La carpeta TOL/CCF/SPO/107/033891/25/02 fue integrada a partir de una denuncia presentada por habitantes de las colonias Fimesa 1, 2 y 3. Los vecinos acusan que durante la gestión de García Martínez al frente del municipio, el gobierno local transfirió 38.5 millones de pesos a la asociación civil Unión de Colonos, Inquilinos Solicitantes de Vivienda y Comerciantes, Lomas del Parque A.C., para la compra de 27 hectáreas en San Francisco Chilpan. La transacción no cuenta con escrituras públicas que acrediten la propiedad legal del terreno, según los denunciantes.

Además de esa operación, los colonos señalan un depósito adicional de 5 millones de pesos al Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonapho) en 2023, sin que hasta ahora se haya formalizado la escrituración de los predios.

Los señalamientos se extienden a la administración de Castro Fernández, quien asumió el cargo en enero de 2025. Reportes periodísticos indican que en los primeros siete meses de su mandato se asignaron contratos por más de 72.7 millones de pesos mediante procedimientos con un solo competidor o adjudicación directa. Las observaciones fueron presentadas también ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y la Contraloría estatal.

Vecinos del municipio han expresado su rechazo a la propuesta del gobierno local de cambiar el nombre de su colonia a “Cuarta Transformación”. Consideran que esta medida podría afectar su identidad jurídica y los procesos legales para garantizar la tenencia de la tierra.

Además de los procedimientos administrativos, las denuncias incluyen un elemento político. La actual diputada local, Elena García Martínez, promovió la candidatura de su cuñada Ana María Castro a la presidencia municipal. De acuerdo con los inconformes, al menos tres familiares cercanos a la alcaldesa trabajan en el Ayuntamiento.

Diversos sectores han expresado preocupación por el contexto en que se encuentra Tultitlán. Representantes empresariales advierten sobre la existencia de trámites engorrosos, señalando que esto ha desalentado inversiones tanto nacionales como extranjeras. Datos oficiales indican que el 42% de la población en el municipio vive en condiciones de pobreza.

En materia de seguridad, Tultitlán forma parte de las demarcaciones con mayor percepción de inseguridad. De acuerdo con el INEGI, 87.3% de los habitantes del Estado de México consideran que vivir en la entidad es inseguro.

Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, colonos de Fimesa 2 y 3 han convocado a una movilización el próximo 8 de agosto. Exigen la liberación de la caseta de cobro en Tepotzotlán y del Circuito Exterior Mexiquense, el reconocimiento formal de los derechos de posesión de sus viviendas, y la intervención del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) para formalizar la propiedad de los terrenos que ocupan desde hace más de tres décadas.

Asimismo, demandan la judicialización de 93 carpetas de investigación presentadas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, las cuales involucran a la exalcaldesa García Martínez y a miembros del actual gobierno local.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que se han solicitado auditorías y peritajes técnicos para revisar el uso de recursos municipales entre los años 2023 y 2025.

El cargo Indagan a alcaldesa de Tultitlán y a antecesora por presuntas anomalías en manejo de recursos apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Desde su llegada al gobierno local, Ana María Castro, ha enfrentado múltiples cuestionamientos por decisiones controversiales que no han sido bien recibidas por la comunidad. Uno de los casos más mediáticos fue la imposición del nombre “Cuarta Transformación” a una colonia del municipio sin previo aviso o consulta a los vecinos.

A pesar de que el gobierno municipal argumentó que la medida buscaba regularizar la zona afectada por disputas ejidales, los residentes denunciaron que la decisión se tomó de manera unilateral, sin explicar el impacto que tendría en los trámites oficiales y, sobre todo, sin informar a los habitantes, lo que generó un fuerte rechazo social.

A esta controversia se suman otras preocupaciones relacionadas con la falta de transparencia en el manejo de recursos públicos. Desde que Ana María Castro asumió la presidencia municipal, ha adjudicado contratos por un monto total de 72.7 millones de pesos, la mayoría de ellos a través de adjudicaciones directas o licitaciones en las que solo se presentó un único competidor.

Tultitlán atraviesa también una profunda crisis económica y social. Según el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago, publicado en 2025, el 42% de la población del municipio vive en condiciones de pobreza, y un 18.4% de los habitantes sufren carencias sociales significativas.

La situación es aún más grave en áreas como salud y vivienda, pues solo el 1.6% de la población, 8 mil 748 personas, tiene acceso a servicios básicos de vivienda.

Otro grave problema que enfrenta este municipio mexiquense, de acuerdo a las mismas autoridades del gobierno de Delfina Gómez, es que han recibido reportes de empresas que comienzan a trasladar sus plantas productivas a otras entidades al no existir certeza jurídica, lo que ocasiona pérdida de empleos y afecta la calidad de vida de los habitantes.

En 2024, el presupuesto destinado al agua potable fue de 34 millones de pesos, una cifra que representa una disminución de 23 millones respecto al año anterior. Mientras tanto, el presupuesto para alcantarillado y electrificación fue cero en 2023 y 2024.

Además, la violencia y la inseguridad son otros factores que agravan la situación. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 87.3% de la población del Estado de México considera que vivir en la entidad es inseguro, y Tultitlán no escapa a esta realidad. El municipio se encuentra dentro de la Alerta de Violencia de Género desde 2015, y, a pesar de que se incluyó a Tultitlán en los 50 municipios prioritarios para la seguridad, los índices de delitos como robo de vehículos o las lesiones dolosas siguen siendo alarmantes.

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