Esta determinación abre la posibilidad de reevaluar la situación jurídica de Miguel Ángel Peralta Betanzos, sentenciado a 30 años de prisión por homicidio y a 20 años por tentativa de homicidio.

La decisión reactivó el debate en torno a los hechos registrados el 14 de diciembre de 2014, jornada en la que también murieron Manuel Zepeda, hermano de la activista, y Gustavo Estrada. De acuerdo con el expediente, el ataque dejó además a Zepeda Lagunas con lesiones graves.

“A mí quisieron matarme, me lesionaron gravemente, y eso no puede tratarse como si fuera algo dudoso”, expresó la sobreviviente en entrevista al referirse al proceso judicial que ahora entra en una fase de revisión.

Zepeda Lagunas sostuvo que el caso debe analizarse con base en el contexto de violencia que rodeó la agresión. Señaló que los hechos ocurrieron cuando realizaba trabajo comunitario y acciones de defensa de los derechos de las mujeres mazatecas, etapa en la que no ocupaba un cargo público.

El expediente judicial incluye señalamientos contra Alfredo Bolaños Pacheco y Jaime Betanzos Fuentes, exautoridades municipales vinculadas al PRI, a quienes la activista ha identificado como presuntos organizadores de la agresión. Ambos nombres forman parte de las acusaciones que han acompañado el proceso desde los hechos ocurridos en la Sierra Mazateca.

En la comunidad de Eloxochitlán, las versiones sobre el caso han generado posiciones encontradas. Mientras la defensa de algunos procesados ha sostenido la narrativa de presos políticos, familiares de las víctimas mantienen la exigencia de que se reconozca la gravedad de los hechos registrados en 2014.

“Cuando el sistema judicial decide absolver, lo que sentimos es un abandono profundo”, señaló Zepeda Lagunas al referirse al impacto que las resoluciones judiciales tienen para las familias afectadas.

A más de una década de la agresión, el proceso continúa en tribunales. La defensa de las víctimas ha solicitado que la revisión judicial considere los elementos del caso y el contexto en el que ocurrió el ataque, con el objetivo de esclarecer responsabilidades y atender a las víctimas directas e indirectas.

El cargo Tribunal ordena revisar sentencia por ataque de 2014 en Eloxochitlán; sobreviviente exige justicia apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Nicolás Romero, Edomex.— La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la primera sentencia condenatoria dentro de la llamada Operación Enjambre, una investigación que ha revelado la infiltración de grupos criminales en corporaciones policiacas municipales.

El fallo fue emitido contra Uriel Gutiérrez Balderas, civil, y Erik Adrián Hernández Mejía, alias “El Tocino”, ex elemento activo de la Policía Municipal de Nicolás Romero, quienes fueron declarados culpables del homicidio de un hombre registrado el pasado 9 de febrero de 2024. Ambos recibieron una pena de 47 años y 6 meses de prisión.

Crimen con complicidad oficial

De acuerdo con las indagatorias, la víctima, identificada con las iniciales L.B.B., fue asesinada a balazos al interior de un local de comida en la colonia La Libertad. El ataque fue perpetrado por varios hombres armados que llegaron en dos vehículos; entre ellos, Gutiérrez Balderas, quien disparó directamente contra la víctima.

Según la Fiscalía, El Tocino, entonces en funciones como policía municipal, obstruyó la calle con una patrulla oficial para facilitar el ataque y permitir la huida de los agresores. Posteriormente, pasó por la zona sin intervenir ni reportar lo ocurrido, lo que fue interpretado como encubrimiento doloso.

El inicio de una red criminal al descubierto

La sentencia dictada el pasado 3 de julio representa la primera resolución judicial derivada de la Operación Enjambre, desplegada por la FGJEM con el objetivo de desarticular una red delictiva que operaba con complicidad de elementos de seguridad pública en Nicolás Romero y municipios aledaños.

La captura de Hernández Mejía, en junio de 2024, ocurrió luego del hallazgo de restos humanos de al menos 10 víctimas en un predio de la colonia El Mirador. La Fiscalía lo identificó como parte de una célula criminal que contaba con apoyo logístico y operativo de policías municipales.

Policías al servicio del crimen

Entre abril y junio de 2024, la FGJEM, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ejecutó múltiples cateos y operativos en la región, logrando la detención de 21 personas, entre ellas 10 policías municipales.

Las autoridades detallaron que los uniformados no solo encubrían delitos, sino que participaban directamente en homicidios y otras actividades delictivas, brindando protección armada a integrantes de una organización criminal activa en la zona.

Más de 60 detenidos y la investigación continúa

A la fecha, la Operación Enjambre suma 60 personas detenidas, la mayoría con vínculos directos o indirectos con cuerpos de seguridad municipales. La Fiscalía mexiquense confirmó que esta sentencia es apenas el primer paso en el desmantelamiento de una estructura criminal con raíces en instituciones públicas.

El organismo reiteró su compromiso de continuar con las investigaciones, capturas y procesos judiciales en contra de quienes usaron el uniforme para delinquir.

El cargo Dictan primera sentencia por caso ‘Enjambre’ apareció primero en La Chispa de Estado de México.