De acuerdo con los denunciantes, las tarjetas les fueron entregadas el pasado 23 de diciembre, y desde entonces, los intentos de uso en tiendas y supermercados han sido rechazados, dejando a los empleados sin acceso al dinero que les corresponde. Ante la falta de respuesta, los empleados del hospital decidieron ocupar las oficinas administrativas, sin afectar la atención médica para los pacientes.

Denunciaron que se trata de alrededor de 373 trabajadores afectados, cada uno con un monto aproximado de 5 mil pesos, lo que suma más de 4 millones de pesos que permanecen retenidos.

Una de las enfermeras del hospital explicó que han intentado utilizar las tarjetas en múltiples comercios, pero todas las operaciones son declinadas. “Hemos estado comunicándonos con áreas administrativas y con la aplicación, pero solo nos dicen que en 24 horas se resolverá y seguimos igual”, señaló.

Aunque han buscado solución con Recursos Humanos y la administración del HEP, solo se les ha informado que IMSS-Bienestar y la empresa Broxel revisan la situación, sin que hasta el momento les den una resolución concreta.

Hasta el momento, el hospital continúa operando al 100 por ciento y el bloqueo solo afecta las oficinas administrativas. Sin embargo, aunque el problema comenzó el 24 de diciembre, algunas tarjetas fueron parcialmente desbloqueadas desde la Ciudad de México y muchas siguen sin saldo.

El caso del Hospital de Especialidades Pediátricas coincide con cuestionamientos nacionales hacia Broxel, proveedor encargado de la entrega de vales electrónicos a trabajadores federales. La licitación LA-06-400-006400001-N-19-2025, valuada en más de 10 mil millones de pesos, ha generado dudas por inconsistencias en la propuesta económica de la compañía y la posibilidad de incumplimiento en la entrega de los recursos.

Cabe destacar que durante una de sus conferencias matutinas, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, dar seguimiento al caso y garantizar que se cumplan las condiciones económicas y operativas previstas en la licitación, mientras los trabajadores federales alertan sobre retrasos y posibles incumplimientos.

El 24 de diciembre, mediante un comunicado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno confirmó que mantiene bajo investigación el contrato de Broxel, luego de que se presentara una inconformidad que advierte sobre irregularidades en la licitación y riesgos en la dispersión de los vales.

Mientras tanto, los empleados del HEP mantienen la presión para que sus tarjetas sean activadas con los fondos correspondientes y advierten que podrían intensificar las medidas de protesta si no reciben una solución inmediata.

El cargo Trabajadores del HEP de Chiapas protestan tras recibir tarjetas Broxel sin fondos apareció primero en La Chispa de Estado de México.

La noticia ha encendido la indignación colectiva, con protestas, destrozos y exigencias de justicia frente al ayuntamiento y la vivienda del alcalde.

Desaparición, hallazgo y protestas

El martes 7 de octubre, Itzel salió de su domicilio en Ozumba con permiso para cenar con José “N”, un compañero de trabajo. Durante esa noche, dejó mensajes a su familia, pero alrededor de media hora después dejó de responder. Alarmados, sus familiares presentaron la denuncia de desaparición.
Tras intensas búsquedas, vecinos recabaron testimonios que apuntaban al domicilio del joven. Al obtener autorización ministerial, la Fiscalía del Estado de México realizó un cateo en Tepetlixpa. En el inmueble, encontraron el cuerpo de Itzel sumergido en una cisterna con agua. Fue identificada poco después por la familia.

La población de Ozumba reaccionó con fuerza ante el hallazgo. Más de 200 personas acudieron al palacio municipal para manifestarse, lanzar consignas, lanzar objetos y exigir respuestas de autoridades.

Se produjeron daños materiales en las instalaciones municipales y en la casa del presidente municipal.  Además, exigieron la destitución del director de Seguridad Municipal.

Investigación y sospechosos

Las autoridades clasifican el hecho como feminicidio y han detenido al hombre con quien Itzel salió esa noche como principal sospechoso. José “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público.  La vivienda cateada está ubicada en Tepetlixpa, calle Oaxaca con avenida Sor Juana Inés de la Cruz.

Según medios locales, ese hombre también es conocido como “El Niño del Tambor” y formaba parte de un grupo musical, al igual que Itzel. La agrupación musical Mussa MX se deslindó y aseguró que él ya no formaba parte del proyecto.

Tras el cateo, las autoridades locales respondieron con la destitución inmediata del comisario de Seguridad de Ozumba, Heriberto de la Rosa, y la designación de un encargado en su lugar.

Ozumba hallan muerta Itzel: violencia, impunidad y exigencia colectiva

La frase clave Ozumba hallan muerta Itzel condensa la tragedia que enluta a la comunidad. Este caso resuena como una alerta urgente contra la violencia de género y la falla institucional para proteger a mujeres.

El caso de Itzel revive el grito de muchas víctimas que no encuentran justicia. La reacción de los pobladores evidencia el hartazgo: cuando el sistema falla, la ciudadanía exige respuestas con su voz y movilización.

Este acontecimiento obliga a revisar procedimientos de búsqueda, protocolos de denuncia, tiempos de actuación y mecanismos para proteger a quienes denuncian violencia. Debe servir como llamado para reforzar políticas públicas de prevención, atención integral, seguimiento de casos y sanción efectiva.

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De acuerdo con los inconformes, la exsecretaria de Finanzas del Estado de México, Paulina Moreno García, habría dejado las bases para favorecer a la empresa Jet Van Car, propiedad de Cuauhtémoc Velázquez, quien mantiene estrechos lazos con el exgobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong. Esta compañía está vinculada al Grupo Pachuca y, según los manifestantes, su designación generaría un desplazamiento de empresas mexiquenses en favor de proveedores foráneos.

Uno de los organizadores de la protesta, Juan N, señaló que otorgar el contrato a una empresa de otro estado no solo limita la generación de empleo local, sino que impide una derrama económica en beneficio de los municipios mexiquenses.

“La gobernadora Delfina Gómez debería denunciar a Paulina Moreno García, que antes de salir de su puesto dejó todo arreglado para beneficiar a Jet Van, una empresa ligada al PRI de Grupo Pachuca, por lo que la derrama económica derivada de estos contratos se irá a otra entidad”, afirmó.

La protesta está programada para las 10:00 am y se espera la asistencia de más de 150 familias.

La junta de aclaraciones de la licitación, celebrada el pasado 3 de febrero, contó con la participación de seis empresas: Value Automotriz, Integra Arrenda, Pegasus Mobile and Logistic, Clear Leasing, CA Soluciones Financieras y Jet Van Car. Sin embargo, las denuncias de favoritismo han generado inquietud entre los competidores.

Cabe destacar que, en 2021, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Jet Van Car por incumplimiento en un contrato de arrendamiento de vehículos con el Servicio de Protección Federal, lo que le impidió participar en contrataciones públicas durante un año.

Además, durante la administración federal anterior, los contratos adjudicados a Jet Van Car alcanzaron un valor aproximado de 7,400 millones de pesos, según registros del portal gubernamental Compranet. Esta cifra representa un crecimiento significativo respecto a los 6,561 millones de pesos que la empresa obtuvo en contratos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Los manifestantes han solicitado que las autoridades revisen a fondo el proceso de adjudicación y garanticen que se respete la libre competencia, sin privilegios para ninguna empresa en particular.

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