El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aclaró que no va a negociar su Reforma Electoral enviada al Congreso de la Unión.
Desde su conferencia matutina realidad en Mérida, Yucatán, López Obrador aseveró que los principios no se negocian, por lo que llamó a que “cada quien debe asumir su responsabilidad” sobre la iniciativa.
“No, no se trata de negociar, los principios no se negocian. No, no, no, no. Cada quien debe asumir su responsabilidad, cada quien”, dijo
“Vengo luchando desde hace muchos años para que haya democracia en el país, porque casi nunca ha habido democracia en la historia de México, así destellos”, expuso.
“Hasta ahora se empiezan a dar los primeros pasos, después de fraudes, de muchos fraudes, estamos obligados a dejar establecidos un auténtico sistema democrático y no solo quedarnos en la democracia representativa, sino avanzar hacia la democracia participativa, por eso la importancia de las consultas, de la revocación de mandato”, señaló.
El jefe del Ejecutivo federal mexicano mantuvo su idea de que se necesita una Reforma Electoral para hacer más barata la democracia en el país.
Yo sostengo que hace falta la Reforma Electoral porque se gasta mucho en la organización de las elecciones: 20 mil millones de pesos, Yucatán tiene de presupuesto al año 40 mi millones de pesos. Es el país donde cuesta más hacer elecciones de todo el mundo”, explicó.
“Está demostrado que los consejeros y los magistrados no garantizan imparcialidad, elecciones limpias, libres, forman parte del fraude electoral que hemos padecido históricamente en México, es una vergüenza que México sea de los países con más fraudes electorales en la historia”, dijo.
La reforma propuesta por López Obrador y discutida en la Cámara de Diputados crearía el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) para sustituir al INE, órgano autónomo que surgió en los 90 para quitar el control de las elecciones al Gobierno, entonces en poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Se propone eliminaría 200 diputados y 32 senadores, reduciría el financiamiento de los partidos políticos y redefiniría el concepto de “propaganda” para que el Gobierno se pronuncie durante las elecciones, disposiciones criticadas porque favorecerían al actual partido en el poder.
Los consejeros y magistrados electorales serían elegidos por voto popular; el dictamen se espera que esté listo a inicios de mes de diciembre.