Pese a años de investigaciones y multas por prácticas anticompetitivas, siete grupos empresariales continúan dominando el mercado del gas LP en México y conservan contratos millonarios con dependencias públicas.

Entre las empresas señaladas se encuentran Tomza, Uribe, Global Gas, Soni, Simsa, Gas Metropolitano y Gas Express Nieto, compañías que, según la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), establecieron una red de colusión que impuso precios, dividió territorios y eliminó la competencia en distintas regiones del país.

Una investigación publicada por El CEO detalla que la Cofece examinó a estas empresas entre 2017 y 2022, y documentó una estructura que afectó de forma directa a los consumidores. El organismo estimó que, entre 2009 y 2019, los acuerdos ilegales de estas firmas provocaron un daño económico de 12 mil 566 millones de pesos en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Pese a las sanciones, las mismas compañías continúan beneficiándose de contratos con el sector público. En 2025, el ISSSTE asignó 109.2 millones de pesos a G.G. Gas, filial del Grupo Global Gas, mientras que el IMSS mantiene adjudicaciones con el Grupo Tomza. La permanencia de estos contratos exhibe la debilidad institucional en la vigilancia del mercado energético y la falta de transparencia en las licitaciones.

El tema volvió al centro del debate tras la explosión de una pipa de gas LP perteneciente a Tomza, ocurrida en Iztapalapa, donde 32 personas murieron. El siniestro impulsó al gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada, a publicar un decreto el 2 de octubre que regula el transporte de hidrocarburos y busca abrir el mercado a nuevos operadores. Aun así, especialistas cuestionan la eficacia de la medida y su alcance real.

El gas LP continúa como una fuente esencial de energía para millones de hogares, pero su mercado permanece cerrado y bajo el control de los mismos actores. La eventual desaparición de organismos como la Cofece y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), absorbidos por el Ejecutivo Federal, genera dudas sobre la imparcialidad en la regulación del sector.

Mientras el gobierno promete mayor competencia, los siete grupos más poderosos del gas LP siguen concentrando contratos, influencia y control sobre un servicio indispensable, mientras los consumidores enfrentan las consecuencias económicas de esa concentración.

El cargo Grupos gaseros mantienen el control del mercado pese a sanciones apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Por Víctor Hugo Arteaga

Cancún, Quintana Roo, octubre 26 (XPFM).- La empresa de transporte marítimo Ultramar -principal operadora de rutas entre Cancún, Isla Mujeres, Playa del Carmen y Cozumel- arrastra un largo historial negro.
Son constantes las denuncias públicas por el servicio y precios elevados, saturación de pasajeros, abusos y cobros indebidos, problemas en las instalaciones y discriminación, así como constantes violaciones a normas federales.

El monopolio del transporte de pasajeros marítimo de Quintana Roo se encuentra en un largo proceso de descomposición empresarial.

Con más de 2.5 millones de usuarios anuales, Ultramar enfrenta un creciente escrutinio público y legal que pone en duda su reputación y estabilidad operativa en Quintana Roo.
En los últimos meses y años, la empresa de transporte marítimo ha sido objeto de múltiples denuncias y quejas públicas.

Ciudadanos inconformes

De acuerdo con los testimonios, los usuarios señalan diversas irregularidades en el servicio que ofrece la compañía, especialmente en rutas populares como Puerto Juárez–Isla Mujeres.

Entre las principales quejas destacan el mal servicio al cliente y los precios elevados de los boletos; además, se ha denunciado la saturación de pasajeros en algunas embarcaciones, sin respetar las medidas de sana distancia, situación que generó especial preocupación durante el periodo de pandemia.

Algunos usuarios también acusan abusos y cobros indebidos, señalando la venta de servicios a bordo —como la renta de carritos de golf— a precios inflados.

En distintos foros en línea se han reportado problemas con las instalaciones y presuntos casos de estafa en los muelles. Asimismo, un usuario denunció un incidente de discriminación por parte de un miembro de la tripulación.

Finalmente, en 2023, un grupo de transportistas federales acusó a la empresa de haberlos expulsado del estacionamiento del muelle de Ultramar en Puerto Juárez, lo que generó inconformidad entre los trabajadores del sector.

En el ojo federal

Por si no fuera suficiente, la empresa marítima ha enfrentado múltiples revisiones por parte de autoridades federales, así como denuncias de usuarios, lo que evidencia un proceso de supervisión y cuestionamientos sobre su operación en la región.

Dependencias federales han realizado inspecciones y revisiones enfocadas en aspectos ambientales, sanitarios, de competencia económica y protección al consumidor.

Por ejemplo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha sancionado a Ultramar en varias ocasiones. En 2015, evaluó posibles irregularidades en el muelle de Playa del Carmen, mientras que en 2020 impuso medidas correctivas por la remoción y relleno de manglares en el Malecón Tajamar, exigiendo la restauración de 7.2 hectáreas afectadas.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios suspendió un barco en la ruta Playa del Carmen–Cozumel en 2025 por incumplir normas sanitarias y exceder la capacidad de pasajeros; y en 2020, multó a la empresa por no respetar la sana distancia durante la pandemia, permitiendo que los barcos operaran con más del 100 % de su aforo.

La Comisión Federal de Competencia Económica abrió en 2024 una investigación junto con la empresa Winjet para determinar posibles prácticas monopólicas en el mercado del transporte marítimo en Quintana Roo.

Y la Procuraduría Federal del Consumidor revisó en 2019 las tarifas de Ultramar tras denuncias de aumentos superiores al 200 % en los boletos de Playa del Carmen, verificando que los precios exhibidos coincidieran con los cobrados efectivamente.

Estas acciones reflejan un control creciente de las autoridades sobre Ultramar y evidencian un contexto de cuestionamientos sobre su gestión, tanto en materia legal como en la atención al usuario y cumplimiento de normas.

Uno de los reveses más importantes para la compañía fue cuando la Comisión Federal de Competencia Económica negó la compra de la empresa por parte de Grupo Xcaret al considerar que la operación representaba un riesgo de concentración excesiva en el mercado.

De acuerdo con la resolución del organismo, la adquisición implicaba que Grupo Xcaret obtuviera el control de varias navieras que operan rutas estratégicas, entre ellas Puerto Juárez–Isla Mujeres, Zona Hotelera de Cancún–Isla Mujeres y Playa del Carmen–Cozumel.

El resolutivo emitido en agosto de 2024 se basó en un estudio de mercado que mostró que más de 2.5 millones de usuarios anuales dependen de estas rutas para su movilidad, por lo que mantener la competencia es esencial para garantizar tarifas accesibles y un servicio eficiente.

Escándalos sin freno

Durante el presente año, Ultramar enfrenta nuevos cuestionamientos por incidentes recientes que han afectado tanto a pasajeros como a empleados y empresarios locales.

En enero, más de 300 pasajeros quedaron varados en el cruce Isla Mujeres–Cancún debido a una falla mecánica en una de sus embarcaciones.

Aunque la empresa desplegó embarcaciones de apoyo, la situación generó caos y preocupación entre los usuarios, algunos de los cuales recurrieron al 911 para pedir ayuda.

A ello se suman conflictos laborales, como el ocurrido en septiembre, cuando empleados de Ultramar iniciaron un paro por falta de pago de sus quincenas, situación que la empresa atribuyó a bloqueos de cuentas por parte del gobierno municipal de Isla Mujeres.

Empresarios locales denunciaron restricciones arbitrarias para el transporte de carga en los ferries, mientras que taxistas en Playa del Carmen han protestado contra la competencia desleal de operadores autorizados por la compañía.

Toda esta larga fila de hechos evidencian que Ultramar continúa enfrentando problemas operativos, administrativos y legales que afectan su reputación.

La mala fama arrastra el grupo empresarial.

El cargo Ultramar, una estela de escándalos apareció primero en La Chispa de Estado de México.