Se trata de Instrumentos y Equipos Falcón S.A. de C.V. y Arquina S.A. de C.V., compañías vinculadas al llamado “cártel de la sangre”, las cuales han obtenido 26 contratos por un monto total de 839 millones 409 mil 788 pesos, según datos de la plataforma Compras MX (Antes CompraNet).

Entre 2008 y 2015, al menos 11 empresas participaron en un modelo para simular competencia en licitaciones relacionadas con servicios integrales de laboratorio clínico y bancos de sangre en el Sistema Nacional de Salud. El expediente DE-011-2016 de la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) detalló la existencia de “pactos de no agresión”, reparto de contratos y ofertas coordinadas.

Estas prácticas, señaló el organismo, provocaron sobreprecios de hasta 58 por ciento y generaron un daño estimado al erario de más de mil 200 millones de pesos.

Instrumentos y Equipos Falcón, una de las principales beneficiarias este año, ha suscrito 25 contratos que suman 837 millones 55 mil 574 pesos. El más alto, por 181 millones 666 mil 364 pesos, corresponde a un servicio integral de laboratorio clínico para el ISSSTE.

En 2022, la Secretaría de la Función Pública —actual Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno— la inhabilitó temporalmente por su participación en las prácticas acreditadas por Cofece, aunque actualmente mantiene contratos vigentes con vencimientos entre junio y diciembre.

Arquina S.A. de C.V., por su parte, ha obtenido en 2025 un contrato por 2 millones 354 mil 214 pesos para servicios de hemodiálisis. Esta empresa está relacionada con Disequi S.A. de C.V., firma que en 2022 fue señalada en Veracruz por presuntas irregularidades en el almacenamiento de muestras de sangre, de acuerdo con Reporte Índigo.

Ambas compañías han sido proveedoras de gobiernos estatales, incluyendo las administraciones de Omar Fayad Meneses y Julio Menchaca Salazar en Hidalgo.

Las adjudicaciones de este año cubren una gama de servicios médicos: análisis clínicos, estudios automatizados, banco de sangre, pruebas de transfusión y refacciones para equipos médicos. Según el expediente de Cofece, presentado tras una denuncia del IMSS en 2016, el esquema se sostuvo con intercambios de correos y llamadas entre empresas para repartirse procesos de contratación pública en diversos años, incluidos 2008, 2010, 2011 y 2015.

El órgano regulador consideró que estas prácticas constituyeron una de las afectaciones más relevantes en el sector salud público, con implicaciones directas sobre la asignación de recursos a servicios médicos esenciales.

El cargo Empresas ligadas al “cártel de la sangre” mantendrían licitaciones del sector salud apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Un Tropiezo y una Lección

El Insabi, establecido para sustituir al Seguro Popular y mejorar el acceso a servicios de salud, enfrentó desde el principio diversos obstáculos, incluyendo un “tropiezo financiero” y resistencias operativas en diferentes niveles. “Tienes razón, ahí no funcionó lo que teníamos pensado -el Insabi-“, comentó López Obrador. Esta admisión refleja una crítica interna sobre la capacidad del Insabi para gestionar de manera efectiva los fondos destinados a los servicios de salud.

AMLO afirma que INSABI no cumplió expectativas para el nuevo sistema de salud

 La Federalización de los Servicios de Salud

López Obrador destacó que la federalización de los servicios de salud estaba prevista desde el inicio de su administración, inspirada en el modelo de la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados de la Presidencia de la República (Coplamar), creada en 1976. Este modelo buscaba extender los servicios de salud a todo el país, priorizando las áreas más necesitadas.

 Retorno al Plan Original

Aunque el Insabi desempeñó un papel crucial durante la pandemia de Covid-19, su operación fue transitoria. Tras la pandemia, se retomó el plan original de federalización, iniciándose diálogos con los gobernadores para integrar los servicios de salud bajo el IMSS-Bienestar. El 25 de abril de 2023, la Cámara de Diputados aprobó la desaparición del Insabi, y días después, López Obrador justificó esta decisión enfatizando la necesidad de eficiencia

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