Redacción

La disputa por los espacios para las romerías de los mercados públicos de Benito Juárez escaló a una confrontación entre comerciantes y la administración de Luis Mendoza, luego de que Édgar Mendieta comenzara a movilizar a locatarios inconformes con las autorizaciones otorgadas por la alcaldía.

De acuerdo con testimonios recabados y material audiovisual en poder de este medio, Mendieta presiona a comerciantes para participar en protestas contra el gobierno de la demarcación, mientras utiliza como eje de la inconformidad la asignación de espacios para las actividades comerciales.

Sin embargo, el conflicto tiene un elemento administrativo que ha quedado fuera del discurso de las movilizaciones: quienes no fueron autorizados para instalarse no pudieron acreditar la titularidad de un local dentro del mercado mediante la documentación correspondiente.

Entre los documentos que acreditan la condición de locatario se encuentra la cédula de empadronamiento, cuya regularización forma parte de los trabajos que autoridades capitalinas y la alcaldía han realizado para dar certeza jurídica a los comerciantes.

El problema, de acuerdo con locatarios consultados, es que Mendieta pretende que se permita la instalación de personas que no acreditan ser titulares de espacios dentro de los mercados, aun cuando la administración debe verificar previamente quién tiene derecho a ocuparlos.

El conflicto no es nuevo. En septiembre, representantes de los 16 mercados públicos de Benito Juárez se deslindaron de Mendieta y establecieron que no cuenta con autorización para realizar gestiones o asumir compromisos a nombre de los comerciantes. Más de 200 locatarios respaldaron ese posicionamiento.

A pesar de ello, el dirigente mantiene las movilizaciones y cuestionamientos contra funcionarios de la alcaldía.

El conflicto alcanzó también a Miriam Castañeda, funcionaria relacionada con la atención de los mercados, quien ha sido señalada en mensajes difundidos dentro de grupos de WhatsApp de comerciantes. De acuerdo con testimonios y capturas en poder de este medio, desde esos espacios se han promovido expresiones de confrontación contra la servidora pública.

Mientras tanto, la alcaldía sostiene el proceso administrativo para determinar quién puede ocupar los espacios y bajo qué condiciones.

La disputa, así, dejó de ser únicamente por una romería: es también una confrontación sobre quién acredita el derecho a vender, quién representa a los comerciantes y hasta dónde puede llegar la presión de un dirigente para modificar una decisión administrativa.

El cargo Romerías desatan pleito en Benito Juárez apareció primero en La Chispa de Estado de México.

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No hay respaldo de los mercados públicos de Benito Juárez a las acusaciones de supuestos cobros millonarios para regularizar puestos que ha difundido Édgar Mendieta González. Más de 200 comerciantes se deslindaron de sus declaraciones y negaron que tenga facultades para hablar o actuar en su nombre.

El señalamiento de los locatarios ocurre después de que Mendieta afirmara que presuntamente se les habían solicitado 350 mil pesos por una cédula y 250 mil pesos adicionales por cada puesto para mantener anexos vinculados con la venta de flores.

Frente a esa versión, los representantes de los 16 mercados públicos de la alcaldía establecieron una postura distinta: Mendieta no es su portavoz y sus acusaciones contra funcionarios, autoridades y mesas directivas no representan al gremio.

La separación quedó formalizada en un documento entregado al alcalde Luis Mendoza por Héctor Santos León Castillo, representante de secretarios generales y mesas directivas. En él se notificó el desconocimiento y revocación de cualquier poder, mandato o autorización que hubiera permitido a Mendieta realizar gestiones a nombre de los comerciantes.

El escrito también precisa que no está facultado para firmar documentos, contraer obligaciones, realizar trámites o presentarse ante autoridades en representación de los locatarios.

A esta postura se sumaron comerciantes del Mercado Público número 30, Portales Zona. Más de 30 locatarios suscribieron un pronunciamiento para negar que Mendieta tenga autorización para asumirse como vocero de ese centro de abasto.

Los firmantes señalaron que las declaraciones y acciones del hombre corresponden únicamente a él y a quienes voluntariamente decidan acompañarlo, por lo que rechazaron que sus señalamientos sean presentados como una posición colectiva.

El origen de la disputa está relacionado con la participación de algunos comerciantes en la romería. De acuerdo con los locatarios, las personas a las que Mendieta respalda no han acreditado plenamente su calidad de comerciantes ni cumplido con las disposiciones necesarias para ocupar esos espacios.

Por ello, pidieron que cualquier controversia sea resuelta mediante los mecanismos administrativos correspondientes y cuestionaron que se pretenda solucionar el conflicto mediante movilizaciones, presiones o enfrentamientos.

Un representante cuestionado

Los comerciantes también marcaron distancia frente al entorno de Mendieta. El señalado como vocero mantiene una relación sentimental con Evelyn Angélica García Mejía, quien fue detenida en mayo junto con presuntos integrantes de La Unión Tepito. En ese operativo se reportó el aseguramiento de marihuana, cocaína, cristal, dinero y teléfonos.

El Movimiento Plural de Comerciantes de Mercados Públicos, al que pertenece Mendieta, también ha sido objeto de señalamientos públicos por una presunta vinculación con extorsiones a comerciantes. Dichas acusaciones, al igual que las realizadas por Mendieta sobre supuestos cobros, deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.

Mientras tanto, los locatarios de Benito Juárez expresaron su respaldo a la administración de Luis Mendoza y destacaron la atención brindada a las necesidades de los mercados.

Con los documentos presentados ante la alcaldía, los comerciantes buscan evitar que las acciones de Mendieta sean interpretadas como decisiones del gremio y establecen que ninguna persona puede asumirse como representante de los mercados sin contar con el aval expreso de sus locatarios.

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Oficinas sindicales con fachada criminal

Entre los inmuebles asegurados, destaca uno ubicado en el Fraccionamiento Fortaleza, en Ecatepec, que según las autoridades era utilizado como oficina de las agrupaciones Sindicato Nacional 25 de Marzo y la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON).

“Uno los inmuebles asegurados, ubicado en el Fraccionamiento Fortaleza, en el municipio de Ecatepec, era al parecer utilizado como oficina por integrantes del Sindicato Nacional 25 de Marzo y Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON)”, reportó la FGJEM el pasado 13 de julio.

Presencia del Ejército y Marina en los operativos

Los municipios donde se realizaron cateos y aseguramientos son:

Almoloya de Juárez

Chalco, Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Ixtapaluca

La Paz, Metepec

Nezahualcóyotl

San Antonio La Isla

Texcoco, Tezoyuca Tianguistenco Tultepec

Tultitlán y Valle de Chalco

Con estos nuevos aseguramientos, el operativo suma 546 propiedades incautadas en el marco de acciones contra el despojo y la extorsión inmobiliaria en la entidad.

El Mimoso y La Güera, presuntos líderes de despojo

Uno de los personajes clave en estas investigaciones es José Luis “N”, alias El Mimoso, detenido el 1 de julio en la Ciudad de México. Es señalado como presunto líder regional de la Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales (AMOS) en el Estado de México y objetivo prioritario de las autoridades.

Según la FGJEM, tanto El Mimoso como Noemí “N”, alias La Güera, habrían liderado redes de despojo en comunidades como Lomas de San Sebastián, en el municipio de La Paz.

Ambos se presentaban como “luchadores sociales” con capacidad de movilizar mototaxistas y tianguistas, a quienes usaban como grupos de choque para invadir o presionar a propietarios. En uno de los casos, una de sus víctimas recibió una extorsión de medio millón de pesos para abandonar su inmueble.

Una fachada de lucha social para encubrir delitos

La FGJEM advirtió que muchas de estas agrupaciones han intentado disfrazar sus actividades bajo discursos de lucha social, pero en realidad operan como estructuras criminales dedicadas al despojo violento de inmuebles, extorsión, amenazas y cobro de piso.

La dependencia estatal continuará con la judicialización de los casos y el desmantelamiento de estas redes, en coordinación con fuerzas federales y locales.

El cargo Aseguran 55 inmuebles ligados a extorsión y despojos en Edomex apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Toluca, Estado de México.— Como parte de los trabajos para combatir la ocupación ilegal de inmuebles y restituir la propiedad a sus legítimos dueños, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso de once personas señaladas por su presunta participación en diversos delitos, entre ellos despojo, extorsión y secuestro exprés.

Estas acciones forman parte de la Operación “Restitución” y de la Estrategia para la Restitución de la Propiedad, implementadas por la institución ministerial con el objetivo de enfrentar redes delictivas dedicadas al despojo violento de bienes inmuebles en distintos municipios mexiquenses.

Actuaban de forma violenta y organizada

Según las investigaciones realizadas por la FGJEM, los detenidos operaban de manera individual o en grupo, en coordinación con supuestos sindicatos y organizaciones que actuaban como grupos de choque. Estas agrupaciones se encargaban de invadir de manera violenta propiedades que se encontraban habitadas o deshabitadas, sin contar con ningún derecho legal sobre ellas.

Entre los inmuebles afectados se encuentran casas habitación, locales comerciales, naves industriales y terrenos ubicados en diferentes puntos del Estado de México. Las tomas ilegales se realizaban mediante el uso de la fuerza, amenazas y en algunos casos, privación ilegal de la libertad de los legítimos ocupantes.

La USON, implicada en las invasiones

Cinco de los detenidos forman parte de la organización autodenominada Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), grupo que ha sido identificado como uno de los principales actores en la ocupación ilegal de propiedades en la región.

De acuerdo con los testimonios recabados y las pruebas presentadas ante el juez de control, los integrantes de la USON se organizaban en grupos numerosos y portaban armas para intimidar a los residentes o encargados de los inmuebles. Su modus operandi consistía en irrumpir de manera violenta, desalojar a los ocupantes y tomar posesión del lugar, con el objetivo de transferirlo a terceros interesados, presuntamente a cambio de dinero.

El cargo Vinculan a proceso a 11 personas por despojo y extorsión en Edomex apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Toluca, Estado de México.— La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en colaboración con su homóloga en Veracruz, informó sobre la detención de Hugo Francisco “N”, presunto líder de una red extorsión y despojo en Ecatepec

La aprehensión se realizó en territorio veracruzano como parte de la operación “Restitución”, estrategia enfocada en desarticular estructuras delictivas activas en el centro y sur del país.

De acuerdo con las autoridades, Hugo Francisco “N” encabezaba el grupo social denominado “Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata” (Gopez), desde donde presuntamente dirigía actividades ilícitas.

Además, mantenía presuntos vínculos con la organización criminal conocida como “Los 300”, que opera principalmente en Ecatepec y es señalada por delitos como homicidio, extorsión y despojo de propiedades.

Tras su captura, el detenido fue trasladado a Toluca, donde fue sometido a los exámenes médicos de rutina antes de ser ingresado a un penal estatal aún no especificado.

Se encuentra actualmente bajo custodia judicial. Testigos indicaron que durante la detención vestía una bermuda clara y una camiseta blanca, y no ofreció resistencia.

Su pasado como funcionario público

Hugo Francisco “N” ocupó en el pasado cargos dentro de la administración municipal de Ecatepec, fungiendo como coordinador de jueces conciliadores durante el gobierno de Luis Fernando Vilchis Contreras.

También fue identificado como coordinador de “Los 300” en la zona de Jardines de Morelos.

Esta detención se suma a la reciente captura de Luis “N”, alias “El Conejo”, también en Veracruz, señalado como líder de la misma organización criminal.

Ambos casos fortalecen las investigaciones estatales contra redes delictivas en el Valle de México y podrían derivar en nuevas aprehensiones.

Las autoridades continúan recabando pruebas para integrar las carpetas correspondientes, y no se descartan más acciones judiciales contra integrantes de estas estructuras criminales.

El cargo Detienen a presunto líder criminal vinculado a red de extorsión en Ecatepec apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario estatal reconoció que, si bien la cifra de servidores públicos investigados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) asciende a 580, en el caso específico de la SSEM, al menos 45 agentes fueron separados de sus cargos tras detectarse posibles malas prácticas tanto en el ámbito operativo como en el sistema penitenciario.

“Tenemos diferentes temas, y tenemos tanto de la parte operativa como del área de los penales”, explicó en entrevista Castañeda Camarillo, al tiempo que subrayó que se trata de un esfuerzo constante para erradicar la corrupción dentro de la institución.

Elementos de seguridad pública asignados en Texcoco acusados de extorsión

Entre los casos más recientes, el secretario destacó la destitución de la directora del penal de Nezahualcóyotl Bordo, así como de varios custodios y elementos asignados a Texcoco, quienes fueron señalados por presuntos actos de extorsión.

“Tuvimos el caso más reciente de elementos activos, fue en Texcoco, donde algunos elementos fueron señalados de extorsión; inmediatamente fueron puestos a disposición y, obviamente, la intención es no tolerar. La instrucción de la señora gobernadora es clara: no tolerar”, aseguró el titular de la SSEM.

Castañeda Camarillo enfatizó que no se permitirá que las malas acciones de algunos elementos afecten la imagen y el trabajo del resto de la corporación, la cual, dijo, está compuesta en su mayoría por servidores públicos en el Estado de México, están comprometidos con su labor.

“Lo que queremos es que esos elementos no empañen el buen proceder del resto de la corporación”, concluyó.

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“Es un reto estratégico nacional no solo reducir sino acabar con la impunidad de todos los delitos en particular del crimen organizado. Está claro que el gobierno que concluyó en octubre pasado no fue mejor que los anteriores y habrá que esperar a que la estrategia de seguridad del nuevo gobierno surta efecto para ver si es capaz de avanzar en el cumplimiento de este reto”, puntualizó Pedro Fuentes Hinojosa.

Delitos en la impunidad

Pedro Fuentes Hinojosa hace énfasis en la extorsión, el secuestro, y los feminicidios, como delitos que se han mantenido en la impunidad al pasar las diferentes administraciones y pide al gobierno de Claudia Sheinbaum que tome acciones contundentes para acabar con estos males que se han vuelto parte de la cotidianidad en nuestro país.

“En México, la violencia ha sido un problema persistente y constante. No es algo nuevo, pero las cifras nos muestran un aumento en la violencia e impunidad en los últimos seis años. A lo largo de este tiempo los derechos humanos han sido vulnerados en el país”, afirmó Pedro Fuentes Hinojosa.

Pedro Fuentes Hinojosa resalta que la percepción que existe sobre la justicia en México no es buena. Y es que según diferentes estudios más del 60 por ciento de las personas opinan que la mayoría de los delitos quedan impunes. Solo 1 de cada 10 personas piensa que en nuestro país no hay impunidad.

Pedro Fuentes Hinojosa advierte que la situación de inseguridad que se vive en estados como Sinaloa, Chiapas, Guerrero y Guanajuato, por citar solo algunos, han marcado una tendencia a la alza en materia de impunidad, dejando en la indefensión a miles de víctimas que deben enfrentar un sistema penal ineficiente y corrupto.

“Iniciamos el 2025 con una grave crisis en materia de seguridad, que se ha extendido por todo el territorio nacional. Los ciudadanos exigimos que el gobierno acabe con la impunidad. La paz no llega y las víctimas siguen aumentado”, finalizó Pedro Fuentes Hinojosa.

El cargo Impunidad, impunidad e impunidad, reto de CSP: Pedro Fuentes Hinojosa apareció primero en La Chispa de Estado de México.

“Televisa le pidió a Rocío Nahle 200 millones de pesos porque tenían un paquete de información sobre la refinería”, afirmó López Obrador durante su conferencia matutina. El presidente también acusó a los diarios Reforma y El Universal de participar en la campaña contra Nahle. Ambos periódicos, conocidos por su presencia en la Zona Metropolitana del Valle de México, fueron señalados por López Obrador de actuar de manera calumniadora y chantajista.

“El Reforma y El Universal participaron en la campaña en contra de Rocío Nahle cuando era candidata a la gubernatura de Veracruz. Ya basta de ese periodismo mafioso, calumniador, chantajista, un periodismo que actúa por consigna, que actúa de manera mercenaria”, enfatizó el presidente.

Revelan Intento de Extorsión a Rocío Nahle: Acusan a Medios de Comunicación

Durante su intervención, López Obrador mostró una portada de El Universal que señalaba un supuesto escándalo por la compra de propiedades en Boca del Río. Según la denuncia, dichas propiedades habrían sido adquiridas con dinero desviado de la construcción de la refinería en Tabasco. Un empresario incluso presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación (FGR) durante la campaña electoral, acusando a Nahle de usar recursos ilícitos para la compra de las propiedades.

La acusación de extorsión y la denuncia de manipulación mediática por parte de López Obrador han generado un fuerte debate sobre el papel de los medios de comunicación en la política mexicana y su relación con los intereses económicos y políticos. La gobernadora electa, Rocío Nahle, no ha emitido comentarios al respecto, pero se espera que esta controversia continúe desarrollándose en las próximas semanas.

La denuncia del presidente López Obrador pone de relieve las tensiones entre su administración y ciertos sectores de los medios de comunicación, y plantea interrogantes sobre la integridad y la ética en el periodismo y la política en México.

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