Las imágenes muestran que al menos dos personas participaron en el ataque, entre ellas el autor material, quien hasta el momento no ha sido identificado.

Llegó al centro horas antes del asesinato

De acuerdo con la FGE, el agresor se hospedó en un hotel del centro de Uruapan alrededor de las 16:00 horas del sábado, donde realizó algunas compras antes de salir del lugar. Poco después de las 20:00 horas, el sujeto abandonó el hotel vestido con una sudadera blanca y se desplazó entre la multitud sin levantar sospechas.

Atacó entre la multitud

En los videos se observa cómo el agresor camina por la plaza principal, donde se llevaba a cabo el festival. Debido a la gran afluencia de asistentes, se le dificultó acercarse al alcalde en un primer momento.

Finalmente, se aproxima a Carlos Manzo y le dispara en siete ocasiones, alcanzándolo en distintas partes del cuerpo. Fue entonces cuando los asistentes comenzaron a movilizarse alrededor del edil herido.

El atacante era joven y sin identificación

El fiscal Carlos Torres informó que el presunto asesino no portaba identificación alguna, por lo que se solicitó apoyo al Instituto Nacional Electoral (INE) para determinar su identidad. Con base en los estudios periciales, se estima que el atacante tenía entre 17 y 19 años de edad.

Crimen organizado, detrás del asesinato

El fiscal Torres Piña señaló que el crimen organizado estaría involucrado en el asesinato del alcalde, ocurrido el 1 de noviembre, ya que el arma utilizada —una pistola 9 milímetros— fue usada en al menos otros dos asesinatos.

La forma de operar también apunta a un ataque planeado, detalló el funcionario.

Pruebas periciales confirman al tirador

El estudio de rodizonato de sodio aplicado al presunto agresor arrojó resultado positivo, lo que confirma que fue quien disparó el arma. Además, las pruebas toxicológicas revelaron consumo de anfetaminas y mariguana.

Una persona más fue detenida en relación con el caso, y las autoridades sospechan que también participó en la planeación del ataque.

Marchas en Uruapan y Morelia

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció las manifestaciones realizadas el domingo en Uruapan y Morelia, donde ciudadanos exigieron justicia y castigo para los responsables.

En Uruapan —dijo— la participación fue emotiva y reflejó el profundo impacto del crimen entre los habitantes.

En Morelia, la marcha transcurrió con relativa calma, aunque el gobernador señaló la presencia de integrantes de partidos opositores.

Al término de la manifestación, un grupo de hombres irrumpió en el Palacio de Gobierno, causando destrozos. La policía detuvo a ocho personas, entre ellas tres mujeres, que tenían en su poder tres bombas molotov.

El cargo El asesino del alcalde de Uruapan evadió la seguridad y pertenece a grupo delictivo: Fiscalía apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Una ejecución con sello del crimen organizado

De acuerdo con fuentes de seguridad, el ataque habría sido perpetrado por un agresor con presuntos vínculos familiares dentro de la estructura del grupo criminal encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Aunque la investigación continúa abierta, las autoridades no descartan que el asesinato esté relacionado con los recientes operativos emprendidos por el gobierno municipal de Manzo contra el narcotráfico.

Un alcalde que documentaba la lucha contra el narco

Durante los meses previos a su muerte, Carlos Manzo utilizó sus redes sociales para visibilizar la presión de los cárteles en Uruapan y difundir los resultados de los operativos policiales. Uno de los hechos más relevantes fue la detención de René Belmonte, alias “El Rino”, señalado como jefe de plaza del CJNG en el municipio.

En aquella ocasión, Manzo fue contundente: “En este Gobierno Municipal no hay tolerancia ni complicidad con ningún grupo criminal”, escribió en Facebook. También dio a conocer decomisos de armas y droga, y operativos en los que cayó “El Gárgola”, otro presunto integrante del cártel.

“Magnicidio kamikaze”: la firma del ataque

El consultor en seguridad David Saucedo explicó en entrevistas con Aristegui Noticias y Radio Fórmula que el crimen fue un acto de represalia planificada por el CJNG, dentro de una estrategia conocida como “magnicidio kamikaze”, inspirada en prácticas de los cárteles colombianos.

Según el especialista, el agresor sabe que probablemente morirá o será detenido, pero aun así logra penetrar los anillos de seguridad del objetivo. Tal fue el caso de Manzo, quien contaba con una escolta de 14 agentes cuando fue asesinado durante un evento público.

“El objetivo del CJNG fue enviar un mensaje a los gobiernos municipales que intenten resistirse a su control”, explicó Saucedo. “Carlos Manzo decidió no ceder y eso le costó la vida”.

Control político y presión criminal

El experto detalló que el CJNG buscaba apoderarse de direcciones municipales clave, como policía, tránsito, fiscalización y obras públicas. Manzo se negó a entregar ese control, lo que, según el análisis de Saucedo, motivó la confrontación directa.

Pese a sus solicitudes de apoyo, el alcalde no recibió respaldo suficiente del Estado ni de la Federación, en un contexto donde Michoacán sigue siendo una de las entidades más violentas del país: en el actual sexenio se registran siete alcaldes asesinados, diez atentados frustrados y más de sesenta funcionarios municipales ejecutados.

El presunto asesino: “El Cuate” y su árbol criminal

Fuentes de la Fiscalía michoacana identificaron al autor material del asesinato como Osvaldo Gutiérrez Velázquez, alias “El Cuate”, originario de Apatzingán.

De acuerdo con reportes de El Universal y Proceso, “El Cuate” sería familiar de Omar Farías Chávez, conocido como “El Prángana” o “El Fénix”, operador del CJNG y figura clave en las redes delictivas vinculadas a los hermanos Álvarez Ayala, alias “Las 3 R”.

Estos lazos familiares reflejan una vieja red de conexiones políticas y criminales en la región: Roldán Álvarez Ayala (“R3”) fue alcalde de Apatzingán por el PRD y funcionario estatal en gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy; mientras que sus hermanos Ramón (“R1”) y Rafael (“R2”) fueron detenidos en 2012 por operar directamente bajo las órdenes de “El Mencho”.

Redes de poder y crimen entrelazadas

Omar Farías, “El Prángana”, ha sido identificado como extorsionador y aliado de varios grupos delictivos en la zona de Tierra Caliente. Su relación con “Las 3 R” y el CJNG refuerza la hipótesis de que el homicidio de Manzo no fue un hecho aislado, sino parte de un entramado criminal con raíces familiares y políticas.

“El asesinato de Carlos Manzo encaja con precisión dentro de esta estructura”, concluyó Saucedo. “Todas las piezas del rompecabezas comienzan a encajar”.

El cargo Asesinato del alcalde de Uruapan exhibe el poder del CJNG y la vulnerabilidad institucional apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Entre los decomisos más relevantes destaca la incautación de 1,197 kilos y 738,970 pastillas de fentanilo, así como el desmantelamiento de 139 laboratorios clandestinos dedicados a la producción de drogas sintéticas. En estos operativos se confiscaron más de 239,000 litros y 91,000 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para la fabricación de narcóticos.

Operativos estratégicos en puntos clave

El 16 de enero, fuerzas federales asestaron un golpe importante al narcotráfico en Tecate, Baja California, donde aseguraron 560 kilogramos de metanfetamina y 30 kilogramos de fentanilo con un valor estimado de 416 millones de pesos. Ese mismo día, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, fueron decomisadas más de 2 toneladas de cocaína y 3,420 litros de combustible, afectando las finanzas criminales con un impacto de 561 millones de pesos.

En operativos contra la extorsión, el 15 de enero, en Guadalajara, Jalisco, un cateo en un centro de llamadas utilizado para fraudes permitió la detención de 20 personas y el aseguramiento de dispositivos móviles y equipos tecnológicos. Mientras tanto, en la Ciudad de México, fueron capturados dos hombres vinculados a delitos de extorsión agravada y asociación delictuosa.

Uno de los operativos más relevantes se llevó a cabo el 13 de enero en Mazatlán, Sinaloa, donde cinco presuntos generadores de violencia fueron detenidos y dos personas privadas de la libertad fueron rescatadas. En esta acción, se incautaron armas de alto poder, incluyendo un lanzagranadas y granadas, así como seis vehículos, tres de ellos con blindaje artesanal.

Golpe al crimen organizado: más de 10 mil detenidos y 90 toneladas de drogas aseguradas en cuatro meses

Reducción de homicidios, pero con focos de violencia

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destacó que el promedio diario de homicidios dolosos se ha reducido en un 27% en comparación con enero de 2018. No obstante, advirtió que la violencia sigue concentrándose en siete estados: Guanajuato (13.3%), Estado de México (8.1%), Baja California (7.9%), Michoacán (7.1%), Sinaloa (6.2%), Chihuahua (5.2%) y Jalisco (5.1%).

Las autoridades reiteraron su compromiso de fortalecer las estrategias de seguridad para seguir debilitando la estructura operativa y financiera del crimen organizado en el país.

El cargo Golpe al crimen organizado: más de 10 mil detenidos y 90 toneladas de drogas aseguradas en cuatro meses apareció primero en La Chispa de Estado de México.

 Monreal Ávila compartió un mensaje en redes sociales, en el que mencionó que también se preparan los dictámenes sobre la llamada “Ley de Cunas Vacías”, así como los proyectos para que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de seguros y sobre trabajadores rurales.  

 El pasado 18 de octubre, el legislador presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 Ahí, propuso imponer una pena de 10 a 20 años de prisión, y de mil a 20 mil días multa, a quien reclute, utilice, obligue, coaccione, incite o invite a una o varias personas menores de 18 años para cometer cualquiera de los delitos contenidos en el Código Penal Federal y en las leyes federales; así como a participar, con o sin su consentimiento, en actividades o tareas que resulten en beneficio de la asociación delictuosa. 

 El proyecto, que fue turnado a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, precisa que “el consentimiento dado por la persona menor de 18 años no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal”.  

 Y que el mínimo y el máximo de la pena aumente hasta en una mitad cuando se trate de personas menores de 15 años cumplidos; y cuando el delito sea cometido por persona con la que la víctima tenga o haya tenido una relación de parentesco, sentimental, afectiva o de confianza.  

 Además, cuando el delito sea cometido por servidores públicos en ejercicio de sus funciones; y cuando se cometa contra niñas, niños o adolescentes en condiciones de orfandad, violencia familiar, discapacidad, pobreza extrema, situación de calle, migración, que pertenezcan a una comunidad indígena o hayan sido previamente víctimas de algún delito. 

 Ricardo Monreal advirtió que en nuestro país se calcula que entre 30 mil y 35 mil menores han sido reclutados por el crimen organizado, de acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México. 

 Esta misma organización, agregó, ha revelado que el reclutamiento por parte de grupos delictivos derivó en 2021 en el asesinato de, al menos, 700 niñas, niños y adolescentes. 

 Para ocupar a los menores, alertó, los grupos delictivos utilizan diferentes estrategias de reclutamiento, como amenazas, violencia física, enamoramiento de niñas y mujeres adolescentes, así como promesas de dinero o empleo por medio de engaños. 

 Sin embargo, a pesar de estas cifras, en México aún no está tipificado el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, que constituye una de las formas más graves de violencia que se puedan cometer contra estos sectores, al afectar de manera directa sus derechos humanos. 

 El senador expresó en su mensaje que “el trabajo todo lo vence”, por lo que seguirá en la lucha para que este país sea mejor.  

 “Voy a seguir luchando porque la reconciliación es urgente. Voy a seguir luchando porque debemos continuar con el cambio. Voy a seguir luchando porque esto exigen las sociedades, en este caso, un México más justo, más próspero, más progresista, más tolerante”. 

El cargo Adelanta Monreal que se prepara dictamen para sancionar a quienes recluten a menores para el crimen organizado    apareció primero en La Chispa de Estado de México.