Por: Norberto Vázquez

Estas líneas que está usted por leer estimado lector, están escritas con un enojo sin precedentes. Ver todos lo días la barbarie con que opera el crimen organizado, está saliendo de los límites sociales y de convivencia humana.

Una sociedad que comienza a dar indicios de que se está pudriendo. Pero ya no es la pobreza la que provoca los males de esta sociedad, ahora es el libertinaje, de los que quieren tenerlo todo a costa de matar, robar, extorsionar, violar, que arrebatan, que tiran bala porque su miseria humana es satisfacer sus necesidades quitándole al otro, al que trabaja, al emprendedor. El mundo al revés.

Baste ver como la barbarie se ha vuelto cotidiana y nos ha tocado aprender la geografía de México a través de la violencia, porque nos enteramos de la existencia de pueblos y municipios por las masacres y los horrores que ocurren en estos lugares.

La vorágine de violencia extrema que asola a nuestra sociedad es ciertamente cuantificable (con todo y sus cifras negras). Pero aun no es medible en términos cualitativos, en concreto, en cuanto a sus efectos sociales, culturales, familiares, comunitarios, económicos a mediano y largo plazo.

Son personas insertadas en la sociedad, las mismas que están afectando a millones por su insensatez y cobardía para trabajar. Matan a empresarios, a ciudadanos que extorsionan, a políticos, policías, a la gente que trabaja. ¿Qué día lo permitimos? ¿Qué día dejamos ir la sociedad de nuestros padres? ¿Cuándo dejamos que los ignorantes con pistolas se apoderarán del país? ¿De vidas? ¿De proyectos? ¿De la tranquilidad? ¿De la libertad?

Es necesario que esta vorágine llegue a su fin, mientras dure, no será posible evaluar sus efectos en la vida de nuestra sociedad, por que se sigue descomponiendo.

Que podemos decir del ataque armado ocurrido en la delegación de San Vicente, que dejó un saldo de 9 heridos y 10 personas muertos, donde el Gobierno de Ensenada informó que se mantiene en estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado de Baja California, a fin de coadyuvar en las indagatorias que lleven al esclarecimiento de los hechos.

El alcalde de Ensenada, Armando Ayala, lamentó el ataque perpetrado contra corredores que participaban de las actividades del evento denominado “Cachanillazo”.

Mataron a esas personas —independientemente si eran narcos— a la luz del día, sin temor a nada…¿pues cual autoridad?

Del otro lado del país, la madrugada del viernes pasado, sicarios que se identificaron a sí mismos como miembros de un grupo llamado Gente Nueva, arribaron al bar Los Indios, ubicado en el municipio de Papantla, Veracruz.

En unos segundos recorrieron el lugar y abrieron fuego contra personas que se hallaban en ese sitio. “En el baño, a la vieja en el baño”, “Papantla ya tiene dueño, pura Gente Nueva” y “venimos por todos los chapulines”, se escucha en una grabación subida por los asesinos horas más tarde.

Mataron a las personas peor que a perros.

Unos días antes, elementos de Seguridad Pública habían hallado bolsas negras con dos cabezas humanas en diferentes lugares del centro de Papantla. Según testigos, cuatro hombres las habían arrojado. Más tarde aparecieron en otra calle más bolsas: contenían extremidades humanas. Una de las víctimas fue identificada como Andrea “N”, hija de un policía ministerial de Papantla.

Se supo que las dos víctimas habían sido extraídas por la fuerza de un bar de la calle Juan Enríquez.

A principios de año, un hombre que se identificó como “Comandante Sierra” anunció la llegada del Cártel Jalisco a los límites de Veracruz y Oaxaca. “No se permiten bolsas sin sello de nuestro empresa, nadie trabaja por su cuenta, apoyamos a quien está firme con nosotros y a los que no se los va a cargar al chingada”, anunció en un video.

Estos tipejos, disputan el trasiego de drogas, el robo de hidrocarburos, el secuestro, la extorsión, el robo a transporte de carga, el robo de vehículos, el abigeato, el narcomenudeo y el tráfico de indocumentados. Bola de rufianes, huevones  buenos para nada.

Como lo notó esta columna contiene un poco de enojo, porque desde niño nunca me imaginé un país así, me lo imaginaba con más brillo, con más libertad, con más empleo, con menos rufianes y con más alegría. Va pues un tributo a los que siempre hemos creído en la fortaleza humana, en los que siempre hemos creído que se puede hacer una sociedad más justa, más empática y más solidaria. Que así sea.

El cargo La otra sociedad, la que vive del crimen apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Expedientes MX.

Los paneles internacionales no son un juego. Tras un largo proceso de acceso a la información, obtuve hace unos años, la resolución del Banco Mundial sobre el caso Zimapán. El problema fue así de sencillo: la firma ibérica Abengoa, nos demandó por cancelar un tiradero de residuos tóxicos en este municipio de Hidalgo. Sólo invirtieron 3 millones de dólares, y tras el fallo del Banco Mundial, nos sacaron (dinero que se tuvo que pagar del erario) 96 millones de dólares. 

Hoy el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está jugando con fuego. Con el inicio de consultas en el Marco del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por las acciones de nuestro gobierno consideradas discriminatorias que han afectado la libre competencia y que incumplen lo firmado en el tratado, es una fase previa a un panel que podría traducirse en sanciones multimillonarias y pérdidas, que todos como sociedad, tendríamos que asumir.

El país requiere solucionar este tema de forma urgente por la vía del diálogo y el entendimiento. No se debe poner en riesgo el arribo de más inversiones que son necesarias en un momento en el país está atravesando severas dificultades económicas. El T-MEC lo firmó y respaldó la presente administración, nadie acusó en ese momento una supuesta traición a la patria, sino que se reconoció como un tratado positivo.

Hoy, debe cumplirse la palabra empeñada ya que son compromisos asumidos por los 3 países y que son la base para que nuestros productos y servicios también puedan llegar al mercado de esos países vecinos.

México y su comerció  enfrentan un riesgo. Tras el anuncio del inicio de las consultas con Estados Unidos realizado el pasado 20 de julio, se sumó al día siguiente la también adhesión de Canadá al proceso.

Cabe señalar que este proceso de consultas es un mecanismo de solución de controversias mediante el diálogo y entendimiento pero, “de no lograrse acuerdos” puede llegar a ser tan solo la antesala de una segunda fase: la conformación de una comisión; y en una tercera y última fase: un panel que emitirá un informe final.

Si el informe se incumple, Estados Unidos y Canadá tendrían el derecho de reclamar una compensación multimillonaria o imponer aranceles a productos clave mexicanos, los cuales podrían representar represalias y enormes pérdidas económicas para nuestro país.

¿Por qué llegar al panel por una necedad? Los altos riesgos son que se podrían imponer aranceles a productos mexicanos que hoy orgullosamente exportamos como son la cerveza, tequila, aguacate, jitomate, frambuesa, moras, fresas, automóviles o sus autopartes, entre muchos otros.

Con ello, los precios subirían y saldríamos del mercado norteamericano ya que productos similares de otros países pudieran ser más económicos y, por ende, atractivos.

¿Qué pasaría con estados completos como Michoacán si dejaran de exportarse miles de toneladas de aguacate? ¿La producción agrícola de Sinaloa? ¿Cuánta gente perdería sus empleos y cuántas familias verían en riesgo sus ingresos? Ese es el riesgo que enfrentamos: un golpe catastrófico a nuestra economía.

Creo que la 4T, no ha entendido la importancia del comercio con nuestros socios. Según cifras del Banco de México, entre enero y mayo 2022, las exportaciones a EU representaron 81% del valor total de las exportaciones mexicanas. Para el caso de Canadá, el porcentaje fue de 3 Por ciento.

Cifras del Inegi, exponen que nuestras exportaciones son principalmente manufacturera con 87% del total; y representa el 17% del PIB y 9.3 millones de personas ocupadas, el sector manufactura es predominantemente formal con condiciones laborales favorables ya que el 28% de los trabajadores asegurados ante el IMSS están en este sector con 5.9 millones.

Dos sectores en particular, han impulsado el tratado. Un sector automotriz dinámico y vibrante en México que emplea a alrededor de 1 millón de personas; y en 2021, las exportaciones agrícolas a EU alcanzaron los 29.5 mil millones de dólares, lo que implicó un máximo histórico. México es el principal proveedor extranjero de productos agrícolas a Estados Unidos.

Con todas sus palabras, el gobierno de López Obrador debe de dejar de hacer políticas públicas “al aventón”, sin pensarlas. A nuestro país, no le conviene llegar a los paneles, le darán la razón a nuestras contrapartes…¿y la perjudicada, la economía popular como siempre?

El cargo Paneles dentro del T-MEC, lo que sigue apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Expedientes MX.

Los gobiernos siguen siendo los mismos. Políticas públicas realizadas con los pies y el que paga las consecuencias son los contribuyentes. Carlos Salinas y Ernesto Zedillo comenzaron la ola privatizadora de decenas de empresas paraestatales, vendidas a juniors y empresarios inexpertos que en menos de cinco años las quebraron, y por su puesto, el gobierno tuvo que entrar al rescate.

Hoy, la historia de repite. Todo empezó como un rumor y la noticia del rescate se hizo presente con la confirmación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa.

En total serán 3 mil millones de pesos lo que se inyectará a Altán Redes para que pueda pagar a sus deudores y, a cambio, Altán Redes ahora será de participación mayoritaria del Estado.

“Esa empresa ya es de la nación, el estado mexicano es socio mayoritario y tiene la dirección de la empresa”, dijo AMLO.

Altán Redes lleva un tiempo con problemas financieros. Entre sus deudores está Megacable, cuyo director, Enrique Yaminu, dijo que Altán le debe 190 millones de pesos, sólo uno de mas de cien acreedores. En un intento por negociar sus deudas, Altán Redes ingresó a un concurso mercantil para proteger sus bienes mientras las negociaciones avanzaban.

La historia empresarial, cuenta que Altán Redes obtuvo la concesión para administrar la Red Compartida en 2016. Su objetivo era llevar conectividad 4.5G a un 94% de la población en México para 2024. Nada se cumplió, solo generaron deuda.

A principios de agosto del presente año, se abrió un nuevo capítulo en la historia de Altán Redes. Tras presentar la lista definitiva de acreedores, compuesta por 119 integrantes, la justicia determinó cuántos de todos ellos son, efectivamente,  deudores y cuánto deberá cobrar cada uno de ellos y en qué plazos.

Apenas conocido el término del juicio el Gobierno de México salió al rescate pues Nafin-Bancomext extendieron un rescate por 85.5 millones de dólares, 40 millones de parte del primero, y 44,5 millones de parte del segundo, con una partida adicional de Banobras, que aportaría otros 85 millones de dólares.

De acuerdo a la solicitud de información 0632000027419 Banobras, Nafin y Bancomext negaron los contratos de préstamos y rescate de la firma de Internet. Bajo un mar de alegatos legales, estos bancos de desarrollo confirmaron como “confidencial” la información sobre diversos detalles: contratos, montos de los préstamos, modalidades de pago y fechas de cobro de los empréstitos. En otras palabras, el Gobierno Federal no transparenta estas acciones de gobierno, y se confirma lo que analistas y expertos especulan: estos recursos públicos se van afondo perdido y no son recuperados.        

Con este dinero inyectado por esta banca de desarrollo, se estima mantener la Red Compartida que asciende a unos 850 millones de dólares, el salvataje le permitiría mantener activa esta infraestructura de carácter social que, puesta en marcha en 2017 con el objetivo de llegar a las áreas remotas para brindarle conectividad a la ciudadanía establecida allí, todavía está lejos de alcanzar el objetivo. Y siendo sinceros, quién sabe si se cumpla el cometido del proyecto.

Altán Redes así podrá pagar a quienes debe incluyendo Huawei y Nokia para no irá a la bancarrota. La 4T se encargará del rescate de la antes empresa privada que administra esta Red Compartida, y que da servicios a la gran mayoría de operadores móviles virtuales que funcionan en México y cuyo crecimiento en los últimos meses es mayor al de Telcel, AT&T o Movistar.

A cambio, Altán Redes tendrá una dirección controlada desde el Estado mexicano.  Poco después de la entrada del Gobierno al capital de la empresa, Carlos Lerma, ex jefe de la Oficina de Coordinación de la Oficina del titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, fue nombrado director general.

Pues veremos. La meta de cobertura del 92.2 % de la población, que debía cumplirse en 2024, fue pospuesta hasta 2028, luego de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) le aceptara esa extensión.

En este país, el gobierno no sabe de negocios, vende todo lo que no le sirve, pero al final termina rescatando bancos, ingenios azucareros, carreteras y ahora empresas de Internet. Con dinero de todos los mexicanos.

El cargo El sigiloso caso de Altán Redes apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Expedientes MX.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hace dos años mediante un decreto que prohibirá el herbicida glifosato gradualmente hasta el 31 de enero de 2024. El glifosato está calificado desde 2015 como “probablemente cancerígeno para los humanos”, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero todavía es el pesticida más utilizado del mundo.

Al respecto, Bayer-Monsanto, la mayor fabricante global de este herbicida no ha tenido empacho de mover su área legal para presionar al Estado mexicano.

Cabe desatacar que a principios de 2022, a partir de una solicitud de transparencia se detectaron correos electrónicos intercambiados entre colaboradores de Bayer y funcionarios de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, pos sus siglas en inglés), relacionados con el decreto presidencial aprobado en México, que disminuye gradualmente el uso de glifosato y prohíbe la importación de grano de maíz genéticamente modificado al país. Es decir, la multinacional de las industrias agroalimentaria y farmacéutica busca apoyo del gobierno norteamericano.

Esto no sorprende. Las actividades de cabildeo al más alto nivel son parte del proceso democrático para toda empresa privada, cuando se llevan a cabo de acuerdo con las normas legales y éticas.

Pero históricamente, Bayer México no se ha conducido siempre con estricto respeto y apego a las leyes y normas que rigen sus operaciones en el país. Muestra de ello, fue el fallo judicial que se dio a conocer hace unos meses que niega la suspensión definitiva —paralelamente al juicio de amparo promovido en contra el decreto presidencial que plantea la disminución gradual del uso de glifosato— que prohibía la importación de grano de maíz genéticamente modificado.

A nivel global, las principales agencias reguladoras de la salud de todo el mundo han apoyado a Bayer diciendo que sus productos a base de glifosato se pueden usar de manera segura según las instrucciones y que no es cancerígeno. Habrá que preguntarle a las decenas de campesinos en Estados Unido y México, que dicen lo contrario.

Para el 21 de octubre de 2021, las organizaciones Greenpeace y el Centro Mexicano de Derechos Ambiental presentaron una denuncia antes la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente (Profepa) y el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) por la siembra de maíz y soya “probablemente transgénicos” en estados del sureste mexicano.

La denuncia que es respaldada por las asociaciones Indignación y la Alianza Kabnalo´on, urgen a las autoridades a actuar en el asunto, así como la aplicación del decreto presidencial que prohíbe el maíz transgénico y el glifosato al 2024.

El problema está en el tintero. El fallo en favor de Bayer-Monsanto por parte del juez Francisco Javier Rebolledo, ha mantenido en lucha a diversas organizaciones que integran la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País que piden al juzgador rectificar su decisión en la resolución definitiva.

El asunto es que la suspensión judicial atenta contra el interés general, los derechos humanos a un ambiente sano, a la biodiversidad, a la salud y a una alimentación sana, y por el contrario, privilegia los intereses particulares de Bayer-Monsanto.

Además, según científicos mexicanos, la tolerancia al glifosato no aumenta el rendimiento de los cultivos, si no que los debilita y los hace más vulnerables a las plagas.

Veremos como avanza el caso hacía el 2024, con un presidente que fija posturas y las cumple (no se si para bien o para mal). Si dice que la prohibición va, es que va. Por su parte, Bayer está haciendo lobbying al más alto nivel dentro del gobierno de la Unión Americana. Está siendo silencioso.

El glifosato es el principal activo de Bayer y el motivo por el cual compró a la firma Monsanto. Entre 1974 y el año 2000, Monsanto sostuvo la patente en todo el mundo, y posteriormente a ello ya en ciertas regiones se ha podido comercializar con otras marcas aunque en el mercado mundial la fórmula del glifosato es la primera en ventas. Veremos pues, quién cede. La batalla AMLO, Bayer está en la arena de las relaciones bilaterales México-Estados Unidos.  

El cargo Glifosato, la batalla de AMLO contra Bayer-Monsanto apareció primero en La Chispa de Estado de México.

El ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León minó a todo un país. Su sexenio, simplemente fue un abanico de omisiones y de graves errores que le costaron al país entrar a las turbulentas aguas de la desorganización social. En otras palabras, muertos y desaparecidos por todos lados.

 Luego de asumir de manera integral políticas prohibicionistas en materia de tráfico de drogas, engendró así a lo largo de estos lustros decenas de miles de muertos, desaparecidos y desplazados, el mismo Zedillo reconoció que se “equivocó” al aplicar una estrategia mal formulada durante su sexenio.

Ello se tradujo en un rotundo fracaso, y cuyos costos, han sido el lastre más pesado para la sociedad mexicana en materia de inseguridad a causa de la violencia perpetrada por el crimen organizado.

Uno de sus más cercanos colaboradores, el llamado zar antinarcóticos, el general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, fue detenido y condenado a 40 años de prisión por complicidad con diversos capos líderes de grupos delictivos.

Durante su gobierno tuvieron lugar también dos masacres que cimbraron a la opinión pública nacional y mundial, como lo fueron los casos de Acteal en Chiapas y de Aguas Blancas en Guerrero: en ambos la impunidad reinó y los culpables de quienes se sospecha fuertemente —que eran funcionarios del gobierno— nunca fueron llevados a prisión y sí varios indígenas usados como chivos expiatorios, que terminaron muertos injustamente en cárceles del país pagando por delitos que nunca cometieron.

A un año de iniciada la gestión zedillista, el 28 de junio de 1995 en el vado de Aguas Blancas, en Guerrero, varios elementos de la policía estatal asesinaron a 17 integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) que se dirigían a un mitin político en la población de Atoyac de Álvarez.

Dos años después, el 18 de febrero de 1997, en una reunión de altos mandos castrenses en la Secretaría de la Defensa Nacional, el general secretario Enrique Cervantes Aguirre dio a conocer la destitución del divisionario Jesús Gutiérrez Rebollo, director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, por sus nexos con Amado Carrillo Fuentes, narcotraficante mejor conocido como El señor de los cielos, jefe del Cártel de Juárez.

Meses después llegaba una masacre más que cimbró al país y al mundo entero y que quizá marcó de manera más negativa el mandato de Ernesto Zedillo: la mañana del 22 de diciembre de 1997 se atacó a los habitantes de la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, en Chiapas.

Me tocó reportear el caso y simplemente esto fue una infamia. Los acusados: 84 indígenas. El modo de hacer la investigación, la PGR de Jorge Madrazo, uso a un testigo que apenas hablaba español. Después de años los liberaron, —los que quedaron vivos muchos murieron en reclusión. Los autores intelectuales siguen impunes.

En septiembre de 2011 se interpuso una demanda en contra de Ernesto Zedillo por su posible responsabilidad en el caso Acteal. A pesar de ello, en septiembre de 2012 Estados Unidos decidió conceder inmunidad al ex mandatario, quedando así blindado frente al posible resultado adverso de la demanda presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Zedillo hoy forma parte de una comisión de la ONU que promueve justamente la despenalización de la droga. Es incongruente estar ahí y haberse opuesto a ello. Como presidente de la República actuó en función de los intereses del Estado y hoy es un personaje sin representación nacional.

La ola de legalización de las drogas es relativamente reciente con menos de 15 años y que tiene su base en los intereses sociales de la ciudadanía en Estados Unidos, donde la droga es un mecanismo de estupidización y control social.

En el sexenio 1994-2000, los cárteles de la droga operaban como mecanismos de traslado de productos del sur al norte y de las zonas de siembra hacia Estados Unidos. Los narcos no eran, por así decirlo, un problema de seguridad nacional, a excepción del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en mayo de 1993, como parte de la guerra de los Beltrán Leyva con el grupo de El Chapo.

La crisis llegó después: la droga que se quedó en manos de los narcos se dedicó al consumo y vino luego la lucha entre los cárteles por el control de rutas, plazas y zonas de dominación.

Con el beneplácito del Estado, durante la presidencia de Zedillo los cárteles fueron tolerados para controlar el tráfico. Vicente Fox se declara hoy partidario de la legalización de las drogas y Felipe Calderón no ha dicho nada.

El ex presidente Zedillo apoyó el florecimiento de los grandes cárteles de las drogas porque dedicó a la entonces PGR y organismos de inteligencia del Estado a espiar y filtrar expedientes judiciales y conversaciones telefónicas privadas.

Fue el inicio del festín de las filtraciones ilegales y la erosión de la justicia. Y ahí comenzó todo, un escenario catastrófico que aun se sigue implantando con miles de muertos y desaparecidos. Habrá que preguntarle al presidente AMLO…¿cuál es la diferencia entre aquellos y él?

El cargo Zedillo, el padre del desorden social apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Expedientes MX.

Hasta el momento no hay un solo imputado. Sólo pantomimas burocráticas y una semblanza de lo acontecido que se va perdiendo con los meses. El caso de Debanhi Escobar de 18 años, considerado un feminicidio no tiene hasta hoy ni siquiera un curso claro de investigación. Pero sí muchas omisiones, negligencias, apresuramientos, fallas garrafales, y una andanada de declaraciones de políticos en el intento de hacerlo pasar como un accidente. ¿Lo mismo pasará con Ariadna Fernanda López Díaz de 27 años de edad?

A una vieja rencilla política entre Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco, donde el personaje central de la controversia es el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, se ha sumado la maquinaria jurídica de la Ciudad de México, encabezada por Claudia Sheinbaum.  

Vayamos por partes. Carmona fue nombrado titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos el 16 de febrero de 2018, todavía bajo el gobierno de Graco Ramírez, para ocupar el cargo por nueve años, es decir, hasta 2027. Blanco se sintió ofendido porque a todas luces le habían “sembrado” a un fiscal. De ahí, los golpes bajo la mesa comenzaron.

Los primeros cuatro años de gestión de Uriel Carmona han sido turbulentos. En 2019, diputados del Congreso de Morelos pidieron evaluar el desempeño del fiscal, ya que se consideró que no había tenido avances en el combate a la impunidad en el estado, propuesta que fue respaldada por Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

En diciembre de 2020 la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una solicitud de procedencia (desafuero) en contra del fiscal Carmona, bajo el argumento de que incumplió los exámenes de control y confianza. En marzo de este año, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el fiscal goza de fuero y no puede ser investigado por la FGR hasta que este sea removido por el Congreso de Morelos.

Además ha sido criticado por la falta de resultados en la Fiscalía de Morelos ante la ola de violencia que azota a la entidad desde hace años. Este año en 2022 se han reportado más de 64 feminicidios según la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM).

Hoy un nuevo caso de feminicidio ha indignado a la sociedad mexicana. Se trata del caso de Ariadna Fernanda López Díaz de 27 años de edad. En conferencia de prensa, Carmona, informó que murió por intoxicación alcohólica. Sin aclarar cómo, o porqué llegó a la carretera a Tepoztlán, el fiscal negó que el cuerpo de la joven presentara signos de violencia, aunque minutos después, dijo que tenía equimosis, es decir, moretones en ambos brazos y algunas características de golpes en la zona dorsal y el cráneo.

Uriel Carmona negó el feminicidio de Ariadna mediante una autopsia y la revictimizó. Ante estos hechos, la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, acusó que hay encubrimiento de feminicidio en la Fiscalía de Morelos.

La Fiscalía trato de ocultar el feminicidio de Ariadna Fernanda presuntamente por nexos entre uno de los involucrados y las autoridades, sostuvo Sheinbaum. Dijo que es evidente que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos quiso ocultar el feminicidio de Ariadna, presuntamente por sus nexos con el probable feminicida.

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que la FGR atraiga el caso por el feminicidio con un enfoque de “derechos humanos” para que se resuelva “lo más pronto posible”. Además, anunció que se está realizando una investigación a fondo tras los señalamientos contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona.

Ya todos metieron la mano.

Esta pifia del fiscal de Morelos, está muy cerca de inculparlo penalmente si se confirma, como todo parece indicar, que simuló una autopsia para ocultar el feminicidio de Rautel “N”.

Y que esto haga retomar a las Fiscalías de Jalisco y de Nuevo León las investigaciones de los casos de Luz Raquel, que murió quemada en Zapopan, y de Debanhi, que mataron en Nuevo León, para dar con sus feminicidas materiales e intelectuales, y atenuar sus omisiones iniciales que también revictimizaron y ofendieron a sus familias.

Carmona, por su parte, ha denunciado una y otra vez una persecución por parte del gobierno de Blanco. Ahora ya le salió peor, se suman Claudia Sheinbaum y López Obrador.

Ojalá el caso de Ariadna Fernanda no quede en el olvido, porque en este país todo se politiza y jamás se resuelve nada.

El cargo Blanco, Graco, Carmona, Claudia…!Que no se politice! apareció primero en La Chispa de Estado de México.

Expedientes MX

En enero de 2022 el Tribunal Electoral del Poder Judicial ordenó a la Secretaría de Gobernación, sancionar a cinco sacerdotes de la Iglesia católica por interferir en las elecciones de junio de 2021.

La sanción no implicó prisión, fue sólo una amonestación pero, el llamado de atención fue tajante ante la opinión pública: no interfieras.

El máximo tribunal confirmó la existencia de la violación al principio constitucional de separación Iglesia-Estado, por parte del cardenal Juan Sandoval Íñiguez y del sacerdote Mario Ángel Flores Ramos. Pero, ¿qué tanto pesa la Iglesia en una elección federal? 

Para diversos expertos, los candidatos de izquierda rara vez atraen el voto religioso, porque simpatizan con valores morales liberales que generalmente son contrarios a los de los creyentes en alguna religión.

Sin embargo, las elecciones de 2018 mostraron una sorprendente convergencia entre el candidato López Obrador y los creyentes católicos. ¿Cómo podemos explicar esta convergencia? ¿Se sienten los ciudadanos religiosos atraídos por los discursos religiosos de los candidatos?

Hoy la relación entre la Iglesia católica y el gobierno del tabasqueño no son las mejores. No se “topan” dirían lo jóvenes de hoy. Varios investigadores han explorado el papel que la religión desempeña en el sistema de partidos de México.

En estos momentos el país se enfrenta a debates sobre cuestiones religiosas y morales que fácilmente podrían activar un voto religioso entre diferentes alternativas políticas. México puede considerarse un país religioso, ya que ocho de cada diez personas son católicas frente a sólo 10 % que declara no pertenecer a ninguna iglesia.

De los creyentes, una tercera parte de católicos y 60 % de protestantes y evangélicos asisten a la iglesia cada semana.

De manera reciente, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hizo pública su animadversión en contra de la reforma electoral que impulsa el gobierno de la Cuarta Transformación.

“La sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan”, se puede leer en el comunicado, además la conferencia reconoció la credibilidad del INE y del Tribunal del Poder Judicial de la Federación: “El INE tiene una gran aceptación de la ciudadanía, siendo una de las Instituciones más confiables para los mexicano”.

Para institución presidida por Ramón Castro, “la reforma electoral es claramente regresiva, más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país, reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista”.

Desde la perspectiva del CEM entre los agravios que implica la reforma electoral se encuentran afectación a la gestión presupuestal, las repercusiones en su autonomía ciudadana y en su imparcialidad partidista, por lo que en el comunicado hace un exhorto tanto al poder legislativo como al ejecutivo para de, “no poner en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país”.

La relación de López Obrador con la Iglesia católica ha sido tensa, sobre todo cuando en meses pasados asesinaron en Chihuahua a dos curas de la orden jesuita, acción que le valió críticas en su estrategia de seguridad por parte de la iglesia.

“Hasta a los religiosos se les olvida cómo era contestar violencia con violencia. No siguen el ejemplo del Papa Francisco, porque están muy apergollados por la oligarquía mexicana”, respondió el presidente en una conferencia mañanera ante las declaraciones del obispo de Cuernavaca, Ramón Castro.

La pugna está en su máximo esplendor. De manera reciente, el gobierno federal ordenó al presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas y Evangélicas, Arturo Farela, salir a decir que la Iglesia católica está tratando de incendiar al país. Si AMLO quiere imponer en México su religión cristiana, e ir desplazando a la católica, está jugando con fuego.

Con una población total de poco más de 126 millones de personas y alrededor de 97.8 millones de habitantes que declaran ser católicos, México es el segundo país con mayor porcentaje de catolicidad en el mundo, después de Brasil, a pesar de que según el Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el número de creyentes bajó a 77.7 por ciento.

La Cuarta Transformación tiene ya muchos frentes abiertos, pero uno serio, sin duda, es el religioso. “No hables de religión en una mesa de desconocidos”, reza el proverbio ancestral, que sólo un necio, puede dejar pasar de largo.

La pugna esta abierta, sobre todo, cuando la Compañía de Jesús en México ha exigido justicia por los homicidios impunes de los sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar asesinados al interior de una iglesia ubicada en la comunidad de Cerocahui, en el municipio de Urique, por José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”.

La impunidad llegó a la Iglesia. Aquí yo no defiendo a ninguna religión, cada quién su libre pensamiento. Pero los que le hablan al oído al presidente le deberían recomendar que con los católicos no se juega, y menos, con votos de por medio.  

El cargo Los votos de la fe, choque de trenes apareció primero en La Chispa de Estado de México.