Redacción

La disputa por los espacios para las romerías de los mercados públicos de Benito Juárez escaló a una confrontación entre comerciantes y la administración de Luis Mendoza, luego de que Édgar Mendieta comenzara a movilizar a locatarios inconformes con las autorizaciones otorgadas por la alcaldía.

De acuerdo con testimonios recabados y material audiovisual en poder de este medio, Mendieta presiona a comerciantes para participar en protestas contra el gobierno de la demarcación, mientras utiliza como eje de la inconformidad la asignación de espacios para las actividades comerciales.

Sin embargo, el conflicto tiene un elemento administrativo que ha quedado fuera del discurso de las movilizaciones: quienes no fueron autorizados para instalarse no pudieron acreditar la titularidad de un local dentro del mercado mediante la documentación correspondiente.

Entre los documentos que acreditan la condición de locatario se encuentra la cédula de empadronamiento, cuya regularización forma parte de los trabajos que autoridades capitalinas y la alcaldía han realizado para dar certeza jurídica a los comerciantes.

El problema, de acuerdo con locatarios consultados, es que Mendieta pretende que se permita la instalación de personas que no acreditan ser titulares de espacios dentro de los mercados, aun cuando la administración debe verificar previamente quién tiene derecho a ocuparlos.

El conflicto no es nuevo. En septiembre, representantes de los 16 mercados públicos de Benito Juárez se deslindaron de Mendieta y establecieron que no cuenta con autorización para realizar gestiones o asumir compromisos a nombre de los comerciantes. Más de 200 locatarios respaldaron ese posicionamiento.

A pesar de ello, el dirigente mantiene las movilizaciones y cuestionamientos contra funcionarios de la alcaldía.

El conflicto alcanzó también a Miriam Castañeda, funcionaria relacionada con la atención de los mercados, quien ha sido señalada en mensajes difundidos dentro de grupos de WhatsApp de comerciantes. De acuerdo con testimonios y capturas en poder de este medio, desde esos espacios se han promovido expresiones de confrontación contra la servidora pública.

Mientras tanto, la alcaldía sostiene el proceso administrativo para determinar quién puede ocupar los espacios y bajo qué condiciones.

La disputa, así, dejó de ser únicamente por una romería: es también una confrontación sobre quién acredita el derecho a vender, quién representa a los comerciantes y hasta dónde puede llegar la presión de un dirigente para modificar una decisión administrativa.

El cargo Romerías desatan pleito en Benito Juárez apareció primero en La Chispa de Estado de México.

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No hay respaldo de los mercados públicos de Benito Juárez a las acusaciones de supuestos cobros millonarios para regularizar puestos que ha difundido Édgar Mendieta González. Más de 200 comerciantes se deslindaron de sus declaraciones y negaron que tenga facultades para hablar o actuar en su nombre.

El señalamiento de los locatarios ocurre después de que Mendieta afirmara que presuntamente se les habían solicitado 350 mil pesos por una cédula y 250 mil pesos adicionales por cada puesto para mantener anexos vinculados con la venta de flores.

Frente a esa versión, los representantes de los 16 mercados públicos de la alcaldía establecieron una postura distinta: Mendieta no es su portavoz y sus acusaciones contra funcionarios, autoridades y mesas directivas no representan al gremio.

La separación quedó formalizada en un documento entregado al alcalde Luis Mendoza por Héctor Santos León Castillo, representante de secretarios generales y mesas directivas. En él se notificó el desconocimiento y revocación de cualquier poder, mandato o autorización que hubiera permitido a Mendieta realizar gestiones a nombre de los comerciantes.

El escrito también precisa que no está facultado para firmar documentos, contraer obligaciones, realizar trámites o presentarse ante autoridades en representación de los locatarios.

A esta postura se sumaron comerciantes del Mercado Público número 30, Portales Zona. Más de 30 locatarios suscribieron un pronunciamiento para negar que Mendieta tenga autorización para asumirse como vocero de ese centro de abasto.

Los firmantes señalaron que las declaraciones y acciones del hombre corresponden únicamente a él y a quienes voluntariamente decidan acompañarlo, por lo que rechazaron que sus señalamientos sean presentados como una posición colectiva.

El origen de la disputa está relacionado con la participación de algunos comerciantes en la romería. De acuerdo con los locatarios, las personas a las que Mendieta respalda no han acreditado plenamente su calidad de comerciantes ni cumplido con las disposiciones necesarias para ocupar esos espacios.

Por ello, pidieron que cualquier controversia sea resuelta mediante los mecanismos administrativos correspondientes y cuestionaron que se pretenda solucionar el conflicto mediante movilizaciones, presiones o enfrentamientos.

Un representante cuestionado

Los comerciantes también marcaron distancia frente al entorno de Mendieta. El señalado como vocero mantiene una relación sentimental con Evelyn Angélica García Mejía, quien fue detenida en mayo junto con presuntos integrantes de La Unión Tepito. En ese operativo se reportó el aseguramiento de marihuana, cocaína, cristal, dinero y teléfonos.

El Movimiento Plural de Comerciantes de Mercados Públicos, al que pertenece Mendieta, también ha sido objeto de señalamientos públicos por una presunta vinculación con extorsiones a comerciantes. Dichas acusaciones, al igual que las realizadas por Mendieta sobre supuestos cobros, deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.

Mientras tanto, los locatarios de Benito Juárez expresaron su respaldo a la administración de Luis Mendoza y destacaron la atención brindada a las necesidades de los mercados.

Con los documentos presentados ante la alcaldía, los comerciantes buscan evitar que las acciones de Mendieta sean interpretadas como decisiones del gremio y establecen que ninguna persona puede asumirse como representante de los mercados sin contar con el aval expreso de sus locatarios.

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