En un informe especial solicitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, presentó un detallado análisis de las ejecuciones de políticos en campaña desde 1988 hasta la fecha. El informe arroja luz sobre un patrón persistente de violencia política que ha marcado la historia reciente de México, y destaca tanto los desafíos como los avances en la protección de candidatos durante procesos electorales.

Violencia en Campaña: Alarmantes

El informe reveló que en 2024, de los más de 70 mil candidatos que participaron en procesos electorales, se registró el homicidio de 12 aspirantes. Aunque esta cifra es significativa, representa una disminución en comparación con 2018, donde 20 candidatos fueron asesinados. Un aspecto notable del informe es que durante la administración actual, no se registró ningún homicidio de candidatos a cargos federales, lo que indica una mejora en la seguridad para estos puestos específicos.

Un Recorrido Histórico

Rodríguez también ofreció un recorrido histórico de la violencia contra políticos en campaña. En 1988, durante la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, sus operadores estratégicos Francisco Javier Ovando y Román Gil Heraldez fueron asesinados. Estos asesinatos ocurrieron en un contexto de represión durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, donde se gestaba un movimiento de izquierda percibido como una amenaza por el régimen en el poder. Esta represión resultó en el asesinato de más de 600 dirigentes, militantes y simpatizantes de la oposición durante los gobiernos de Salinas y Ernesto Zedillo.

El informe también recordó los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu durante el periodo salinista. La violencia continuó en el sexenio de Felipe Calderón con el asesinato en 2010 de Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, y en 2012 de Edgar Morales Pérez, alcalde electo de Matehuala, San Luis Potosí (PRI), y Margarito Genchi Casiano, candidato a diputado local por el PRD.

Homicidios en la Era Reciente

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la violencia contra políticos también fue notable. En 2015, Enrique Martínez Salcedo, candidato de Morena a la alcaldía de Yurécuaro, Michoacán, fue asesinado. La elección federal de 2018 fue particularmente violenta, con 20 candidatos asesinados, incluyendo a Fernando Purón Johnston, quien buscaba una diputación federal por el PRI.

Hacia una Mayor Seguridad Electoral

El informe de Rosa Icela Rodríguez subraya los avances logrados durante la administración actual en la protección de candidatos a cargos federales. Sin embargo, la violencia política sigue siendo un problema grave, especialmente a nivel local. La SSPC y otras autoridades continúan trabajando en estrategias para garantizar la seguridad de todos los candidatos y fortalecer la democracia mexicana.

Finalmente, la titular de la SSPC reiteró que, la presentación de este informe es un paso importante para reconocer y enfrentar la violencia política en México. Si bien ha habido avances, como la ausencia de homicidios de candidatos federales en 2024, el camino hacia elecciones completamente seguras y justas sigue siendo largo. Este informe sirve como un recordatorio de la importancia de proteger a aquellos que buscan servir al público y de la necesidad de continuar mejorando las medidas de seguridad y justicia en los procesos electorales.

El cargo SSPC Revela Histórica Violencia Contra Políticos en Campaña apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Rodríguez destacó que, en el ámbito específico del robo de vehículos, la reducción fue aún más significativa, alcanzando el 47.4%. Estos datos, proporcionados por las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades federativas, reflejan los avances en materia de seguridad.

El evento también contó con la participación de altos funcionarios como el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; el secretario de Marina, Rafael Ojeda; el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio; y el comandante de la Guardia Nacional, David Córdova.

Además de los robos, el informe subrayó una tendencia a la baja en el índice de homicidios durante la presente administración. En 2024, el promedio diario de víctimas de homicidio disminuyó un 19% en comparación con 2018, y en los 50 municipios prioritarios, la caída fue del 16.5%. Seis estados concentran el 44.9% de estos casos: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Morelos.

Reducción de la Criminalidad: Un Logro Destacado en la Administración Actual

En cuanto al secuestro, Rodríguez señaló una reducción del 70.8% desde enero de 2019, pasando de 161 casos a 47 en mayo de 2024. Este éxito se atribuye al trabajo conjunto entre la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) y las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS). Entre el 16 de julio de 2019 y el 31 de mayo de 2024, se liberaron 3,076 víctimas, se detuvo a 6,236 secuestradores y se desarticularon 687 bandas.

La secretaria también informó que los delitos del fuero federal disminuyeron un 20.9% en comparación con diciembre de 2018, mientras que el feminicidio se redujo un 13.8%. Subrayó que se continúan intensificando las acciones para prevenir, perseguir y sancionar la violencia feminicida.

Otro logro destacado fue la reducción del 94.2% en el robo de combustibles, lo que representó un ahorro de 332,698 millones 504,161 pesos entre diciembre de 2018 y mayo de 2024. Estos recursos han sido destinados a programas de bienestar y obras públicas. Además, la prevención de toma de casetas evitó la pérdida de 7,407 millones de pesos.

Estos resultados reflejan un esfuerzo concertado y coordinado entre diversas instituciones de seguridad y justicia del país, con el objetivo de mejorar la seguridad y bienestar de los ciudadanos.

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El Ambiente de Paz y Seguridad

Rosa Icela Rodríguez destacó que existen las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan votar de manera libre, secreta y directa. Esta afirmación llega en un momento crítico, cuando el país celebra las elecciones más grandes de su historia. La funcionaria subrayó que hay una vigilancia constante en todo el territorio nacional para manejar cualquier eventualidad.

Rodríguez votó a primera hora, antes de la apertura de las casillas, lo cual demuestra su compromiso y confianza en el proceso electoral. Después de votar, se dirigió a la Mesa de Monitoreo de la Jornada Electoral, un espacio instalado por el Gabinete de Seguridad y las mesas de construcción de paz estatales, lideradas por los gobernadores.

La Importancia de la Participación Ciudadana

Más allá de la declaración de paz y tranquilidad, este evento subraya un aspecto crucial: la participación ciudadana en la democracia. La narrativa oficial se centra en la seguridad y el orden, pero es igualmente importante resaltar la responsabilidad cívica y el poder del voto en la construcción del futuro del país.

México enfrenta desafíos significativos en términos de seguridad y política, pero la afluencia a las urnas y la organización de estas elecciones reflejan un deseo colectivo de cambio y estabilidad. La participación de Rosa Icela Rodríguez, una figura prominente en el gobierno, no solo asegura a la ciudadanía sobre la seguridad del proceso, sino que también alienta a todos a ejercer su derecho al voto.

El Rol de las Autoridades en la Construcción de Paz

La instalación de la Mesa de Monitoreo de la Jornada Electoral y las mesas de construcción de paz estatales son medidas proactivas que muestran el esfuerzo coordinado entre diferentes niveles de gobierno. Este enfoque colaborativo es vital para mantener la integridad y transparencia del proceso electoral.

El papel de las autoridades no se limita a garantizar la seguridad, sino que también incluye la promoción de un ambiente donde la democracia pueda florecer. La presencia y participación de figuras gubernamentales en las urnas es un testimonio del compromiso del Estado con un proceso electoral justo y seguro.

México se encuentra en una encrucijada importante, y las elecciones actuales son una oportunidad para que los ciudadanos influyan en el rumbo del país. La declaración de paz y seguridad por parte de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, es un mensaje positivo en un momento crucial. Sin embargo, el verdadero poder reside en la participación activa de los mexicanos en las urnas, reflejando su deseo por un futuro mejor y más seguro.

Estas elecciones no solo son un ejercicio de derechos, sino también una manifestación de la voluntad colectiva de avanzar hacia un México más fuerte y unido.

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Durante la XXIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarias y Secretarios de Seguridad Pública, que se llevó a cabo en Tamaulipas, la titular de la SSPC, expresó su solicitud a los líderes de seguridad para que orienten sus acciones de acuerdo con el Decálogo por la Libertad y la Paz en la Protesta Social.

La asamblea contó con la presencia del gobernador Américo Villareal; el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio, y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman.

Asimismo, Rodríguez indicó que el Gobierno, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cambió la forma de abordar la problemática de seguridad.

“Ahora se cuenta con la Estrategia Nacional de Seguridad, que tiene entre sus objetivos la erradicación de la corrupción, la reactivación de la procuración de la justicia, el pleno respeto de los derechos humanos y la construcción de la paz”, dijo.

La estrategia implementada por AMLO, precisó, es efectiva y ha dado resultados con la alineación de los esfuerzos de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Para concluir, la coordinadora del Gabinete de Seguridad nacional enumeró los puntos del Decálogo por la Libertad y la Paz en la Protesta Social:

• México es un país de hombres y mujeres libres de manifestar sus ideas, reunirse y expresarse del modo que decidan.

• El Gobierno de México respeta el derecho de todas las personas, especialmente cuando disienten o son minorías.

• El Gobierno de México no discrimina ni criminaliza la protesta social.

• El Gobierno de México garantiza la libertad de expresarnos, sin afectar los derechos de terceros ni promover la guerra, el odio o la violencia.

• Privilegiar el diálogo y la resolución pacífica de conflictos.

• El derecho de manifestación, expresión y reunión no es condicionable, garantizando los derechos de terceros.

• Jamás se usará la fuerza pública para reprimir, agredir, o afectar de cualquier manera a las personas que expresen sus ideas de forma pacífica.

• El Gobierno de México salvaguardará la integridad física, los bienes y la seguridad personal de las personas manifestantes y terceros.

• Se garantiza y respeta la labor de periodistas y comunicadores durante las manifestaciones, reuniones o cualquier forma de protesta social.

• Los protocolos, planes operativos y capacitaciones de los cuerpos de seguridad de México para atender la protesta social de las mujeres, niñas, adolescentes, adultas mayores, deben priorizar las acciones de prevención y el diálogo, para evitar las confrontaciones entre manifestantes y terceros.

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El cargo No venimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz: Rosa Icela Rodríguez apareció primero en La Chispa de Estado de México.

A cuatro años de que Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo como presidente de México, y como era de esperarse, diversos personajes de la política mexicana han aprovechado las redes sociales para pronunciarse al respecto.

Los 47 meses cumplidos desde que el tabasqueño llegó al poder han dividido las opiniones entre los mexicanos, pues lo que para muchos significa el inicio de la transformación del país, para otros equivale a cuatro años de retroceso, por lo que no faltaron las reacciones positivas y negativas.

De las primeras en pronunciarse al respecto, fue la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien precisó mediante su cuenta de Twitter que “hace cuatro años inició la transformación de la vida pública de México”.

El canciller Marcelo Ebrard celebró que en estos cuatro años “de transformación” México recuperó su voz y prestigio, y en su publicación agregó una fotografía del presidente paseándose por calles de la capital.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, también hizo uso de la red social para celebrar la fecha en la que la “4T” tomó las riendas del país.

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, enfatizó que la “4T” sigue haciendo historia y calificó a AMLO como un hombre honesto y entregado a las causas de quienes menos tienen.

Por su parte, el periodista y productor Epigmenio Ibarra recordó lo ocurrido el domingo pasado durante la marcha por el 4º aniversario de AMLO como presidente, señalando que fue muestra de que en México el pueblo y el gobierno caminan juntos.

“Hoy hace cuatro años nuestro presidente López Obrador tomaba protesta y con él la esperanza de millones de mexican@s que confían en la Cuarta Transformación de la vida pública de México. ¡Sigamos haciendo historia!”, mencionó el Senador de la República por la Ciudad de México, César Cravioto.

Las reacciones negativas no faltaron, pues diversas personalidades de la política mexicana y organizaciones de oposición no dudaron en manifestar su descontento con el gobierno de la “4T”.

“Son cuatro años de retroceso, cuatro años de destrucción y cuatro años de priorizar los caprichos del Presidente, mientras el país atraviesa severos problemas en materia de seguridad, salud y economía”, lamentó el Partido Acción Nacional (PAN) en Twitter.

El dirigente nacional de dicho partido, Marko Cortés, secundó la idea de que han sido cuatro años perdidos para el país, llenos de mentiras y falsas promesas a los mexicanos.

El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza Longoria, compartió una encuesta realizada por la agencia EF que destaca que AMLO cerró su cuarto año de gobierno con 55% de aprobación en México.

Por su parte, la senadora Lilly Téllez refirió que, durante estos cuatro años, AMLO se ha dado a conocer como el “Presidente de la pobreza”, apuntando que al 40% de los mexicanos no les alcanza ni para comprar productos de la canasta básica.

El 40% de los ciudadanos no puede comprar ni la canasta básica.

El cargo Reacciones de políticos en redes tras 4 años de gobierno de AMLO apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Por Norberto Vázquez

El más reciente Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal (CNPJE-F) 2022, revela el enorme rezago en la conclusión de casos legales a nivel nacional como muestra de la incesante violación de las garantías individuales de miles de ciudadanos.

Ante estas cifras que evidencian el enorme rezago en la procuración de justicia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la titular de la Secretaría de Seguridad y Participación y Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, han impulsado la modernización del aparato judicial a través del mecanismo de preliberación y aplicación de la Ley de Amnistía a personas presuntamente inocentes que fueron privadas de la libertad.

Esta medida busca dar salida a la infinidad de casos que no han sido sentenciados y que afectan a miles de indiciados que no han tenido defensa por su situación vulnerable en su mayoría presos indígenas, que han sido llevados a proceso por delitos menores y que llevan años en reclusión sin derecho a una defensa digna.

Al respecto, durante su comparecencia ante el Senado de la República, Rosa Icela Rodríguez reveló que al 15 de octubre “en un acto de justicia” se han efectuado 3 mil 156 libertades anticipadas a mujeres, adultos mayores, indígenas, personas con enfermedades terminales o víctimas de tortura.

Situación

De manera reciente,el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó el  CNPJE-F 2022 como la radiografía más precisa de cómo se encuentra el espectro en materia de procuración de justicia en el país en el cual todo apunta que en el sistema judicial  sólo se resuelven casos de alto impacto social.   

De acuerdo a este documento, en 2021 el total de las investigaciones pendientes registradas en la Fiscalía General de la República (FGR) y las Fiscalías Generales Estatales (FGE) creció en 4.8% en comparación con el 2020.

La institución indicó que el año pasado el total sumó 2 millones 629 mil 790 indagatorias sin concluir, mientras que en el 2020 la cifra era de 2 millones 508 mil 243.

“La categoría pendientes se refiere al estatus de los procedimientos en las averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación (tanto en la etapa de investigación inicial como en la etapa de investigación complementaria) pendientes de concluir. La información puede corresponder a las pendientes de concluir que se abrieron en 2021 o en años anteriores”, indicó el Inegi.

Durante 2021, abrieron 2 millones 059 mil 798 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación, 3.8 % para la FGR y 96.2 % para las FGE. Esta cantidad aumentó 8.5 % respecto a 2020.

En el mismo periodo, se tuvo registro de un millón 751 mil 761 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación determinadas —que están listas para ejercer la acción penal) donde el 12.1 % fue para la FGR y 87.9 % para las FGE, lo que representó un aumento de 15.9 % respecto a 2020.

Y es que en los últimos años el rezago en las indagatorias ha ido al alza, de acuerdo con la institución.

Por ejemplo, del 2018 al 2021, se consignó un aumento del 58.8% ya que, para el primero de estos años, se registraron un millón 655 mil 813 investigaciones pendientes.

El total de los presupuestos de la FGR y de las FGE ha ido en aumento entre el 2017 y el 2021; sin embargo, el personal adscrito a las dependencias, así como el número de unidades administrativas fue en descenso, según los datos del Inegi.

La suma del presupuesto ejercido por la FGR y las fiscalías locales en el 2021 fue de 66 mil 215.5 millones de pesos (mdp), mientras que en el 2020 fue de 61 mil 477.1 mdp.

Sin embargo, auque aumentó el presupuesto sus centros de atención y de personal bajaron.

El número de unidades administrativas pasó de mil 234 en el 2020 a  mil 166 en el 2021.

Desde el 2017 y al 2021 se consignó una disminución de 28.2%, en el penúltimo año de gobierno de Peña Nieto había mil 626 unidades adscritas. El personal pasó de 116 mil 322 en el 2020 a 115 mil 305 en el 2021.

De 2010 al 2021, el año con el mayor número de personal adscrito a las instituciones de procuración de justicia ha sido el 2018, cuando el Inegi registró un total de 119 mil 672, al siguiente año se registró una disminución a 116 mil 054 empleados.

Para el 2021, las fiscalías con mayor número de personal fue, en primer lugar, la FGR (19 mil 919); la de la CDMX (15 mil 705); el Estado de México (7 mil 059); Chihuahua (6 mil 320); y Guanajuato (5 mil 063).

Un dato esencial es sobre como operan los Ministerios Públicos. En 2021 se reportaron 190 agencias del Ministerio Público de la FGR. De estas, 64.2% (122) correspondió al tipo subsede.

En el mismo periodo las FGE reportaron 3 mil 606 agencias del Ministerio Público. De acuerdo con el tipo, 52.7% correspondió a mixta o general. Comparado con 2020 —que fue de 3 mil 714— la cantidad de agencias o fiscalías disminuyó 2.9 por ciento.

En el mismo periodo se registraron 65 mil 572 personas que trabajaban en las agencias o fiscalías del Ministerio Público. Del total, 55.5% correspondió a hombres (36 mil 407) y 44.5%, a mujeres (29 mil 165).

Asimismo, 18.5% (12 mil 147) pertenecía a la FGR y 81.5% (53 mil 425) a las FGE. En comparación con 2020, la cantidad de personal en las agencias aumentó 2.4 por ciento.

Expertos

Al respecto, con la finalidad de analizar e intercambiar puntos de vista sobre las medidas que pueden fortalecer la prevención del delito, seguridad pública, procuración e impartición de justicia diversos especialistas exponen sus puntos de vista sobre este grave dilema nacional.

Juan Raúl Gutiérrez, presidente de la Asociación de Egresados de la Academia Nacional del FBI Grupo México, reconoce que hay cosas por mejorar en materia de seguridad; sin embargo, aseveró que vamos por buen camino, ya que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los homicidios han disminuido.

El rector fundador del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, Jorge Arturo Fernández, aseveró que la educación es fundamental para superar el problema de la inseguridad.

Además, dijo que, gracias a las mujeres y los hombres imprescindibles, surgen ideas y propuestas para afrontar esta problemática.

Francisco Fernández, presidente de la Asociación Libertad y Justicia, enfatizó que se deben sumar voluntades para trabajar con el objetivo de que México se pueda recorrer, desde el Río Bravo al Usumacinta, sin miedo, en forma libre y soberana, y con la certeza de que llegaremos vivos a casa.

De la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Edgar Nieves Osornio dijo que las y los servidores públicos que se dedican a la procuración y administración de justicia deben ser más empáticos con las víctimas de delitos, pues, en ocasiones, actúan “robóticamente” y pierden el lado humano.

La subprocuradora de Procesos en la FGJCDMX, Laura Angelina Borbolla, asentó que, en términos de seguridad y justicia, es muy importante la colaboración y la cooperación entre los operadores, con la misión de favorecer a la víctima, de ser justos con el imputado y que el Estado sea respetado en sus instituciones.

Marco Antonio Muñoz, del Centro Jurídico Universitario, aseveró que la inseguridad no se puede combatir con un sistema de política criminal, ya que el problema es multifactorial, es decir, responde a cuestiones económicas, políticas, sociales y jurídicas.

Manuel de Jesús Espino, líder nacional de Ruta 5, dijo que urge un cambio de estrategia en materia de seguridad, hacia una que armonice los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, que no sea dependiente de lo que exijan los Estados Unidos y que “considere la posibilidad de acordar con los grupos criminales”, pues urge la pacificación del país.

El general en retiro, Juan Alfredo Oropeza, indicó que al crimen organizado se ha fortalecido en extensas áreas del país, al tener presencia en 72 % del territorio nacional. En ese sentido, acotó que se tiene que idear una estrategia de seguridad distinta, la cual fortalezca a las fiscalías, así como a las policías estatales y municipales.

Finalmente, Cesareo Carvajal, especialista en seguridad pública, administración y procuración de justicia, sostuvo que existe una gran descoordinación en la materia entre los tres órdenes de gobierno, lo que complica el combate al crimen organizado.

Justicia  

El pasado 26 de agosto durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el actuar del Poder Judicial ya que dijo que bajo cualquier pretexto los jueces ordenan la liberación de delincuentes de alta peligrosidad, refiriéndose a José Bernabé, “La Vaca”, generador de violencia aprehendido en la CDMX y que se pretendía  que fuera liberado.

“El juez por cualquier pretexto o excusa decide liberarlo. Afortunadamente quienes están en el caso nos dicen que hay otras tres órdenes de aprehensión a parte de esa y de delitos graves y aquí volvemos a lo mismo, qué hace el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial”, dijo el presidente.

“¿Cuántos jueces, cuantos ministros han ido a la cárcel? ¿Qué es un poder incorruptible? ¿Es el castillo de la pureza?”, añadió el presidente.

En este contexto para el 15 de septiembre, López Obrador afirmó que el Gobierno de México impulsa la procuración de la justicia a través de la preliberación y la amnistía a personas inocentes que fueron privadas de la libertad.

Esta medida, explicó, está enfocada a quienes “no han sido sentenciados, que no han tenido defensa por su situación de pobreza; presos indígenas, por delitos verdaderamente menores, que se les abandonó o sus familiares no han tenido la posibilidad de hacer los trámites o no tienen apoyo de abogados, de las defensorías de oficio; enfermos, ancianos”.

El mandatario indicó que la federación avanza con voluntad en este propósito pese a los obstáculos. “Son muchos los trámites, hay resistencias, pero se va avanzando y existe la voluntad de liberar a todos los que no deben estar en las cárceles, existe esa inquebrantable voluntad por parte del Ejecutivo. Nos puede llevar tiempo estos casos, pero los vamos a sacar, a liberar”, argumentó.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, ante la cámara alta el pasado 19 de octubre, reveló que en los reclusorios federales se encuentran 18 mil 789 personas privadas de la libertad.

Dijo que con el Consejo de la Judicatura Federal y la Secretaría de Gobernación, se analizan los casos de personas privadas de la libertad para determinar si son sujetos de preliberación.

Al respecto afirmó que “al 15 de octubre se han efectuado 3 mil 156 libertades anticipadas a mujeres, adultos mayores, indígenas, personas con enfermedades terminales o víctimas de tortura”.

Y añadió: “Es un acto de justicia para quienes no han cometido delitos graves relacionados con la violencia o la sangre, gente humilde que no pudo pagar un abogado, un traductor o ha enfrentado adversidades”.

Expresó que “con acciones como estas, avanzamos en la construcción de una sociedad más humanitaria, igualitaria y justa”.

En tanto, al momento, 136 personas han sido beneficiadas con la Ley de Amnistía, de las cuales 66 fueron detenidas en condiciones de pobreza, 42 son mujeres, 21 son indígenas, 2 tienen discapacidad permanente, 4 fueron víctimas de intimidación y una más fue víctima de discriminación.

Rodríguez estableció que derivado de la renegociación de contratos en el Sistema Penitenciario se han defendido las finanzas públicas. “Tenemos un ahorro de más de 5 mil 140 millones de pesos por la reducción del 15% en el pago anual del servicio integral de capacidad penitenciaria acumulado al cierre del ejercicio 2022”.

En este sentido, el secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, Antonio Alpízar, dio a conocer que las libertades anticipadas obtenidas son por concepto de acuerdos reparatorios, suspensión condicional, criterios de oportunidad o cambio de medida cautelar.

“Es un claro ejemplo de que se está trabajando de manera conjunta, coordinada e institucional entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo respetando la plena autonomía y la independencia de todos y cada uno de los jueces y magistrados”, refirió.

Adelantó que a la fecha, existen 2 mil 12 casos que se revisan puntualmente a fin de conocer las posibilidades de libertad hacia finales del presente año.

Así por el momento, para un gobierno que se precia de ser reformista es urgente darle mayor capacidad de investigación a MP y al sistema de justicia en todo el país. Sería la mejor manera de cerrar el sexenio y para una oposición sería la muestra de que están dispuestos a poner los intereses de los ciudadanos por encima de sus intereses electorales inmediatos.

A los mexicanos se les está agotando la paciencia ante la injusticia que se vive todos los días, desplegada por la inseguridad y violencia descontroladas.

A la democracia se le está terminando la legitimidad por la ausencia de un Estado de Derecho. Y, a todas las fuerzas políticas se les acabaron los pretextos para seguir postergando acuerdos para construir un modelo de procuración de justicia que México requiere.

Flujo carpetas de investigación 2021

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