Con apenas 36 años, Josefina Rodríguez Zamora es la funcionaria más joven dentro del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esa juventud, lejos de ser un factor de vulnerabilidad, ha estado respaldada por una sólida trayectoria técnica previa, tanto en el sector privado como en el público, así como por resultados medibles en estos dos años dentro del máximo círculo de la administración pública, entre los que destaca un notable crecimiento del turismo nacional.

A pesar de ello, la discusión pública se desvió recientemente hacia la fiscalización de su vestimenta, artículos personales y el patrimonio familiar de terceros, cayendo de lleno en narrativas que buscan descalificar el mérito propio a través de la sospecha infundada.

En el ecosistema de la política mexicana, el escrutinio público no solo es un derecho ciudadano, sino un pilar de nuestra democracia. Sin embargo, la línea que divide la legítima rendición de cuentas del cuestionamiento sesgado suele volverse delgada cuando se mezclan prejuicios de género, juventud y dinámicas familiares.

Los recientes señalamientos periodísticos contra la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, abren un debate necesario sobre la urgencia de ejercer un periodismo con rigor ético y, al mismo tiempo, sobre cómo la estatura política se demuestra respondiendo con hechos, no con evasivas.

Defender la gestión de la secretaria de Turismo no implica pedir inmunidad frente a la crítica, sino exigir que esta se dé con la misma altura institucional con la que ella ha respondido. Ante la polémica, la funcionaria no optó por el silencio ni por la descalificación hacia los medios; por el contrario, emitió una postura clara que marca un estándar de madurez política, en el que señaló contar con patrimonio propio previo al cargo, deslinde de responsabilidades de gente ajena a su persona, y dos puntos que yo destacó: Su respeto a la libertad de prensa y su convicción de trabajar en transparencia.

Porque Josefina Rodríguez ha dejado en claro, de forma documentada, que sus bienes materiales provienen de su historia familiar y profesional previa al servicio público, consolidada con esfuerzo, dedicación y honestidad.

Igualmente ejerció un claro deslinde público de responsabilidades externas, lo que se interpreta como una lección de autonomía y congruencia; ya que separó tajantemente su función de las decisiones económicas o personales de familiares o terceros.

En el México contemporáneo, cada persona debe responder por sus propios actos, y es un anacronismo lógico y jurídico pretender que la reputación de una funcionaria dependa de dinámicas ajenas a su encargo. Eso no lo deberíamos alentar en los medios de comunicación.

Y como lo sostuve en renglones anteriores, no ha faltado a manifestar respeto pleno a la libertad de prensa, ya que en su respuesta a través de redes sociales reconoció explícitamente el valor de los medios de comunicación. E incluso, posicionó con firmeza que la labor informativa exige un contexto completo para no transformarse en un juicio sumario basado en la apariencia.

Igualmente hizo mención expresa de la palabra transparencia, que en tiempos de la 4T cobra un valor especial; porque pocos servidores públicos de nuestros días son frontales y despreocupados para plantarse así como lo hizo Josefina Rodríguez Zamora.

Reducir la capacidad de liderazgo de una mujer joven a la evaluación de su vestuario o a las actividades de sus consanguíneos es un retroceso discursivo. La verdadera métrica de su desempeño está en las mesas de trabajo interinstitucionales, el impulso al turismo comunitario y la inclusión de comunidades indígenas en los beneficios del sector. Son varias metas las que se han alcanzado y rebasado, quizá como en pocos sectores que la Administración Sheinbaum… Y en futuras entregas de esta columna abordaré ciertos datos duros del Turismo en México.

La idoneidad de un servidor público se mide en los canales institucionales de fiscalización, a los cuales la secretaria ya se declaró completamente abierta. Tratar de desgastar su imagen mediante la estridencia superficial no debilita a la funcionaria, sino al debate público.

Josefina Rodríguez Zamora ha demostrado que la altura política consiste en encarar los cuestionamientos con templanza, legalidad y pruebas, recordándonos que el servicio público de excelencia se defiende con la dignidad del trabajo diario y el apego irrestricto a la verdad, más allá de grillas palaciegas que seguramente provienen de Tlaxcala y del momento político sucesorio, en el que por cierto, ella a declarado que no participará. ¡Seamos serios!

*Periodista/Tlaxcala

El cargo FOCUS GROUP/ Un análisis necesario en Sectur apareció primero en La Chispa de Estado de México.

El cargo FOCUS GROUP/ Bendición de Palacio Nacional para Higinio Martínez apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Quintana Roo no solo es la joya turística de México; históricamente ha sido también el laboratorio perfecto para la experimentación criminal global. La Riviera Maya vio nacer, crecer y consolidarse a la banda de Florian Tudor, el “Tiburón”, una organización delictiva originaria de Rumania que clonó miles de tarjetas bancarias, desvalijó cajeros automáticos y tejió una red de lavado de dinero de dimensiones internacionales. Lo verdaderamente alarmante no es la sofisticación delictiva extranjera, sino la absoluta docilidad con la que el sistema institucional mexicano y sus actores políticos, se doblaron ante el dinero de la mafia.

Hoy, la sombra de esa estructura criminal vuelve a proyectarse con fuerza sobre el tablero político del estado. El caso de Alejandro Enrique Arcos Romero se encuentra en el centro del debate político tras revelarse una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que documenta cómo manejó la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y su actual rol como operador y acompañante de Rafael Marín Mollinedo, quien busca la candidatura de Morena para la gubernatura de Quintana Roo. El escándalo ha escalado con la revelación de redes de negocios corporativos y la postura de deslinde por parte de la dirigencia del partido…. Pero vamos por partes.

Las autoridades de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México identificaron a Arcos Romero como una pieza clave en la arquitectura financiera de la banda de Florian Tudor, dedicada a la clonación masiva de tarjetas bancarias en la Riviera Maya, lo que generó que en febrero de 2021, la UIF bloqueara sus cuentas bancarias como parte de la “Operación Caribe”.

La UIF detectó que Arcos participó en la creación de al menos 14 empresas fachada utilizadas para lavar dinero mediante la compra de inmuebles, joyas y autos de lujo, con vinculación directa a la Mafia Rumana que opera en México, Estados Unidos y otros países del continente.

Documentos oficiales confirman que Arcos Romero trabajó formalmente en la oficina de la dirección de la ANAM entre diciembre de 2022 y junio de 2023, desempeñándose como secretario particular de Rafael Marín Mollinedo. Incluso fungió como testigo en el acta de entrega-recepción cuando Horacio Duarte dejó la titularidad de las aduanas para entregarle a Mollinedo. Antes estuvieron en ese importante cargo Ricardo Ahued, hoy integrante del gabinete de Rocío Nahle en Veracruz y, Ricardo Peralta, hoy bajo el cobijo político de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar.

Pero regresando al Caso de la Mafia Rumana, debo decir que a pesar de sus antecedentes, Arcos Romero ha sido captado en múltiples fotografías y videos formando parte del círculo más cercano de Marín Mollinedo en sus eventos públicos de promoción política en Quintana Roo. Incluso, tramitó ante el IMPI el registro de la marca “Rafa Marín” actuando como su representante legal.

A lo largo de 2023 y hasta mediados de 2026, Arcos Romero promovió diversas demandas de amparo, conocidas en el ámbito legal como “amparos rastreadores”, para verificar si la Fiscalía General de la República (FGR) mantenía alguna orden de captura en su contra. Todos estos amparos han sido sobreseídos debido a que las autoridades judiciales y la propia FGR respondieron formalmente negando la existencia de órdenes de aprehensión vigentes en su contra, por lo cual permanece en libertad.

En otra entrega periodística de MCCI difundida en Grupo Fórmula, se reveló que en 2024 Arcos Romero constituyó dos empresas en Texas: “Quiéreme Mucho Spirits” y “Fantastic Five Builders LLC”, en sociedad con Araceli Hernández Perea, quien fuera la directora de Recursos Materiales de la ANAM justamente bajo las gestiones de Marín Mollinedo y Horacio Duarte.

Aunque Hernández Perea aceptó la creación de una de las sociedades para vender mezcal, negó mantener vínculos con él, coincidiendo este tema con la reciente adquisición de una residencia de lujo en San Antonio, Texas, valorada en varios millones de dólares.

Ante las críticas y la inclusión de Marín Mollinedo en la plataforma ciudadana “Narcopolíticos”, la líder nacional de Morena, Ariadna Montiel, aclaró públicamente este martes 11 de agosto ante medios como “Reforma” que Alejandro Arcos no es militante del partido.

Montiel enfatizó que Morena no protege a nadie y urgió a las fiscalías correspondientes a realizar las investigaciones necesarias para determinar si existe la comisión de un delito por parte de particulares ajenos a la estructura institucional del movimiento. Mientras tanto, sectores internos defienden la trayectoria del aspirante de cara a los procesos internos.

Que vinculen ahora a un personaje cercano al principal aspirante de Morena en Quintana Roo, no es un caso aislado. Ya que son multicitados los casos de Baja California, Tamaulipas, Tabasco, Michoacán, Sonora y ni qué decir de Sinaloa. En cada estado hay una y mil historias de vínculos entre la clase política y los cárteles mexicanos. Hoy Morena y su dirigente nacional Ariadna Montiel tienen la oportunidad histórica de limpiar la imágen del partido, ojalá se haga lo correcto.

*Periodista/Tlaxcala

El cargo FOCUS GROUP/ Aduanas, Mafia y Quintana Roo apareció primero en La Chispa de Estado de México.

La trágica muerte de la adolescente de 13 años, Dafne Zapata Quintos Martínez, el pasado 16 de julio durante un campamento de verano en la “Academia Militarizada Marina Doenitz” en Ciudad Madero, Tamaulipas, ha destapado una alarmante realidad en México: la proliferación de planteles, academias y cursos particulares que operan bajo una supuesta doctrina castrense, aprovechándose de un vacío legal y de una ambigüedad institucional donde ninguna autoridad parece querer asumir la responsabilidad de su vigilancia.

Porque mientras en Estados Unidos “Culver Summer Schools & Camps” en Indiana ó “Camden Military Academy Summer Programs” de Carolina del Sur, son regulados por ministerios de educación o de defensa; en México se echan la bolita y nadie supo, sabe o sabrá el esquema de validez y funcionalidad de escuelas o cursos de este tipo en nuestro país.

La muerte de Dafne, una niña de 13 años, durante éste campamento de verano activó una serie de deslindes institucionales: La Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado, emitió comunicados para aclarar que no existe un marco normativo o criterio que autorice servicios educativos de nivel básico bajo denominaciones como “militarizada” o “castrense”.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa reiteró que carece de atribuciones y facultades para supervisar, regular o avalar estos planteles de carácter civil, los cuales operan usualmente mediante un Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) genérico otorgado a nivel estatal o federal, sin que este documento certifique las dinámicas de un campamento o internado.

Incluso la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, intervino en su conferencia de prensa matutina del viernes, señalando que la responsabilidad de investigar y auditar la operatividad de estos centros recae exclusivamente en los gobiernos estatales.

Este cruce de deslindes revela una contradicción estructural profunda: si la SEP prohíbe formalmente estas modalidades y la SEDENA no tiene facultades sobre planteles civiles, ¿Cómo es posible que la Academia Marina Doenitz haya operado comercialmente durante décadas utilizando insignias, uniformes similares a los de la Marina y un esquema de adiestramiento físico extremo?

La respuesta reside en la opacidad burocrática. Muchas de estas academias obtienen registros comerciales o permisos locales genéricos como “guarderías”, “clubes deportivos” o “centros de regularización” ante los municipios o las secretarías estatales, lo que les permite evadir los estrictos filtros de los RVOE de la SEP y si le agregamos la falta de una fiscalización interesecretarial, encontramos el hecho de que particulares sin capacitación militar real, o incluso impostores que simulan mandos castrenses, vendan supuestos programas que “forjan carácter” y disciplina a familias que buscan legítimamente alejar a sus hijos de entornos de ocio, drogadicción o violencia.

Bajo la fachada de una disciplina rigurosa, se esconden frecuentemente dinámicas abusivas que llegan a la ilegalidad. Tras la muerte de Dafne, exalumnos y padres de familia rompieron el silencio denunciando que en dicho centro se aplicaban novatadas, castigos inhumanos y adiestramientos físicos excesivos incompatibles con la salud física y psicológica de los menores de edad. Ello evidencia que, al no existir un marco normativo claro, la delgada línea entre la disciplina formativa y la tortura o el maltrato físico queda sujeta al arbitrio de los directivos del plantel.

Los dicho: Las dependencias educativas y militares se apresuraron a deslindarse, dejando al descubierto un limbo regulatorio que pone en riesgo la vida de los menores de edad, mientras el dictamen forense califica el deceso como un homicidio bajo causa de “asfixia por sumersión” y la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas lo investiga bajo el protocolo de feminicidio,

La detención del director de la academia, Jorge Luis “N”, y de otras dos colaboradoras presuntamente implicadas, es sin duda, un avance hacia la justicia punitiva en el caso particular de la menor. Sin embargo, la justicia estructural exige transformaciones urgentes a nivel legal e institucional, para que no sucedan más casos como el de Dafne.

La tragedia en ésta “pseudoacademia militarizada” de Ciudad Madero, expone un vacío regulatorio alarmante y la ambigua fiscalización de planteles con instrucción castrense por parte del Estado. La propuesta ya ha sido pública y se trata de crear una “Ley Dafne”, impulsada por la madre de la víctima, Alejandra Quintos, que busca tipificar y prohibir las novatadas, regular estrictamente los campamentos de verano y erradicar cualquier manifestación de violencia institucionalizada. Porque no es posible que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional hayan evadido responsabilidades directas al desvincularse de “academias” privadas.

Y es que, el proceso penal contra individuos concretos no resuelve la omisión estructural del Estado. La tragedia obliga a una revisión profunda del Poder Legislativo y de las secretarías estatales para erradicar o fiscalizar con rigor absoluto a cualquier academia que utilice la fachada militar sin controles estrictos de salvaguarda para la niñez y la juventud de México.

Porque mientras las autoridades continúen eludiendo su responsabilidad fiscalizadora mediante tecnicismos legales, la integridad y la vida de miles de niños y adolescentes que asisten a estos cursos seguirán desprotegidas ante la impunidad de quienes confunden la disciplina con la violencia. ¡Y eso no debe suceder!

*Periodista/Tlaxcala

El cargo FOCUS GROUP/ El ‘Caso Dafne’ descubre vacíos de Ley apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Todo por servir se acaba y acaba por no servir… Así está la cadena de generación de electricidad en México: Agotada, rebasada, insuficiente… Los constantes apagones a lo largo y ancho de México revelan una crisis profunda, impulsada por la obsolescencia de la red de transmisión, la negativa oficial a reconocer fallas sistémicas y la incapacidad de la infraestructura para soportar las olas de calor y la demanda industrial actual.

Grandes tramos del tendido eléctrico, subestaciones y transformadores arrastran un rezago histórico de modernización, aunado al crecimiento acelerado de la demanda debido a la expansión industrial, sumado al uso masivo y simultáneo de equipos de refrigeración y aire acondicionado durante las ondas de calor; lo que actúa como una prueba de estrés permanente para una red que no ha recibido el mantenimiento preventivo ni las inversiones masivas requeridas con urgencia.

El impacto de esta fragilidad energética golpea con mayor dureza a los pequeños negocios, desde neverías, hasta restaurantes, pasando por talleres y comercios locales, que pierden mercancías y enfrentan daños irreversibles en sus aparatos de trabajo ante las constantes variaciones de voltaje. Estamos hablando de pérdidas que van desde los 2 mil hasta los 40 mil pesos por evento en pequeños comercios, mientras que en la industria mediana y grande, el costo por hora de inactividad llega a alcanzar hasta 1.5 millones de pesos.

En las comunidades rurales y pueblos apartados, un apagón no solo apaga focos: Interrumpe el bombeo de agua potable, vulnera la cadena de frío para medicamentos y paraliza las comunicaciones básicas. Minimizar las fallas bajo argumentos burocráticos o discursos de suficiencia teórica frena la adopción de soluciones reales. A lo largo y ancho de la República Mexicana, el parpadeo de luminarias y la súbita oscuridad de vecindarios enteros han dejado de ser incidentes fortuitos para convertirse en la cruda postal de un verano desafiante.

Lo mismo ciudades industriales, que metrópolis bulliciosas y comunidades rurales, padecen interrupciones que van desde las pocas horas hasta días enteros. Sin embargo, la respuesta institucional cuatroteista, emblematizada por las constantes negativas de la CFE al descartar una crisis generalizada del sistema, choca de frente con la realidad que registran los termómetros, las interrupciones de suministro y directamente los bolsillos de los mexicanos.

México requiere con urgencia despolitizar la planeación energética, transparentar el estado real de sus redes y abrir espacio a esquemas de inversión y diversificación que garanticen la resiliencia del suministro eléctrico en todo el territorio nacional. Porque ya se perdió todo un sexenio con negativas a recibir inversiones en el sector de generación de energía eléctrica para nuestro país.

Pero haya sido como haya sido: El debate semántico entre si se trata de “apagones”, “interrupciones focalizadas” o “labores de mantenimiento” no se puede ocultar o negar la fragilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Y es que, el presupuesto público ha resultado insuficiente para cubrir la velocidad con la que crece el país; además de que se han puesto trabas a la inversión privada en energías limpias, tanto eólica como solar.

Así que mientras los discursos oficiales pregonan la soberanía energética como un dogma publicitario incuestionable, en el territorio nacional la realidad nos rebasa y exige una inyección masiva de recursos transparentes, así como una apertura real a la modernización tecnológica. Si México pretende transitar hacia una economía competitiva y garantizar el bienestar elemental de sus pueblos, la política energética tendrá que dejar de administrar culpas y comenzar a iluminar el futuro con planeación, descentralización y, sobre todo, verdad técnica.

Los constantes apagones en México revelan una crisis estructural profunda causada por el envejecimiento de la red eléctrica, la falta de inversión en transmisión y una demanda rebasada por el calor extremo, toda vez que las olas de calor obligan a millones de personas a encender aires acondicionados al mismo tiempo, llevando al sistema a su límite de reserva operativa.

Más de la mitad de la electricidad en México se genera quemando gas natural, y la gran mayoría se compra a Texas. Cualquier tormenta invernal o conflicto en Estados Unidos que congele los ductos o suba los precios deja a México sin combustible para sus plantas. Y es que, la CFE depende de termoeléctricas e hidroeléctricas antiguas, muchas de ellas sufren fallas técnicas imprevistas o, en el caso de las presas, se quedan sin agua suficiente debido a las sequías prolongadas, reduciendo la generación disponible.

Como lo mencioné antes, hay trabas para la inversión privada, particularmente desde la llegada de la 4T al poder en el año 2018. Ya que no podemos olvidar que la ley actual obliga a que solamente el Estado, a través de la CFE sea la instancia que invierta en las redes de transmisión. Y hay que decirlo clara y directamente: El presupuesto público es insuficiente para cubrir la velocidad con la que crece el país.

El personal de CFE merece reconocimiento nacional por su heroísmo cotidiano… Ya que son verdaderos héroes, quienes hacen milagros ante un cableado y subestaciones locales que, como ya lo dije, envejecieron y al aumentar la demanda, estos equipos se sobrecalientan y explotan, provocando cortes locales inmediatos. De norte a sur, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Querétaro, Campeche, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y Ciudad de México, han sido los puntos más afectados por esta crisis eléctrica.

Lejos, muy lejos estamos de aquel eslogan “aspiracionista” de la CFE: “Una Empresa de Clase Mundial”… Hoy, con la mitad del país a oscuras, nos queda claro que el uso gasta, y el abuso acaba… Y hoy la Comisión Federal de Electricidad está agonizando.

*Periodista/Tlaxcala

El cargo FOCUS GROUP/ Crisis eléctrica, la red al límite apareció primero en La Chispa de Estado de México.

El empresario Miguel Alemán Magnani permanece en Francia desde 2021, donde reside y enfrenta un proceso penal a distancia debido a una orden de aprehensión vigente en México por presunta defraudación fiscal. Su estatus legal está marcado por la protección que le otorga su nacionalidad francesa y ahora se ha desatado una nueva batalla legal en la Suprema Corte, que hoy le contaré aquí en “Focus Group”.

El exdirectivo de Interjet cuenta con nacionalidad francesa por la vía materna, recordemos que su madre es la ex-Miss Universo, Christiane Martel. Al contar con nacionalidad francesa, las leyes de la tierra de Mbappé prohíben la extradición de sus propios ciudadanos, y a ello se debe que el empresario no ha podido ser detenido ni trasladado a México.

Así que, mientras penalmente se encuentra protegido por las leyes de Francia, civil y fiscalmente sus cuentas y bienes en México siguen bajo el asedio de las autoridades federales, ahora mediante la Suprema Corte; le hablo del mismo Miguel Alemán Magnani, ex apoderado legal de la línea “Interjet”, hijo del exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco y nieto del expresidente Miguel Alemán Valdés.

Déjeme contarle que la evasión sistemática de impuestos, el abandono laboral de miles de trabajadores y el incumplimiento con proveedores y pasajeros llevó al colapso de “ABC Aerolíneas”, comercialmente conocida como “Interjet”, lo que constituye mucho más que una simple quiebra. Ya que Miguel Alemán Magnani, apenas el pasado 8 de julio cumplió cinco años prófugo de la justicia mexicana e incluso ya cuenta con ficha roja de parte de Interpol para ser capturado en 190 países.

La semana anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó reabrir uno de sus casos y revisar un crédito fiscal por $689.3 millones de pesos contra los exdirectivos de Interjet, Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani.

Porque durante los ejercicios fiscales de 2018 y 2019, mientras “Interjet” aún operaba, retuvo millones de pesos correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de sus trabajadores y pasajeros. Estos montos, que por ley pertenecen al erario federal, nunca fueron enterados al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En lugar de cumplir con sus obligaciones tributarias y laborales, la administración encabezada por la familia Alemán optó por la descapitalización, llevando a la empresa a una huelga en enero de 2021 y a su posterior declaratoria de quiebra y remate de bienes en 2023. Ante el adeudo histórico, el SAT fincó una responsabilidad solidaria a Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani, en su calidad de presidente y vicepresidente de la compañía.

Sin embargo, en 2024, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló de forma lisa y llana el crédito fiscal, bajo el argumento de que la ley vigente en ese momento no permitía hacer responsables a los directivos de manera directa por las deudas tributarias de la empresa.

Esta resolución del TFJA sentó un peligroso precedente, sugiriendo que la “magia” de la personalidad jurídica de las sociedades anónimas podía servir como un blindaje total para los accionistas y directores, incluso cuando se tratara de impuestos federales retenidos de manera indebida. Por ello, la SCJN atrajo los recursos de revisión fiscal promovidos por el SAT con el objetivo de replantear los alcances del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación.

Por esto y más, el fallo que dicte el Pleno de la Suprema Corte no solo decidirá el destino de los $689.3 millones de pesos en disputa, sino que servirá como un dique legal para frenar prácticas de evasión similares en otros grandes corporativos del país. Frente a los delitos de cuello blanco y la defraudación fiscal, se estaría sentando un precedente o lo que jurídicamente se conoce como “sentar jurisprudencia”.

La intervención de la SCJN es vital para asegurar que las leyes fiscales mexicanas cuenten con los dientes suficientes para castigar a quienes, escudados en sus cargos corporativos, desvían los impuestos mientras dejan a su paso una estela de daños económicos y sociales. Porque la deuda de “Los Alemán” con el SAT no es solamente por los 66 millones del caso que reabrirá la Corte, sino que el monto de la defraudación fiscal por parte de “Interjet” superaría los 3 mil millones de pesos.

La Suprema Corte mandaría un mensaje claro al empresariado mexicano de que las obligaciones tributarias retenidas no son negociables ni pueden ser absorbidas por la insolvencia ficticia de la razón social. Y dicha resolución también acabaría con lo que queda del linaje Alemán, que lleva 5 años de desprestigio total, porque Miguel Alemán Magnani es el único miembro de la familia con cargos penales activos y una orden de aprehensión vigente por defraudación fiscal. Se sabe que su padre, Miguel Alemán Velasco, enfrenta también disputas fiscales en otras empresas, pero el resto del núcleo familiar no tiene ninguna acusación legal en su contra, hasta el momento… Falta ver: Lo que se acumule….

*Periodista/Tlaxcala

El cargo Focus Group/ La Corte reabre caso de Miguel Alemán apareció primero en La Chispa de Estado de México.

El gobierno de Claudia Sheinbaum, en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México, facilitó el acceso a un programa habitacional del INVI a la familia del “Pato Merlín”, la mascota viral no oficial del Mundial. Un departamento como el asignado bajo el programa “Vivienda del Bienestar”, tiene un costo de producción gubernamental que oscila entre los $800,000 y los $846,000 pesos.

Debo precisar, que hasta el momento todo apunta a que solamente le otorgaron el crédito y no fue un regalo o dádiva. Lo ciertemente evidenciado es que mientras la gestión resolvió una necesidad urgente, el caso reavivó el debate sobre el uso del aparato estatal para capitalizar fenómenos mediáticos frente a una crisis social generalizada.

La narrativa oficial, difundida ampliamente durante la “mañanera” del viernes, enmarcó el apoyo como un acto de profundo humanismo. Para la familia de Karla Gómez, vendedora ambulante que habitaba en condiciones vulnerables dentro de un pequeño local comercial, la intervención presidencial significó el paso hacia un hogar seguro.

Es innegable el impacto positivo que tiene el acceso a una vivienda digna para una familia trabajadora mexicana. Sin embargo, el fondo crítico de esta acción radica en el uso político de la vulnerabilidad y la rapidez con la que el Estado resolvió el caso particular de la familia mundialista contrasta drásticamente con la burocracia y las deficiencias que enfrentan cientos de miles de ciudadanos anónimos.

Mientras el carisma de un ave cautivaba a las redes sociales y a la audiencia del Mundial, amplios sectores de la población continúan marginados de los programas sociales sin la posibilidad de acceder a la misma atención directa de la persona titular del Ejecutivo Federal.

En la esfera pública, el hecho fue calificado por diversos analistas y usuarios como un ejemplo de “pan y circo” gubernamental. Al convertir a una mascota viral en protagonista de la agenda presidencial, la administración de Sheinbaum logró dominar la conversación digital y proyectar una imagen de cercanía con el pueblo.

Esto evidencia una estrategia de comunicación gubernamental altamente dependiente del golpe de efecto y la espectacularidad, la cual prioriza casos aislados con alto valor de simpatía por encima de soluciones estructurales integrales.

Por otro lado, cabe subrayar que, a pesar de las críticas que tildaron el hecho como un “regalo”, el gobierno federal y la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, aclararon que la entrega del departamento en la Ciudad de México se realizó bajo el esquema de un programa de vivienda social, por lo cual la familia pagará su crédito. Esto separa el acto de un asistencialismo puro, orientándolo hacia un esquema de adquisición que dignifica el trabajo de la familia de comerciantes.

Mientras tanto, la Lotería Nacional emitió un billete con la imagen del Pato Merlín y si bien no es pública la información de ¿Cuánto les pagaron? Especialistas en marketing y utilización de marcas registradas consultados por Focus Group nos revelaron que éstas cifras oscilan entre 100 y 300 mil pesos por evento. Lo que se confirma, una vez que el influencer y empresario Poncho de Nigris reveló este fin de semana que pagó 200 mil pesos mexicanos en efectivo a la dueña del ave, Karla Ivette Gómez, a cambio de que “Merlín” fuera la imagen promocional y asistiera a un evento masivo en su cadena de pastelerías, Postrería 77.

Patos famosos existen gracias a caricaturas y series animadas infantiles del siglo pasado: “Pato Donald”, “Pato Lucas” y “Howard el Pato”… Pero con el “Pato Merlín”, estamos frente a la representación viva de “Rico McPato”, porque sin duda ha facturado buenas sumas al momento y podría seguir haciéndolo este año e incluso puede ser una empresa que con la edición del mundial en turno cada 4 años, encuentre oportunidades de ingresos.

Al final, el caso del Pato Merlín deja una dualidad evidente en la administración de Sheinbaum: Por un lado, demuestra la capacidad del Estado para intervenir en la transformación de la calidad de vida de un núcleo familiar específico y por otro, expone la discrecionalidad del poder, donde la suerte de los ciudadanos de a pie parece depender de la viralidad de sus mascotas, más que de su derecho universal a la protección social.

Surgieron muchos comentarios por parte de miles de familias sin mascota viral, porque este caso demuestra que para conseguir vivienda en México, a veces no importa cuántos años tengas en la lista de espera, sino que la suerte te acompañe. Ahora serán muchos funcionarios de vivienda los que estarán “pagando el pato” ante la populista intervención presidencial.

*Periodista/Tlaxcala

El cargo FOCUS GROUP/ ¿Pato Merlín o Rico McPato? apareció primero en La Chispa de Estado de México.

En México, el folclore político nacional está lleno de casos donde la línea entre el servicio público y el saqueo institucional se desvanece más rápido que el presupuesto. El club de los exmandatarios caídos en desgracia, o mejor dicho, en pausa estratégica, celebró una sesión extraordinaria, no hubo brindis con champaña ni selfis para presumir en redes, pero el ambiente dentro del selecto gremio respiraba un renovado aire de optimismo.

Tomemos como protagonista de este último capítulo al exmandatario de Quintana Roo, Roberto Borge, quién tras casi una década durmiendo en el penal federal de Morelos, un juez federal decidió absolverlo la semana pasada del delito de delincuencia organizada, argumentando que la Fiscalía General de la República no pudo acreditar la red criminal detrás del escandaloso desvío de terrenos. Por supuesto, esto no significa que haya quedado totalmente libre, Borge continuará su proceso por lavado de dinero, pero desde la comodidad de una residencia y portando un moderno brazalete electrónico. Lo que les inyecta una dósis de “esperanza” a exmandatarios que esperan sentencias a sus juicios.

Déjeme suponer que la noticia de ese día corrió como pólvora en otros reclusorios, donde ex gobernadores se enteraban que Roberto Borge, el otrora todopoderoso jerarca de Quintana Roo, acababa de abandonar el frío asfalto del penal. Tomás Yarrington, Javier Duarte, Mario Marín, Roberto Sandoval, César Duarte, quienes son integrantes del exclusivisimo club al que me refiero, seguramente tuvieron pensamientos y sensaciones positivas que les devuelven la posibilidad de salir impunes en los casos que los tienen tras las rejas.

Desde su trinchera de reclusión, Javier Duarte, el filósofo de la abundancia veracruzana, esbozó una mueca que pretendía ser una sonrisa. Famoso por su célebre teorema sobre la paciencia y las moralejas del destino, Duarte miraba los muros sabiendo que la justicia mexicana es, ante todo, una forma de suspenso. Él, que vió licuarse los fondos públicos de su estado, entiende a la perfección las reglas del juego: El arresto domiciliario de Borge no es impunidad; es, simplemente, el ascenso de un colega al siguiente nivel del “home office” judicial.

Un poco más al norte del tablero penitenciario, César Duarte rumiaba sus propios expedientes en Chihuahua. Su historial de propiedades adquiridas y desvíos multimillonarios parecía sacado de un manual de alta estrategia inmobiliaria, congelado en el tiempo por los lentos engranajes procesales. Y ahora, al observar el éxito de su colega Borge, el chihuahuense reafirmó su fe en el código penal nacional, ese maravilloso laberinto legal donde un amparo bien colocado vale más que mil testigos. La lección parece clara para Duarte Jáquez: El tiempo lo cura todo, especialmente las prisiones preventivas que amenazan con eternizarse.

No muy lejos, compartiendo el peso de la nostalgia institucional, Roberto Sandoval contemplaría el panorama desde su celda por presuntos vínculos incómodos y desvío de recursos en Nayarit. Sandoval seguramente piensa que portar un sofisticado brazalete electrónico en la comodidad de una sala con aire acondicionado siempre será más digno que desfilar con un uniforme color caqui y pasar lista tres veces al día. Y es que, para este grupo de visionarios incomprendidos, la política nunca fue el arte de servir, sino una tómbola de alta velocidad donde el premio principal consistía en gobernar seis años y resistir los siguientes defendiéndose con los mejores bufetes que el robo al erario estatal les pudo financiar.

La velada imaginaria de este club con los gobernadores presos cerraría con una certeza compartida: En el gran teatro de la política mexicana, las sentencias severas son meras sugerencias de guion y los juicios penales, largas telenovelas de las que el público termina por aburrirse; ya que mientras los ciudadanos de a pie sigamos pagando los platos rotos, ellos continuarán ensayando sus discursos de inocencia, confiados en que la burocracia judicial es lenta, pero asombrosamente flexible con ellos, llegado su momento.

Borge ya descansa en casa, cenando lejos del “rancho penitenciario”; para Marín, Yarrington, Sandoval y los Duarte, solo escuestión de esperar a que el juez en turno encuentre el ‘hilo negro’ de sus respectivos expedientes. Porque el reciente giro en el destino de Borge cayó como un bálsamo de esperanza sobre este sindicato informal de criminales de la política interna de México.

La historia de los exgobernadores en México parece un guion escrito con el color de la tinta de quién gobierna. La reciente absolución de Roberto Borge y su mudanza a prisión domiciliaria con brazalete, junto con el destino de otros exmandatarios, demuestra que en la política nacional, el encierro a veces es solo un trámite temporal.

Si bien, la resolución de los casos de los exgobernadores se define de forma individualizada y avanza al ritmo de las impugnaciones que los abogados interponen ante el Poder Judicial de la Federación, lo que hace imposible predecir un día exacto para las condenas finales, cambio de medidas cautelares o conclusión de sentencias de estos miembros VIP de nuestro sistema de reclusión penitenciaria.

Estos personajes, que en su momento de gloria caminaban sobre las leyes, se convirtieron en residentes obligados del sistema penal mexicano. Pero incluso dentro de la prisión, sus historias de justicia se mueven a un ritmo exasperante: exoneraciones parciales, cambios de medidas cautelares y prisiones domiciliarias doradas que hacen que el ciudadano común se pregunte si la justicia alguna vez llega de forma íntegra.

El destino final para estos “virreyes” o repertorio de exgobernadores presos, nos deja una moraleja: El poder en México puede llevar a la cárcel, pero la riqueza mal habida, con frecuencia, compra un boleto de salida o un encierro bastante más cómodo. Después de todo, hay cosas que el dinero si puede comprar.

*Periodista/Tlaxcala

El cargo FOCUS GROUP/ Exgobers presos quieren “Home Office” apareció primero en La Chispa de Estado de México.

La estrategia federal contra el crimen se ha enfocado en neutralizar a generadores de violencia y desarticular redes delictivas, lo que ha generado la detención de 56 mil personas vinculadas a delitos de alto impacto en los primeros 20 meses de la administración de Claudia Sheinbaum.

De seguir Omar García Harfuch con ese ritmo de detenciones, para el final del sexenio estaría deteniendo a un total de 201,600 delincuentes que engrosarían los números de la población penitenciaria en México, que ya se encuentra rebasada; lo que me lleva a preguntar: ¿A dónde van a meter a tanto pillo?

Y lo pregunto de manera seria, porque el sistema penitenciario mexicano enfrenta desde hace décadas una crisis que ha llegado a calificarse como insostenible. Porque las cárceles en lugar de fungir como espacios orientados a la reinserción social y la rehabilitación, se han convertido en centros de castigo y vulneración de derechos humanos donde el hacinamiento es la regla y no la excepción.

De acuerdo con el “Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional”, el sistema carcelario del país enfrenta un hacinamiento récord que supera los 261 mil internos, generando hasta el mes de mayo de 2026 un excedente general de más de 34 mil personas por encima de la capacidad instalada. Y si le agregamos los 200 mil hombres y mujeres que delinquen y a quienes nuestras autoridades pondrían tras las rejas, estaríamos ante la imperiosa necesidad de acrecentar los espacios penitenciarios casi en un cien por ciento.

De las aproximadamente 260 prisiones estatales del país, cerca de 148 centros operan con sobrecupo. Mientras los penales locales sufren una crisis severa por el hacinamiento récord del sistema, los centros federales se reportan sin sobrepoblación en términos globales, aunque con muy pocos espacios disponibles: Cuentan con solamente 6,590 espacios libres a nivel nacional.

Los estados con mayor sobrepoblación carcelaria en México son el Estado de México, donde la crisis penitenciaria registra un exceso de 23,306 personas; Sonora, 8,125 internos por encima de su límite; Chiapas, 2,687 personas en exceso; Nayarit, tiene una saturación crítica de 2,420 personas; y Quintana Roo, con una sobrepoblación de 2,320 reclusos.

Los 261 mil reclusos actuales, más los que se acumulen con los operativos de Harfuch, tienen que resignarse a la existencia de un sistema de justicia penal lento y también saturado, donde el rezago en los expedientes mantiene a los procesados esperando años por una resolución o sentencia judicial.

La saturación de los espacios carcelarios y la escasez de custodios propician el surgimiento de redes de corrupción y regímenes de autogobierno, donde grupos criminales controlan el interior de los penales. Incluso los cuatro principales motines durante la actual administración federal son dignos de mencionarse, como el del Penal de Villahermosa, en diciembre de 2024; el del Penal de Tuxpan, en agosto de 2025; el del Penal de Puerto Vallarta, en febrero de este año y del Penal de Sonora, apenas en mayo pasado.

Estamos viviendo una política criminal reactiva por parte de la actual administración federal. No es suficiente con que haya más policías en las calles apresado delincuentes, es momento que hagan una prospección profesional que acrecente capacidad de fiscalías, juzgados y centros carcelarios.

Tengo amigos con quienes hago el Focus Group para el tratamiento de los temas que aquí publico y no les gusta que compare a México con naciones europeas. Porque me dicen que se puede prestar a que ataco al que dijo que tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca, así que solamente diré que según los datos actuales, el mejor sistema penitenciario es el noruego, aunque lo que México debe hacer, va más en el sentido de lo hecho por Bukele en El Salvador.

Es imperativo reformar el sistema de justicia penal para limitar el uso de la prisión preventiva, agilizar los procesos judiciales y dignificar la infraestructura existente, priorizando siempre la verdadera reinserción social. No una reforma electorera como la que hemos sido testigos que ha sucedido en los últimos periodos legislativos. Y lo más relevante: ¡Hace falta presupuesto!

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que 56 mil personas han sido detenidas en lo que lleva de gestión. Y sin lugar a dudas son buenas noticias, pero aún hay muchas aristas por atender….

*Periodista/Tlaxcala

El cargo FOCUS GROUP/ Muchos arrestos y pocas celdas apareció primero en La Chispa de Estado de México.

El Mundial de fútbol conlleva riesgos deportivos y extradeportivos, desde los normales, a los circunstanciales, topando con los críticos y profundos, que van desde los impactos en la salud de los jugadores por calor extremo y estrés térmico, a los accidentes dentro y fuera de las canchas, hasta desafíos de seguridad marcados por la violencia y el crimen organizado, a lo que se suman amenazas cibernéticas, inestabilidad por protestas sociales y preocupaciones sobre la explotación infantil y trata de personas.

Hoy solamente deberíamos estar hablando de la salud de los jugadores por el Cambio Climático, que llega a un extremo por el “Estrés Térmico”, o de las duras jugadas por la disputa de balón que pueden derivar en lesiones para los jugadores; estoy hablándole de accidentes dentro de la cancha. Sin dejar de lado los accidentes fuera de la cancha, debido a kilómetros y kilómetros de recorridos que harán las selecciones desde sus campamentos hasta los sitios donde jugarán cada encuentro y que los ponen en riesgo permanente.

No es exagerado hablar del factor climático, ya que diversas organizaciones científicas han advertido a la FIFA que una cuarta parte de los partidos del Mundial podrían disputarse bajo niveles de calor extremo. Los expertos alertan que el estrés térmico pone en peligro real la salud física de los futbolistas, con temperaturas que pueden alcanzar umbrales críticos durante el llamado “verano boreal” en Norteamérica; convirtiéndose así en uno de los riesgos más alarmantes para los protagonistas del torneo: el impacto del cambio climático.

Eso sería de lo único que deberíamos estar hablando, pero no es así. Hay una visible polarización y están latentes protestas sociales; hay amenazas a la seguridad y ciberseguridad; crimen organizado; invisibilidad de delitos, además de abusos a menores y trata de mujeres; entre otros temas más que lamentablemente seguirán siendo noticia.

En México, un megaevento deportivo de esta envergadura se convierte en una plataforma de alta visibilidad que atrae movilizaciones de descontento social; donde jubilados, colectivos, magisterio y organizaciones de familiares de personas desaparecidas están recurriendo a bloqueos, marchas y protestas para visibilizar la crisis local y exigir respuestas gubernamentales, lo que puede generar disrupciones logísticas y sociales. No deseables, pero seguramente serán sucesos que viviremos.

Fuera de las canchas, los Mundiales actúan como catalizadores de tensiones políticas globales y polarización social. Las restricciones migratorias, las prohibiciones de viaje y las tensiones en Oriente Medio marcan el panorama geopolítico de torneos como la actual Copa Mundial de la FIFA, impidiendo que muchos aficionados de diversas partes del mundo puedan asistir libremente o sin el riesgo de detenciones arbitrarias.

Para garantizar la seguridad de estos eventos, los gobiernos suelen desplegar operativos masivos que involucran a decenas de miles de elementos del ejército y la marina, lo que genera un impacto negativo en el ejercicio de los derechos humanos, especialmente para los grupos vulnerables y las poblaciones de las colonias cercanas a los estadios y que resultan afectadas por los operativos que serán desplegados.

La aglomeración de grandes masas de personas y turistas abre la puerta a la proliferación de delitos oportunistas y organizados. En el plano digital, el entorno se vuelve hostil, con un incremento en los ciberataques, estafas y fraudes que afectan a la ciudadanía ante la falta de infraestructura pública preparada. Además, académicos consultados por ‘Focus Group’ advierten sobre “puntos ciegos” alarmantes, como el aumento de la trata de mujeres y la explotación infantil, impulsados por redes que operan aprovechando los momentos de mayor impunidad y flujo de personas.

Los recientes brotes de violencia extrema en Jalisco, tras incidentes contra el crimen organizado encendieron alarmas internacionales sobre las garantías de seguridad en sedes como Guadalajara. La respuesta gubernamental ha sido el despliegue masivo de casi 100,000 efectivos militares bajo el “Plan Kukulkán”. Operativo que no impidió que la embajada de Estados Unidos emitiera alerta a visitantes para viajar a Jalisco.

En Estados Unidos, los tiroteos recientes reportados cerca de campamentos base, como el ocurrido a pocos kilómetros de la concentración de Inglaterra en Kansas City, evidencian los riesgos cotidianos de la crisis de armas en suelo estadounidense.

En Canadá, aunque los niveles de delincuencia violenta general son bajos en Vancouver y Toronto, comparados con las ciudades sede de Estados Unidos y México, las autoridades canadienses han destinado una inversión especial en seguridad pública para contener diversas amenazas operativas y de salud. Se dice que existe un velo de sospecha ante amenazas terroristas que han surgido en las últimas horas.

Bajo ese tétrico escenario, estamos a horas del arranque del Mundial 2026, que corre el riesgo de convertirse en reflejo de la descentralización del torneo en un continente fragmentado y en crisis entre sus mandatarios, lo que no contribuye a la alegría del fútbol; pero lo que si distribuye por igual en los tres países, es la responsabilidad de los riesgos.

Rodará la pelota y con ella crecerá la presión de todo lo que puede suceder; y cuando la pelota deje de rodar, las ciudades anfitrionas tendrán que hacer frente a “la resaca” que dejarán el desplazamiento social, seguridad, logística e impacto ecológico de un evento que, en su afán de ser el más grande de la historia, olvidó cómo ser sostenible, seguro y alegre. Anhelo equivocarme y que sea un buen evento donde veamos ese gran espectáculo llamado fútbol.

*Periodista/Tlaxcala

El cargo FOCUS GROUP/ Sedes bajo fuego, crimen y polarización apareció primero en La Chispa de Estado de México.