Según la información difundida, la licitación no se desarrolló bajo un esquema abierto, sino que habría sido dirigida a una sola empresa: Servicios Broxel, lo que ha generado inquietudes sobre la transparencia.

Este programa contempla una asignación de hasta 1,750 millones de pesos para el financiamiento de actividades sociales, lo que ha incrementado la atención sobre las condiciones del proceso.

Entre los requisitos que generaron controversia destaca la obligación de entregar 700 mil tarjetas personalizadas en un plazo de 10 días tras el fallo, lo que ha sido considerado un reto logístico significativo.

Algunos analistas señalan que estas condiciones podrían implicar que las tarjetas ya estaban producidas previamente, lo que cuestiona la equidad de la licitación.

El esquema incluye beneficios como seguros de vida y asistencia veterinaria, con una comisión mensual de 352 millones de pesos, aunque beneficiarias expresaron falta de claridad sobre los servicios y su funcionamiento.

En el procedimiento solo participaron Broxel y Previvale, siendo esta última la única que presentó preguntas en la junta de aclaraciones, mismas que fueron rechazadas, al igual que propuestas de modificación en requisitos.

Los antecedentes en otras entidades también generaron preocupación, como en Jalisco, donde trabajadores vinculados a la Universidad de Guadalajara reportaron fallas en las tarjetas, incluyendo problemas en transacciones y en plataformas digitales.

Además, usuarios en regiones fuera de zonas metropolitanas señalaron dificultades para utilizar las tarjetas por la falta de establecimientos afiliados, mientras que en Monterrey se documentaron errores en depósitos que alcanzaron hasta 20 mil pesos en cuentas que debían recibir 2,150 pesos.

En este contexto, fuentes del gobierno indicaron que Ernesto Armendáriz Ramírez, delegado de Programas para el Bienestar, tiene conocimiento de estas denuncias, las cuales están siendo investigadas por la Secretaría Anticorrupción.

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El programa estatal establece que por cada tarjeta activa el gobierno cubrirá 5.45 pesos mensuales a la empresa administradora del sistema, lo que podría representar más de 16 millones de pesos al mes si se incorpora al universo estimado de usuarios del transporte público en la entidad.

A este esquema se suma el subsidio de 3 pesos por viaje que el Estado entregará a los transportistas para compensar la tarifa de 11 pesos, una bolsa que podría superar los 5 mil millones de pesos al año.

En medio de la controversia, el mandatario anunció la entrega de tres vuelos redondos a Nueva York pagados con recursos propios y otros tres patrocinados por la aerolínea Volaris para ciudadanos que tramiten la tarjeta financiera.

“…para que la gente que se inscriba a su tarjeta La Única pueda echarse su cafecito en Nueva York”, lanzó Lemus tras la polémica que generaron sus declaraciones previas, en las que aseguró que con el plástico del programa una persona podría pagar un café en esa ciudad.

De esta forma, el mandatario estatal minimizó las críticas de colectivos que califican la medida como una “puerta de entrada” para convertir a los usuarios del transporte en clientes cautivos de servicios bancarios.

La declaración de Lemus intensificó la polémica en redes sociales, donde usuarios señalaron que el gobernador y funcionarios de su administración han promovido el programa con un tono similar al de una estrategia comercial de Broxel, empresa encargada de la administración de la tarjeta.

El anuncio coincide con nuevas protestas en Guadalajara contra el llamado “tarifazo” y contra el requisito de utilizar la tarjeta financiera para obtener el costo preferencial del transporte. Colectivos y usuarios señalan que el registro exige la entrega de datos personales, biométricos y de contacto para poder acceder al subsidio del servicio público.

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La revisión se centra en el proceso mediante el cual se adjudicó el contrato a Servicios Broxel, luego de que otra empresa participante impugnara el fallo por presuntas irregularidades en la propuesta económica presentada.

Según el comunicado oficial, la inconformidad fue promovida por Toka Internacional, que señaló que Broxel no habría capturado los precios unitarios requeridos en su oferta, lo que motivó la apertura de investigaciones para determinar posibles responsabilidades.

El procedimiento licitatorio fue llevado a cabo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 28 de noviembre, bajo el número LA-06-400-006400001-N-19-2025, y tuvo como finalidad cubrir la prestación de fin de año para personas servidoras públicas federales.

La Secretaría Anticorrupción detalló que el contrato contempla el suministro de vales para 206 dependencias, con un periodo de ejecución del 8 al 31 de diciembre, y un rango presupuestal que va de 7 mil 345 millones a 10 mil 338 millones de pesos.

De acuerdo con la dependencia, la inconformidad es un recurso previsto en la legislación vigente que permite revisar la legalidad de los procesos de contratación y resolverlos conforme a derecho.

En paralelo, durante la conferencia matutina del pasado 23 de diciembre, se señaló que la empresa adjudicada habría manifestado que la bonificación total prevista en el fallo no resultaba viable como negocio, lo que derivó en cuestionamientos públicos sobre el apego a las condiciones establecidas.

Ante este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la titular de la Secretaría Anticorrupción, Raquel Buenrostro, informar sobre el estado de la revisión y las determinaciones que se adopten. Mientras tanto, la dependencia reiteró su compromiso con la legalidad e integridad en las compras públicas y advirtió que el incumplimiento o el engaño en los procedimientos de contratación tiene consecuencias conforme a la ley.

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La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la Ciudad de México solicitó entre 2019 y 2025 formalmente a la empresa Servicios Broxel el reembolso de 121 millones 115 mil pesos por concepto de vales de despensa no entregados a trabajadores del gobierno local, de acuerdo con documentos consultados por Proceso.

Los archivos revelan que los requerimientos se realizaron al límite de los plazos contractuales y, en varios casos, con la necesidad de emitir múltiples oficios. Entre los convenios involucrados se encuentran los firmados entre 2019 y 2024, todos con cláusulas que establecen la devolución de remanentes, sin que se cumpliera con fluidez.

Además, en junio de 2025, según fuentes del gobierno capitalino, se giraron nuevos requerimientos por otros 16 millones.

Mientras tanto, Broxel ha mantenido su posición como uno de los principales proveedores del gobierno local. Entre 2019 y 2025 acumuló 13 contratos por 21 mil 970 millones de pesos, de los cuales ocho fueron por adjudicación directa, según registros oficiales.

En noviembre de 2024, la empresa ganó la licitación SAF-DGRMSG-LP-05-24, por un monto de 3 mil 700 millones de pesos correspondiente a los vales de fin de año. El proceso fue señalado en una denuncia ciudadana por posibles conflictos de interés. La misma incluyó la asistencia del entonces contralor Juan José Serrano a un partido de la NFL como invitado de Broxel, pocos días después del fallo.

Además de la Ciudad de México, Broxel tiene contratos con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), donde obtuvo al menos diez convenios entre 2016 y 2024 por más de 701 millones de pesos, ocho de ellos por adjudicación directa. Una denuncia presentada ante el Infonavit en 2025 solicitó investigar esa relación.

Pese a las irregularidades, en el ámbito estatal y federal, la empresa obtuvo más de 800 millones de pesos en contratos con los gobiernos de Aguascalientes, Guanajuato, Yucatán, Querétaro, Jalisco y Durango entre 2021 y 2024. A nivel federal, sumó 3 mil 169 millones en convenios, principalmente mediante asignación directa o restringida, y en 2025 otros 90 millones.

En paralelo, registros oficiales indican que Broxel ha enfrentado procedimientos sancionadores por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

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