De acuerdo con lo expuesto por las y el consejero electoral, en la propaganda denunciada destacan cuatro elementos: la fotografía del Alcalde, su apellido, el cargo que ocupa y un número 27 de grandes dimensiones, que podría asociarse con el año de la próxima jornada electoral. En contraste, la referencia al informe de labores ocupa un espacio considerablemente menor.

La Comisión consideró que estos elementos permiten advertir una sobreexposición de la persona del alcalde y justifican el inicio del procedimiento por promoción personalizada, así como por la probable vulneración de los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral.

Asimismo, determinó iniciar el procedimiento por la probable violación a las reglas de difusión de los informes de labores, toda vez que se constató publicidad en una pantalla electrónica de la estación Tacubaya del Metro, ubicada en la Alcaldía Miguel Hidalgo, fuera del ámbito territorial de Álvaro Obregón.

“Un informe de gobierno es para rendir cuentas, no para promover la imagen personal de quien gobierna. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué hizo su alcalde y qué resultados obtuvo, no a que se utilice esa obligación institucional para colocar su nombre y su fotografía por toda la ciudad”, señaló Salgado.

La legisladora destacó que lo más relevante de la resolución es que la Comisión no sólo determinó iniciar el procedimiento sancionador, sino que también dictó medidas cautelares para retirar la propaganda identificada en 17 ubicaciones: 16 en Álvaro Obregón y una en Miguel Hidalgo.

Además, a propuesta de la consejera Sonia Pérez Pérez, aprobó una tutela preventiva para ordenar el retiro de cualquier otra propaganda que presente características similares a las denunciadas aun cuando no se encuentre entre las ubicaciones inicialmente identificadas.

“La autoridad electoral fue clara: no basta con retirar algunos anuncios. También deben retirarse aquellos que reproduzcan las mismas características de promoción personal. Es una decisión importante para evitar que estas prácticas continúen mientras se desarrolla el procedimiento”, afirmó.

Las medidas deberán cumplirse en un plazo de 24 horas a partir de su notificación al alcalde, y posteriormente personal de la Oficialía Electoral verificará que la propaganda haya sido retirada. Para el caso de la estación Tacubaya, también se vinculó al Sistema de Transporte Colectivo Metro a realizar las acciones necesarias.

Por otra parte, la Comisión reservó su pronunciamiento sobre el posible uso indebido de recursos públicos, debido a que aún se encuentra pendiente la obtención de información de las autoridades correspondientes.

La Diputada precisó que el inicio del procedimiento no constituye una resolución definitiva sobre las infracciones denunciadas, cuya existencia o inexistencia las deberá determinar, en su momento, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

“Confiamos en que esta resolución siente un precedente importante para que el gobierno de Álvaro Obregón se conduzca, en lo sucesivo, con estricto apego a la legalidad. Las reglas electorales no son optativas y deben respetarse, especialmente por quienes tienen la responsabilidad de ejercer el poder público”, concluyó Liz Salgado.

El cargo Liz Salgado reconoce decisión del IECM de iniciar procedimiento especial sancionador contra López Casarín por promoción personalizada apareció primero en La Chispa de Estado de México.

* Se presenta evidencia del uso de personal y vehículos oficiales de la Alcaldía para colocar publicidad con la imagen del alcalde.

* “Informar no es promocionarse, gobernar no es hacer campaña y los recursos públicos no pueden utilizarse para construir una candidatura”.

El PAN CDMX respaldó la queja ante el IECM e ingresada por la diputada local por Álvaro Obregón, Liz Salgado, donde se acusa al alcalde Javier López Casarín, de delitos electorales como son la promoción personalizada, actos anticipados de precampaña o campaña y uso indebido de recursos públicos para promover su imagen personal, por lo que se le exige una sanción electoral/administrativa.

Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN CDMX, señaló que el alcalde convirtió la difusión de su Informe de Gobierno en una campaña de promoción personal desplegada en distintos puntos de Álvaro Obregón, en la que predominan su rostro, su apellido, la palabra “ALCALDE” y el número “27”.

“Una cosa es informar y rendir cuentas y otra muy distinta utilizar un Informe de Gobierno para promocionarse. Lo que estamos viendo en Álvaro Obregón no deja lugar a dudas: esto no es rendición de cuentas, es promoción personalizada”, sostuvo.

La legisladora Liz Salgado advirtió que esta campaña se desarrolla cuando el proceso electoral 2026-2027 ya se encuentra en marcha y cuestionó particularmente la utilización conjunta de los elementos “CASARÍN”, “ALCALDE” y “27” en la publicidad desplegada territorialmente.

“Casarín tiene la obligación de informar. Lo que no tiene derecho es a utilizar el gobierno para hacer campaña”, afirmó.

Las panistas señalaron que la denuncia presentada ante el IECM también aporta evidencia sobre la utilización de personal y vehículos oficiales de la Alcaldía para colocar dicha publicidad.

Explicaron que camionetas, camiones de basura y grúas oficiales han sido utilizados para estas tareas, por lo que solicitó a la autoridad electoral investigar quién ordenó su utilización, qué personal participó y qué recursos materiales, humanos y financieros fueron destinados a la campaña.

“Los trabajadores de la Alcaldía no son brigadistas de campaña. Las camionetas, las grúas y los camiones de basura no son vehículos de promoción política. Y los recursos públicos no son del alcalde: son de la ciudadanía”, enfatizaron.

La diputada pidió también esclarecer cuánto se gastó en la producción y colocación de lonas, pendones y demás materiales; quién los contrató y pagó; qué proveedores participaron y cuál fue el costo total de la campaña.

La denuncia solicita investigar precisamente contratos, proveedores, facturas, cantidades, costos y la posible utilización de recursos humanos, materiales y financieros de la Alcaldía.
Salgado sostuvo que corresponderá ahora a la autoridad electoral documentar los hechos, valorarlos jurídicamente y determinar las responsabilidades y sanciones que correspondan.

“No estamos pidiendo una sanción a modo. Estamos pidiendo algo mucho más sencillo: que se investigue y se aplique la ley con todo su rigor”, señaló.

Finalmente, Gutiérrez Ureña y Liz Salgado afirmaron que la denuncia no debe reducirse a una confrontación entre partidos políticos.

“Esto no nos ofende a nosotros como oposición. Ofende a la ciudadanía de Álvaro Obregón, porque los recursos públicos son suyos y deben utilizarse para resolver sus problemas, no para promover las aspiraciones políticas de ningún gobernante”.

“Informar no es promocionarse. Gobernar no es hacer campaña. Y los recursos públicos no pueden utilizarse para construir una candidatura”, apuntaron.

El cargo Denuncian panistas a López Casarín por promoción personalizada y uso de recursos públicos apareció primero en La Chispa de Estado de México.

A través de una proposición presentada ante el Congreso de la Ciudad de México, la Diputada panista Liz Salgado exhortó a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) para que, en la preparación de su presupuesto para 2027, contemple recursos para implementar un programa de capacitación en Primeros Auxilios Psicológicos dirigido prioritariamente al personal docente y directivo de educación básica y media superior.

El objetivo, explicó la legisladora local, es brindar a maestras y maestros herramientas básicas que les permitan saber cómo actuar cuando una niña, niño o adolescente atraviesa una situación de crisis o presenta señales que pueden advertir un problema de salud mental.

“Muchas veces la primera persona adulta que está frente a una niña o un adolescente durante una crisis no es un psicólogo: es su maestra o su maestro. No queremos que diagnostiquen ni que den terapia, sino que sepan cómo reaccionar, qué pueden hacer, qué no deben hacer y cuándo es necesario pedir ayuda”, señaló Salgado.

La propuesta responde a la creciente presencia de problemas relacionados con la salud mental entre niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en 2023 uno de cada cuatro adolescentes de entre 10 y 19 años presentó sintomatología depresiva.

Además, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 reportó que 10 por ciento de las personas de 12 a 17 años presentó malestar psicológico durante el último año y 3.3 por ciento ideación suicida. Entre las adolescentes, la presencia de malestar psicológico fue casi el doble que entre los hombres.

Salgado explicó que la convivencia cotidiana coloca al personal docente en una posición especialmente importante para advertir cambios de comportamiento, aislamiento, tristeza persistente, miedo, ansiedad u otras señales que indiquen que algo está ocurriendo con alguno de sus estudiantes.

Sin embargo, advirtió que identificar una señal no significa necesariamente saber cómo responder ante ella, por lo que resulta necesario proporcionar herramientas para una primera actuación responsable.

Los Primeros Auxilios Psicológicos, explicó, no sustituyen la atención especializada. Consisten en herramientas para brindar una primera respuesta ante una situación de crisis: escuchar sin presionar, ayudar a recuperar la calma, identificar necesidades, reconocer señales de riesgo, ofrecer un primer acompañamiento y, cuando sea necesario, canalizar oportunamente a la persona con profesionales de la salud mental.

“No se trata de convertir a los maestros en psicólogos ni de trasladarles una responsabilidad que no les corresponde. Se trata de que cuenten con herramientas elementales para actuar mientras se activa la atención profesional que cada caso requiera”, precisó.

Por ello, además de la capacitación, la propuesta plantea contar con protocolos de actuación y rutas de canalización que permitan vincular a las escuelas con los servicios profesionales de atención en salud mental, así como mecanismos para evaluar los resultados del programa.

“Muchas veces la diferencia comienza precisamente ahí: en que alguien advierta que algo está pasando, sepa cómo acercarse y no deje sola a esa niña, a ese niño o a ese adolescente. La escuela no sustituye la atención profesional, pero sí puede ayudar a que llegue a tiempo”, concluyó.

El cargo Liz Salgado fortalece educación con apoyo psicológico docente apareció primero en La Chispa de Estado de México.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, la Diputada local panista Liz Salgado llamó a construir en la Ciudad de México una política seria y permanente de prevención, que atienda la salud mental, fortalezca la detección temprana y garantice atención profesional y seguimiento a las personas que enfrentan situaciones de riesgo.

Salgado refirió que de acuerdo con el INEGI, durante 2024 se registraron en México 8 mil 856 defunciones por suicidio entre personas de 10 años y más. La problemática tiene una incidencia particularmente importante entre jóvenes: el grupo de 15 a 29 años registró una tasa de 10.2 suicidios por cada 100 mil habitantes.

En la Ciudad de México, la tasa bruta de suicidios durante ese mismo año fue de 5.3 por cada 100 mil habitantes. Aunque se encuentra por debajo de la media nacional de 6.9, Salgado advirtió que ello no significa que el problema sea menor ni que pueda dejar de ser una prioridad de salud pública.

“Detrás de cada caso hay una historia: una hija o un hijo que dejó de hablar, un amigo que comenzó a aislarse, alguien que enfrentó ansiedad, depresión, soledad o una situación que sintió que ya no podía enfrentar. Por eso, hablar de prevención del suicidio es hablar también de salud mental”, señaló.

La legisladora del PAN consideró indispensable eliminar el estigma, los prejuicios y la carga de culpa que todavía acompañan a los problemas de salud mental y al suicidio, tanto para quien atraviesa una situación de riesgo como para sus familias.

“No necesitamos juzgar. Necesitamos comprender, escuchar y acompañar. Quien enfrenta un problema de salud mental necesita poder hablar sin vergüenza y pedir ayuda sin miedo. Y las familias necesitan orientación, acompañamiento y apoyo profesional”, sostuvo.

Salgado subrayó, sin embargo, que la prevención no puede convertirse exclusivamente en una responsabilidad de las personas o de sus familias, pues existe una obligación clara de las instituciones públicas para generar condiciones que permitan detectar riesgos y brindar atención oportuna.

“No basta decirle a una persona ‘pide ayuda’. Cuando alguien encuentra la fuerza para hacerlo, tiene que encontrar dónde recibirla. Y eso obliga al Estado a crear políticas públicas, abrir espacios de atención, contar con personal suficiente y asignar los recursos necesarios”, afirmó.

La Diputada recordó que existen brechas documentadas en los servicios de salud mental de la Ciudad, entre ellas problemas de cobertura, distribución desigual de servicios, disponibilidad de personal especializado y dificultades para acceder oportunamente a la atención.

Por ello, planteó que una política integral de prevención debe articular educación y promoción de la salud mental, detección temprana, atención profesional accesible, intervención ante situaciones de crisis, acompañamiento a las familias y seguimiento posterior.

“Prevenir el suicidio no puede significar una campaña un día al año o una jornada de atención que después no tenga continuidad. La prevención tiene que ser una política pública permanente”, enfatizó.

Finalmente, Liz Salgado sostuvo que la conmemoración del 10 de septiembre debe servir no sólo para generar conciencia, sino para evaluar la capacidad institucional de la Ciudad para responder a quienes necesitan ayuda.

“Prevenir significa llegar antes. No basta con detectar el riesgo: hay que garantizar la atención. Y no basta con atender una crisis: hay que asegurar el seguimiento”, concluyó.

El cargo Liz Salgado exige política seria contra suicidio juvenil apareció primero en La Chispa de Estado de México.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, la Diputada local panista Liz Salgado llamó a construir en la Ciudad de México una política seria y permanente de prevención, que atienda la salud mental, fortalezca la detección temprana y garantice atención profesional y seguimiento a las personas que enfrentan situaciones de riesgo.

Salgado refirió que de acuerdo con el INEGI, durante 2024 se registraron en México 8 mil 856 defunciones por suicidio entre personas de 10 años y más. La problemática tiene una incidencia particularmente importante entre jóvenes: el grupo de 15 a 29 años registró una tasa de 10.2 suicidios por cada 100 mil habitantes.

En la Ciudad de México, la tasa bruta de suicidios durante ese mismo año fue de 5.3 por cada 100 mil habitantes. Aunque se encuentra por debajo de la media nacional de 6.9, Salgado advirtió que ello no significa que el problema sea menor ni que pueda dejar de ser una prioridad de salud pública.

“Detrás de cada caso hay una historia: una hija o un hijo que dejó de hablar, un amigo que comenzó a aislarse, alguien que enfrentó ansiedad, depresión, soledad o una situación que sintió que ya no podía enfrentar. Por eso, hablar de prevención del suicidio es hablar también de salud mental”, señaló.

La legisladora del PAN consideró indispensable eliminar el estigma, los prejuicios y la carga de culpa que todavía acompañan a los problemas de salud mental y al suicidio, tanto para quien atraviesa una situación de riesgo como para sus familias.

“No necesitamos juzgar. Necesitamos comprender, escuchar y acompañar. Quien enfrenta un problema de salud mental necesita poder hablar sin vergüenza y pedir ayuda sin miedo. Y las familias necesitan orientación, acompañamiento y apoyo profesional”, sostuvo.

Salgado subrayó, sin embargo, que la prevención no puede convertirse exclusivamente en una responsabilidad de las personas o de sus familias, pues existe una obligación clara de las instituciones públicas para generar condiciones que permitan detectar riesgos y brindar atención oportuna.

“No basta decirle a una persona ‘pide ayuda’. Cuando alguien encuentra la fuerza para hacerlo, tiene que encontrar dónde recibirla. Y eso obliga al Estado a crear políticas públicas, abrir espacios de atención, contar con personal suficiente y asignar los recursos necesarios”, afirmó.

La Diputada recordó que existen brechas documentadas en los servicios de salud mental de la Ciudad, entre ellas problemas de cobertura, distribución desigual de servicios, disponibilidad de personal especializado y dificultades para acceder oportunamente a la atención.

Por ello, planteó que una política integral de prevención debe articular educación y promoción de la salud mental, detección temprana, atención profesional accesible, intervención ante situaciones de crisis, acompañamiento a las familias y seguimiento posterior.

“Prevenir el suicidio no puede significar una campaña un día al año o una jornada de atención que después no tenga continuidad. La prevención tiene que ser una política pública permanente”, enfatizó.

Finalmente, Liz Salgado sostuvo que la conmemoración del 10 de septiembre debe servir no sólo para generar conciencia, sino para evaluar la capacidad institucional de la Ciudad para responder a quienes necesitan ayuda.

“Prevenir significa llegar antes. No basta con detectar el riesgo: hay que garantizar la atención. Y no basta con atender una crisis: hay que asegurar el seguimiento”, concluyó.

El cargo Liz Salgado exige política seria contra suicidio juvenil apareció primero en La Chispa de Estado de México.

La Diputada local panista Liz Salgado señaló que una primera revisión del Segundo Informe de Gobierno revela un problema que deberá aclararse rumbo a las comparecencias: el Gobierno presenta grandes cifras de acciones, cobertura y personas atendidas, pero en distintos rubros no permite conocer con la misma claridad cuántas personas tuvieron seguimiento permanente ni cuántos problemas fueron efectivamente resueltos.

“El Informe nos dice mucho sobre lo que hace el Gobierno, pero todavía nos dice poco sobre qué cambió como consecuencia de todo ello”, afirmó.

Salgado señaló que esta situación resulta particularmente evidente en materia de salud.

El Gobierno reporta más de 134 mil hogares visitados, 241 mil atenciones directas y más de 162 mil tamizajes para enfermedades crónicas. Sin embargo, el propio Informe reconoce la necesidad de fortalecer el seguimiento para que las canalizaciones se traduzcan efectivamente en valoración, diagnóstico, tratamiento y continuidad de la atención.

“Las cifras son importantes, pero necesitamos abrirlas. ¿Las 241 mil atenciones corresponden a 241 mil personas distintas? ¿Cuántas necesitaron tratamiento? ¿Cuántas fueron canalizadas? ¿Cuántas continuaron siendo atendidas? Una atención registrada no necesariamente significa un problema de salud resuelto”, explicó.

La legisladora consideró especialmente importante revisar la información presentada sobre prevención del cáncer de mama.

El Informe reporta 20 unidades móviles, más de dos mil jornadas y una meta de 500 mil mastografías durante 2026, pero no presenta esa cifra como estudios ya realizados.

“Necesitamos saber cuántas mastografías efectivamente se hicieron, cuántos resultados fueron sospechosos, cuántas mujeres recibieron confirmación diagnóstica y, fundamentalmente, cuántas iniciaron tratamiento oportunamente. La prevención no termina con realizar un estudio; necesita seguimiento”, sostuvo Salgado.

Algo semejante deberá aclararse respecto de salud mental, donde el Gobierno reporta 200 especialistas, presencia en más de mil escuelas y más de un millón de personas atendidas o alcanzadas.

“Cuando hablamos de más de un millón de personas necesitamos saber qué estamos contando. No es lo mismo participar en una actividad de prevención que recibir una valoración, atención especializada y seguimiento. Son intervenciones distintas y no deberían confundirse dentro de una sola gran cifra.”

Salgado señaló que la misma lógica aparece en uno de los programas emblemáticos de la administración.
El Informe reconoce actualmente ocho UTOPÍAS inauguradas, cuatro más concluidas y 18 en proceso, mientras presenta grandes cifras acumuladas de utilización de estos espacios, reportando más de 1.5 millones de usuarios, a lo que preguntó qué se está midiendo.

La Diputada indicó que la revisión también deberá profundizar en algunas cifras de infraestructura que destacan por su magnitud.

El Informe afirma que desde el inicio de la administración y hasta agosto de 2026 se han repavimentado alrededor de 450 kilómetros de vialidades primarias, pero en la ciudad hay 1,200.

Lo mismo ocurre con las unidades habitacionales. Las cifras reportadas sobre 4 mil unidades intervenidas, de 12 mil que existen, requieren distinguir entre una intervención integral y acciones específicas de mantenimiento o mejoramiento, así como conocer cuántas obras están concluidas y cuál fue la inversión por unidad.

“Una cifra puede parecer espectacular, pero sin metodología y sin un indicador del problema antes y después no sabemos todavía qué representa”, afirmó.

“El Gobierno nos presenta grandes cifras. Ahora necesitamos saber qué hay detrás de ellas: cuántas personas distintas fueron atendidas, cuántas tuvieron seguimiento, cuánto se gastó y qué problema se resolvió. Porque transformar no es acumular contactos, jornadas u obras; transformar es lograr que algo cambie en la vida de las personas.”

El cargo Salgado cuestiona cifras sin resultados claros en Informe apareció primero en La Chispa de Estado de México.