La Auditoría Superior de la Federación (ASF) requirió información sobre 19 aspectos relacionados con la compra de un helicóptero Black Hawk realizada por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), encabezada por Cristóbal Castañeda Camarillo, como parte de una investigación que busca esclarecer las condiciones administrativas y financieras de la operación.

De acuerdo con información difundida por SDP Noticias, el procedimiento se encuentra integrado en el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa 013/2026. La Unidad Especializada en Investigación y Auditoría Forense de la ASF solicitó al titular de la dependencia mexiquense entregar documentación mediante el oficio UE-IAF/DGIA/0017/2026.

La revisión incluye las condiciones bajo las cuales se estableció el contrato, las características del helicóptero y los elementos relacionados con su adquisición. El objetivo será determinar si en el procedimiento se registraron irregularidades administrativas y si la operación pudo provocar alguna afectación al patrimonio público.

Uno de los puntos bajo análisis corresponde a la antigüedad y condiciones de la aeronave. El helicóptero, identificado con la matrícula XC-PEM, fue presentado por las autoridades del Estado de México el pasado 22 de junio como una aeronave de última generación. Sin embargo, SDP Noticias reportó que se trata de una unidad de la década de 1980 sometida posteriormente a un proceso de remanufactura.

A ello se suma el monto destinado a la compra. La información publicada señala que la SSEM desembolsó 170 millones de pesos por el Black Hawk, mientras que un helicóptero nuevo de este tipo puede alcanzar un precio de entre 15 y 20 millones de dólares, de acuerdo con las cifras referidas por el propio medio.

La comparación entre el monto pagado y las condiciones de la unidad será uno de los factores que deberá considerar la ASF durante su investigación. El órgano fiscalizador tendrá que establecer si el precio acordado resulta consistente con las características técnicas, antigüedad y estado de la aeronave adquirida.

SDP Noticias también identifica al ciudadano israelí Samuel Avishai Neriah como intermediario de la operación. Según el medio, Neriah tiene antecedentes en negocios vinculados con tecnología de seguridad y ha sido relacionado con investigaciones sobre la comercialización del software Pegasus durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

La publicación refiere además la existencia de documentos correspondientes a un arbitraje judicial en Israel que, según el medio, contienen información sobre acuerdos entre Neriah y Uri Ansbacher para la distribución de oportunidades relacionadas con contrataciones públicas en México. Estos antecedentes se suman a los elementos alrededor de la adquisición que se encuentra bajo revisión.

La investigación de la ASF deberá avanzar con el análisis de los documentos requeridos y las diligencias que considere necesarias antes de establecer si existen responsabilidades administrativas. De acuerdo con el medio informativo, el procedimiento también podría concluir con sanciones administrativas o con la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en caso de encontrarse elementos para ello.

La existencia del expediente no supone, por sí misma, que se hayan acreditado irregularidades ni responsabilidades de funcionarios o particulares. Será la ASF la encargada de determinar, al término de la investigación, si existió alguna conducta administrativa sancionable o un posible daño al patrimonio público.

El cargo Samuel Neriah aparece en compra de helicóptero investigado por la ASF apareció primero en La Chispa de Estado de México.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) requirió información sobre 19 aspectos relacionados con la compra de un helicóptero Black Hawk realizada por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), encabezada por Cristóbal Castañeda Camarillo, como parte de una investigación que busca esclarecer las condiciones administrativas y financieras de la operación.

De acuerdo con información difundida por SDP Noticias, el procedimiento se encuentra integrado en el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa 013/2026. La Unidad Especializada en Investigación y Auditoría Forense de la ASF solicitó al titular de la dependencia mexiquense entregar documentación mediante el oficio UE-IAF/DGIA/0017/2026.

La revisión incluye las condiciones bajo las cuales se estableció el contrato, las características del helicóptero y los elementos relacionados con su adquisición. El objetivo será determinar si en el procedimiento se registraron irregularidades administrativas y si la operación pudo provocar alguna afectación al patrimonio público.

Uno de los puntos bajo análisis corresponde a la antigüedad y condiciones de la aeronave. El helicóptero, identificado con la matrícula XC-PEM, fue presentado por las autoridades del Estado de México el pasado 22 de junio como una aeronave de última generación. Sin embargo, SDP Noticias reportó que se trata de una unidad de la década de 1980 sometida posteriormente a un proceso de remanufactura.

A ello se suma el monto destinado a la compra. La información publicada señala que la SSEM desembolsó 170 millones de pesos por el Black Hawk, mientras que un helicóptero nuevo de este tipo puede alcanzar un precio de entre 15 y 20 millones de dólares, de acuerdo con las cifras referidas por el propio medio.

La comparación entre el monto pagado y las condiciones de la unidad será uno de los factores que deberá considerar la ASF durante su investigación. El órgano fiscalizador tendrá que establecer si el precio acordado resulta consistente con las características técnicas, antigüedad y estado de la aeronave adquirida.

SDP Noticias también identifica al ciudadano israelí Samuel Avishai Neriah como intermediario de la operación. Según el medio, Neriah tiene antecedentes en negocios vinculados con tecnología de seguridad y ha sido relacionado con investigaciones sobre la comercialización del software Pegasus durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

La publicación refiere además la existencia de documentos correspondientes a un arbitraje judicial en Israel que, según el medio, contienen información sobre acuerdos entre Neriah y Uri Ansbacher para la distribución de oportunidades relacionadas con contrataciones públicas en México. Estos antecedentes se suman a los elementos alrededor de la adquisición que se encuentra bajo revisión.

La investigación de la ASF deberá avanzar con el análisis de los documentos requeridos y las diligencias que considere necesarias antes de establecer si existen responsabilidades administrativas. De acuerdo con el medio informativo, el procedimiento también podría concluir con sanciones administrativas o con la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en caso de encontrarse elementos para ello.

La existencia del expediente no supone, por sí misma, que se hayan acreditado irregularidades ni responsabilidades de funcionarios o particulares. Será la ASF la encargada de determinar, al término de la investigación, si existió alguna conducta administrativa sancionable o un posible daño al patrimonio público.

El cargo Samuel Neriah aparece en compra de helicóptero investigado por la ASF apareció primero en La Chispa de Estado de México.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene bajo observación un monto superior a los mil millones de pesos correspondientes al último año de gestión de Alfredo Del Mazo en el Estado de México. Según el Sistema Público de Consulta de Auditorías, estos recursos federales transferidos en 2023 presentan anomalías que la administración estatal no ha logrado solventar hasta la fecha.

De acuerdo con una investigación de Reporte Índigo, el órgano fiscalizador determinó que mil 64 millones de pesos permanecen en la categoría de montos por recuperar o aclarar. La cifra forma parte de un universo original de observaciones que superó los 2 mil 586 millones de pesos durante el cierre del pasado gobierno mexiquense.

El pliego de observaciones vigente se divide en tres partidas críticas. La más cuantiosa alcanza los 921.7 millones de pesos, seguida de dos registros adicionales por 95.9 y 46.8 millones de pesos respectivamente. Estos montos carecen de documentación comprobatoria que avale la recepción de bienes o la prestación de servicios contratados con participaciones federales.

La fiscalización detectó que el gobierno de Del Mazo transfirió recursos a diversos entes, como el Poder Judicial local y múltiples ayuntamientos, sin dejar evidencia del destino final del gasto. La ASF identificó incongruencias severas entre la información financiera de las autoridades y los registros físicos existentes en los archivos estatales.

Un foco rojo específico aparece en la gestión de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM). La auditoría señala un faltante de 623 millones de pesos en esta dependencia, la cual firmó 81 contratos por más de 752 millones de pesos bajo la justificación de mitigar la crisis hídrica en la entidad.

A pesar de la millonaria inversión en infraestructura y perforación de pozos, el impacto social resultó nulo. Municipios como Ecatepec, Naucalpan, Chimalhuacán y Toluca mantienen niveles de desabasto críticos y una contaminación creciente en los mantos acuíferos por sustancias tóxicas como mercurio y cianuro.

En el último ejercicio de la dinastía priista en el Estado de México, la administración estatal también erogó recursos en consultorías externas. Destaca el pago de 185 millones de pesos al Despacho Ramírez y Asociados para realizar una auditoría de sus propios estados financieros, gasto que no evitó las observaciones federales actuales.

Otros contratos relevantes bajo la lupa incluyen la compra de medicamentos por 165 millones de pesos a la empresa Medical Pharmaceutica y obras viales por 100 millones de pesos. Estas contrataciones se realizaron en un contexto de bajo perfil mediático por parte del entonces gobernador Del Mazo Maza.

Hasta abril de 2026, el destino de esta bolsa de recursos públicos federales permanece incierto. El Sistema de la Auditoría indica que solo se recuperaron poco más de cuatro mil pesos durante el proceso de revisión, lo que deja el boquete financiero prácticamente intacto.

Mientras el exmandatario mantiene una presencia mínima en la escena pública, los expedientes de la cuenta pública 2023 siguen abiertos. La ASF espera la aclaración de estos recursos que, por ley, deben ser restituidos a la hacienda federal si no se presenta la evidencia documental correspondiente.

El cargo ASF detecta irregularidades por más de mil millones de pesos en último año de Alfredo Del Mazo apareció primero en La Chispa de Estado de México.