Aparece el nombre de Alejandro Arai, identificado en diversos informes como una figura clave en la estructuración de mecanismos financieros y fiscales utilizados para pequeñas, medianas y grandes empresas desde el sexenio de Felipe Calderón.

Aunque Raúl Beyruti, conocido como el “Rey del outsourcing”, enfrenta procesos judiciales y órdenes de aprehensión por presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, versiones periodísticas y reportes de inteligencia apuntan a que los esquemas financieros y fiscales asociados a su red no habrían sido desmantelados, sino que continúan en operación mediante intermediarios, colaboradores y socios estratégicos.

En ese contexto aparece Alejandro Arai, identificado en diversos informes como una figura clave en la estructuración de mecanismos financieros y fiscales utilizados para pequeñas, medianas y grandes empresas desde el sexenio de Felipe Calderón. Fuentes consultadas lo señalan como uno de los principales operadores del entramado que giró durante años en torno a Beyruti.

De acuerdo con testimonios recabados por este medio, Beyruti y Arai realizaron de manera conjunta visitas a decenas de empresarios para ofrecer servicios de “asesoría fiscal”, una práctica comúnmente asociada al outsourcing. En esos encuentros, Beyruti habría promovido directamente a Arai como su hombre de confianza, en anticipación al endurecimiento de la persecución fiscal en su contra.

Según una fuente que pidió el anonimato por temor a posibles represalias, Alejandro Arai habría visitado en distintas ocasiones a Raúl Beyruti y a su familia en Miami, Florida, durante el periodo en que la justicia mexicana intensificó las acciones contra el empresario. “Alejandro Arai es el heredero del imperio de Beyruti. Las autoridades hacendarias deberían investigar los viajes a Miami y las conexiones financieras entre estos personajes para dimensionar las relaciones entre estos personajes”, aseguró la fuente.

Durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y, más recientemente, de Claudia Sheinbaum, se impulsaron medidas para combatir los esquemas de subcontratación. No obstante, personas cercanas a los círculos empresariales vinculados a Beyruti y Arai afirman que sus operaciones no se detuvieron y que, por el contrario, continuaron ofreciendo garantías a sus clientes, asegurándoles contar con contactos dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Los señalamientos en torno a Arai se amplían por sus vínculos empresariales. En registros oficiales figura como socio de Ernesto Mizrahi en la empresa Armisa Centro de Negocios. Mizrahi es propietario de Blindajes EPEL, compañía dedicada a la fabricación y comercialización de vehículos blindados que ha sido objeto de investigaciones por presuntas irregularidades financieras y administrativas.

Las indagatorias se centran en el periodo comprendido entre 2019 y 2024 y analizan posibles anomalías, entre ellas el manejo de grandes cantidades de efectivo que, presuntamente, no habrían sido reportadas ante el Servicio de Administración Tributaria, lo que podría configurar delitos de evasión fiscal o lavado de dinero. En los últimos 12 años, Blindajes EPEL obtuvo contratos millonarios con gobiernos estatales y dependencias federales.

En meses recientes, Mizrahi también se vio involucrado en una disputa personal con el líder sindical Pedro Haces y su hijo, el legislador Pedro Haces Lago. De acuerdo con versiones difundidas en el entorno de Alejandro Arai, se responsabilizó a la familia Haces de presuntos disturbios contra instalaciones de la blindadora; sin embargo, no existe constancia de denuncias formales, por lo que el episodio permanece en el ámbito del señalamiento no acreditado.

Frente a este cúmulo de antecedentes, autoridades hacendarias y judiciales analizarían la posibilidad de intensificar las acciones contra Raúl Beyruti y Alejandro Arai, refieren fuentes. Personas de su círculo cercano aseguran que ambos construyeron fortunas de gran magnitud a través de complejos esquemas fiscales, cuyas ramificaciones financieras aún no han sido plenamente esclarecidas por las autoridades.

El cargo Pese a la caída de Beyruti, outsourcing se expande a través de Alejandro Arai, persona de su círculo cercano apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Presentan video de prueba contra Arturo Serrano Meneses, ex titular del OIC, y Carlos Enrique Rascón Yrízar, ex director del Área de Responsabilidades, acusados de solicitar un soborno de 6 millones de pesos al representante de Casanova Rent.

Los hermanos Carlos y Joaquín Echenique Casanova, propietarios de Grupo Casanova, se encuentran nuevamente en el centro de la controversia, luego que la Fiscalía General de la República (FGR) incorporó un video como prueba clave en la investigación que se sigue contra Arturo Serrano Meneses, ex titular del Órgano Interno de Control, y Carlos Enrique Rascón Yrízar, ex director del Área de Responsabilidades, ambos acusados de solicitar un soborno de 6 millones de pesos al representante de Casanova Rent Volks, una de las divisiones del grupo.

Este episodio reabre el historial de señalamientos que persigue al conglomerado de los Echenique Casanova, el cual ha sido apuntado por anomalías como sobrecostos, adjudicaciones directas e incumplimientos en contratos de arrendamiento vehicular con dependencias federales.

El dominio del grupo se consolidó durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, periodos en los que sus empresas concentraron gran parte de las contrataciones públicas en el ramo de arrendamiento.

Dominio en Contrataciones Públicas y Sanciones Previas

Registros públicos indican que, tan solo durante la administración de Felipe Calderón, las divisiones Casanova Rent, Casanova Chapultepec, Casanova Vallejo y Casanova Rent Volks obtuvieron 138 contratos por una cifra superior a mil 663 millones de pesos entre 2007 y 2012.

Posteriormente, Casanova Vallejo firmó 317 contratos adicionales con el gobierno de Peña Nieto entre 2013 y 2018, por poco más de 6 mil 495 millones de pesos, consolidándose como una de las arrendadoras más beneficiadas.

A pesar de las polémicas, incluyendo una denuncia de 16 legisladores del PAN ante la PGR en 2015 por un presunto fraude de 3 mil 377 millones de pesos, ninguna investigación se abrió en ese momento.

Con la llegada de la 4T, el grupo ha continuado obteniendo contratos, pero también ha enfrentado sanciones. En 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso a Casanova Vallejo una inhabilitación de 45 meses por irregularidades en la renta de ambulancias al ISSSTE.

Un año después, en 2023, la dependencia decretó una nueva suspensión por 30 meses tras detectar anomalías en otros convenios de arrendamiento.

No obstante, en abril de 2024, el conglomerado obtuvo un amparo definitivo que anuló la inhabilitación vigente, permitiéndole reincorporarse al padrón de proveedores federales.

Desde entonces, ha firmado más de 80 contratos por un monto superior a 500 millones de pesos, incluyendo adjudicaciones en San Luis Potosí, Ahome y Culiacán, donde autoridades locales investigan posibles daños al erario.

El Grupo Casanova, que ha firmado contratos por miles de millones de pesos con gobiernos de distintos signos políticos desde 2002, vuelve a figurar en una carpeta penal que amenaza con exponer los vínculos entre el poder público y su red de arrendamiento.

El cargo Grupo Casanova vuelve a la polémica por caso de presunto soborno apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Ahí señaló que esta industria llega en un momento muy importante porque con el esfuerzo conjunto de los tres órdenes de gobierno se trabaja para que este sea el sexenio de la vivienda, con una proyección de 90 mil nuevos hogares construidos.

Junto a la empresaria Toty Flota Beltrán y el presidente municipal de Teapa, Miguel Ángel Contreras Verdugo, subrayó que con este programa se busaca acortar la brecha de demanda de vivienda Tabasco, “y esta industria es clave en la cadena de logística, en la cadena de proveeduría en la infraestructura que se va a llevar a cabo en nuestro estado”.

Resaltó que Tabasco se encuentra en una etapa de crecimiento y de diversificación de la economía, para no depender únicamente del petróleo, por lo que se apuesta al campo, a la actividad productiva y primaria, así como al sector turístico, que el próximo año será impulsado de manera importante con mayor infraestructura, “y los empresarios contarán siempre con el acompañamiento del gobierno”, aseguró.

Tras el corte el listón inaugural, reconoció el compromiso de los empresarios que son capaces de reinventarse, de apostarle y de ir hacia adelante para fortalecer la actividad industrial, por lo que aseguró que, a un año del Gobierno del Pueblo, la entidad avanza hacia un nuevo futuro de estabilidad económica, en un clima de seguridad, “Tabasco va a salir adelante, va a florecer y lo vamos a lograr juntas y juntos; esto es trabajo de todos, de una sociedad consciente y comprometida que le apuesta por un futuro más próspero para todas y todos”, acotó.

El mandatario estatal enfatizó que Tabasco cuenta con gente buena y trabajadora, agua en abundancia y toda una industria; “y desde luego que la inversión que haga el gobierno en infraestructura va a fortalecer la actividad empresarial para que avancemos más rápido”, acotó al recorrer la fábrica ubicada en la segunda sección de la ranchería Manuel Buelta.

EN TABASCO HAY CONDICIONES PARA INVERTIR

En su oportunidad, la empresaria Toty Flota Beltrán, destacó que en Tabasco y gracias al Gobierno de Javier May, se puede decir con certeza que hay condiciones para invertir, crecer y prosperar, “el Gobierno del Pueblo ha permitido que la seguridad y la confianza regresen a nuestros hogares y también a nuestros negocios. Sin duda, Tabasco vive una etapa de transformación real, donde el empresario puede trabajar, puede invertir y puede soñar con certidumbre”.

En este marco, expresó un reconocimiento al gobierno que ha puesto orden, estabilidad y rumbo a la economía estatal, por lo que invitó a los demás empresarios de los sectores bananeros, palmeros, ganaderos, turístico e industrial a seguir apostando por Teapa y por Tabasco, “aquí hay tierra fértil, aquí hay materia prima, aquí hay gente trabajadoras, pero sobre todo, hay esperanza; si seguimos trabajando juntos, Teapa puede ser modelo de desarrollo regional y ejemplo de lo que los tabasqueños somos capaces de lograr”, indicó.

Afirmó que la bloquera ‘JD Roca’ es parte de la industria de la transformación que cambia realidades, que da oportunidad y construye bienestar. Esta empresa es un paso firme hacia el futuro de la industria y al desarrollo económico del municipio y el estado, indicó.

La nueva línea de producción de última generación, equipada con maquinaria de origen español, tendrá una capacidad de producción de entre 25 mil y 35 mil piezas por turno y puede operar en tres turnos diarios. Con una inversión de 100 millones de pesos, de los cuales 48 millones fueron destinados a esta nueva línea de producción, esta empresa nacida hace 25 años como una tienda de materiales, se transforma y moderniza, con la idea de industrializar Teapa, elevar la calidad del block tabasqueño y demostrar la capacidad de competencia con las grandes industrias de Yucatán y Monterrey.

“Se generan 35 empleos directos y más de 105 en ambas empresas para impulsar el desarrollo económico y fortalecer el tejido social del municipio”, precisó ante los secretarios de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Daniel Casasús Ruz y de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sheila Guadalupe Cadena Nieto; así como del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Efraín Reséndez Bocanegra; el empresario, Edgar Daniel Cano Gómez; y personal de la fábrica.

El cargo Ponen en marcha nueva línea de producción de fábrica de block en Teapa; Asiste el Gobernador Javier May apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Durante el primer trimestre del año, se habilitaron cuatro nuevas áreas en Guanajuato, Estado de México, Chiapas y Guerrero, con un total de 1,258 metros cuadrados de intervención, beneficiando directamente a 1,256 menores, sus familias y cuidadores.

Para Sindy González Tijerina, gerente de Primera Infancia de Fundación FEMSA, estos espacios representan una apuesta por el desarrollo integral de la niñez: “Los espacios amigables para la infancia, lo son para todas las personas, contribuyen con su salud -física, mental y emocional-, su bienestar y desarrollo integral. Por medio de las interacciones positivas, el juego y la exploración, se promueve el aprendizaje y la curiosidad de las niñas y niños”.

Uno de los proyectos destacados se encuentra en el Bosque del Huitepec, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde Coca-Cola FEMSA impulsó un espacio diseñado para fortalecer la relación entre la comunidad y el medio ambiente.

“Sabemos que el aprendizaje y la creatividad comienzan desde la primera infancia, y por ello, junto con Fundación FEMSA y Placemaking, hemos trabajado para que estos lugares sean un referente en el impulso del juego y la educación en espacios públicos”, destacó Daniela Torres, gerente de Sostenibilidad de Coca-Cola FEMSA.

En Toluca, Estado de México, se construyó un LAPIS con materiales reciclados y locales, además de un mural comunitario. En Guanajuato, OXXO colaboró en la remodelación del Jardín de Niños Duarte. Mientras que en Acapulco, Guerrero, el Parque Infantil La Laja fue transformado con la instalación de jardineras de madera y un mural temático marino.

“En OXXO, creemos que la educación es la base para un mejor futuro, y por ello trabajamos en conjunto con FEMSA para hacer realidad este proyecto. A través de iniciativas como esta, buscamos generar un impacto duradero en las comunidades donde operamos, con el objetivo de ser un buen vecino, creando entornos que inspiren y motiven a las próximas generaciones”, señaló Valeria Sanmiguel, gerente de Acción Comunitaria de OXXO México.

El cargo Fundación FEMSA refuerza su compromiso con la primera infancia con nuevos espacios comunitarios apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Al ser inhabilitada en 2021 por incumplir un contrato de arrendamiento de automóviles con el Servicio de Protección Federal, la empresa se abstuvo de participar en contrataciones gubernamentales por un año.

Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realiza una auditoría sobre las operaciones de Jet Van Car Rental, por un posible perjuicio financiero a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) estimado en 8 millones 935 mil 828 pesos, esto ante la petición de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con Compranet en el sexenio que acaba de concluir, sus ingresos rondaron los 7 mil 400 millones de pesos derivados de contratos con la administración pública federal, mientras que, en lo que va de 2025 suma alrededor de 500 millones de pesos en 21 contratos.

Asimismo, entre 2019 y 2024 facturó más de 7 mil millones los cuales no contemplan los contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo monto en los últimos tres años asciende a los 4 mil 500 millones de pesos.

Otra asignación fue en 2023 por parte del municipio de Juárez, Chihuahua, que le otorgó un contrato para la adquisición de vehículos equipados como patrulla por 117 millones de pesos; el gobierno de Guerrero que le asignó un contrato de más de 71 millones de pesos, en marzo del año pasado, por el arrendamiento de 66 vehículos; Quintana Roo, que en diciembre de 2023, le adjudicó un contrato de 48.5 millones de pesos, y el Ayuntamiento de Tepic, que también en 2023 le asignó un contrato por 20 millones de pesos.

La auditoría forense número 2123 de la ASF también le solicitó al SAT revisar a Forza Arrendadora Automotriz por irregularidades en su documentación fiscal en transacciones con Jet Van.

Ante un posible conflicto de interés, la auditoría forense número 2123 de la ASF también le solicitó al SAT revisar a Forza Arrendadora Automotriz por irregularidades en su documentación fiscal en transacciones con Jet Van, y es que, de acuerdo con investigaciones periodísticas César Gerardo Matamoros Vargas ha representado tanto a Forza Arrendadora Automotriz como a Jet Van Car Rental en licitaciones.

El cargo Jet Van Car se beneficiaría en Texcoco con contrato, mediante adjudicación directa apareció primero en La Chispa de Estado de México.

En el actual sexenio, la mayoría de los contratos se relacionan con proyectos prioritarios del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde destacan la asesoría financiera para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto de Tulum, obras gestionadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que le han reportado ingresos por más de 40.2 millones de pesos.

Lo anterior, de acuerdo con una investigación publicada por EL CEO y pese a que en 2019 enfrentó inhabilitaciones y sanciones por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), respectivamente, la empresa siguió captando contratos gubernamentales.

Por otra parte, en 2024, Altor incursionó en el sector bursátil con su propia casa de bolsa, la única aprobada en este sexenio por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). A través de un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD), la firma logró captar 2,500 millones de pesos para financiar infraestructura gubernamental.

Altor ha participado también en la reestructuración de deuda en ocho entidades federativas, incluyendo Jalisco, Oaxaca y el Estado de México, acumulando pagos por más de 134.8 millones de pesos.

El posicionamiento de la firma conformada por exfuncionarios y empresarios como Marcela Andrade Martínez, extitular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP en el gobierno de Peña Nieto, y Gustavo Matías Gutiérrez León, empresario tabasqueño con nexos cercanos al círculo del ex presidente López Obrador, como un nuevo actor de peso en el sistema financiero mexicano, ha sido cuestionado.

Lo anterior al replicar el modelo de asesoría gubernamental que en décadas anteriores impulsaron firmas como Protego y Evercore, ahora su influencia, no se limita solo a la administración pública, sino también en el sector financiero privado.

El cargo Altor, de consultora sancionada a firma clave en la administración morenista apareció primero en La Chispa de Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una carpeta de investigación tras la denuncia presentada el 18 de marzo por Gerardo López Ramírez, apoderado legal de la empresa Centrum Primotoria Internacional, contra varios funcionarios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).

La acusación se refiere a presuntos actos de corrupción y el uso ilícito de atribuciones y facultades en el proceso de adjudicación de la Licitación Pública Nacional LPN/ISSEMYM/025/2025.

La licitación, celebrada el 7 de marzo de 2025, tenía como objetivo contratar servicios de pruebas de laboratorio para 22 hospitales del ISSEMYM. En la misma participaron las empresas Centrum, Instrumentos y Equipos Falcon SA de CV, empresas regiomontona ligada a los hermanos Rodolfo, Rolando, Héctor Hugo y Noé Ramírez Garza, asi como a Remigio Benavides Chapa y Salvador Zamora Salazar, y Arquina SA de CV, que preside Efraín Hendy Chayo (Distribuidora Médica Hendy SA de CV); sin embargo, el ISSEMYM adjudicó el contrato a Falcon y Arquina, cuya propuesta ascendió a 192 millones de pesos, 73 millones de pesos más que la oferta de Centrum, que fue de 119 millones de pesos. Este sobrecosto, equivalente a un 61% más, es el núcleo de la denuncia por presuntas irregularidades.

El delito por el cual se inició la investigación está contemplado en el artículo 340, fracción I, inciso b del Código Penal del Estado de México, ya que se alega que esta adjudicación afecta al patrimonio del ISSEMYM y sus derechohabientes. La denuncia incluye a Alfonso Rodríguez Manzanedo, director de Administración y Finanzas del ISSEMYM, quien emitió el fallo que favoreció a las empresas con sobrecostos; Marisol Villagrán Hernández, titular de la Dirección de Control del ISSEMYM, quien presidió el proceso de adjudicación; y la titular de la Dirección de Gestión y Control del ISSEMYM, quien emitió el oficio 207C0401430000L/DGC/0847/2025, señalando erróneamente que Centrum no cumplía con los requisitos solicitados.

Este caso se suma a las quejas y denuncias previas sobre irregularidades en la licitación y sobre el accionar de varios funcionarios del ISSEMYM en el manejo de licitaciones públicas. Además, se ha informado que Centrum ha presentado denuncias similares en otras partes del país relacionadas con prácticas irregulares en procesos licitatorios, y que Alfonso Rodríguez Manzanedo ha sido vinculado en situaciones anteriores que habrían favorecido a proveedores con sobrecostos.

El cargo Licitación millonaria del ISSEMYM genera acusaciones de corrupción contra funcionarios apareció primero en La Chispa de Estado de México.

De acuerdo con el acta de fallo de la Licitación LPN/ISSEMYM/024/2025, la firma adjudicada no presentó la mejor oferta económica, ya que su propuesta superó en 73 millones de pesos a la de su único competidor, Centrum Promotora Internacional, pese a que ambas ofrecían el mismo servicio.

El Comité de Adquisiciones del ISSEMYM justificó su decisión argumentando que la oferta de Centrum estaba 40% por debajo de los precios unitarios establecidos en el contrato vigente, lo que interpretaron como una posible estrategia para obtener ventaja en el proceso. Además, señalaron que la empresa descalificada no presentó la documentación requerida, incluyendo la carta de respaldo para pruebas especiales ni los registros sanitarios actualizados de los equipos Roche Cobas 503 y Abbott Architect i1000.

Falcón ha sido sancionada previamente por su participación en prácticas monopólicas dentro del sector salud. En agosto de 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP) instruyó a todas las dependencias federales y estatales a no aceptar propuestas ni firmar contratos con esta y otras empresas involucradas en la manipulación de licitaciones para laboratorios y bancos de sangre.

A pesar de la inhabilitación de siete años impuesta a Falcón, en noviembre de 2023, la sexta sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) revocó la sanción impuesta por la SFP, dejando sin efecto la restricción y permitiéndole volver a participar en contrataciones públicas.

Falcón formó parte de una investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en 2016, en la que se detectó la colusión de 15 empresas para obtener contratos millonarios en instituciones como el IMSS y el ISSSTE. Según la Cofece, estas prácticas causaron un daño superior a los 1,200 millones de pesos al erario durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En julio de 2023, el titular de la SFP, Roberto Salcedo Aquino, reveló que 19 empresas del sector de laboratorios clínicos y bancos de sangre estaban involucradas en casos de corrupción, lo que derivó en 23 investigaciones, así como en ocho inhabilitaciones y multas.

El cargo Edomex adjudica contrato millonario a empresa ligada al Cártel de la Sangre apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Pequeños contratistas denunciarían a ICA por adeudos millonarios 

Detrás de su fachada de gigante de la infraestructura, la empresa que dirige Guadalupe Phillips Margain enfrenta acusaciones de prácticas financieras cuestionables, que hoy afectan a más de 500 familias. Las denuncias, que han llegado hasta la conferencia matutina presidencial, apuntan a que al menos siete empresas tienen pagos pendientes por más de 136 millones de pesos.

Los reclamos provienen de Infraestructura GS, Toposervis y Mezclas Asfálticas y Caminos, que recientemente se sumaron a las demandas previamente interpuestas por KYPCON Ingenieros Civiles, Construcciones Peñascos, ICAPSA Infraestructura de Desarrollo y el empresario Marco Antonio Valdez Gutiérrez. Estos proveedores conforman el grupo “Empresarios Afectados por ICA y sus Filiales”, que busca justicia por los impagos que han puesto en crisis a múltiples compañías.

A lo largo de los años, ICA ha sido una de las principales beneficiadas con contratos de infraestructura pública, con más de 8 mil millones de pesos en proyectos asignados. Sin embargo, su modelo de subcontratación ha generado graves consecuencias económicas para las empresas más pequeñas.

“Modus operandi” de ICA

El abogado Jaime Argueta Cid, representante de los proveedores afectados, ha advertido a través de diversos medios que ICA parece operar bajo un “modus operandi” sistemático: subcontrata a pequeñas y medianas empresas con la promesa de contratos sólidos y pagos seguros, pero con el tiempo los adeudos crecen hasta ahogar financieramente a los proveedores. Muchas de estas compañías, confiadas en los acuerdos firmados con la constructora, adquirieron financiamientos para cumplir con sus compromisos, pero hoy se encuentran atrapadas en un callejón sin salida, sin ingresos y con deudas que siguen acumulándose.

Este modelo de operación no solo impacta a las empresas, sino que ha dejado sin empleo a cientos de trabajadores, ya que muchas subcontratistas no han podido cubrir nóminas, prestaciones, finiquitos ni liquidaciones. La crisis se ha agudizado con demandas laborales que ahora enfrentan algunas de estas compañías, que además de no recibir el dinero que ICA les debe, ahora deben responder a litigios iniciados por sus propios empleados.

Temor a represalias

A pesar de la magnitud del problema, varias empresas han optado por no denunciar por temor a represalias. Según Argueta Cid, hay proveedores con montos pendientes de entre uno y tres millones de pesos que han decidido mantenerse en silencio ante el miedo de quedar vetados en futuras contrataciones o sufrir represalias que comprometan su permanencia en el sector.

El silencio de ICA ante estos señalamientos añade un tono aún más inquietante a la situación. La empresa no ha emitido una postura oficial sobre los adeudos, lo que ha generado incertidumbre entre los proveedores y ha reforzado la percepción de que los impagos no son simples retrasos administrativos, sino una estrategia para postergar indefinidamente sus obligaciones financieras.

Pequeños contratistas denunciarían a ICA y preparan nuevas acciones

Mientras tanto, los afectados han comenzado a preparar nuevas acciones para presionar a ICA y al gobierno federal.  Tampoco descartan acciones de protesta en la Ciudad de México para visibilizar el problema y exigir soluciones. La pregunta que sigue en el aire es clara: ¿hasta cuándo ICA podrá seguir operando de esta manera sin consecuencias?

El cargo Pequeños contratistas denunciarían a ICA, pero temen veto apareció primero en La Chispa de Estado de México.

De acuerdo con los inconformes, la exsecretaria de Finanzas del Estado de México, Paulina Moreno García, habría dejado las bases para favorecer a la empresa Jet Van Car, propiedad de Cuauhtémoc Velázquez, quien mantiene estrechos lazos con el exgobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong. Esta compañía está vinculada al Grupo Pachuca y, según los manifestantes, su designación generaría un desplazamiento de empresas mexiquenses en favor de proveedores foráneos.

Uno de los organizadores de la protesta, Juan N, señaló que otorgar el contrato a una empresa de otro estado no solo limita la generación de empleo local, sino que impide una derrama económica en beneficio de los municipios mexiquenses.

“La gobernadora Delfina Gómez debería denunciar a Paulina Moreno García, que antes de salir de su puesto dejó todo arreglado para beneficiar a Jet Van, una empresa ligada al PRI de Grupo Pachuca, por lo que la derrama económica derivada de estos contratos se irá a otra entidad”, afirmó.

La protesta está programada para las 10:00 am y se espera la asistencia de más de 150 familias.

La junta de aclaraciones de la licitación, celebrada el pasado 3 de febrero, contó con la participación de seis empresas: Value Automotriz, Integra Arrenda, Pegasus Mobile and Logistic, Clear Leasing, CA Soluciones Financieras y Jet Van Car. Sin embargo, las denuncias de favoritismo han generado inquietud entre los competidores.

Cabe destacar que, en 2021, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Jet Van Car por incumplimiento en un contrato de arrendamiento de vehículos con el Servicio de Protección Federal, lo que le impidió participar en contrataciones públicas durante un año.

Además, durante la administración federal anterior, los contratos adjudicados a Jet Van Car alcanzaron un valor aproximado de 7,400 millones de pesos, según registros del portal gubernamental Compranet. Esta cifra representa un crecimiento significativo respecto a los 6,561 millones de pesos que la empresa obtuvo en contratos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Los manifestantes han solicitado que las autoridades revisen a fondo el proceso de adjudicación y garanticen que se respete la libre competencia, sin privilegios para ninguna empresa en particular.

El cargo Protestarán mexiquenses contra adjudicación a empresa del Grupo Pachuca apareció primero en La Chispa de Estado de México.