemas por los que atraviesa nuestra República y que no son, principalmente,  problemas de derecho, sino injerencias del Poder Ejecutivo en la Justicia. Nuestra Carta Magna reside y tiene valor al expresar fielmente los factores imperantes de la realidad social y política y esa máxima ley se opone a esas necedades. La esencia de la ley es que se le respete.

Es interesante percatarse que en la actualidad existe una confronta entre la aplicación de la Norma Constitucional y el poder emanado de la Cuarta Transformación de la Nación. Nuestra Suprema Ley, como es sabido, no siempre se aplica.

En las circunstancias actuales por las que vive México, la intervención de Andrés Manuel López Obrador y muchos de sus corifeos trastocan la vida jurídica al inmiscuir la política en ella; es indudable que lo proclamado en el Texto Constitucional es el primer paso para poner obstáculos  a esas múltiples injerencias propiciadas por esas incorrectas intervenciones. El Pacto Federal es más influyente y tiende a modificar ese incorrecta forma de pensar y actuar.

Los grandes constitucionalistas de la República; explican con profundidad la sustancia y esencia de nuestra Ley de Leyes; alguno de ellos, como Alfonso Jiménez O’farril, describen la evolución político social de la Cuarta Transformación de la Nación que pretende llevarnos a un Estado absolutista, dominante de la sociedad, a un Estado totalitarista, con argumentos inoperantes que intentan la Supremacía Militar en contra de lo que refiere la esencia de nuestro Pacto Federal.

A esos hombres del poder arbitrario, la Abogacía Independiente de la República, les hace saber, que nuestro Texto Constitucional es un documento solemne integrado con Normas Jurídicas de tendencia permanente y ese espíritu y esencia impide y va a impedir ese tipo de intromisiones que afectan a nuestra Ley Suprema.

Esa es la esencia de la Carta de Carranza. Esa es la ley que va a triunfar contra ese poder de disipación.

Es por todo ello que impartir justicia en la vida actual, resulta ser complicadísimo, sin embargo cabe afirmar que al final de cuentas la ley va a triunfar en contra de cualquier poder por arbitrario o ignorante que pueda ser.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz.

Presidente de la Academia de Derecho Penal del

Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..

El cargo Ley contra el poder apareció primero en La Chispa de Estado de México.

La decisión que adoptan esos Siervos de la Nación, siempre es a la inversa. Primero el poder y luego la Constitución. Esos gobernantes son la clientela al fracaso en las próximas elecciones. Pero insisto, repudian el espíritu de nuestra Ley de Leyes.

El pueblo de México en el devenir de su historia, ha convertido la intolerancia política más agresiva, a la tenue solución de resolver sus problemas con base en el contenido de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ello, siempre resulta grato comprobar y ratificar lo que bien se sostiene de manera congruente.

Ahí les va la historia:

La primera Revolución político-social del pasado siglo, fue sin lugar a dudas, la nuestra, la de nuestro México. Proclamó las necesidades y aspiraciones de nosotros el pueblo, hasta plasmar el alma de la Constitución de 1917, en cuya trama se contienen relucientes programas de reformas sociales que hasta la fecha aportan luz a ésta gran Nación.

A diferencia de algún político que dice haber estudiado en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y que insanamente pretende dar continuidad a su poder, muchos de los que si estudiamos  —mal o bien— sabemos que la teoría social integrada en nuestra Carta Magna, emerge de documentos histórico nacionales:

Por mencionar, sólo algunos, diremos que resaltan; el Plan del Partido Liberal, del mes de julio de 1906; el Plan de San Luis Potosí, de finales de 1910, el cuál prohíbe la perpetuación en el poder con su enunciado de sufragio efectivo no reelección; el Plan de Ayala, de noviembre de 1911; el Plan Orozquista, de principios de 1912; el Decreto de Adiciones al Plan de Guadalupe, de finales del año 1914; el Pacto celebrado con la Casa del Obrero Mundial de 1915. Estos históricos instrumentos contienen el espíritu de nuestra Revolución. Nos liberaron de la dictadura política; nos protegieron en contra de la arbitrariedad de la autoridad y, en lo general transformaron nuestra vida hacia metas de progreso. Esos postulados fueron nacionales, es evidente ya que no se nota en ellos la influencia de ninguna ideología social extranjera.

La Carta de Carranza reafirmó una declaración de derechos que ahora conocemos como “Garantías Individuales”, desde aquél entonces se consignaron derechos y salvaguardas para la vida eterna de Mexico; es por esto que nuestro Pacto Social es y seguirá siendo la primera y gran Constitución  del mundo. En consecuencia, es el primer Código Político-Social del universo y presea convertida en Heraldo de otras Constituciones.

Esa es la importancia de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por todo ello, la Cuarta Transformación de la República y sus Siervos de la Nación están obligados a respetarla y de no ser así, el pueblo está obligado a hacerla respetar.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz.

Presidente de la Academia de Derecho Penal del

Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..

El cargo Importancia de la ley suprema apareció primero en La Chispa de Estado de México.

La abogacía independiente desde siempre ha externado que los Presidentes Constitucionales que ha tenido nuestra Patria han carecido del arrojo para dar cara a la verdadera dimensión del problema. El Ateneo de Estudios Jurídico Penales del Colegio Nacional de Abogados de la República no ha alcanzado a comprender el porqué la moral política y el derecho positivo mexicano continúan en permanente contienda.

Es verdaderamente imposible que nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador perciba que en su mandato, por un lado marcha nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Código Penal Federal y por el otro lado corre la ilegalidad, la impunidad y la impudicia que se le obsequia a aquél político vinculado con el repugnante fenómeno del narcotráfico.

La torpe y cretina política de “abrazos y besos a la delincuencia” debería buscar otro camino para resolver el problema de inseguridad, impunidad y delincuencia por el que atraviesa México. Pero neciamente no lo ha hecho, ni lo hará. El Poder Ejecutivo Federal ha querido hacer justicia y no la ha hecho. Se tropezó con la narco-política y no ha actuado preferentemente con lo que exige nuestra Constitución Republicana.

Pero también cabe añadir el disparate jurídico de encomendar y confiar en un Fiscal General de la Nación que le otorga protección a sus pares criminales. En su momento Aristóteles lo dijo de manera clara, bien sencilla y comprensible: “Cuando el hombre se aparta de la ley y de la justicia, es el peor de los criminales”.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, lo va a expresar una vez más: los actos de los gobernantes deben mostrar su perfecta sumisión a la Constitución Política, la vida de nuestra Nación es imposible sin ésta condición.

Mientras nuestro Pacto Federal consagra a la Justicia como un valor supremo, mientras dicha Carta Fundamental proclama que la dignidad de los mexicanos y sus derechos que le son inherentes son inviolables y constituyen el respaldo del orden jurídico, mientras la Ley de Leyes garantiza el Derecho a la integridad nacional, ello no lo entiende el Presidente de la República, como tampoco entendemos los abogados el incorrecto pensar de Andrés Manuel López Obrador. México exige el cese de la impunidad y de la insolencia. 

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz.

Presidente de la Academia de Derecho Penal del

Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..

El cargo El peor de los criminales apareció primero en La Chispa de Estado de México.

En nuestro México aseguramos los abogados que la democracia que hoy se dice aplicar, tiene que huir por igual de la narco-política que permeo durante el periodo neoliberal y del egocentrismo autoritario del actual Poder Ejecutivo. La primera época degradó por mucho a la política nacional. La segunda, representa la continuidad del envilecimiento y la negación al hecho de existir el fenómeno de la corrupción. Nuestra Constitución exige que se castigue a la delincuencia de ambas eras, ello resulta permisible si se aplican fuertes correcciones aplicando el Código Penal Federal que contiene al igual que la Carta Magna, preceptos y principios de innegable abolengo democrático. Ningún Siervo de la Nación debe desconocer ello.

No sólo porque las autoridades vienen obligadas, como todos los demás poderes públicos, al triunfo efectivo de la justicia y de la ley, removiendo —no reforzando— cualquier traba o impedimento que dificulte la plenitud del Estado de Derecho. No sólo porque deben de interpretar y respetar nuestras normas al servicio del principio de legalidad, acatando y haciendo obedecer, ante todo, los derechos inviolables que sean inherentes a la dignidad de México.

Cierto es que nuestra Ley de Leyes consagra una actitud jurídica que no admite que se mal interpreten sus afirmaciones, opiniones o preceptos. Los derechos consustanciales contenidos en ella, protegen la propiedad privada, la libertad de empresa y la economía del mercado. Pero es cierto también que una aplicación leal y de buena fe del texto y espíritu de la Carta Magna conduce, necesariamente, a la exigencia de una economía social carente de corrupción.

Como viene reiterando la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, la Carta de Carranza se encuentra muy por arriba de nuestro entorno político y de nuestra realidad invadida por esa corrupción derivada de la narco-política. Nada tiene que ver con aquella infeliz doctrina aplicada en la época del neoliberalismo, la cuál consideraba los efectos prácticos de esa corrupción. Esa política sin principios y carentes de legalidad sólo nos condujo a la pérdida de dignidad en nuestras instituciones.

Como es conocido en Derecho, nada tiene que ver con todo ello nuestra Carta Magna. Ese Pacto Federal exige un Derecho contrario al que vivimos, un Derecho que se oponga a aquél que legitima la injusticia, la impudicia y el cual garantiza consecuentemente la impunidad de la delincuencia narco-política. Nuestra Carta de Carranza exige un Derecho absolutamente diferente. Lo redactado en Querétaro en el 17 debe de ser respetado.

México no debe de tratar a los delincuentes de forma distinta, los infractores de la ley deben de pagar sus penas con la cárcel y no por el contrario premiándolos con nombramientos y confianzas.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz.

Presidente de la Academia de Derecho Penal del

Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..

El cargo Cárcel y no reconocimientos apareció primero en La Chispa de Estado de México.