Pese a que la Universidad depositó a la empresa el monto habitual del mes, el error se originó durante el proceso de dispersión en solo algunas tarjetas, indicaron fuentes universitarias.

“La UANL depositó a la empresa lo correspondiente al mes; la empresa, cuando hace la dispersión del dinero, en algunas tarjetas, no en todas, depositó hasta de 10 a 15 veces lo que les correspondía”, señaló una fuente.

Ante el depósito programado de los bonos de marzo, los trabajadores de la UANL detectaron montos inusuales en sus tarjetas al revisar sus estados de cuenta, ya que este se adelantó debido a las vacaciones de Semana Santa.

“Desde la madrugada muchos empleados empezaron a ver sus estados de cuenta, porque sabían que hoy se les depositaría los bonos de marzo, ya que se atraviesan las vacaciones de Semana Santa. Ahí se sorprendieron y comenzaron a preguntar en nóminas”, explicó.

Las tarjetas involucradas fueron bloqueadas temporalmente y los montos correctos comenzaron a ajustarse alrededor de las 10:00 horas, cuando la empresa corrigió la situación, de acuerdo con la misma fuente. “Ya están ajustando las tarjetas y los montos directamente la empresa”, indicó. Asimismo, se indicó que los empleados que hicieron uso de los recursos adicionales tendrían que reponerlos.

La rectora Karla Planter Pérez indicó que hasta 17 mil trabajadores podrían estar afectados, ante los problemas que incluyeron rechazos de pago, cargos duplicados y dificultades para utilizar el saldo, lo que generó inconformidad entre el personal, según autoridades universitarias, por lo que la institución inició un diálogo con la empresa para atender las irregularidades.

El cargo Más de 14 mil tarjetas en UANL registran montos irregulares por falla en dispersión apareció primero en La Chispa de Estado de México.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) solicitó información a un usuario para indagar la sustracción de recursos de su tarjeta de teletrabajo operada por la firma Servicios Broxel, en un caso que se suma a múltiples inconformidades expresadas en redes sociales sobre el funcionamiento y la atención de la empresa.

La denuncia fue difundida en redes sociales por el afectado, quien señaló que en enero su tarjeta de teletrabajo quedó sin saldo tras la desaparición de 3 mil 412 pesos, sin aviso previo ni explicación. El usuario indicó que, tras presentar una inconformidad, la empresa respondió un mes después que el reclamo no procedía y que el manejo de los recursos debía revisarse con la institución que realizaba los depósitos.

El problema, explicó el afectado, es que los recursos provenían del Instituto Federal de Telecomunicaciones, un órgano autónomo federal que dejó de operar el programa en octubre de 2025 por lo que actualmente no existe una instancia administrativa a la cual acudir. La tarjeta era utilizada para el pago de servicios básicos como luz, internet y telefonía.

Tras la publicación del caso, la Condusef respondió públicamente al usuario, solicitándole enviar la información por mensaje privado para revisar la situación y brindarle orientación. Cabe destacar que la información oficial del programa Tengo Vales, disponible en el sitio de Broxel, se señala que el saldo disponible no tiene fecha de vencimiento.

El caso no es aislado. En los últimos días, usuarios han expresado en X diversas quejas contra la empresa, principalmente por fallas en la aplicación, dificultades para registrar tarjetas, demoras en la atención telefónica y problemas para consultar saldos o realizar operaciones. Algunos reportes señalan tiempos de espera de hasta una hora en el servicio de atención y errores recurrentes en los procesos de verificación.

Las inconformidades surgen en un contexto en el que Broxel mantiene presencia en distintos programas públicos y privados de dispersión de recursos y servicios financieros. La acumulación de reportes ciudadanos ha incrementado el escrutinio sobre la calidad del servicio y los mecanismos de atención a usuarios.

Recientemente, la empresa también ha sido objeto de cuestionamientos en Jalisco, donde fue contratada para operar la “Tarjeta Única” del sistema de transporte público, esquema que implica el registro y tratamiento de datos personales y biométricos de los usuarios. El programa contempla hasta cinco millones de tarjetas con vigencia hasta 2030.

Además, a nivel federal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mantiene bajo revisión una licitación relacionada con vales electrónicos adjudicada a la compañía en medio de señalamientos por fallas en la captura económica de la propuesta de Broxel y riesgos operativos en la entrega de los apoyos.

En su historial figuran sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por incumplir disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero y por proporcionar información falsa e incompleta. Estos antecedentes se suman a los cuestionamientos recientes sobre la operación y el servicio de la empresa.

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El procedimiento, organizado por la Secretaría de Hacienda, operó este año bajo reglas distintas. La dependencia eliminó el esquema de subasta inversa que funcionó durante seis años y lo sustituyó por un formato de oferta única. Con ello, cada participante debió subir una sola propuesta económica sin oportunidad de modificarla en tiempo real.

La convocatoria también fijó un descuento inicial obligatorio de 2.75%. Esta condición redujo el monto base —10 mil 337 millones 990 mil pesos— a un Precio Máximo de Referencia de 10 mil 053 millones 695 mil pesos, parámetro que definió el techo de las propuestas.

Solo dos empresas se presentaron en esta edición. Broxel ofreció un descuento de 3.01% y Toka Internacional uno de 2.84%. En el caso de Broxel, la plataforma mostró en ceros los apartados donde corresponde capturar el precio unitario, el importe sin impuestos y el total de la oferta económica, información que debe coincidir con el documento PDF cargado por el licitante.

Fuentes del sector señalaron que un proceso consolidado previo registró un escenario similar: un proveedor obtuvo la adjudicación aun cuando la plataforma mostraba valores en ceros en los campos obligatorios. Ese antecedente incrementó la atención sobre el criterio que aplicará ahora la autoridad al determinar el fallo.

Esta licitación incorporó además un ajuste logístico. El tiempo para entregar las tarjetas electrónicas se redujo a cinco días naturales, en contraste con los 10 días hábiles establecidos anteriormente. En caso de resultar adjudicatario, el proveedor deberá distribuir 800 mil tarjetas en más de 2 mil 100 puntos del país en ese plazo.

La operación exige también capacidad financiera para adelantar más de 10 mil millones de pesos en un periodo corto. Broxel participa de forma paralela en contratos de gran escala, como el de vales del Gobierno de la Ciudad de México y otros programas federales que representan compromisos por varios miles de millones de pesos.

Especialistas consultados explicaron que los tiempos acotados elevan la probabilidad de errores en la personalización, activación o distribución de las tarjetas. Una falla en cualquiera de esos procesos afectaría la entrega de vales de fin de año a cientos de miles de trabajadores federales y la operación regular de más de 200 dependencias.

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