La revelación sobre una cuenta bancaria en Andorra vinculada con Alfredo del Mazo Maza, dada a conocer en 2019 por el diario español El País, nunca derivó en una investigación penal en México, pese a tratarse de operaciones realizadas en un sistema financiero considerado entonces un paraíso fiscal. De acuerdo con información publicada por Reporte Índigo, el caso tampoco generó consecuencias legales para el exgobernador del Estado de México.

La investigación periodística expuso que Del Mazo Maza habría tenido una cuenta bancaria en Andorra y que ésta no apareció en sus declaraciones patrimoniales, documentos en los que los funcionarios públicos deben transparentar bienes y propiedades para permitir la supervisión de la evolución de su patrimonio.

En un primer momento, el entonces gobernador mexiquense rechazó tener una cuenta bancaria en un paraíso fiscal. Sin embargo, posteriormente modificó su postura y reconoció que sí había tenido una cuenta en esa nación europea durante el periodo en el que fungía como presidente municipal de Huixquilucan, etapa en la que exploró participar en actividades empresariales.

De acuerdo con el reporte original del diario español, en la cuenta bancaria localizada se detectaron depósitos por 1.5 millones de euros, equivalentes en ese momento a aproximadamente 32 millones de pesos. Tras los señalamientos, Del Mazo Maza respondió públicamente: “Sobre la nota publicada por el diario El País, quiero aclarar que rechazo categóricamente tener alguna cuenta bancaria en Andorra. (…) No he omitido ninguna información en mi declaración patrimonial presentada en tiempo y forma”.

Posteriormente, el 19 de julio de 2019, se difundió una respuesta más amplia enviada por Alfredo del Mazo Maza al diario español, donde explicó las razones por las cuales abrió dicha cuenta bancaria. “Durante la última parte de mi administración como presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México, decidí explorar opciones que me permitieran emprender en alguna actividad empresarial no relacionada con mi actividad pública. En ese momento, exploré la posibilidad de participar en sociedad con una empresa que se dedica a la operación de estacionamientos públicos”.

En el mismo posicionamiento añadió: “Para llevarla a cabo, en su momento se decidió la apertura de la cuenta en el BPA. Reconozco que no fue la mejor decisión abrirla en este lugar. Sin embargo, con el inicio de la nueva administración federal en México en 2012, fui invitado a formar parte de la misma, razón por la cuál, finalmente decidí ya no participar en el proyecto empresarial. Quiero reiterarle que no tengo cuenta alguna en ese país y que he declarado todo aquello que conforma mi patrimonio”.

Pese a la polémica generada por el hallazgo de la cuenta y el flujo millonario de recursos detectados, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descartó entonces una investigación contra el exmandatario. El 9 de septiembre de 2019, Santiago Nieto Castillo, quien encabezaba la UIF, declaró públicamente: “No tenemos ninguna investigación contra el gobernador Alfredo del Mazo Maza. (…) Nosotros hemos requerido información y los datos con los que contábamos en este momento por parte de la Unidad de inteligencia Financiera es que corresponde con lo dicho por el gobernador, es decir se trata de una cuenta que fue aperturada y que se cerró en 2013″.

Reporte Índigo recordó que recientemente también publicó información relacionada con observaciones pendientes de solventar por parte de la administración encabezada por Del Mazo Maza en el Estado de México. Según la publicación, aunque ese gobierno concluyó en 2023, aún mantiene observaciones ante la Auditoría Superior de la Federación por un monto superior a mil millones de pesos.

El caso de Alfredo del Mazo contrasta con otros expedientes abiertos posteriormente por la UIF relacionados con operaciones financieras en paraísos fiscales. El 15 de noviembre de 2022, la dependencia informó sobre una indagatoria contra Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, tras detectar posibles vínculos con operaciones realizadas en jurisdicciones consideradas de opacidad financiera.

En ese momento, la UIF explicó que el análisis derivó de compromisos internacionales y de las revelaciones de los Pandora Papers. “Como parte de los compromisos internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera y derivado de la declaración pública efectuada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en reunión plenaria celebrada el 21 de octubre de 2021 en París, Francia, la UIF realizó un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) mencionadas en la investigación de los Pandora Papers, entre ellas a Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República”, expuso la institución.

La UIF agregó entonces que “el uso de empresas off shore, fideicomisos e instrumentos financieros en jurisdicciones extranjeras denominadas paraísos fiscales, constituyen situaciones de alerta que la UIF no podía ignorar en el marco de las revelaciones de los Pandora Papers”, además de señalar que este tipo de operaciones puede vincularse con corrupción, lavado de activos, evasión y defraudación fiscal.

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene bajo observación un monto superior a los mil millones de pesos correspondientes al último año de gestión de Alfredo Del Mazo en el Estado de México. Según el Sistema Público de Consulta de Auditorías, estos recursos federales transferidos en 2023 presentan anomalías que la administración estatal no ha logrado solventar hasta la fecha.

De acuerdo con una investigación de Reporte Índigo, el órgano fiscalizador determinó que mil 64 millones de pesos permanecen en la categoría de montos por recuperar o aclarar. La cifra forma parte de un universo original de observaciones que superó los 2 mil 586 millones de pesos durante el cierre del pasado gobierno mexiquense.

El pliego de observaciones vigente se divide en tres partidas críticas. La más cuantiosa alcanza los 921.7 millones de pesos, seguida de dos registros adicionales por 95.9 y 46.8 millones de pesos respectivamente. Estos montos carecen de documentación comprobatoria que avale la recepción de bienes o la prestación de servicios contratados con participaciones federales.

La fiscalización detectó que el gobierno de Del Mazo transfirió recursos a diversos entes, como el Poder Judicial local y múltiples ayuntamientos, sin dejar evidencia del destino final del gasto. La ASF identificó incongruencias severas entre la información financiera de las autoridades y los registros físicos existentes en los archivos estatales.

Un foco rojo específico aparece en la gestión de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM). La auditoría señala un faltante de 623 millones de pesos en esta dependencia, la cual firmó 81 contratos por más de 752 millones de pesos bajo la justificación de mitigar la crisis hídrica en la entidad.

A pesar de la millonaria inversión en infraestructura y perforación de pozos, el impacto social resultó nulo. Municipios como Ecatepec, Naucalpan, Chimalhuacán y Toluca mantienen niveles de desabasto críticos y una contaminación creciente en los mantos acuíferos por sustancias tóxicas como mercurio y cianuro.

En el último ejercicio de la dinastía priista en el Estado de México, la administración estatal también erogó recursos en consultorías externas. Destaca el pago de 185 millones de pesos al Despacho Ramírez y Asociados para realizar una auditoría de sus propios estados financieros, gasto que no evitó las observaciones federales actuales.

Otros contratos relevantes bajo la lupa incluyen la compra de medicamentos por 165 millones de pesos a la empresa Medical Pharmaceutica y obras viales por 100 millones de pesos. Estas contrataciones se realizaron en un contexto de bajo perfil mediático por parte del entonces gobernador Del Mazo Maza.

Hasta abril de 2026, el destino de esta bolsa de recursos públicos federales permanece incierto. El Sistema de la Auditoría indica que solo se recuperaron poco más de cuatro mil pesos durante el proceso de revisión, lo que deja el boquete financiero prácticamente intacto.

Mientras el exmandatario mantiene una presencia mínima en la escena pública, los expedientes de la cuenta pública 2023 siguen abiertos. La ASF espera la aclaración de estos recursos que, por ley, deben ser restituidos a la hacienda federal si no se presenta la evidencia documental correspondiente.

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