Rezago en la Procuración de Justicia en México
El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 2022 revela los pendientes en la aplicación de la justicia por lo que el Gobierno Federal como medida urgente aplica el mecanismo de libertad anticipada.
Por Norberto Vázquez
El más reciente Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal (CNPJE-F) 2022, revela el enorme rezago en la conclusión de casos legales a nivel nacional como muestra de la incesante violación de las garantías individuales de miles de ciudadanos.
Ante estas cifras que evidencian el enorme rezago en la procuración de justicia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la titular de la Secretaría de Seguridad y Participación y Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, han impulsado la modernización del aparato judicial a través del mecanismo de preliberación y aplicación de la Ley de Amnistía a personas presuntamente inocentes que fueron privadas de la libertad.
Esta medida busca dar salida a la infinidad de casos que no han sido sentenciados y que afectan a miles de indiciados que no han tenido defensa por su situación vulnerable en su mayoría presos indígenas, que han sido llevados a proceso por delitos menores y que llevan años en reclusión sin derecho a una defensa digna.
Al respecto, durante su comparecencia ante el Senado de la República, Rosa Icela Rodríguez reveló que al 15 de octubre “en un acto de justicia” se han efectuado 3 mil 156 libertades anticipadas a mujeres, adultos mayores, indígenas, personas con enfermedades terminales o víctimas de tortura.
Situación
De manera reciente,el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó el CNPJE-F 2022 como la radiografía más precisa de cómo se encuentra el espectro en materia de procuración de justicia en el país en el cual todo apunta que en el sistema judicial sólo se resuelven casos de alto impacto social.
De acuerdo a este documento, en 2021 el total de las investigaciones pendientes registradas en la Fiscalía General de la República (FGR) y las Fiscalías Generales Estatales (FGE) creció en 4.8% en comparación con el 2020.
La institución indicó que el año pasado el total sumó 2 millones 629 mil 790 indagatorias sin concluir, mientras que en el 2020 la cifra era de 2 millones 508 mil 243.
“La categoría pendientes se refiere al estatus de los procedimientos en las averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación (tanto en la etapa de investigación inicial como en la etapa de investigación complementaria) pendientes de concluir. La información puede corresponder a las pendientes de concluir que se abrieron en 2021 o en años anteriores”, indicó el Inegi.
Durante 2021, abrieron 2 millones 059 mil 798 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación, 3.8 % para la FGR y 96.2 % para las FGE. Esta cantidad aumentó 8.5 % respecto a 2020.
En el mismo periodo, se tuvo registro de un millón 751 mil 761 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación determinadas —que están listas para ejercer la acción penal) donde el 12.1 % fue para la FGR y 87.9 % para las FGE, lo que representó un aumento de 15.9 % respecto a 2020.
Y es que en los últimos años el rezago en las indagatorias ha ido al alza, de acuerdo con la institución.
Por ejemplo, del 2018 al 2021, se consignó un aumento del 58.8% ya que, para el primero de estos años, se registraron un millón 655 mil 813 investigaciones pendientes.
El total de los presupuestos de la FGR y de las FGE ha ido en aumento entre el 2017 y el 2021; sin embargo, el personal adscrito a las dependencias, así como el número de unidades administrativas fue en descenso, según los datos del Inegi.
La suma del presupuesto ejercido por la FGR y las fiscalías locales en el 2021 fue de 66 mil 215.5 millones de pesos (mdp), mientras que en el 2020 fue de 61 mil 477.1 mdp.
Sin embargo, auque aumentó el presupuesto sus centros de atención y de personal bajaron.
El número de unidades administrativas pasó de mil 234 en el 2020 a mil 166 en el 2021.
Desde el 2017 y al 2021 se consignó una disminución de 28.2%, en el penúltimo año de gobierno de Peña Nieto había mil 626 unidades adscritas. El personal pasó de 116 mil 322 en el 2020 a 115 mil 305 en el 2021.
De 2010 al 2021, el año con el mayor número de personal adscrito a las instituciones de procuración de justicia ha sido el 2018, cuando el Inegi registró un total de 119 mil 672, al siguiente año se registró una disminución a 116 mil 054 empleados.
Para el 2021, las fiscalías con mayor número de personal fue, en primer lugar, la FGR (19 mil 919); la de la CDMX (15 mil 705); el Estado de México (7 mil 059); Chihuahua (6 mil 320); y Guanajuato (5 mil 063).
Un dato esencial es sobre como operan los Ministerios Públicos. En 2021 se reportaron 190 agencias del Ministerio Público de la FGR. De estas, 64.2% (122) correspondió al tipo subsede.
En el mismo periodo las FGE reportaron 3 mil 606 agencias del Ministerio Público. De acuerdo con el tipo, 52.7% correspondió a mixta o general. Comparado con 2020 —que fue de 3 mil 714— la cantidad de agencias o fiscalías disminuyó 2.9 por ciento.
En el mismo periodo se registraron 65 mil 572 personas que trabajaban en las agencias o fiscalías del Ministerio Público. Del total, 55.5% correspondió a hombres (36 mil 407) y 44.5%, a mujeres (29 mil 165).
Asimismo, 18.5% (12 mil 147) pertenecía a la FGR y 81.5% (53 mil 425) a las FGE. En comparación con 2020, la cantidad de personal en las agencias aumentó 2.4 por ciento.
Expertos
Al respecto, con la finalidad de analizar e intercambiar puntos de vista sobre las medidas que pueden fortalecer la prevención del delito, seguridad pública, procuración e impartición de justicia diversos especialistas exponen sus puntos de vista sobre este grave dilema nacional.
Juan Raúl Gutiérrez, presidente de la Asociación de Egresados de la Academia Nacional del FBI Grupo México, reconoce que hay cosas por mejorar en materia de seguridad; sin embargo, aseveró que vamos por buen camino, ya que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los homicidios han disminuido.
El rector fundador del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, Jorge Arturo Fernández, aseveró que la educación es fundamental para superar el problema de la inseguridad.
Además, dijo que, gracias a las mujeres y los hombres imprescindibles, surgen ideas y propuestas para afrontar esta problemática.
Francisco Fernández, presidente de la Asociación Libertad y Justicia, enfatizó que se deben sumar voluntades para trabajar con el objetivo de que México se pueda recorrer, desde el Río Bravo al Usumacinta, sin miedo, en forma libre y soberana, y con la certeza de que llegaremos vivos a casa.
De la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Edgar Nieves Osornio dijo que las y los servidores públicos que se dedican a la procuración y administración de justicia deben ser más empáticos con las víctimas de delitos, pues, en ocasiones, actúan “robóticamente” y pierden el lado humano.
La subprocuradora de Procesos en la FGJCDMX, Laura Angelina Borbolla, asentó que, en términos de seguridad y justicia, es muy importante la colaboración y la cooperación entre los operadores, con la misión de favorecer a la víctima, de ser justos con el imputado y que el Estado sea respetado en sus instituciones.
Marco Antonio Muñoz, del Centro Jurídico Universitario, aseveró que la inseguridad no se puede combatir con un sistema de política criminal, ya que el problema es multifactorial, es decir, responde a cuestiones económicas, políticas, sociales y jurídicas.
Manuel de Jesús Espino, líder nacional de Ruta 5, dijo que urge un cambio de estrategia en materia de seguridad, hacia una que armonice los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, que no sea dependiente de lo que exijan los Estados Unidos y que “considere la posibilidad de acordar con los grupos criminales”, pues urge la pacificación del país.
El general en retiro, Juan Alfredo Oropeza, indicó que al crimen organizado se ha fortalecido en extensas áreas del país, al tener presencia en 72 % del territorio nacional. En ese sentido, acotó que se tiene que idear una estrategia de seguridad distinta, la cual fortalezca a las fiscalías, así como a las policías estatales y municipales.
Finalmente, Cesareo Carvajal, especialista en seguridad pública, administración y procuración de justicia, sostuvo que existe una gran descoordinación en la materia entre los tres órdenes de gobierno, lo que complica el combate al crimen organizado.
Justicia
El pasado 26 de agosto durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el actuar del Poder Judicial ya que dijo que bajo cualquier pretexto los jueces ordenan la liberación de delincuentes de alta peligrosidad, refiriéndose a José Bernabé, “La Vaca”, generador de violencia aprehendido en la CDMX y que se pretendía que fuera liberado.
“El juez por cualquier pretexto o excusa decide liberarlo. Afortunadamente quienes están en el caso nos dicen que hay otras tres órdenes de aprehensión a parte de esa y de delitos graves y aquí volvemos a lo mismo, qué hace el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial”, dijo el presidente.
“¿Cuántos jueces, cuantos ministros han ido a la cárcel? ¿Qué es un poder incorruptible? ¿Es el castillo de la pureza?”, añadió el presidente.
En este contexto para el 15 de septiembre, López Obrador afirmó que el Gobierno de México impulsa la procuración de la justicia a través de la preliberación y la amnistía a personas inocentes que fueron privadas de la libertad.
Esta medida, explicó, está enfocada a quienes “no han sido sentenciados, que no han tenido defensa por su situación de pobreza; presos indígenas, por delitos verdaderamente menores, que se les abandonó o sus familiares no han tenido la posibilidad de hacer los trámites o no tienen apoyo de abogados, de las defensorías de oficio; enfermos, ancianos”.
El mandatario indicó que la federación avanza con voluntad en este propósito pese a los obstáculos. “Son muchos los trámites, hay resistencias, pero se va avanzando y existe la voluntad de liberar a todos los que no deben estar en las cárceles, existe esa inquebrantable voluntad por parte del Ejecutivo. Nos puede llevar tiempo estos casos, pero los vamos a sacar, a liberar”, argumentó.
Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, ante la cámara alta el pasado 19 de octubre, reveló que en los reclusorios federales se encuentran 18 mil 789 personas privadas de la libertad.
Dijo que con el Consejo de la Judicatura Federal y la Secretaría de Gobernación, se analizan los casos de personas privadas de la libertad para determinar si son sujetos de preliberación.
Al respecto afirmó que “al 15 de octubre se han efectuado 3 mil 156 libertades anticipadas a mujeres, adultos mayores, indígenas, personas con enfermedades terminales o víctimas de tortura”.
Y añadió: “Es un acto de justicia para quienes no han cometido delitos graves relacionados con la violencia o la sangre, gente humilde que no pudo pagar un abogado, un traductor o ha enfrentado adversidades”.
Expresó que “con acciones como estas, avanzamos en la construcción de una sociedad más humanitaria, igualitaria y justa”.
En tanto, al momento, 136 personas han sido beneficiadas con la Ley de Amnistía, de las cuales 66 fueron detenidas en condiciones de pobreza, 42 son mujeres, 21 son indígenas, 2 tienen discapacidad permanente, 4 fueron víctimas de intimidación y una más fue víctima de discriminación.
Rodríguez estableció que derivado de la renegociación de contratos en el Sistema Penitenciario se han defendido las finanzas públicas. “Tenemos un ahorro de más de 5 mil 140 millones de pesos por la reducción del 15% en el pago anual del servicio integral de capacidad penitenciaria acumulado al cierre del ejercicio 2022”.
En este sentido, el secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, Antonio Alpízar, dio a conocer que las libertades anticipadas obtenidas son por concepto de acuerdos reparatorios, suspensión condicional, criterios de oportunidad o cambio de medida cautelar.
“Es un claro ejemplo de que se está trabajando de manera conjunta, coordinada e institucional entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo respetando la plena autonomía y la independencia de todos y cada uno de los jueces y magistrados”, refirió.
Adelantó que a la fecha, existen 2 mil 12 casos que se revisan puntualmente a fin de conocer las posibilidades de libertad hacia finales del presente año.
Así por el momento, para un gobierno que se precia de ser reformista es urgente darle mayor capacidad de investigación a MP y al sistema de justicia en todo el país. Sería la mejor manera de cerrar el sexenio y para una oposición sería la muestra de que están dispuestos a poner los intereses de los ciudadanos por encima de sus intereses electorales inmediatos.
A los mexicanos se les está agotando la paciencia ante la injusticia que se vive todos los días, desplegada por la inseguridad y violencia descontroladas.
A la democracia se le está terminando la legitimidad por la ausencia de un Estado de Derecho. Y, a todas las fuerzas políticas se les acabaron los pretextos para seguir postergando acuerdos para construir un modelo de procuración de justicia que México requiere.
Flujo carpetas de investigación 2021
| Carpetas de Investigación | Iniciadas/Abiertas | Determinadas (Listas para ejercer acción penal) | Pendientes |
| Fiscalía General de la República | 77,637 | 211,470 | 50,341 |
| Fiscalías Generales Estatales. | 1,982,161 | 1,540,291 | 2,579,449 |
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