De acuerdo con una investigación publicada por Latinus, empresas de Corporativo Kosmos, propiedad de la familia Landsmanas, han obtenido más de 4 mil millones de pesos en contratos durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, principalmente a través de Producto Serel y La Cosmopolitana, proveedoras de alimentos para hospitales, comedores y dependencias federales.

Tanto Producto Serel como La Cosmopolitana formaron parte de las cadenas de suministro del programa venezolano CLAP, esquema señalado por autoridades estadounidenses como una estructura utilizada para operaciones de lavado de dinero y sobreprecios vinculada a Alex Saab.

Según documentos citados por Latinus, la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana investigó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador movimientos financieros relacionados con las operaciones hacia Venezuela. Entre los hallazgos se encuentran operaciones por más de 393 millones de dólares y alrededor de 39 mil millones de pesos asociadas a La Cosmopolitana y otras firmas ligadas al grupo empresarial.

El columnista Raymundo Riva Palacio publica este viernes en El Financiero que un empresario mexicano cercano al esquema de Saab continúa bajo la mira de autoridades estadounidenses y mexicanas. Aunque la columna no menciona explícitamente a Jack Landsmanas Stern cabeza del Corporativo Kosmos, describe a un grupo empresarial que monopolizó durante años el suministro alimentario en cárceles mexicanas y que posteriormente expandió sus negocios durante la llamada Cuarta Transformación.

Riva Palacio sostiene que las investigaciones estadounidenses alrededor de Saab ahora se encuentran enmarcadas en la clasificación del llamado Cártel de los Soles como organización terrorista, lo que habría ampliado el alcance de las pesquisas hacia personas y empresas relacionadas con la red de negocios del exfuncionario venezolano.

En la trama de los CLAP también aparece El Sardinero, de Jorge Carlos Fernández Francés, identificada en investigaciones de Armando.info, EL PAÍS y reportes de la UIF como uno de los principales operadores logísticos de las cajas CLAP desde México.

Diversos reportajes documentaron que desde bodegas de El Sardinero en el Estado de México se armaban y exportaban despensas destinadas al programa venezolano. La empresa habría funcionado como integradora de productos alimenticios adquiridos a fabricantes mexicanos para posteriormente enviarlos a Venezuela mediante intermediarios ligados a Group Grand Limited, firma señalada como pieza central de la estructura financiera de Saab.

Investigaciones periodísticas publicadas desde 2018 señalaron además que la entonces PGR y posteriormente la UIF rastrearon operaciones financieras relacionadas con exportaciones de alimentos, sobreprecios y presuntos mecanismos de triangulación internacional entre México, Hong Kong y Turquía.

Tanto Corporativo Kosmos como El Sardinero han rechazado haber participado en actividades ilícitas y han sostenido públicamente que sus operaciones comerciales se realizaron conforme a la legislación mexicana y bajo contratos legales de exportación.

La reaparición del caso ocurre en un contexto particularmente delicado para las relaciones entre México y Venezuela, luego de que Saab fuera nuevamente entregado a autoridades estadounidenses y retomaran fuerza las investigaciones sobre las redes empresariales que participaron en el programa CLAP, uno de los mayores escándalos de corrupción alimentaria vinculados al régimen de Maduro.

El cargo Contratistas mexicanos en la red CLAP de Venezuela apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Fabiola del Carmen Guerra Abreu, jueza Tercera del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Segundo Distrito Judicial de Campeche, fue señalada en la denuncia que va dirigida al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; a Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno; a Jakson Villacis Rosado, fiscal General del Estado: y autoridades estatales, como presunta integrante de la red criminal.

Juan Carlos Del Río, ex candidato a la gubernatura de Campeche por Acción Nacional, quien es descrito en el documento como cercano a Felipe Calderón y Margarita Zavala, es señalado como líder de la red de extorsión organizada. El escrito detalla que su modus operandi incluye la falsificación de órdenes de compra para presentar facturas falsas a proveedores de Pemex, iniciar procesos penales y, en colaboración con jueces locales, presionar legalmente a las empresas para exigir pagos por servicios inexistentes, aprovechándose de la crisis de pagos en el sector energético.

Para garantizar transparencia en el caso, sin interferencias políticas o de intereses particulares, la acusación solicita la intervención de la Fiscalía Anticorrupción y una auditoría integral completa de los contratos otorgados por Pemex a las empresas relacionadas con los denunciados. Además, exige una investigación exhaustiva contra los hermanos Del Río y la jueza local, así como su vinculación a proceso mediante acciones legales y administrativas pertinentes.

Denuncian a Juan Carlos del Río por presunta estafa en Campeche

Además de las acusaciones en su contra, el documento detalla que Juan Carlos del Río tiene participación en 19 empresas, entre ellas Aquaservices del Golfo, Becal Inmobiliaria y Constructora, Comercializadora Rigon, Grupo Constructor del Carmen, Grupo Gadesa, Inmobiliaria y Constructora Kan-Pech, Logista Comercial Integrada, Petroexport de México y varias promotoras turísticas localizadas en Veracruz.

Según declaraciones de noviembre de 2024, el ex miembro del PAN afirmó ante los medios que Ciudad del Carmen estaba al borde del colapso debido a los adeudos de Pemex. Del Río González mencionó que, como empresario, enfrentaba retrasos de hasta 10 meses en los pagos por parte de la empresa productiva del Estado.

Ingenieros Electrónicos Civiles y Eléctricos, la empresa de Juan Carlos del Río, habría promovido una serie de litigios contra compañías y personas físicas, detalla la denuncia. El texto advierte que la jueza Tercera del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Segundo Distrito Judicial de Campeche, Fabiola del Carmen Guerra Abreu, sería una pieza clave en estos casos debido a su relación de complicidad con Del Río.

Entre las resoluciones más polémicas emitidas por Guerra Abreu, según se expone, destaca la no vinculación a proceso de Darguin Santiago Nah Echeverría, ex director del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Carmen, y de 16 custodios del penal, acusados por la Fiscalía Anticorrupción de lesiones y abuso de autoridad. Esta acción fue calificada por el abogado Miguel Cicler Pérez como un significativo revés para dicha fiscalía.

A pesar de los antecedentes descritos, la adquisición de coples magnéticos para motobombas fue el propósito del contrato 648024601, asignado en marzo de 2024 por Pemex Exploración y Producción a la empresa de Juan Carlos del Río y Arrendadora Acalsi por un monto de 52 millones 830 mil 238 pesos.

El cargo Denuncian a Juan Carlos del Río por presunta estafa contra contratistas de Pemex apareció primero en La Chispa de Estado de México.