La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene bajo observación un monto superior a los mil millones de pesos correspondientes al último año de gestión de Alfredo Del Mazo en el Estado de México. Según el Sistema Público de Consulta de Auditorías, estos recursos federales transferidos en 2023 presentan anomalías que la administración estatal no ha logrado solventar hasta la fecha.

De acuerdo con una investigación de Reporte Índigo, el órgano fiscalizador determinó que mil 64 millones de pesos permanecen en la categoría de montos por recuperar o aclarar. La cifra forma parte de un universo original de observaciones que superó los 2 mil 586 millones de pesos durante el cierre del pasado gobierno mexiquense.

El pliego de observaciones vigente se divide en tres partidas críticas. La más cuantiosa alcanza los 921.7 millones de pesos, seguida de dos registros adicionales por 95.9 y 46.8 millones de pesos respectivamente. Estos montos carecen de documentación comprobatoria que avale la recepción de bienes o la prestación de servicios contratados con participaciones federales.

La fiscalización detectó que el gobierno de Del Mazo transfirió recursos a diversos entes, como el Poder Judicial local y múltiples ayuntamientos, sin dejar evidencia del destino final del gasto. La ASF identificó incongruencias severas entre la información financiera de las autoridades y los registros físicos existentes en los archivos estatales.

Un foco rojo específico aparece en la gestión de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM). La auditoría señala un faltante de 623 millones de pesos en esta dependencia, la cual firmó 81 contratos por más de 752 millones de pesos bajo la justificación de mitigar la crisis hídrica en la entidad.

A pesar de la millonaria inversión en infraestructura y perforación de pozos, el impacto social resultó nulo. Municipios como Ecatepec, Naucalpan, Chimalhuacán y Toluca mantienen niveles de desabasto críticos y una contaminación creciente en los mantos acuíferos por sustancias tóxicas como mercurio y cianuro.

En el último ejercicio de la dinastía priista en el Estado de México, la administración estatal también erogó recursos en consultorías externas. Destaca el pago de 185 millones de pesos al Despacho Ramírez y Asociados para realizar una auditoría de sus propios estados financieros, gasto que no evitó las observaciones federales actuales.

Otros contratos relevantes bajo la lupa incluyen la compra de medicamentos por 165 millones de pesos a la empresa Medical Pharmaceutica y obras viales por 100 millones de pesos. Estas contrataciones se realizaron en un contexto de bajo perfil mediático por parte del entonces gobernador Del Mazo Maza.

Hasta abril de 2026, el destino de esta bolsa de recursos públicos federales permanece incierto. El Sistema de la Auditoría indica que solo se recuperaron poco más de cuatro mil pesos durante el proceso de revisión, lo que deja el boquete financiero prácticamente intacto.

Mientras el exmandatario mantiene una presencia mínima en la escena pública, los expedientes de la cuenta pública 2023 siguen abiertos. La ASF espera la aclaración de estos recursos que, por ley, deben ser restituidos a la hacienda federal si no se presenta la evidencia documental correspondiente.

El cargo ASF detecta irregularidades por más de mil millones de pesos en último año de Alfredo Del Mazo apareció primero en La Chispa de Estado de México.

De acuerdo con los fragmentos difundidos, la llamada habría sido realizada por Baltazar Martínez Ríos, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y alcalde con licencia de Cerralvo, quien presuntamente actuó como intermediario ante un directivo de la empresa. En uno de los extractos se escucha que, según el secretario estatal de Medio Ambiente, Raúl Lozano, “se requiere un pago fuerte”, y se plantea la posibilidad de cubrirlo en parcialidades.

En la conversación también se menciona al director de Fiscalización del Servicio de Administración Tributaria de Nuevo León, Roberto Santos, y al secretario general de Gobierno, Miguel Flores, como parte de las gestiones para que la empresa pudiera “alinearse”. Matrimar ha sostenido previamente que el monto solicitado rondaría los 50 millones de pesos para permitir su operación.

La difusión del audio se da tras una serie de actuaciones administrativas contra la compañía. El 11 de febrero, autoridades estatales acudieron de madrugada a colocar sellos de clausura y, posteriormente, personal de la Secretaría de Medio Ambiente realizó nuevas visitas a las instalaciones. La empresa informó que obtuvo suspensiones y amparos federales con los que busca revertir las medidas.

En comunicados públicos, Matrimar ha acusado al gobierno estatal de ejercer “extorsión disfrazada de acoso institucional” y ha afirmado que sus operaciones han sido auditadas durante años sin que se hayan acreditado irregularidades. La paralización de la planta, asegura, afecta a más de 500 familias.

El caso se inserta en un entorno de tensiones entre la administración estatal y sectores productivos. Desde 2022 se aplican en Nuevo León los llamados impuestos verdes a emisiones, descargas y extracción de materiales pétreos, esquema que ha sido impugnado por empresas del ramo. En diciembre de 2025, más de 60 cámaras empresariales rechazaron el aumento del Impuesto Sobre Nómina del 3% al 4% aprobado en el Paquete Fiscal 2026, al advertir impactos en inversión y empleo, en un contexto de mayores requerimientos presupuestales vinculados a obras de infraestructura para la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la que el estado será sede.

El cargo Audio difundido vincula presunto cobro millonario a pedrera en disputa con gobierno de Nuevo León apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Este lunes se daría el fallo de la licitación EA-913003989-N879-2025, convocada por la Oficialía Mayor del Gobierno de Hidalgo, para el arrendamiento de 80 autobuses para los próximos 2 años que serán integrados a la flotilla del Tuzobús a partir del próximo año 2026, que de acuerdo a denuncias estaría direccionada presuntamente a la empresa Rommify Capital SA de CV, constituida el año 2020, pero que desde el 2022 tiene como socio o accionista principal a Juan Carlos Martínez Domínguez, uno de los personajes más oscuros que se ha mantenido vigente como proveedor desde los sexenios priistas de Francisco Olvera Ruiz y Omar Fayad Meneses, pese a que presentó la oferta más cara con $662,421,775.24 pesos.

Según documentos oficiales, Rommify Capital SA de CV fue constituida el 02 de octubre 2020 ante la fe de la Notaria Pública No. 21, María del Consuelo García Curiel, de Pachuca, siendo los socios originales la persona física Luis Ricardo Guinea Prado, y el otro socio es la razón social Green Movi SA de CV, una empresa que fue ampliamente beneficiada con contratos por más de 250 millones de pesos en la administración de Fayad Meneses.

Meses antes de la toma de posesión del morenista Julio Menchaca Salazar, como Gobernador de Hidalgo, registros de la Rommify Capital señalan que el 25 de mayo 2022, ingresó a la empresa como socio Juan Carlos Martínez Domínguez, quien tomó un total de 150 acciones, dejando a Guinea Prado, con 40; y a Green Movi, con solo 10 acciones de participación.

Martínez Domínguez, quien también aparece como socio en una red de empresas que han sido ampliamente beneficiadas con contratos en las administraciones anteriores, entre ellas: CELMILENIUM SA de CV,  Holy Cheese Food México SA de CV, Hermes Games SA de CV, Fibra OPCE SA de CV, Financiera Milenium SA de CV SOFOM ENR y Aero Servicios Ejecutivos RM SA de CV, entre otras, ha sido señalado e investigado por diversos medios locales por la venta a sobreprecio de tabletas electrónicas al gobierno de Hidalgo. Una de sus empresas vendió 15 mil tabletas electrónicas por 87 millones de pesos, pero una investigación de la UIF reveló que los aparatos tenían un costo real de casi 36 millones de pesos.

El empresario, también fue uno de los señalados en el esquema conocido como la “Estafa Siniestra”, que destapó Santiago Nieto cuando ocupó la FGE de Hidalgo, que implicó la simulación de contratos y servicios con empresas fantasma para desviar dinero del presupuesto público. Los fondos, que ascendían a más de 520 millones de pesos, que estaban destinados originalmente a obras públicas, salud y otros servicios esenciales.

LICITACIÓN A MODO

A mediados de 2025 el Gobierno de Hidalgo anunció la compra de 42 unidades; sin embargo, posteriormente, el esquema cambió a un arrendamiento de 80 autobuses, sin que se haya hecho público un estudio costo-beneficio del cambio, ni un dictamen técnico, ni el impacto presupuestal multianual.

Pese a ello, la convocatoria para Licitación Pública Nacional EA-913003989-N879-2025, fue publicada el pasado 27 de noviembre de 2025 por la Oficialía Mayor del Gobierno de Hidalgo para el arrendamiento de 80 autobuses: 42 de 80 pasajeros, y 38, de 50 pasajeros, que se sumaran a la flotilla del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH).

Durante las juntas de aclaraciones, empresas como Integra Arrenda y Forza Arrendadora Automotriz documentaron una serie de ‘candados’ para beneficiar a uno de los concursantes, dado que por el tiempo de entrega originalmente pactados en la convocatoria, que señalaba  que los 38 vehículos de 50 pasajeros, se deberían entregar a más tardar el 30 de enero del 2026, y el arrendamiento tendría una duración de 26 meses a partir del 01 de febrero del 2026 al 31 de marzo del 2028; mientras que los otros 42 vehículos de 80 pasajeros, se deberían  entregar a más tardar el 31 de marzo del 2026 y el arrendamiento tendría una duración de 24 meses a partir del 01 de abril del 2026 al 31 de marzo del 2028.

Sin embargo, tras la junta, la convocante modificó los plazos para las entregas: los 42 autobuses de 80 pasajeros será para el 31 de marzo de 2026 con un arrendamiento entre el 01 de abril de 2026 al 31 de marzo de 2028 (24 meses); mientras que los otros 38 autobuses de 50 pasajeros la entrega sería para el 30 de abril de 2026, siendo el arrendamiento entre el 01 de mayo de 2026 al 31 de julio de 2028 (26 meses).

Aun así, los participantes ven casi imposible que se pueda cumplir en tiempo y forma con la entrega de las unidades en los nuevos plazos acordados, a no ser que uno de los concursantes, como Rommify Capital, haya contado con antelación con ‘información privilegiada’.

Lo más extraño, denuncian empresas, es que Rommify Capital, en su giro no incluye ni la comercialización ni arrendamiento de unidades de transporte de estas dimensiones, lo más cercano o parecido se acordó en una modificación al objeto social realizado en 2022, donde se especifica lo siguiente: “El comercio al por menor de automóviles y camionetas usados”, en ninguna parte de su objeto social ni en las modificaciones, señala un rubro sobre el servicio requerido en la licitación EA-913003989-N879-2025.

Según el calendario de la licitación, el pasado 8 de diciembre, en una junta de aclaraciones exprés, pues solo duró 25 minutos, se hicieron cambios relevantes a la convocatoria: Ampliación de plazos de entrega, ajuste de dimensiones técnicas de los autobuses, exigencia de una sola carrocería y marca para ambos tipos de unidades y la exigencia de certificación EURO VI o EPA 24.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Según la apertura de propuestas, las empresas participantes son: Jetvan Car Rental SA de CV, de Cuauhtémoc Velázquez García, que uno de los proveedores más recurrente de los tres niveles de gobierno, con antecedentes de controversias públicas y según el expediente SANC-0001/2020 sufrió una inhabilitación de un año por irregularidades en la ejecución de contratos.

La empresa Jetvan Car Rental ofertó por el arrendamiento de las 80 unidades un monto de $431,976,805.17 pesos; cabe señalar que Forza Arrendadora Automotriz, SA de CV, una de las que se ha quejado de las irregularidades en la presente licitación, ha compartido representante legal con Jetvan en la persona de César Gerardo Matamoros Vargas, lo que habla de una estrecha relación de negocios entre ambas razones sociales.

La otra empresa es Arrendadora de Muebles e Inmuebles SA de CV, empresa fundada en Playa del Carmen, Quintana Roo, que recientemente ha obtenido contratos en alcaldías de la Ciudad de México para el arrendamiento de camiones y patrullas, pero que no se le conoce socios ni otros antecedentes. La empresa ofertó por los servicios $625,914,760.91 pesos.

La otra propuesta fue presentada por la citada Rommify Capital SA de CV, empresa hidalguense con domicilio en Zona Plateada, Pachuca de Soto, y que tiene un amplio historial de contratos recientes en Hidalgo con Oficialía Mayor, DIF estatal, STCH y municipios.

Recientemente firmó el contrato PMMR-SA-026-FORTAMUN-2025, 2 de julio de 2025, para el arrendamiento de patrullas en el municipio de Mineral de la Reforma por un monto de $13,777,737.60 pesos; en el DIF Estatal obtuvo el contrato DIF/DAJ/0120/2025, enero de 2025, para el arrendamiento de vehículos y equipo de transporte 2025-2026 por un monto de $26,352,339.78 pesos; el contrato 034/2025, del 7 de abril 2025, para el arrendamiento 58 camionetas pick up, modelo 2025, por un monto de $23,100,184.32 pesos; el contrato 033/2025, firmado el mismo 7 de abril para el arrendamiento de vehículos por un monto de $12,550,692.38 pesos.

El año pasado obtuvo el contrato 102/2024 para arrendar 175 vehículos por un monto de  $155,754,234.72 pesos; en 2023, firmó el contrato 421/2023, por un monto de $49,012,320 pesos. En total suma contratos por más de 300 millones de pesos en la actual administración hidalguense.

ESTE LUNES EL FALLO

La propuesta de Rommify Capital para el arrendamiento de los 80 autobuses es la más alta económicamente: $662,421,775.24 pesos, superando por más de 230 millones de pesos a la oferta más baja.

El fallo para adjudicar los servicios, cuya responsabilidad pesa sobre los funcionarios Edgar Orlando Ángeles Pérez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno de Hidalgo; Humberto Cabrera Román, director del SITMAH; y Lyzbeth Robles Gutiérrez, secretaria de Movilidad del Estado de Hidalgo, está programado para este lunes a las 11:00 horas.

El cargo Amañan licitación para el Tuzobús-Hidalgo apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Presentan video de prueba contra Arturo Serrano Meneses, ex titular del OIC, y Carlos Enrique Rascón Yrízar, ex director del Área de Responsabilidades, acusados de solicitar un soborno de 6 millones de pesos al representante de Casanova Rent.

Los hermanos Carlos y Joaquín Echenique Casanova, propietarios de Grupo Casanova, se encuentran nuevamente en el centro de la controversia, luego que la Fiscalía General de la República (FGR) incorporó un video como prueba clave en la investigación que se sigue contra Arturo Serrano Meneses, ex titular del Órgano Interno de Control, y Carlos Enrique Rascón Yrízar, ex director del Área de Responsabilidades, ambos acusados de solicitar un soborno de 6 millones de pesos al representante de Casanova Rent Volks, una de las divisiones del grupo.

Este episodio reabre el historial de señalamientos que persigue al conglomerado de los Echenique Casanova, el cual ha sido apuntado por anomalías como sobrecostos, adjudicaciones directas e incumplimientos en contratos de arrendamiento vehicular con dependencias federales.

El dominio del grupo se consolidó durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, periodos en los que sus empresas concentraron gran parte de las contrataciones públicas en el ramo de arrendamiento.

Dominio en Contrataciones Públicas y Sanciones Previas

Registros públicos indican que, tan solo durante la administración de Felipe Calderón, las divisiones Casanova Rent, Casanova Chapultepec, Casanova Vallejo y Casanova Rent Volks obtuvieron 138 contratos por una cifra superior a mil 663 millones de pesos entre 2007 y 2012.

Posteriormente, Casanova Vallejo firmó 317 contratos adicionales con el gobierno de Peña Nieto entre 2013 y 2018, por poco más de 6 mil 495 millones de pesos, consolidándose como una de las arrendadoras más beneficiadas.

A pesar de las polémicas, incluyendo una denuncia de 16 legisladores del PAN ante la PGR en 2015 por un presunto fraude de 3 mil 377 millones de pesos, ninguna investigación se abrió en ese momento.

Con la llegada de la 4T, el grupo ha continuado obteniendo contratos, pero también ha enfrentado sanciones. En 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso a Casanova Vallejo una inhabilitación de 45 meses por irregularidades en la renta de ambulancias al ISSSTE.

Un año después, en 2023, la dependencia decretó una nueva suspensión por 30 meses tras detectar anomalías en otros convenios de arrendamiento.

No obstante, en abril de 2024, el conglomerado obtuvo un amparo definitivo que anuló la inhabilitación vigente, permitiéndole reincorporarse al padrón de proveedores federales.

Desde entonces, ha firmado más de 80 contratos por un monto superior a 500 millones de pesos, incluyendo adjudicaciones en San Luis Potosí, Ahome y Culiacán, donde autoridades locales investigan posibles daños al erario.

El Grupo Casanova, que ha firmado contratos por miles de millones de pesos con gobiernos de distintos signos políticos desde 2002, vuelve a figurar en una carpeta penal que amenaza con exponer los vínculos entre el poder público y su red de arrendamiento.

El cargo Grupo Casanova vuelve a la polémica por caso de presunto soborno apareció primero en La Chispa de Estado de México.

La carpeta TOL/CCF/SPO/107/033891/25/02 fue integrada a partir de una denuncia presentada por habitantes de las colonias Fimesa 1, 2 y 3. Los vecinos acusan que durante la gestión de García Martínez al frente del municipio, el gobierno local transfirió 38.5 millones de pesos a la asociación civil Unión de Colonos, Inquilinos Solicitantes de Vivienda y Comerciantes, Lomas del Parque A.C., para la compra de 27 hectáreas en San Francisco Chilpan. La transacción no cuenta con escrituras públicas que acrediten la propiedad legal del terreno, según los denunciantes.

Además de esa operación, los colonos señalan un depósito adicional de 5 millones de pesos al Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonapho) en 2023, sin que hasta ahora se haya formalizado la escrituración de los predios.

Los señalamientos se extienden a la administración de Castro Fernández, quien asumió el cargo en enero de 2025. Reportes periodísticos indican que en los primeros siete meses de su mandato se asignaron contratos por más de 72.7 millones de pesos mediante procedimientos con un solo competidor o adjudicación directa. Las observaciones fueron presentadas también ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y la Contraloría estatal.

Vecinos del municipio han expresado su rechazo a la propuesta del gobierno local de cambiar el nombre de su colonia a “Cuarta Transformación”. Consideran que esta medida podría afectar su identidad jurídica y los procesos legales para garantizar la tenencia de la tierra.

Además de los procedimientos administrativos, las denuncias incluyen un elemento político. La actual diputada local, Elena García Martínez, promovió la candidatura de su cuñada Ana María Castro a la presidencia municipal. De acuerdo con los inconformes, al menos tres familiares cercanos a la alcaldesa trabajan en el Ayuntamiento.

Diversos sectores han expresado preocupación por el contexto en que se encuentra Tultitlán. Representantes empresariales advierten sobre la existencia de trámites engorrosos, señalando que esto ha desalentado inversiones tanto nacionales como extranjeras. Datos oficiales indican que el 42% de la población en el municipio vive en condiciones de pobreza.

En materia de seguridad, Tultitlán forma parte de las demarcaciones con mayor percepción de inseguridad. De acuerdo con el INEGI, 87.3% de los habitantes del Estado de México consideran que vivir en la entidad es inseguro.

Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, colonos de Fimesa 2 y 3 han convocado a una movilización el próximo 8 de agosto. Exigen la liberación de la caseta de cobro en Tepotzotlán y del Circuito Exterior Mexiquense, el reconocimiento formal de los derechos de posesión de sus viviendas, y la intervención del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) para formalizar la propiedad de los terrenos que ocupan desde hace más de tres décadas.

Asimismo, demandan la judicialización de 93 carpetas de investigación presentadas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, las cuales involucran a la exalcaldesa García Martínez y a miembros del actual gobierno local.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que se han solicitado auditorías y peritajes técnicos para revisar el uso de recursos municipales entre los años 2023 y 2025.

El cargo Indagan a alcaldesa de Tultitlán y a antecesora por presuntas anomalías en manejo de recursos apareció primero en La Chispa de Estado de México.

En México se encendieron las alertas sobre extranjeros que sin estar autorizados, consiguieron contratos en sectores estratégicos, esto a raíz de la detención del directivo brasileño de la firma fintech Dock, Anderson Olivares de Oliveira y las investigaciones en contra de Thiago de Magalhaes, presunto gestor de contratos públicos para Grupo Surman.

Olivares de Oliveira fue arrestado el 5 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por su presunta participación en un fraude financiero por 10 millones de dólares, que estaría ligado a desvíos de recursos y falsificación de documentos, por lo que permanece en el Reclusorio Sur. Será este viernes cuando se realice la audiencia de vinculación a proceso.

Al respecto, la empresa Dock sostuvo que el caso de su directivo se trata de “una disputa mercantil por una compraventa de acciones”, aunque será el juez de control quien determine si existen los elementos necesarios para su vinculación a proceso.

El caso de Olivares podría escalar a nivel internacional de demostrarse su implicación en el fraude financiero, sin olvidar que ocurre en medio del escrutinio internacional sobre la transparencia del sector financiero mexicano.

Por su parte, el otro brasileño Thiago De Magalhaes se le señala por la gestión de contratos públicos a nombre de Grupo Surman, empresa ligada a la venta y arrendamiento de vehículos oficiales. Las investigaciones advierten que habría participado en negociaciones con dependencias del gobierno federal, entre ellas, áreas de seguridad nacional.

De acuerdo con la Ley de Inversión Extranjera, el artículo 6 señala que en sectores clave como transporte terrestre, turismo y carga, la participación extranjera requiere de la autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, ya que la inversión está reservada exclusivamente para ciudadano o entidades mexicanas.

Magalhaes estaría violando la legislación mexicana al no contar con la autorización que se establece dentro del marco jurídico, especialmente al tratarse de contratos que involucran equipos y servicios asignados a la seguridad nacional.

Ante ello surge la inquietud sobre la deficiencia de los mecanismos de control tanto en la Secretaría de Relaciones Exteriores como en otras dependencias que permiten a extranjeros intervenir en sectores vulnerables como lo es la seguridad.

El cargo Brasileños burlan ley mexicana y operan contratos en sectores estratégicos apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Desde su llegada al gobierno local, Ana María Castro, ha enfrentado múltiples cuestionamientos por decisiones controversiales que no han sido bien recibidas por la comunidad. Uno de los casos más mediáticos fue la imposición del nombre “Cuarta Transformación” a una colonia del municipio sin previo aviso o consulta a los vecinos.

A pesar de que el gobierno municipal argumentó que la medida buscaba regularizar la zona afectada por disputas ejidales, los residentes denunciaron que la decisión se tomó de manera unilateral, sin explicar el impacto que tendría en los trámites oficiales y, sobre todo, sin informar a los habitantes, lo que generó un fuerte rechazo social.

A esta controversia se suman otras preocupaciones relacionadas con la falta de transparencia en el manejo de recursos públicos. Desde que Ana María Castro asumió la presidencia municipal, ha adjudicado contratos por un monto total de 72.7 millones de pesos, la mayoría de ellos a través de adjudicaciones directas o licitaciones en las que solo se presentó un único competidor.

Tultitlán atraviesa también una profunda crisis económica y social. Según el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago, publicado en 2025, el 42% de la población del municipio vive en condiciones de pobreza, y un 18.4% de los habitantes sufren carencias sociales significativas.

La situación es aún más grave en áreas como salud y vivienda, pues solo el 1.6% de la población, 8 mil 748 personas, tiene acceso a servicios básicos de vivienda.

Otro grave problema que enfrenta este municipio mexiquense, de acuerdo a las mismas autoridades del gobierno de Delfina Gómez, es que han recibido reportes de empresas que comienzan a trasladar sus plantas productivas a otras entidades al no existir certeza jurídica, lo que ocasiona pérdida de empleos y afecta la calidad de vida de los habitantes.

En 2024, el presupuesto destinado al agua potable fue de 34 millones de pesos, una cifra que representa una disminución de 23 millones respecto al año anterior. Mientras tanto, el presupuesto para alcantarillado y electrificación fue cero en 2023 y 2024.

Además, la violencia y la inseguridad son otros factores que agravan la situación. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 87.3% de la población del Estado de México considera que vivir en la entidad es inseguro, y Tultitlán no escapa a esta realidad. El municipio se encuentra dentro de la Alerta de Violencia de Género desde 2015, y, a pesar de que se incluyó a Tultitlán en los 50 municipios prioritarios para la seguridad, los índices de delitos como robo de vehículos o las lesiones dolosas siguen siendo alarmantes.

El cargo Crisis de gobernabilidad en Tultitlán apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Se trata de Instrumentos y Equipos Falcón S.A. de C.V. y Arquina S.A. de C.V., compañías vinculadas al llamado “cártel de la sangre”, las cuales han obtenido 26 contratos por un monto total de 839 millones 409 mil 788 pesos, según datos de la plataforma Compras MX (Antes CompraNet).

Entre 2008 y 2015, al menos 11 empresas participaron en un modelo para simular competencia en licitaciones relacionadas con servicios integrales de laboratorio clínico y bancos de sangre en el Sistema Nacional de Salud. El expediente DE-011-2016 de la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) detalló la existencia de “pactos de no agresión”, reparto de contratos y ofertas coordinadas.

Estas prácticas, señaló el organismo, provocaron sobreprecios de hasta 58 por ciento y generaron un daño estimado al erario de más de mil 200 millones de pesos.

Instrumentos y Equipos Falcón, una de las principales beneficiarias este año, ha suscrito 25 contratos que suman 837 millones 55 mil 574 pesos. El más alto, por 181 millones 666 mil 364 pesos, corresponde a un servicio integral de laboratorio clínico para el ISSSTE.

En 2022, la Secretaría de la Función Pública —actual Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno— la inhabilitó temporalmente por su participación en las prácticas acreditadas por Cofece, aunque actualmente mantiene contratos vigentes con vencimientos entre junio y diciembre.

Arquina S.A. de C.V., por su parte, ha obtenido en 2025 un contrato por 2 millones 354 mil 214 pesos para servicios de hemodiálisis. Esta empresa está relacionada con Disequi S.A. de C.V., firma que en 2022 fue señalada en Veracruz por presuntas irregularidades en el almacenamiento de muestras de sangre, de acuerdo con Reporte Índigo.

Ambas compañías han sido proveedoras de gobiernos estatales, incluyendo las administraciones de Omar Fayad Meneses y Julio Menchaca Salazar en Hidalgo.

Las adjudicaciones de este año cubren una gama de servicios médicos: análisis clínicos, estudios automatizados, banco de sangre, pruebas de transfusión y refacciones para equipos médicos. Según el expediente de Cofece, presentado tras una denuncia del IMSS en 2016, el esquema se sostuvo con intercambios de correos y llamadas entre empresas para repartirse procesos de contratación pública en diversos años, incluidos 2008, 2010, 2011 y 2015.

El órgano regulador consideró que estas prácticas constituyeron una de las afectaciones más relevantes en el sector salud público, con implicaciones directas sobre la asignación de recursos a servicios médicos esenciales.

El cargo Empresas ligadas al “cártel de la sangre” mantendrían licitaciones del sector salud apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Un grupo de ciudadanos ha solicitado formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) la reapertura de la investigación contra Sergio Montaño Fernández, ex Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por su presunta vinculación con actos de corrupción en la concesión de penales federales.

Esta solicitud surge tras el cierre de la causa en contra de 16 ex funcionarios y mandos del sistema penitenciario, debido a la prescripción de los delitos. Sin embargo, los denunciantes sostienen que, a pesar de ello, el caso contra Genaro García Luna sigue abierto, lo que implica que aún pueden existir elementos legales que permitan continuar con las investigaciones.

La denuncia apunta a la posible participación de Montaño Fernández en la firma de contratos que resultaron en un sobrecosto de más de 62 mil millones de pesos en la construcción y operación de ocho prisiones de alta seguridad. Las adjudicaciones de estos contratos, realizados durante la gestión de García Luna, implicaron a empresas como ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco, las cuales recibieron más de 270 mil millones de pesos para construir una infraestructura penitenciaria con capacidad para 20 mil reclusos.

Los denunciantes insisten en que existen elementos suficientes para presumir que Montaño Fernández jugó un papel clave en la adjudicación de estos contratos a empresas privadas. En este sentido, exigen a la FGR que se investigue si los delitos involucrados siguen vigentes y si es posible responsabilizar a los implicados, a fin de evitar que el caso quede impune.

La denuncia detalla que los contratos fueron suscritos en 2010 y 2011, cuando García Luna estaba al frente de la SSP. Aunque la investigación fue cerrada por prescripción de los delitos, algunos de los implicados aún enfrentan la posibilidad de ser llamados a rendir cuentas, entre ellos Montaño Fernández, Arturo Sosa Viderique, ex director de Administración, y Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, ex director de Adquisiciones. Otros funcionarios mencionados, como el General Sergio Alberto Martínez Castuera, y sus antecesores, así como varios ex directores y coordinadores de centros federales, fueron exonerados en su momento debido a la resolución judicial.

Cabe señalar que, aunque la FGR no ha emitido una postura oficial sobre la solicitud de reapertura, el grupo de ciudadanos continúa presionando para que se continúe con la investigación, argumentando que el caso no debe quedar en el olvido debido a su complejidad y trascendencia en el contexto de la lucha contra la corrupción en el país.

El cargo Exigen reabrir investigación por corrupción en concesión de penales federales apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Al ser inhabilitada en 2021 por incumplir un contrato de arrendamiento de automóviles con el Servicio de Protección Federal, la empresa se abstuvo de participar en contrataciones gubernamentales por un año.

Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realiza una auditoría sobre las operaciones de Jet Van Car Rental, por un posible perjuicio financiero a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) estimado en 8 millones 935 mil 828 pesos, esto ante la petición de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con Compranet en el sexenio que acaba de concluir, sus ingresos rondaron los 7 mil 400 millones de pesos derivados de contratos con la administración pública federal, mientras que, en lo que va de 2025 suma alrededor de 500 millones de pesos en 21 contratos.

Asimismo, entre 2019 y 2024 facturó más de 7 mil millones los cuales no contemplan los contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo monto en los últimos tres años asciende a los 4 mil 500 millones de pesos.

Otra asignación fue en 2023 por parte del municipio de Juárez, Chihuahua, que le otorgó un contrato para la adquisición de vehículos equipados como patrulla por 117 millones de pesos; el gobierno de Guerrero que le asignó un contrato de más de 71 millones de pesos, en marzo del año pasado, por el arrendamiento de 66 vehículos; Quintana Roo, que en diciembre de 2023, le adjudicó un contrato de 48.5 millones de pesos, y el Ayuntamiento de Tepic, que también en 2023 le asignó un contrato por 20 millones de pesos.

La auditoría forense número 2123 de la ASF también le solicitó al SAT revisar a Forza Arrendadora Automotriz por irregularidades en su documentación fiscal en transacciones con Jet Van.

Ante un posible conflicto de interés, la auditoría forense número 2123 de la ASF también le solicitó al SAT revisar a Forza Arrendadora Automotriz por irregularidades en su documentación fiscal en transacciones con Jet Van, y es que, de acuerdo con investigaciones periodísticas César Gerardo Matamoros Vargas ha representado tanto a Forza Arrendadora Automotriz como a Jet Van Car Rental en licitaciones.

El cargo Jet Van Car se beneficiaría en Texcoco con contrato, mediante adjudicación directa apareció primero en La Chispa de Estado de México.