La Fiscalía General de la República (FGR) reactivó una investigación penal contra el empresario Adolfo del Cueto Aramburu, luego de revocar la determinación de no ejercicio de la acción penal que había sido emitida previamente a su favor. Ante esta decisión, el empresario promovió un juicio de amparo con el objetivo de frenar el avance del proceso en su contra.

De acuerdo con una investigación de Proceso, el pasado 26 de septiembre la FGR dejó sin efectos un acuerdo fechado el 17 de febrero del mismo año, mediante el cual se había determinado no ejercer acción penal contra Del Cueto Aramburu. La revocación permitió que la carpeta de investigación quedara nuevamente activa, aunque el contenido del expediente permanece bajo reserva.

Como parte del trámite legal, el empresario interpuso el juicio de amparo 1033/2025, en el que impugna la actuación de la autoridad ministerial. En los autos se ordenó integrar un oficio remitido por la agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación C-6, adscrita a la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros, lo que sugiere que las indagatorias podrían involucrar operaciones de carácter financiero.

El proceso aún no está concluido. Un tribunal colegiado admitió el recurso de revisión presentado dentro del juicio de amparo, por lo que el caso será analizado en segunda instancia. Esta decisión no implica una resolución de fondo, pero mantiene abierta la disputa sobre la legalidad de la revocación del no ejercicio de la acción penal dictada por la FGR.

El nombre de Adolfo del Cueto Aramburu ha sido mencionado en declaraciones ministeriales rendidas por los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, así como por su socio Natan Wancier Taub, quienes obtuvieron un criterio de oportunidad con la FGR. En esos testimonios, el empresario es señalado como presunto intermediario en una red de sobornos vinculada al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y a altos funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Según dichas declaraciones, Del Cueto Aramburu operaba desde Miami a través de la casa de bolsa Bulltick y mantenía vínculos con el empresario Jorge Fernández Moreno, con quien presuntamente facilitaba el acceso a la administración federal entrante en 2012 para asegurar la continuidad de contratos públicos. La reactivación del expediente se suma a las investigaciones que continúan abiertas en torno a presuntos esquemas de corrupción del pasado reciente.

Adolfo del Cueto, ligado a García Luna, busca blindarse ante investigaciones penales

La Fiscalía General de la República (FGR) reactivó una investigación penal contra el empresario Adolfo del Cueto Aramburu, luego de revocar la determinación de no ejercicio de la acción penal que había sido emitida previamente a su favor. Ante esta decisión, el empresario promovió un juicio de amparo con el objetivo de frenar el avance del proceso en su contra.

De acuerdo con documentos judiciales, el pasado 26 de septiembre la FGR dejó sin efectos un acuerdo fechado el 17 de febrero del mismo año, mediante el cual se había determinado no ejercer acción penal contra Del Cueto Aramburu. La revocación permitió que la carpeta de investigación quedara nuevamente activa, aunque el contenido del expediente permanece bajo reserva.

Como parte del trámite legal, el empresario interpuso el juicio de amparo 1033/2025, en el que impugna la actuación de la autoridad ministerial. En los autos se ordenó integrar un oficio remitido por la agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación C-6, adscrita a la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros, lo que sugiere que las indagatorias podrían involucrar operaciones de carácter financiero.

El proceso aún no está concluido. Un tribunal colegiado admitió el recurso de revisión presentado dentro del juicio de amparo, por lo que el caso será analizado en segunda instancia. Esta decisión no implica una resolución de fondo, pero mantiene abierta la disputa sobre la legalidad de la revocación del no ejercicio de la acción penal dictada por la FGR.

El nombre de Adolfo del Cueto Aramburu ha sido mencionado en declaraciones ministeriales rendidas por los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, así como por su socio Natan Wancier Taub, quienes obtuvieron un criterio de oportunidad con la FGR. En esos testimonios, el empresario es señalado como presunto intermediario en una red de sobornos vinculada al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y a altos funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Según dichas declaraciones, Del Cueto Aramburu operaba desde Miami a través de la casa de bolsa Bulltick y mantenía vínculos con el empresario Jorge Fernández Moreno, con quien presuntamente facilitaba el acceso a la administración federal entrante en 2012 para asegurar la continuidad de contratos públicos. La reactivación del expediente se suma a las investigaciones que continúan abiertas en torno a presuntos esquemas de corrupción del pasado reciente.

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La detención se concretó en la colonia Bienestar Social, en la capital chiapaneca, durante un operativo derivado de labores de inteligencia orientadas a la desarticulación de generadores de violencia en el sureste del país. En la acción participaron efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con las fiscalías y corporaciones policiales de Chiapas y Tabasco.

De acuerdo con los informes oficiales, las autoridades federales habían establecido diversas líneas de investigación que permitieron ubicar la zona de movilidad del presunto delincuente, identificado como un ex servidor público que habría aprovechado su conocimiento operativo para coordinar actividades ilícitas en ambos estados.

Detienen en Chiapas a ex policía tabasqueño señalado como líder regional de grupo criminal

Durante los patrullajes, los elementos detectaron al sospechoso y le marcaron el alto. Tras corroborar su identidad, Leonardo “N”, de 55 años, fue aprehendido y trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, junto con los objetos asegurados, para determinar su situación jurídica.

Las autoridades señalaron que el detenido estaría relacionado con una célula criminal dedicada a extorsionar a comerciantes locales, así como al secuestro y venta de estupefacientes, delitos que han impactado directamente en comunidades de Chiapas y Tabasco.

Finalmente, el Gabinete de Seguridad federal reafirmó su compromiso de mantener la coordinación interinstitucional para combatir a la delincuencia organizada, reducir los índices delictivos y recuperar la paz social en la región.

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De acuerdo con la información oficial difundida este martes, Levy fue detenido el 28 de octubre por autoridades portuguesas en cumplimiento de una Notificación Roja de Interpol, derivada de dos órdenes de aprehensión vigentes en México: una por delitos contra el ambiente y responsabilidad de obra, y otra por amenazas y daño en propiedad ajena.

El Tribunal de Apelación de Lisboa determinó dejarlo en libertad provisional bajo medidas cautelares, mientras se revisa su situación migratoria y se define la posible extradición a México.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que la detención respondió a una alerta migratoria internacional, y que se mantiene comunicación con Interpol México y la Fiscalía General de la República (FGR) para coordinar las acciones legales correspondientes. La institución subrayó que Levy había incumplido comparecencias judiciales entre 2021 y 2025, aunque reiteró que goza del principio de presunción de inocencia.

No obstante, el propio Simón Levy negó rotundamente la versión gubernamental. En declaraciones radiofónicas, afirmó estar “vivo, libre y fuera de México”, y denunció que horas antes de la supuesta detención fue víctima de un atentado armado.

“Recibí un atentado hace casi 10 horas, hubo dos disparos. Logré escapar de milagro”, dijo el también abogado, quien se negó a revelar su ubicación por razones de seguridad.

Levy atribuyó las agresiones y acusaciones en su contra a una presunta persecución política derivada de sus críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Me advirtieron que si me seguía metiendo con él o con su hijo, me iban a matar a mí y a mis hijos”, declaró.

Asimismo, cuestionó las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien más temprano sostuvo que la detención respondía a una denuncia particular. “Eso es completamente falso, no estoy detenido. Lo que hay es una campaña para denostarme y una cortina de humo”, aseguró.

Mientras el Gobierno mexicano insiste en la colaboración internacional para concretar la extradición, y las autoridades portuguesas verifican su identidad y situación legal, el caso de Simón Levy se ha transformado en un entramado de versiones opuestas, donde se mezclan acusaciones penales, alegatos de persecución política y un atentado aún sin corroborar.

El desenlace del proceso —que se dirime entre Lisboa y la Ciudad de México— podría definir no sólo la situación jurídica de Levy, sino también abrir un nuevo capítulo en la relación entre la justicia mexicana y los procesos de cooperación internacional.

El cargo Choque de versiones: autoridades confirman detención de Simón Levy en Portugal, mientras él asegura estar libre y víctima de un atentado apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Presentan video de prueba contra Arturo Serrano Meneses, ex titular del OIC, y Carlos Enrique Rascón Yrízar, ex director del Área de Responsabilidades, acusados de solicitar un soborno de 6 millones de pesos al representante de Casanova Rent.

Los hermanos Carlos y Joaquín Echenique Casanova, propietarios de Grupo Casanova, se encuentran nuevamente en el centro de la controversia, luego que la Fiscalía General de la República (FGR) incorporó un video como prueba clave en la investigación que se sigue contra Arturo Serrano Meneses, ex titular del Órgano Interno de Control, y Carlos Enrique Rascón Yrízar, ex director del Área de Responsabilidades, ambos acusados de solicitar un soborno de 6 millones de pesos al representante de Casanova Rent Volks, una de las divisiones del grupo.

Este episodio reabre el historial de señalamientos que persigue al conglomerado de los Echenique Casanova, el cual ha sido apuntado por anomalías como sobrecostos, adjudicaciones directas e incumplimientos en contratos de arrendamiento vehicular con dependencias federales.

El dominio del grupo se consolidó durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, periodos en los que sus empresas concentraron gran parte de las contrataciones públicas en el ramo de arrendamiento.

Dominio en Contrataciones Públicas y Sanciones Previas

Registros públicos indican que, tan solo durante la administración de Felipe Calderón, las divisiones Casanova Rent, Casanova Chapultepec, Casanova Vallejo y Casanova Rent Volks obtuvieron 138 contratos por una cifra superior a mil 663 millones de pesos entre 2007 y 2012.

Posteriormente, Casanova Vallejo firmó 317 contratos adicionales con el gobierno de Peña Nieto entre 2013 y 2018, por poco más de 6 mil 495 millones de pesos, consolidándose como una de las arrendadoras más beneficiadas.

A pesar de las polémicas, incluyendo una denuncia de 16 legisladores del PAN ante la PGR en 2015 por un presunto fraude de 3 mil 377 millones de pesos, ninguna investigación se abrió en ese momento.

Con la llegada de la 4T, el grupo ha continuado obteniendo contratos, pero también ha enfrentado sanciones. En 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso a Casanova Vallejo una inhabilitación de 45 meses por irregularidades en la renta de ambulancias al ISSSTE.

Un año después, en 2023, la dependencia decretó una nueva suspensión por 30 meses tras detectar anomalías en otros convenios de arrendamiento.

No obstante, en abril de 2024, el conglomerado obtuvo un amparo definitivo que anuló la inhabilitación vigente, permitiéndole reincorporarse al padrón de proveedores federales.

Desde entonces, ha firmado más de 80 contratos por un monto superior a 500 millones de pesos, incluyendo adjudicaciones en San Luis Potosí, Ahome y Culiacán, donde autoridades locales investigan posibles daños al erario.

El Grupo Casanova, que ha firmado contratos por miles de millones de pesos con gobiernos de distintos signos políticos desde 2002, vuelve a figurar en una carpeta penal que amenaza con exponer los vínculos entre el poder público y su red de arrendamiento.

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Durante una declaración ante medios de comunicación, el fiscal respondió a las dudas que resurgieron tras la publicación de un medio sobre el caso del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Gertz desmintió que la decisión de retirar los cargos contra Cienfuegos haya sido producto de una solicitud del Gobierno de México.

“Eso es totalmente falso. La jueza dijo que se desistiría a petición del gobierno de Estados Unidos”, afirmó Gertz Mañero, subrayando que la administración estadounidense no pudo sostener la acusación. “Si hubieran tenido pruebas, las habrían presentado”, agregó.

Gertz Mañero reitera que el caso Cienfuegos fue cerrado por falta de pruebas

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la postura del fiscal y enfatizó que la resolución del caso se debió a la falta de evidencia contra Cienfuegos. “Como ya lo explicó el fiscal, no hay pruebas”, reiteró la mandataria.

El caso del general Cienfuegos, quien fue detenido en 2020 en Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico y posteriormente liberado tras el retiro de los cargos, ha sido objeto de controversia y especulación. Sin embargo, tanto la FGR como el Gobierno de México han sostenido que no existieron elementos para proceder en su contra.

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Primer caso: decomiso de fentanilo

Durante un punto de revisión sobre el Boulevard Circuito Interior, elementos de seguridad interceptaron a un vehículo tipo pick-up cuyo conductor, al notar la presencia de los agentes, intentó evadirlos. Tras marcarle el alto y realizar una inspección al vehículo, descubrieron una bolsa con pastillas de fentanilo escondida en un compartimento artesanal en la parte trasera de la unidad.

El conductor, un hombre de 40 años, fue detenido y se le informaron sus derechos antes de ser puesto a disposición del Ministerio Público junto con la droga asegurada.

Segundo caso: recuperación de vehículo robado

En una acción distinta, llevada a cabo en el Boulevard Juan M. Zambada, en la colonia Penitenciaria, los agentes establecieron un punto de inspección para localizar vehículos robados. Detectaron un automóvil de alta gama sin placas de circulación. Tras verificar el número de serie en el sistema, confirmaron que tenía un reporte de robo activo.

Operativos en Culiacán refuerzan combate al crimen: aseguran fentanilo y vehículo robado

El conductor, de 23 años, fue detenido y se le leyeron sus derechos antes de ser puesto a disposición de las autoridades correspondientes, junto con el vehículo asegurado.

Compromiso con la seguridad

Estas acciones reflejan el trabajo conjunto de las instituciones del Gabinete de Seguridad para combatir delitos relacionados con el narcotráfico y el robo de vehículos en Sinaloa, reafirmando su compromiso de recuperar la paz y tranquilidad en la región.

Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para colaborar denunciando actividades sospechosas y mantener la confianza en las fuerzas de seguridad para garantizar un entorno seguro para todos.

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En un giro inesperado en el caso de María Elena Ríos Ortiz, saxofonista y activista atacada con ácido en septiembre de 2019, la jueza María Antonia Esteva Domínguez del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca, revocó la liberación de los tres implicados: Juan Antonio Vera Carrizal, Rubicel Hernández Ríos, y Rubén Loaeza Chávez, quienes enfrentaban cargos por tentativa de feminicidio. Esta nueva resolución llegó tras la indignación social que desató la decisión previa del juez José Gabriel Ramírez Montaño, quien había absuelto a los acusados.

La jueza Esteva Domínguez, en una audiencia celebrada este miércoles por la noche, determinó que los imputados deben permanecer en prisión preventiva, dejando sin efecto la boleta de libertad que había sido emitida anteriormente. La resolución también exige el reingreso inmediato de los acusados al centro de internamiento en caso de que ya hubieran sido liberados.

El caso de María Elena Ríos ha sido emblemático en la lucha contra la impunidad en los delitos de violencia de género en México. Ríos sufrió graves quemaduras tras ser atacada con ácido, un crimen que, según confesaron dos de los perpetradores, fue ordenado por Juan Antonio Vera Carrizal, a cambio de un pago de 30 mil pesos. A pesar de las confesiones y de las pruebas presentadas por la fiscalía, el juez Ramírez Montaño argumentó inicialmente que no existían fundamentos suficientes para mantener la acusación de tentativa de feminicidio, lo que generó una ola de indignación tanto en redes sociales como en la opinión pública.

María Elena Ríos, quien ha mantenido una lucha constante durante cinco años para que se haga justicia, expresó su frustración e indignación tras conocer la noticia de la liberación, catalogándola como un triunfo de la corrupción. Su llamado a las autoridades, incluyendo a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo y a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue escuchado, lo que contribuyó a la revocación de la decisión inicial y al reingreso de los acusados a prisión.

Cambio de rumbo en caso María Elena Ríos

Este caso pone en evidencia las dificultades que enfrentan las mujeres en México al buscar justicia en casos de violencia de género y subraya la importancia de la presión social y gubernamental para contrarrestar decisiones judiciales que parecen perpetuar la impunidad. La resolución de la jueza Esteva Domínguez representa un paso hacia la rectificación en un proceso que ha estado marcado por la controversia y la desconfianza en el sistema judicial.

Ahora, la lucha por justicia para María Elena Ríos sigue su curso, con la esperanza de que este cambio en la decisión judicial sea un preludio de una condena definitiva contra los responsables del ataque.

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Este lunes, durante su conferencia matutina, López Obrador también abordó las recientes especulaciones en torno a Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa. Según el presidente, “El Mayo” habría salido de Culiacán con rumbo a Texas, donde fue formalmente arrestado por las autoridades estadounidenses.

Solicita AMLO a la FGR. Revisión del Caso Cuén

Es relevante destacar que López Obrador desestimó las afirmaciones que indicaban que Zambada fue detenido en territorio mexicano por desconfianza de las autoridades norteamericanas hacia sus contrapartes mexicanas. En este sentido, enfatizó que la información adicional sobre el caso, proporcionada por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ya está en manos de la FGR.

El presidente también hizo un llamado a la paciencia y a esperar que las investigaciones avancen antes de emitir juicios o divulgar más detalles sobre el caso. Subrayó la importancia de que toda la verdad sea revelada y que no se oculte nada, en particular en lo que respecta a las versiones sobre dos comandantes de la policía o la fiscalía de Sinaloa que supuestamente brindaban protección a “El Mayo”. Según López Obrador, se trataría de dos agentes que ahora están bajo escrutinio.

Un aspecto clave de esta historia es el supuesto rol que habría jugado Héctor Melesio Cuén como señuelo para atraer a Ismael “El Mayo” Zambada a una reunión con Joaquín Guzmán López, conocido como “El Chapito Guzmán”, en un domicilio en Culiacán. Este encuentro habría facilitado la captura de Zambada, quien luego fue trasladado en avioneta a Estados Unidos. Esta hipótesis, de confirmarse, implicaría una coordinación sin precedentes entre las autoridades de ambos países y podría cambiar el rumbo de las investigaciones relacionadas con el narcotráfico en México.

El caso Cuén, ahora bajo la lupa de la FGR, promete ser un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en Sinaloa y en el país, reflejando las complejas dinámicas de poder y las estrategias que se despliegan en la batalla por el control del narcotráfico en la región. La expectativa crece, y con ella, la demanda de justicia y transparencia por parte de la sociedad mexicana.

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Quince minutos después, una segunda llamada confirmó la identidad de los detenidos y la SSPC solicitó una fotografía para verificar la información. La Embajada respondió que las imágenes estaban disponibles mediante un video tomado en las oficinas del gobierno estadounidense. Poco después, la Embajada solicitó apoyo del FBI y otras agencias, manteniendo informadas a las secretarías de Defensa Nacional y Marina.

Un Giro en la Historia: La Entrega de Ismael “Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López

En una revelación adicional, el Instituto Nacional de Migración (INAMI) informó sobre una solicitud para el uso de una aeronave en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo. La aeronave despegó a las 7:55 de la mañana, llegando al aeropuerto de Santa Teresa, cerca de El Paso, Texas, con una tripulación ampliada. Rodríguez Velázquez, de la SSPC, confirmó que “de Hermosillo salieron solo el piloto y una persona, a Texas llegaron 3”.

Ismael “El Mayo” Zambada tiene cuatro órdenes de aprehensión vigentes en México por delincuencia organizada, delitos contra la salud y en materia de armas. Las autoridades no aclararon si se trató de una entrega voluntaria o una captura, y agradecieron la cooperación internacional, desmintiendo cualquier implicación directa del Gobierno de México en la entrega.

Asimismo, se desmintió que Ovidio Guzmán haya sido liberado, aclarando que solo se le cambió la medida cautelar.

La trama de esta detención subraya la complejidad y la colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico, dejando abiertas preguntas sobre el alcance de estas acciones y el futuro del cártel de Sinaloa.

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*Un Golpe Significativo al Narcotráfico

El Dorado, Sinaloa – En una operación conjunta con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada de México, logró desmantelar un laboratorio clandestino utilizado para la elaboración de drogas sintéticas en las inmediaciones del poblado “El Dorado”. Este hallazgo se convierte en el segundo más grande realizado por Semar durante el actual sexenio, destacando la magnitud de la operación y su impacto en el combate al narcotráfico.

Detalles de la Operación

La operación se llevó a cabo durante una patrulla de vigilancia terrestre, cuando el personal naval y de la FGR avistaron el laboratorio clandestino a unos 198 kilómetros al sureste de la Octava Zona Naval, con sede en Topolobampo, Sinaloa. En el lugar se encontraron:

• 3,920 kilogramos de presunta metanfetamina.
• 28,600 litros y 2,250 kilogramos de precursores químicos y sustancias de uso dual.
• 28 reactores de diferentes capacidades.
• Nueve condensadores y 19 destiladores con capacidad de 500 litros.
• Siete centrifugadoras y 124 tinas de plástico de diferentes tamaños.
• 81 tanques de gas LP de 30 kilogramos.
• Cinco bombas sumergibles y cuatro motogeneradores.
• 28 amplificadores de corriente, 23 ventiladores, 60 rollos de aluminio.
• 51 tambos de metal y plástico de 200 litros, 63 bidones de plástico de 50 litros.
• Material diverso presuntamente empleado para la elaboración de droga sintética.

Impacto y Destrucción

La presunta metanfetamina, los precursores químicos y el material diverso fueron destruidos y neutralizados en el lugar, con la autorización de la autoridad ministerial competente, integrándose a la carpeta de investigación correspondiente. Esta acción evitó que los precursores químicos fueran utilizados para la elaboración y distribución de drogas, representando una afectación de más de 1,500 millones de pesos a la delincuencia organizada.

Armada de México Desmantela Laboratorio Clandestino en Sinaloa

Declaraciones Oficiales

La Secretaría de Marina, a través de un comunicado, subrayó la importancia de esta operación para debilitar las capacidades de producción y distribución de drogas por parte de los grupos delictivos. “Con esta acción, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, contribuye en la suma de esfuerzos para combatir las conductas delictivas, traducidas tanto en el establecimiento de laboratorios clandestinos, como en la elaboración de drogas sintéticas en nuestro país”, señaló el comunicado.

Contexto y Repercusiones

El hallazgo y desmantelamiento de este laboratorio es un testimonio del esfuerzo continuo y coordinado entre la Semar y la FGR para enfrentar el narcotráfico en México. La operación no solo representa un golpe financiero significativo a los cárteles, sino que también envía un mensaje contundente sobre la capacidad y determinación de las fuerzas de seguridad mexicanas para combatir el crimen organizado.

Con esta intervención, la Armada de México reafirma su compromiso en la lucha contra el narcotráfico, demostrando que, a través de acciones coordinadas y estratégicas, es posible desarticular las operaciones de los grupos delictivos y proteger a la sociedad mexicana de los efectos nocivos de las drogas.

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