De acuerdo con el columnista, las autoridades estadounidenses podrían aplicar medidas contra las compañías vinculadas con Landsmanas, empresario cuyos negocios obtuvieron contratos públicos por aproximadamente 28 mil millones de pesos durante el sexenio anterior. Ochoa también ha relacionado al empresario con el suministro de alimentos al gobierno venezolano y con una supuesta cercanía con Luz Elena González Escobar, actual secretaria de Energía. Sin embargo, hasta el momento referido en la nota no se identifica un anuncio oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que confirme nuevas sanciones contra él o sus empresas.

Los antecedentes del caso se remontan al 25 de julio de 2019, cuando el Departamento del Tesoro estadounidense, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra una red encabezada por el empresario colombiano Alex Saab. Las autoridades lo señalaron por utilizar contratos de alimentos sobrevaluados para obtener beneficios económicos a través de empresas intermediarias.

La investigación oficial describió una estructura internacional que incluía sociedades constituidas en distintos países, contratos adjudicados sin licitación, pagos a funcionarios venezolanos y operaciones financieras destinadas a ocultar recursos de procedencia irregular. En ese esquema, México desempeñó un papel relevante en la adquisición, concentración y envío de alimentos para Venezuela, mediante compañías utilizadas por Saab y su socio Álvaro Pulido.

Entre las empresas identificadas por el Departamento del Tesoro figuró Group Grand Limited, con operaciones relacionadas con México, además de otras sociedades dedicadas a comercializar productos para el programa CLAP. Según las conclusiones de la investigación estadounidense, el mecanismo generó ganancias millonarias mediante contratos de suministro de alimentos, mientras una parte de los recursos terminaba en manos de funcionarios y operadores vinculados con el gobierno venezolano.

El expediente tuvo un nuevo desarrollo el 15 de septiembre de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Alex Saab se declaró culpable de conspirar para lavar recursos provenientes de un esquema de sobornos y fraude relacionado con contratos gubernamentales de alimentos y medicamentos en Venezuela. La autoridad señaló que Saab reconoció haber organizado pagos ilegales a funcionarios para favorecer la adjudicación de contratos a empresas controladas de manera encubierta por los participantes de la operación.

En México, investigaciones periodísticas vincularon a Landsmanas y a compañías de Corporativo Kosmos, entre ellas Productos Serel y La Cosmopolitana, con el suministro de alimentos destinados a Venezuela. Según publicaciones basadas en expedientes de la antigua Procuraduría General de la República (PGR), ambas empresas fueron señaladas por operaciones comerciales relacionadas con intermediarios internacionales que abastecían al programa CLAP. Las indagatorias mexicanas también abordaron posibles triangulaciones financieras y operaciones con sociedades establecidas en Hong Kong y Panamá.

En 2018, las autoridades mexicanas alcanzaron un acuerdo reparatorio relacionado con el suministro de alimentos a Venezuela, que contempló una aportación de tres millones de dólares a una agencia de Naciones Unidas. Más adelante, nuevas denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dieron origen a una carpeta por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. No obstante, reportes periodísticos de octubre de 2026 señalaron que la Fiscalía General de la República determinó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000341/2019, por lo que el asunto no llegó ante un juez.

La controversia también incluye los contratos públicos de Corporativo Kosmos. Ochoa Huerta ha señalado que las compañías vinculadas con Landsmanas obtuvieron alrededor de 28 mil millones de pesos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que sumaron aproximadamente cuatro mil millones de pesos adicionales en la administración federal actual. El periodista también relacionó la expansión de sus negocios hacia Petróleos Mexicanos con la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; sin embargo, la funcionaria rechazó públicamente el 11 de octubre las afirmaciones sobre supuestos contratos otorgados por su intervención y calificó esos señalamientos como falsos. La posibilidad de sanciones estadounidenses vuelve a colocar bajo atención las operaciones internacionales del empresario, pero cualquier consecuencia financiera o comercial dependerá de una determinación oficial de Washington.

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China y Rusia prometen respuesta ante sanciones

En un comunicado conjunto, Pekín y Moscú aseguraron que “ambas partes harán todos los esfuerzos necesarios para llevar a cabo la asistencia mutua y la cooperación en la oposición a las medidas coercitivas unilaterales”. Estas declaraciones reflejan la creciente colaboración entre los dos países frente a la presión de otras potencias mundiales.

La postura frente a la ilegalidad de sanciones unilaterales

El comunicado también enfatizó que “cualquier medida coercitiva unilateral adoptada por cualquier país o grupo de países saltándose las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU es ilegal”, subrayando su rechazo a sanciones que no cuentan con aprobación internacional. China y Rusia son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y tienen derecho a vetar sus resoluciones, consolidando su poder estratégico global.

Impacto en la economía global

China y Rusia prometen respuesta reforzando la cooperación económica y la inversión mutua. Pekín ha buscado consolidar lazos con Moscú pese a acuerdos comerciales recientes con Estados Unidos, evidenciando que buscan contrarrestar cualquier intento de monopolio económico externo. Según expertos, esta estrategia podría influir directamente en los mercados energéticos y tecnológicos internacionales.

Reuniones clave y cooperación futura

Xi Jinping se reunió con Mijáil Mishustin para ampliar inversiones mutuas y defender intereses de seguridad compartidos. Un día antes, Li Qiang destacó la importancia de reforzar la cooperación bilateral y proteger los intereses comunes de ambos países. Mostrando que la alianza se dirige a largo plazo y no solo a respuestas inmediatas frente a sanciones.

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Toluca, Estado de México.— En un esfuerzo por reforzar la seguridad vial y garantizar un servicio de transporte público eficiente y responsable, la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) informó la cancelación de cuatro concesiones relacionadas con accidentes graves, además del inicio de 16 procedimientos administrativos y la presentación de 13 denuncias penales ante la Fiscalía General de Justicia estatal.

Tolerancia cero en el transporte público

El titular de la dependencia, Daniel Sibaja, afirmó que en la actual administración estatal, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se ha establecido una política de “tolerancia cero” contra los malos operadores del transporte público.

“El Gobierno del Estado de México va a priorizar su seguridad, va a priorizar la vigilancia y va a aplicar sanciones de lo más duro para los transportistas que no cumplan”, declaró el funcionario.

Detalló que las denuncias penales fueron presentadas ante la FGJEM, principalmente por el delito de prestación ilícita del servicio de transporte, de acuerdo con el artículo 148 del Código Penal estatal. Este tipo de faltas pueden poner en riesgo la vida de los usuarios, por lo que no serán toleradas, afirmó.

“Les decimos también, siempre cuidando la presunción de inocencia, siempre cuidando el debido proceso, pero el Gobierno del Estado de México pasará de sanciones administrativas, a consecuencias penales”, subrayó Sibaja.

Más de 2 mil operativos de verificación

La Secretaría ha detectado diversas irregularidades durante los dos mil 491 operativos de verificación que ha desplegado en todo el territorio mexiquense.

Entre las principales infracciones que actualmente se investigan en los 16 expedientes abiertos se encuentran:

Conducción bajo los efectos del alcohol

Menores de edad al volante

Acoso sexual a usuarias

Participación en carreras clandestinas

Accidentes viales con personas lesionadas o fallecidas

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier irregularidad o conducta riesgosa en el transporte público:

“Pedimos a la ciudadanía que nos ayude a identificar estas conductas. Pueden enviar sus denuncias a quejas.movilidad@edomex.gob.mx, al chatbot MoviMex 722 226 93 13 o bien llamar al 800 999 00 25 y al 722 228 04 98”, dijo.

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Toluca, Estado de México – En un paso decisivo hacia la protección de menores y personas vulnerables frente a la violencia digital, las comisiones unidas del Congreso del Estado de México aprobaron reformas legales que endurecen las penas contra quienes cometan delitos sexuales mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación.

La iniciativa fue impulsada por el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, y contempla penas de hasta 16 años de prisión y multas que podrían alcanzar las 800 Unidades de Medida y Actualización (UMA) —equivalentes a aproximadamente 90 mil 515 pesos— en los casos donde las víctimas sean niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad.

Las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, junto con la de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia, avalaron por unanimidad esta propuesta que reforma el Código Penal, la Ley de Víctimas, el Código Administrativo y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México.

Sanciones más severas para el acoso digital

El dictamen especifica que cualquier persona que, a través de redes sociales, plataformas digitales, mensajería instantánea u otros medios electrónicos o escritos, busque concretar un acercamiento físico con otra persona para obtener favores sexuales o material audiovisual con contenido explícito, será sancionada con penas de hasta ocho años de cárcel y multas de hasta 400 UMAs, es decir, alrededor de 45 mil 256 pesos.

Estas penas se duplicarán cuando las víctimas sean menores de edad o personas que requieran apoyos especiales para comprender la situación.

Legisladoras que respaldaron la iniciativa señalaron que el incremento de delitos sexuales digitales exige un marco jurídico más sólido, tanto preventivo como punitivo, que asegure una atención integral a las víctimas.

“Las plataformas en línea se han convertido en escenarios frecuentes de agresiones sexuales contra menores, por lo que es urgente una respuesta legislativa firme”, subrayaron.

Protección y atención integral a las víctimas

Uno de los cambios más relevantes es que se otorgarán nuevas atribuciones a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatal, que podrá intervenir directamente en procesos judiciales y administrativos donde estén involucradas víctimas menores.

Además, se establece que las autoridades deberán consultar a esta Procuraduría antes de aceptar un perdón legal en casos de delitos sexuales, a fin de evitar presiones indebidas que favorezcan a los agresores.

En paralelo, se ordena que las instituciones de salud del Estado de México brinden atención prioritaria, inmediata y multidisciplinaria a menores víctimas de violencia sexual. Esta atención deberá incluir servicios médicos, psicológicos, jurídicos.

Así como acceso a pruebas diagnósticas y anticoncepción de emergencia. Los centros de salud estarán obligados a dar aviso al Ministerio Público y activar los protocolos de protección correspondientes.

Hacia una restitución plena de derechos

El objetivo, será garantizar un entorno institucional en el que los derechos de niñas, niños y adolescentes estén protegidos desde el primer momento en que se detecte una posible situación de violencia.

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