Estado de México: foco rojo en violencia laboral a las mujeres
Toluca, Estado de México.– El Estado de México se mantiene como una de las entidades más críticas del país en términos de violencia laboral contra las mujeres, de igual forma en el ámbito personal.
De acuerdo con cifras recientes, el 78.7% de las mujeres mexiquenses han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, ubicando a la entidad como la de mayor prevalencia a nivel nacional, por encima de la Ciudad de México (76.2%) y Querétaro (75.2%).
El problema no se limita al ámbito doméstico o interpersonal. También se extiende al entorno laboral, donde las mujeres enfrentan múltiples formas de violencia estructural y cotidiana, desde acoso sexual hasta discriminación y violencia económica.
Aunque estados como Jalisco, Chihuahua, Puebla y Querétaro lideran en violencia laboral reportada durante el último año —con prevalencias entre el 36.1% y el 37.6%—, el Estado de México presenta una tendencia creciente en esta forma de agresión, que preocupa a defensoras de derechos laborales y organizaciones feministas.
Especialistas advierten que existe una correlación directa entre la violencia generalizada contra mujeres y su reproducción en los espacios de trabajo.
“El Estado de México es un caso paradigmático: la violencia que ocurre en la calle, en el hogar y en las instituciones también se reproduce en las oficinas, fábricas y comercios”, señala Elena Rodríguez, integrante del Observatorio Mexiquense de Violencia de Género.
La violencia laboral es un fenómeno multifacético que va más allá del acoso
Incluye prácticas como el hostigamiento sistemático, la discriminación por embarazo, la negación de ascensos, las amenazas por denunciar abusos y la violencia económica, como el pago desigual o el despido injustificado.
Estas manifestaciones no siempre se visibilizan ni se denuncian, lo que agrava el problema.
En el último año, entidades como Chihuahua (27.5%), Aguascalientes (26.2%) y Ciudad de México (24.4%) también han mostrado altos niveles de violencia contra mujeres en general, lo que refleja un fenómeno persistente y generalizado a nivel nacional.
Sin embargo, la situación en el Estado de México es particularmente alarmante, no solo por su tamaño poblacional, sino por la persistencia de impunidad y la falta de protocolos efectivos de atención y prevención en el sector público y privado.
Organizaciones civiles han insistido en la urgencia de adoptar medidas integrales para frenar la violencia laboral, entre ellas: capacitación obligatoria con perspectiva de género en los centros de trabajo.
Así como líneas de denuncia protegidas, inspecciones laborales con enfoque de derechos humanos y un sistema de sanciones efectivas.
“Una mujer violentada en el trabajo no solo sufre una injusticia individual, sino que queda atrapada en un sistema que la castiga por alzar la voz”, denuncia Mariana Campos, representante de la red Mujeres Unidas por el Trabajo Digno. Agrega que, aunque existen mecanismos legales, su aplicación es limitada o burocrática.
Actualmente, el gobierno del Estado de México enfrenta el desafío de transformar estas cifras alarmantes en acciones concretas.
La administración estatal ha anunciado la implementación de programas de atención y prevención de la violencia de género, pero colectivos feministas piden que estas políticas no se queden en el papel y se traduzcan en cambios reales para miles de trabajadoras mexiquenses.
Mientras tanto, la violencia sigue normalizándose en múltiples espacios. Y en un estado donde casi 8 de cada 10 mujeres ha sido violentada en algún momento de su vida, romper el silencio laboral es también un acto de resistencia.
